Análisis Noticiosos
Notable retroceso democrático y colapso de la automatización
Por Juan Bolívar Díaz
Las elecciones generales del pasado domingo culminaron un proceso de retroceso de la institucionalidad democrática, con la reelección no sólo del presidente Danilo Medina, sino de gran parte de los legisladores y alcaldes municipales, en base al poder del Estado y un desenfrenado derroche de dinero y ayudados por una oposición ineficaz y dispersa.
El colapso de una costosa automatización impuesta contra toda racionalidad por el autoritarismo unipersonal de un arbitraje partidarizado, anarquizó el escrutinio inconcluso al cumplirse la semana el escrutinio y constituyó un salto hacia atrás, reconocido por los organismos de observación electoral nacionales e internacionales.
Reelección casi total. No fue sólo el presidente Danilo Medina quien logró la reelección en los comicios del 15 de mayo, sino 28 de los 32 senadores y gran parte de los diputados oficialistas y del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) fruto de acuerdos de las cúpulas partidarias, que en gran proporción constituyeron negación de la democracia interna.
Resalta la victoria de Medina, con un histórico 62% del sufragio, aunque superado por el 69% de los votos de la provincia San Juan, que reeligieron al senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Félix Bautista, un símbolo de la corrupción a quien el Ministerio Público del mismo gobierno le imputó un manejo fraudulento de 26 mil millones de pesos, que tras el pacto reeleccionista resignó. Muestra de que el dinero repartido, los cargos y el poder castran la democracia nacional.
Asimismo, alcanzaron mayor proporción que el mandatario los candidatos a la reelección como senadores de Independencia, también con 69%, Santo Domingo 67, Hermanas Mirabal 66, y Bahoruco con 63 %. Esas provincias tienen en común que son de las más pobres del país, donde pesa más el 23% de los electores que están en las nóminas de empleados y subsidiados directos del Estado.
Quedó de relieve el peso del dinero en elecciones sin límites al gasto ni a su origen, desde la precampaña cuando candidatos a legisladores y alcaldes derrocharon decenas de millones de pesos, hasta la jornada de votación con significativa compra de votos. Resalta que las mayores victorias de la oposición la lograron candidatos de grandes fortunas, como los senadores electos José Hazim en San Pedro, Pedro Alegría en Ocoa y Santiago Zorrilla, en El Seibo, o de apoyo empresarial como David Collado para la alcaldía capitalina, y en menor medida José Ignacio Paliza, ganador de la senaduría de Puerto Plata.
El gran poder de Danilo. Ese 62% de los votos de Danilo Medina, que le anticiparon las encuestas, tiene un componente de méritos personales que no se le debe regatear, pero también del abuso del poder estatal en múltiples dimensiones que ha caracterizado históricamente el continuismo dominicano, documentado ampliamente por cinco informes de la observación de Participación Ciudadana (PC), elevado déficit fiscal, gasto de 11 millones de pesos diarios en publicidad gubernamental, 71% de la publicidad política con 923 millones de pesos en dos meses, y tres cuartas partes de los altos funcionarios al frente de su campaña.
A eso hay que agregar ingredientes tan importantes como una amplia red nacional de comunicadores pagados en la nómina pública y con publicidad estatal, el control de la organización y el tribunal electoral que fueron, junto al poder económico del Estado, factores fundamentales para el desguañangue del mayor y más antiguo partido del país, el PRD, que acaba de recibir su certificado de insignificancia al obtener 5% de los votos, cuatro años después que su candidato presidencial alcanzara 47%.
Ilusos fueron los siete candidatos de oposición que pretendieron enfrentar sin la menor concertación el inmenso poder del Estado y el acumulado por el peledeismo gobernante, sobre todo seis de ellos que apenas invirtieron el 2% de la publicidad en televisión, radio y prensa, para terminar con el 3% del sufragio. Mejor parado quedó el PRM, el reciclaje de la mayoría del perredeísmo, que en año y medio polarizó con el PLD con una candidatura presidencial que logró 35% del voto.
El conteo fue manual. En la Junta Electoral del DN se alcanzó a recibir electrónicamente el 50% del escrutinio, como lo reconoció su presidente Santiago Sosa. Muchos colegios llevaron el escrutinio hasta el amanecer y no se sabe cuántos entregaron las urnas a las juntas municipales, en muchas todavía ayer sábado seguían contando los votos. La noche del martes sólo en las pequeñas provincias Independencia y Dajabón habían concluido.
En juntas municipales los programas de conteo han fallado con múltiples incongruencias en resultados de las boletas congresuales y municipales, que dispararon la alarma de cientos de candidatos de la oposición. Ejemplos: En la boleta C del cuarto boletín de La Vega el PRM acumulaba 16,150 votos, pero se redujeron a 15 mil 933 en el boletín siguiente. Al País acumulaba 2,250 votos en la boleta B de Santo Domingo Este para el cuarto boletín con 474 colegios computados, pero disminuyeron a 1,992 en el octavo con 912 colegios. El Boletín provisional 51 de Santo Domingo Este consigna 50,918 votos válidos, pero la distribución por partido totaliza abajo 53,063, y 104.21%.
PC el lunes y la misión de la OEA el martes hicieron público el descalabro electrónico y coincidieron en que el conteo manual salvó el escrutinio. El jueves se conocería el informe de la Unión Interamericana de Organismos electorales, que hasta hace poco presidió Roberto Rosario, el cual, tras describir los múltiples problemas desde el inicio, en su punto 11 resume el colapso: “Algunas mesas operaban sin apoyo tecnológico, en otros se habilitaron las máquinas para la identificación de los ciudadanos y en algunos otros se pudo instalar los tres equipos. Esto se mantuvo a lo largo de toda la jornada electoral, y obviamente se trasladó al escrutinio”. Cierto que faltó personal auxiliar, aunque tres titulares de la JCE desconocen si fueron 3 mil, pero también el informe de PC dice que en el 21% de los colegios donde sí había técnicos, no pudieron con los equipos.
La abstención y nulidad. Con el 92.89% del cómputo presidencial (boletín 9) se proyecta una concurrencia a las urnas de 4 millones 734 mil 145, que equivale a una abstención del 30%, casi igual al 2012 y en ese nivel los votos nulos sumaban 99 mil 137, proyectándose a 106 mil 728, más del triple que los 30 mil de hace 4 años, lo que implica otro retroceso. La nulidad es más fuerte en la boleta congresual, tomando el caso del Distrito Nacional que ya acumulaba 19 mil 66, que a nivel nacional alcanzaría a 178 mil 653, un elevado 3.8%, sujeto a revisión.
Cuando logren concluir el escrutinio de estas elecciones, el balance será de un afianzamiento del monopolio del poder por el PLD, que habrá perdido tres de las 31 senadurías que tenía, pero ahora con más de 100 diputados y alcaldes, absorbiendo gran parte de los que los que habían quedado en el PRD, reducido casi a la nada. Alianza País tendría un alcalde y un diputado nacional, lo mismo que el PQDC. El PRM y aliados terminarían con tres senadores y unos 60 diputados. De los candidatos presidenciales, después de Medina y Abinader, sólo Guillermo Moreno rebasa el 1%, también constante histórica.
Los cuatro muertos y varios heridos en la jornada electoral, en Santo Domingo, Yamasá y Monción, y un quinto el martes en Bonao, constituyen también un penoso retroceso de este proceso electoral que cobró otras tres vidas en la campaña interna.-
El colapso tecnológico
Aunque se advirtió a tiempo que el salto a la automatización electoral necesitaba pruebas previas suficientes, auditoría a fondo de los equipos y mayor preparación del personal, y algún conteo manual por muestreo para inducir confianza, no se podía esperar el colapso que sufrió, documentado por la observación electoral de Participación Ciudadana (PC), en una muestra científica de 1023 colegios, y luego por las misiones de la OEA y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales.
Desde las primeras horas, con un retraso de por lo menos dos horas promedio en el inicio de la votación, se dio la voz de alerta. Al mediodía la red de PC reveló que el 29% de los colegios no recibieron el equipo de identificación de los electores y el 27% tampoco los del escaner y la transmisión, y en el 60% hubo anomalías con los equipos, como de conectividad, electricidad o se dañaron. Aunque el presidente de la JCE anunció a las 7.00 de la noche el inicio de la transmisión directa del resultado de los colegios, a las 10 sólo habían podido hacerlo el 19 por ciento, y a las 12, cuando fue descontinuado, el 27 por ciento. Esos datos no llegaron directamente esa noche ni a los partidos ni a los medios, como también anunció Roberto Rosario.
El colapso tecnológico se generalizó. Un cuadro en la pantalla electrónica y televisiva de la JCE llegó a atribuir los senadores, diputados y regidores con apenas unos cuantos colegios contados, bajo el título de “cargos ganados al momento”. A la medianoche, se resignaron a que todo el escrutinio continuara manual y se ofreció el primer boletín de resultados consolidados, pero hasta el medio día del lunes fue que pudieron comenzar a colocarlos en la página de internet de la JCE.
Por José Cabral.
Nadie puede negar que la República Dominicana está en medio de la gran posibilidad de que pueda surgir un “outsider” en la política nacional, aunque el problema descansa en que no se ha articulado una propuesta que responda al nicho que se ha creado en esta dirección.
Prácticamente todas las encuestas colocan en un 54 ó 55 por ciento, aunque se piensa que es mucho mayor, las personas que no sienten ningún respeto ni vinculación con los partidos políticos, los cuales han llegado a un nivel de descrédito que nadie podía imaginarse.
Es tan grave el problema que esa realidad amenaza la democracia representativa, ya que en las últimas elecciones el país ha terminado con autoridades que no cuentan con la legitimidad necesaria para garantizar una buena gobernabilidad.
Pero frente a esa realidad la pregunta que todo el mundo se hace es si valdría la pena que en el país se produzca el fenómeno del “outsider” como que ya ha pasado en muchas naciones latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos de América.
El último caso de este tipo se ha producido en Colombia, donde un abogado penalista, un depravado, defensor de narcotraficantes, de evasores de impuestos y de los paramilitares ha quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales.
A Abelardo de la Espriella, un ultraderechista, sin ningún mérito, pero sin venir de las estructuras tradicionales del partidarismo político, se ha colocado en la puerta de la presidencia de Colombia, con un discurso agresivo y con una visión de cuestionamiento del derecho internacional que lo acerca al actual jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso ya lo ha apoyado.
El asunto es que este tipo de “outsider” no es saludable para que ningún país del mundo, porque representa un antivalor, un enemigo del derecho internacional y además un depravado que no respeta absolutamente nada ni a nadie.
Entonces, si la República Dominicana se viera en ese espejo estaría en un escenario que significa un evidente retroceso al bienestar que se supone debe garantizar todo aquel que se opone a la partidocracia, que nadie puede negar que en todas estas naciones ha implicado una gran desgracia para los pueblos.
Por esta razón es que creo que, si en la República Dominicana se crean las condiciones, como ya parece que ocurre, para desplazar del poder a los partidos políticos, tiene que ser para bien, no para mal, ya que debe ser un “outsider” que cuente con un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo para poder lograr las transformaciones que demanda la sociedad.
Naturalmente, la preocupación de que el problema del país no sólo descansa en el funcionario público, el cual procede de los partidos políticos, instancias totalmente corrompidas y enemigas del progreso nacional, sino también en la visión y actitud distorsionada del ciudadano como resultado del neoliberalismo salvaje introducido en el país por Leonel Fernández.
Tal vez ahí esté la explicación de que una opción con una visión colectiva, no individual, no haya podido consolidarse en el país, ya que articular este tipo de propuesta implica, según lo que se ve, romper con lo que luce ser una utopía por la forma en que el neoliberalismo se ha apropiado de la mente y el sentir de la gente.
Pero si Dios quiere y en razón de que las condiciones están dadas para que en el país surja un “outsider”, ojalá sea para bien y no para mal, contrario a como se observa que se produce en Colombia y en otros países latinoamericanos.
El “outsider” dominicano tiene que ser para romper con la vieja política, a los fines de acabar con la corrupción y los principales males que aquejan a la sociedad en asuntos tan fundamentales para tener crecimiento y desarrollo nacionales como el empleo, la institucionalidad, la seguridad pública y ciudadana y en otros aspectos que durante décadas han representado una retranca para la nación.
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.