EFE

La organización reclama una investigación independiente sobre el fallecimiento ocurrido el 3 de octubre y advierte que el control migratorio debe ejecutarse respetando los derechos humanos y los límites legales del uso de la fuerza.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.— La muerte de un joven de presunto origen haitiano durante un operativo de control migratorio realizado en Punta Cana ha motivado un llamado de Amnistía Internacional para que las autoridades dominicanas investiguen las circunstancias del hecho y determinen si existieron actuaciones contrarias a la ley.

La organización defensora de los derechos humanos solicitó este miércoles 7 de octubre una investigación inmediata, independiente, imparcial y exhaustiva sobre el incidente ocurrido el pasado sábado 3 de octubre, en el que, según informaciones difundidas por medios locales, el joven habría recibido disparos de un agente de la Dirección General de Migración (DGM).

Amnistía Internacional manifestó preocupación por la ausencia de información oficial sobre las circunstancias en que se produjo el fallecimiento y consideró necesario esclarecer lo sucedido, identificar posibles responsabilidades y garantizar el acceso a la justicia de los familiares de la víctima.

Reclaman determinar las circunstancias de los disparos

La organización insistió en que las autoridades deben establecer cómo se desarrolló el procedimiento migratorio, las condiciones en que ocurrió el incidente y si la actuación de los agentes se ajustó a las disposiciones legales que regulan el uso de la fuerza.

En ese sentido, recordó que los estándares internacionales de derechos humanos establecen restricciones estrictas al empleo de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Amnistía Internacional sostuvo que la utilización intencional de fuerza letal únicamente puede justificarse cuando resulte estrictamente inevitable para proteger una vida.

Asimismo, enfatizó que la condición migratoria de una persona, independientemente de que se encuentre en situación regular o irregular, no constituye una justificación para el uso ilegítimo de la fuerza.

Organización denuncia posibles prácticas discriminatorias

La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Ana Piquer, señaló que durante años distintas organizaciones dominicanas, haitianas e internacionales han documentado denuncias relacionadas con las políticas de control migratorio aplicadas en República Dominicana.

Entre las prácticas denunciadas mencionó la identificación de personas por características raciales, detenciones arbitrarias, deportaciones colectivas y otras actuaciones consideradas discriminatorias.

Piquer planteó que estos antecedentes deben ser tomados en consideración durante las investigaciones, a fin de determinar si la muerte del joven constituye un hecho aislado o guarda relación con posibles patrones de actuación institucional.

La representante de la organización también reclamó que cualquier funcionario cuya responsabilidad en violaciones de derechos humanos resulte demostrada responda ante las instancias correspondientes.

Políticas migratorias bajo cuestionamiento

El pronunciamiento de Amnistía Internacional se produce en medio de la aplicación de las medidas adoptadas por el Gobierno dominicano para reforzar los controles migratorios y las deportaciones de ciudadanos extranjeros que permanecen irregularmente en el territorio nacional.

Desde octubre de 2024, el Poder Ejecutivo desarrolla un programa de repatriaciones que estableció como objetivo alcanzar hasta 10,000 deportaciones de haitianos por semana.

Según las estadísticas oficiales citadas, entre enero y julio de 2026 fueron deportados 250,429 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular.

Estas medidas se ejecutan en un contexto marcado por la crisis política, institucional, económica y de seguridad que atraviesa Haití, situación que ha incrementado los desafíos migratorios y humanitarios en la isla.

Amnistía Internacional ha cuestionado determinadas prácticas utilizadas durante estos procedimientos y ha solicitado que las políticas migratorias dominicanas se apliquen sin discriminación y con respeto a las garantías fundamentales.

Control migratorio y respeto a los derechos humanos

Aunque los Estados tienen facultades para regular el ingreso, la permanencia y la salida de personas extranjeras de sus territorios, el ejercicio de esas atribuciones debe ajustarse a la legislación nacional y a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

En República Dominicana, los procedimientos migratorios están regulados por la Ley General de Migración número 285-04 y su normativa complementaria.

Asimismo, la Constitución reconoce la protección del derecho a la vida, la dignidad humana y las garantías del debido proceso.

En ese contexto, las denuncias sobre actuaciones irregulares de agentes estatales requieren investigaciones que permitan establecer los hechos sin prejuzgar la responsabilidad de las personas involucradas.

Esperan pronunciamiento de las autoridades

Hasta el momento de la información difundida, no se habían ofrecido explicaciones oficiales sobre las circunstancias específicas de la muerte del joven durante el operativo realizado en Punta Cana.

La falta de detalles mantiene abiertas interrogantes sobre el desarrollo de la intervención, el empleo de armas de fuego y las actuaciones posteriores al incidente.

Amnistía Internacional reiteró que las autoridades dominicanas deben garantizar una investigación efectiva y adoptar las medidas correspondientes si se comprueba la comisión de alguna violación de derechos humanos.

El caso vuelve a colocar en el debate público la necesidad de compatibilizar la potestad del Estado para controlar sus fronteras y aplicar su política migratoria con la obligación de proteger la vida, la integridad física y los derechos fundamentales de todas las personas bajo su jurisdicción.

Niní Cáffaro, Leonel Lirio y Janina Rosado fueron distinguidos por la Cámara de Diputados en reconocimiento a sus aportes a la música, el diseño de moda y la proyección artística de la República Dominicana.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.— Tres destacadas personalidades del arte dominicano recibieron este miércoles un homenaje de la Cámara de Diputados, que reconoció sus respectivas trayectorias profesionales y contribuciones al fortalecimiento de la identidad cultural del país.

El cantante Erasmo Niní Cáffaro, el diseñador de moda Leonel Lirio y la pianista y arreglista Janina Rosado fueron distinguidos durante una ceremonia celebrada en el Salón de la Asamblea Nacional, donde recibieron pergaminos de reconocimiento aprobados mediante resoluciones legislativas.

La actividad reunió a legisladores, representantes de diversos sectores y personalidades vinculadas al arte, la política y la cultura nacional.

Niní Cáffaro, una trayectoria vinculada a la música dominicana

La distinción concedida a Niní Cáffaro surgió de una iniciativa presentada por Lucía Medina Sánchez, expresidenta de la Cámara de Diputados.

La resolución destaca la trayectoria del intérprete y sus aportes al desarrollo y la difusión de la música dominicana, tanto dentro como fuera del territorio nacional.

Durante la ceremonia, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, expresó que constituye un honor para la institución reconocer a una figura cuya carrera artística forma parte del patrimonio musical del país.

El homenaje representa un reconocimiento institucional a los años de dedicación de Cáffaro a la interpretación musical y a su contribución a la cultura dominicana.

Leonel Lirio, reconocido por proyectar la moda nacional

El diseñador Leonel Lirio también recibió una distinción por su trayectoria en la industria de la moda y sus contribuciones al posicionamiento del diseño dominicano.

La resolución fue sometida por la diputada Selinée Méndez, quien resaltó la influencia de Lirio en la promoción de la identidad cultural a través de sus creaciones, así como su participación en iniciativas de formación académica.

Al referirse al homenajeado, Alfredo Pacheco destacó que sus diseños han vestido a personalidades nacionales e internacionales, contribuyendo a dar visibilidad al talento creativo de República Dominicana.

El reconocimiento pone de relieve la importancia de la moda como manifestación cultural y como una actividad capaz de proyectar internacionalmente la creatividad dominicana.

Janina Rosado, una vida dedicada al talento musical

La pianista y arreglista Janina Rosado fue distinguida por su destacada participación en el desarrollo de la música nacional y su proyección artística internacional.

La iniciativa legislativa fue presentada por la diputada Juana Castillo, quien valoró la trayectoria profesional de Rosado y sus contribuciones al fortalecimiento del arte dominicano.

Durante el acto, Pacheco recordó su participación como pianista en la agrupación del reconocido cantautor Juan Luis Guerra, experiencia que ha formado parte importante de su recorrido musical.

La distinción reconoce tanto sus capacidades interpretativas como su trabajo en los arreglos musicales y su contribución a la presencia de artistas dominicanos en escenarios internacionales.

Cámara de Diputados destaca importancia de preservar los legados culturales

La diputada Dilenia Santos, presidenta de la Comisión Permanente de Reconocimientos, destacó la labor desarrollada por los legisladores que promueven iniciativas destinadas a valorar las trayectorias de ciudadanos sobresalientes.

Asimismo, resaltó el trabajo de la comisión legislativa para documentar los méritos y contribuciones de las personas propuestas para recibir estas distinciones.

Santos señaló la importancia de dar visibilidad a quienes, desde distintas áreas profesionales, han contribuido al desarrollo de la sociedad dominicana.

Personalidades acompañan a los homenajeados

La ceremonia contó con la presencia de figuras del ámbito político, cultural y deportivo.

Entre los asistentes estuvieron la exvicepresidenta de la República Margarita Cedeño; el expresidente de la Cámara de Diputados Radhamés Camacho; el exdiputado Máximo Castro; la cantante Olga Lara y Luisín Mejía, miembro del Comité Olímpico Internacional.

También participaron legisladores y otros invitados que acompañaron a los homenajeados durante la entrega de los pergaminos.

Al recibir las distinciones, Niní Cáffaro, Leonel Lirio y Janina Rosado expresaron su agradecimiento a la Cámara de Diputados y dedicaron los reconocimientos a sus familiares, amigos y personas que los han acompañado durante sus respectivas carreras.

Con este acto, la Cámara de Diputados resaltó la importancia de reconocer en vida a quienes han contribuido a enriquecer el patrimonio artístico y cultural de República Dominicana.

Veinte aspirantes fueron entrevistados para ocupar seis vacantes en la Suprema Corte de Justicia, en una sesión marcada por debates sobre casación, acoso laboral, nuevas relaciones familiares y seguridad jurídica

Santo Domingo.— Los cambios que atraviesan las relaciones laborales, la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, la mora judicial y los desafíos de la casación ocuparon buena parte de la segunda jornada de entrevistas realizada por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para escoger a seis nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

De los 22 postulantes convocados este martes 6 de octubre, Pedro Antonio Mateo Ibert y Alina Mora Arias de Mármol declinaron participar, por lo que el proceso continuó con 20 aspirantes.

La sesión fue encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en sustitución del presidente Luis Abinader. El CNM evalúa un total de 88 aspirantes preseleccionados para ocupar las seis plazas disponibles en la Suprema Corte de Justicia.

El trabajo digital plantea nuevos retos

Uno de los temas abordados fue la necesidad de adaptar la legislación laboral a las nuevas formas de empleo surgidas con la transformación digital.

El aspirante Alexis Gómez sostuvo que modalidades como el trabajo remoto y los servicios prestados a través de plataformas digitales han cambiado las relaciones tradicionales entre trabajadores y empleadores.

A su juicio, esta realidad obliga a los tribunales a enfrentar conflictos que no siempre están expresamente contemplados en una legislación laboral concebida bajo esquemas tradicionales.

Acoso laboral y sexual también entra en el debate

Durante las evaluaciones, la magistrada Wendy Martínez planteó la necesidad de fortalecer la fiscalización y las sanciones frente a situaciones de acoso laboral y sexual.

La aspirante defendió mecanismos institucionales más efectivos para atender estas conductas y proteger a las personas afectadas dentro de los espacios de trabajo.

Las intervenciones sobre esta materia colocaron nuevamente las relaciones laborales entre los asuntos que podrían exigir una evolución de los criterios judiciales durante los próximos años.

Nuevas estructuras familiares

Los cambios sociales y familiares también formaron parte de las entrevistas.

Antonia Grullón sostuvo que la Suprema Corte deberá prepararse para responder a nuevos tipos de controversias derivadas de la evolución de las relaciones familiares.

Por su parte, Daisy Indhira Montás abordó la perspectiva de género en las decisiones judiciales y defendió que su aplicación debe mantenerse compatible con la objetividad e imparcialidad de los jueces.

A este debate se sumó Ana Magnolia Méndez, quien destacó la ética y la imparcialidad como elementos indispensables para preservar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.

Nuevo Código Penal coloca a empresas ante mayores responsabilidades

Otro de los puntos centrales fue el impacto que tendrá el nuevo Código Penal sobre las personas jurídicas.

Erick José Hernández señaló que el régimen de responsabilidad penal empresarial obligará a las compañías a prestar mayor atención a sus sistemas de cumplimiento, controles internos y mecanismos de prevención.

Mientras, Luz del Carmen Matos Díaz destacó que la aplicación de la nueva normativa exigirá una importante labor interpretativa por parte de la Cámara Penal de la Suprema Corte.

Daira Sira Medina, por su lado, defendió la necesidad de que la jurisprudencia penal continúe evolucionando conforme cambian la sociedad y el ordenamiento jurídico.

Mora judicial y extinción de procesos

La duración de los procesos volvió a ocupar un espacio destacado durante las entrevistas.

Yobany Mercado sostuvo que la extinción de un proceso penal no debe atribuirse exclusivamente al juez, debido a que en la tramitación de los expedientes intervienen distintos actores.

El planteamiento volvió a poner sobre la mesa la preocupación por los retrasos judiciales y la necesidad de garantizar decisiones dentro de plazos razonables.

Casación y seguridad jurídica

La casación continuó siendo otro de los asuntos recurrentes.

Julián Henríquez Puntiel, Ramona Gutiérrez Batista, Fernando Langa y Menieur Méndez abordaron distintos aspectos relacionados con la nueva legislación de casación y sus efectos dentro del sistema judicial.

En tanto, Yoaldo Hernández sostuvo que la revisión de las decisiones judiciales resulta fundamental para garantizar seguridad jurídica y previsibilidad en la actuación de los tribunales.

Persisten desafíos históricos

Además de los nuevos problemas derivados de los cambios tecnológicos y normativos, las entrevistas volvieron a evidenciar dificultades que llevan años afectando al sistema de justicia.

Entre ellas figuran la mora judicial, la duración excesiva de los procesos, el acceso efectivo a la justicia y la necesidad de consolidar criterios jurisprudenciales coherentes.

Las evaluaciones continuarán este miércoles 7 de octubre, mientras el Consejo Nacional de la Magistratura avanza hacia la selección definitiva de los seis magistrados que ocuparán las vacantes disponibles en la Suprema Corte de Justicia.