Opinión
Nosotros, los imbéciles
Por Hamlet Hermann
El gobierno del presidente Danilo Medina propuso un mecanismo recaudador tan perjudicial para las mayorías, que solo los imbéciles y los privilegiados podrían considerarlo aceptable. Aumentar impuestos a los “palitos de coco latigosos” y al casabe son exageraciones que reflejan el abuso del poderoso contra el indefenso.
Esto es lo menos que podía esperarse de aquellos que saquearon la economía nacional y ahora quieren que paguemos los platos que ellos rompieron. Dice Joan Manuel Serrat: “Si no fueran tan temibles nos darían risa. Si no fueran tan dañinos nos darían lástima. Porque, como los fantasmas, sin pausa y sin prisa, no son nada si les quitas la sábana”.
¿Quién nos garantiza que éstos mejorarán el nivel de vida de la población si son los mismos depredadores de Leonel Fernández? El Contralor General de la República, quien siempre avaló el “desguañangue” de la economía nacional, es ahora el Ministro de Hacienda. El actual Contralor fue Superintendente de Bancos y, no bien fue designado, se fabricó un botín de pirata como pensión eterna para su beneficio. Encabezando el grupo económico, sigue imperando el ideólogo de toda esta trama, el inamovible Ministro de Economía, pieza fundamental del eterno despilfarro y la permanente impunidad. ¿Cómo podemos esperar un comportamiento beneficioso para el pueblo si las reglas del juego y los jugadores siguen siendo los mismos de los tiempos del “desguañangue”?
El grupo corporativo gobernante está reclamando ahora el uso de una teoría económica que recomienda incrementar el gasto en tiempos de crisis como la actual. Según eso, hay que seguir gastando para que la economía se reanime. Con este sofisma como base, no se les ocurre siquiera reducir el gasto excesivo que mantienen. Olvidan, con mucha mala fe, que en tiempos de grandes crecimientos económicos, cuando debieron ser austeros, nunca quisieron serlo.
Desgraciadamente, el actual grupo gobernante no tiene experiencia en cuestiones de austeridad ni de ahorro. Ellos han sido reprobados reiteradamente en esas materias. De alguna forma, por dolorosa que sea, debemos encontrar la forma para que los funcionarios sean sometidos a un proceso de desintoxicación de los vicios del despilfarro y la corrupción.
Al que no tuviera bien claro qué tramaba Leonel Fernández cuando fabricó sumisos Poderes Legislativo, Judicial, Constitucional y Electoral, además de inventar mecanismos para preservar la impunidad total, ahora descubren lo que eso significaba. Ellos han establecido las reglas del juego y nos obligan a jugarlo a su manera. Si para decidir lanzan una moneda al aire y sale cara, ganan ellos, y si sale escudo, nosotros perdemos. No hay forma de ganarles, y eso es malo porque están forzando al pueblo a tomar la justicia en sus propias manos.
El código para los imbéciles establece que su condición de gobernantes los habilita para opinar como les dé la gana sobre cualquier tema que se les plantee. Consideran que sus explicaciones respecto de los acontecimientos nacionales son suficientes, únicas y verdaderas. Decretan culpabilidades y aplican sanciones a los demás; contra ellos mismos, nunca. No educan ni hacen sugerencias, sino que dan órdenes.
Y para colmo, recriminan a quienes no las cumplen acusándolos de tener escasa inteligencia para conceptualizar sus sinrazones. Se sienten autorizados a dar consejos, sobre todo cuando nadie se los pide, aunque sea evidente que carecen de la mínima aptitud para hacerlo. Suponen que lo que les conviene a sus bolsillos es bueno y aceptable para el resto. Reconocen la existencia de errores y problemas, pero solo en los demás. Ellos nunca se equivocan. Leonel los enseñó a buscar fama y dinero y les hizo creer que se lo merecían. Eso al tiempo que desprecian la solidaridad, la gratitud y la austeridad. Se atreven a hacerlo porque consideran que este es un pueblo de imbéciles.
Los que ahora gobiernan, son la misma cosa; tienen el mismo origen, la misma práctica, el mismo desarrollo y buscan el mismo beneficio que los de antes. ¿Hay alguna razón para que una mente sana pueda confiar en ellos? Como diría Joan Manuel, “Si no fueran tan temibles nos darían risa. Si no fueran tan dañinos nos darían lástima. Porque, como los fantasmas, sin pausa y sin prisa, no son nada si les quitas la sábana”.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.