Opinión
Nuestra América, Venezuela y el desarme de las FARC-EP
Por Narciso Isa Conde
El legendario comandante de comandantes, Manuel Marulanda Vélez -forjador del ejército guerrillero colombiano más poderoso y difícil de vencer en nuestra América a lo largo de más de medio siglo de heroicos combates- falleció el 26 de marzo del 2008 y en honor a su memoria y a su ejemplo el Movimiento Continental Bolivariano- MCB convino en escoger ese día para conmemorar cada año el derecho universal de los pueblos a la rebelión armada.
Escojo este cartel diseñado por mi hermano y camarada Alfredo Pierre para encabezar este artículo porque con él comparto la frase, que al evocar a los héroes y heroínas de esa epopeya continental y al expresar artísticamente el dolor desgarrador que en los/as revolucionarios solidarios e internacionalista del mundo, ha provocado el reciente anuncio de que “las FARC entregarían 14 mil armas a Naciones Unidas”, expresa con la fuerza del color y de su alma rebelde que “NO LUCHARON POR ESE FINAL…”
- ¿Por qué?
Paso de inmediato, sin rodeos y sin distracciones, a fundamentar no solo porque esa es una gran verdad, sino también el enorme daño que le hace a las luchas continentales por las nuevas independencias y las nuevas revoluciones político-sociales, y puntualmente a los procesos colombianos y venezolanos tan desacertada decisión.
Vuelvo a citar aquí la convicción del comandante Marulanda, que fue la de todos los dirigentes históricos de las FARC durante décadas, sobre este tema crucial:
“De acuerdo con la experiencia que hemos acumulado a lo largo de 40 años de lucha, para resolver los problemas sociales de este país se requiere de la presencia de las FARC. Nosotros haremos un acuerdo en algún momento, pero nuestras armas tienen que ser la garantía de que aquí se va a cumplir lo acordado. En el momento en que desaparezcan las armas, el acuerdo se puede derrumbar. Ese es un tema estratégico que no vamos a discutir”. (Declaraciones ofrecidas por el propio camarada Manuel el 6 de septiembre del año 1998 al periódico Clarín de Argentina a través del periodista Pablo Biffi).
Vuelvo a dar testimonio de lo que le escuché decir cuando lo conocí a raíz de los “Diálogos del Caguán” con el gobierno de Pastrana, al responder a mis inquietudes sobre el posible desenlace de esas conversaciones:
“Jamás permitiré disolver en una mesa de negociación el ejército popular que tantos sacrificios y sangre a costado a lo largo de varias décadas”
Reitero aquí, además, que durante nuestros intensos vínculos con los comandantes Iván Márquez y Jesús Santrich a mí y a otros dirigentes del MCB siempre nos aseguraron que las FARC en los nuevos diálogos de la Habana no contemplaban ni aceptarían entregar unilateralmente sus armas, que las mismas seguirían siendo la garantía del cumplimiento de cualquier acuerdo de paz a corto, mediano y largo plazo; acuerdo, que por demás, debía consagrar y asegurar la ejecución de importantes transformaciones del Estado y la sociedad colombiana en el sentido de recuperación de soberanía, democracia real, justicia social y bienestar colectivo.
Contrario a esas pautas previsoras, la dirección actual de esa organización político-militar ha aceptado su desmovilización y desarme unilateral sin que todo esto esté mínimamente asegurado y en medio de claras dilaciones, incumplimientos, trampas, engaños, alteraciones y violaciones a lo acordado.
-Con la enorme maquinaria militar-policial estatal (curtida en crímenes, masacres y torturas) intactas; sin depurarse, achicarse y transformarse…
-Con las asesinas organizaciones paramilitares rampantes, impunes y protegidas por el poder establecido…
-Con el anuncio del ingreso de Colombia a la OTAN y la descarada permanencia de siete bases militares gringas y de todos los mecanismos de intervención militar…
-Con la recolonización neoliberal en boga, el TLC vigente y el destructivo programa minero en marcha…
-Con la narco-política y los financiamientos espurios de corporaciones como ODEBRECHT develando la ilegitimidad del régimen y del propio presidente Santos.
-Con la justicia transicional en vilo, como lo revela la reciente entrevista que le hiciera la revista Semana al jurista Álvaro Leiva…
Sin legitimación popular de lo acordado, como lo evidenció la enorme abstención durante el plebiscito.
Sin avizorarse cambios estructurales que modifique el sistema de dominación económica, social y política…
Todo esto solo a cambio de una legalización incierta y permanentemente amenazada.
- En un contexto adverso y agresivo.
Esto, además, en una etapa de alta militarización de la estrategia de dominación, contra-reformas y contra-revolución estadounidense, que incluye el incremento del presupuesto militar imperialista anunciado por TRUMP.
En un periodo de un intenso y feroz contra-ataque continental de EEUU y las derechas que le sirven, de las nuevas modalidades de golpes de Estado en Honduras, Paraguay, Argentina, Brasil… y del arreciamiento de los planes desestabilizadores (facilitado por la incongruencias, debilidades y limitaciones de los “progresimos”, que ahora las FARC abrazan) contra las soberanías de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, El Salvador…
- Impactos negativos en marcha.
Así, esta infausta decisión de las FARC-EP le ha está haciendo un daño temporal enorme al proceso colombiano.
Pero no solo.
Su impacto negativo sobre el debilitado proceso venezolano es inconmensurable, en tanto la insurgencia colombiana tenía un indudable poder disuasivo de las agresiones militares estadounidenses en las vecindades, por el temor y los riesgos de generalizar el conflicto armado y la guerra asimétrica en la región amazónica.
Hoy -al compás de la entrega de armas y la desmovilización fariana- se observa una mayor agresividad de las derechas y de EEUU contra el gobierno de Maduro y en general contra el chavismo de todos los tonos de rojo.
Están actuando pérfidamente en lo inmediato para “un por los dos”: desmantelar o afectar sensiblemente la resistencia en Colombia y engullirse a Venezuela y sus enormes recursos en hidrocarburos, minerales estratégicos, agua y bio-diversidad. Y de paso, está calculado, afectar gravemente al ALBA y a todos los procesos de nueva independencia; debilitar a Cuba y otros componentes de los procesos de integración fuera de su control, y relanzar la OEA como ministro de colonias y mecanismo intervencionista.
El estimulo a la sedición imperialista que conlleva la desmovilización y desarme de las FARC habrá de sentirse desgraciadamente con más fuerza en lo adelante en Ecuador y en Bolivia, donde los procesos reformadores no están tan erosionados; y habiéndose asegurado, a manera de respiro, la continuidad del sistema no tutelado por EEUU en la recientes elecciones generales del Ecuador, lo que sin duda tan importante para nosotros como inaceptable para EEUU y sus socios.
- Cero pesimismos de voluntad: la confrontación será más radical.
De todas maneras -reconociendo esos grave daños temporales- me siento muy lejos de una visión absolutamente pesimista como la que estimula la claudicación de la actual dirección de las FARC.
Me inscribo dentro de los/as que pensamos, que después de lo acumulado durante casi dos décadas de conquistas y combates que elevan la conciencia colectiva de nuestros pueblos y sus movimientos políticos-sociales en lucha, los retrocesos en marcha -más brutales por su carácter ultra-neoliberal, mafioso, represivos y colonizadores- no habrán de sostenerse por mucho tiempo y nuevas insubordinación contra esas intentonas y los podridos regímenes derechistas, aparentemente estables desde hace tiempo, tendrán lugar en el continente y en el mundo.
De más en más los pueblos son ingobernables bajo esos designios truculentos.
Las primeras señales de la nueva oleada de resistencias y ofensivas, gestada en el seno de la ola progre-reformista que declina, se han dado Argentina, Brasil, Honduras, Guatemala y Paraguay (el incendio del Congreso reeleccionista marca un nuevo momento), laten y brotan intermitentemente las rebeldías en México, asechan en grande Venezuela si se consuma el viraje recolonizador, y se despliegan con multitudinarias marchas verde contra la impunidad en República Dominicana…
Esta claudicación de una cúpula influyente, como otras tantas del pasado, no bebe ser imitada ni asumida como agente depresivo. Hoy más que antes se requiera de mucha integridad y firmeza. Más al interior de las fuerzas y redes de militantes capaces de crear conciencia colectiva subversiva, generar articulaciones, organización y acción a la altura de los nuevos desafíos.
De sembrar antiimperialismo, anti-capitalismo y nuevo socialismo. De innovar en la organización, la acción y las alternativas… a partir del carácter diverso y multitudinario, continental y mundial, de las nuevas rebeldías populares y de los nuevos sujetos sociales potencialmente transformadores de nuestras países y regiones.
Por Rommel Santos Diaz
A fin de garantizar el desarrollo de sus actividades, determinados funcionarios estatales gozan de una prerrogativa por medio de la cual no puede ser sometido a un proceso penal si previamente el Congreso, u otra instancia no otorga su autorización.
La inmunidad, como lo ha señalado la doctrina, es una institución que fue establecida con un objetivo concreto, cual es el de poner freno a las intenciones políticas de interrumpir el normal desarrollo de las actividades de una importante autoridad pública.
De acuerdo al Estatuto de Roma, esta prerrogativa de los altos funcionarios no constituye un impedimento para que pueda juzgarse a estas personas. Así lo establece el Art. 27 del Estatuto de Roma.
El artículo 27 del Estatuto de Roma establece que el mismo será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial.
En particular el cargo oficial, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno , miembro de un gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.
Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleven el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstan para que la Corte Penal Internacional ejerza su competencia sobre ella.
La prerrogativa de la inmunidad se encuentra prevista en algunos casos en las normas constitucionales o en las leyes. En este último caso, cualquier posible contradicción con el Estatuto de Roma puede solucionarse con la reforma de la legislación respectiva.
Sin embargo, cuando la inmunidad se encuentra prevista en la constitución el asunto se complica, ya que por su naturaleza , es una norma que exige para su modificación un proceso más rígido.
Dr. Isaías Ramos
Durante casi treinta años, la República Dominicana ha recibido una advertencia tras otra sobre la calidad de su educación y la formación de sus ciudadanos.
Han cambiado gobiernos, programas, funcionarios y discursos.
Lo que demasiado poco ha cambiado son los resultados.
Cada vez que llega una nueva evaluación repetimos el mismo ritual: alarma, titulares, explicaciones, promesas. Después pasa la noticia y continuamos.
Así llevamos demasiado tiempo.
La Ley General de Educación 66-97 definió con extraordinaria claridad el ciudadano que debía formar la escuela dominicana.
Su artículo 5 ordena formar personas libres, críticas y creativas; ciudadanos amantes de su familia y de su patria, conscientes de sus deberes, derechos y libertades, con profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana. También manda fortalecer la identidad nacional y educar en valores morales y éticos, solidaridad, trabajo productivo y servicio comunitario.
Desde 2010, la Constitución reforzó ese mandato: formación social y cívica, enseñanza constitucional, valores patrios y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes.
El mandato nunca faltó.
Después llegaron las advertencias.
El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, PISA, ha mostrado reiteradamente graves dificultades de nuestros jóvenes para comprender, razonar y aplicar conocimientos en lectura, matemáticas y ciencias.
El Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana, ICCS, reveló profundas debilidades en conocimientos y competencias cívicas.
Nuestras propias Pruebas Nacionales también han mostrado desempeños modestos al concluir la secundaria.
Y la Encuesta de Cultura Democrática volvió a encender alarmas sobre dimensiones esenciales de nuestra cultura ciudadana.
No fueron hechos aislados.
Fueron advertencias acumuladas durante años.
Es justo reconocer avances. Entre PISA 2018 y 2022 el país mejoró significativamente en matemáticas, lectura y ciencias. Pero en 2025 esos avances no continuaron: los resultados fueron estadísticamente similares a los de 2022.
Después de mejorar, nos estancamos.
Y ahí surge la pregunta que la nación merece responder:
¿cómo es posible que, después de tantos diagnósticos, no hayamos tenido la voluntad política, la determinación institucional y la continuidad necesarias para implementar plenamente los fines educativos que nosotros mismos convertimos en ley y mandato constitucional?
No faltaron normas.
No faltaron pruebas.
No faltaron diagnósticos.
Faltaron voluntad política, determinación institucional y continuidad para convertir la educación y la formación ciudadana en una verdadera causa nacional.
Y eso tiene un costo humano.
Ya no hablamos solamente de porcentajes y rankings.
Hablamos de casi dos generaciones de dominicanos que atravesaron el sistema mientras sabíamos que no estábamos formando las competencias académicas y ciudadanas que necesitaban para dirigir sus vidas y, algún día, conducir la República.
¿Quién responde por ellos?
¿Dónde está el gran programa nacional para recuperar y fortalecer a quienes ya salieron de las aulas con brechas académicas y cívicas que el propio sistema había identificado?
En 2025, el Consejo Nacional de Educación aprobó la Ordenanza 02-2025 para incorporar explícitamente la Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana. Hoy vuelve a discutirse legislativamente la obligatoriedad de esa formación.
Bienvenidas sean esas iniciativas.
Pero debemos hacernos una pregunta más profunda:
¿cuántas veces tendremos que escribir la misma obligación antes de convertirla en conducta?
Porque el verdadero problema dominicano no parece ser la ausencia de normas, sino la distancia entre lo que proclamamos y lo que cumplimos.
Ahí la calle compite contra el aula.
Le enseñamos al niño a respetar la ley, pero observa que violarla puede no tener consecuencias.
Le hablamos de mérito mientras contempla favoritismo.
Le exigimos puntualidad mientras normalizamos la impuntualidad.
Le hablamos de responsabilidad mientras ve autoridades incumplir sus propias reglas.
Y debemos comprender algo esencial:
cada autoridad también educa.
Cuando quien ejerce poder incumple una norma sin consecuencias, está impartiendo una clase de educación cívica en sentido contrario.
Por eso no necesitamos simplemente otra asignatura.
Necesitamos una Revolución Cívica que abarque escuela, familia, iglesias, comunidad, empresa y Estado; que alcance también a quienes ya dejaron las aulas; que convierta el cumplimiento en hábito, el mérito en estímulo, el buen ejemplo en norma y la responsabilidad en valor nacional.
No se trata de buscar culpables eternos.
Se trata de asumir una responsabilidad histórica y corregir el rumbo.
Porque ninguna Constitución puede proteger una República cuyos ciudadanos aprenden a ignorarla.
Casi dos generaciones han atravesado ya este proceso.
Y serán esas mismas generaciones las que, tarde o temprano, recibirán la conducción del país.
Todavía estamos a tiempo de cambiar la enseñanza.
Pero el tiempo no es infinito.
La pregunta que debemos responder como nación es ésta:
¿seguiremos administrando el deterioro, o tendremos finalmente el carácter, la voluntad, la determinación y la fidelidad a nuestra Constitución necesarios para formar ciudadanos capaces de construir, respetar y defender la República que prometimos ser?
Por Oscar López Reyes
Demetrio, Higinio y Marcelo, exfuncionarios estatales imbuidos de un hinchado poder político, no prestaron oídos del precavido refrán: “A chica boca, chica sopa” y, cual volcán, cada uno por su lado se arrojó -como si tuvieran en misiones espaciales en diferentes temporadas y universos cósmicos- a hostigar y a perseguir a un periodista respetuoso y cumplidor. La maledicencia, agazapada en villanías, les hizo olvidar que para participar en foros había que tener los bozos limpios.
Ninguno de los tres judicializables estuvo en la mirilla del tranquilo Gael Otero, a quien jamás dejaron de incordiarlo inmisericordemente, sin motivo aparente. Empero, sin este reportero/articulista buscarlos, en sus manos se posaron -como si fueran enviados por un molesto extraterrestre- datos incriminatorios sobre sus acosadores, que lo dejaron perplejo. ¿Cuál fue su reacción?
Los hechos y personajes a ser descritos son reales, ocurridos en Santo Domingo, República Dominicana, en años recientes, aunque sus protagonistas pudieran llamarse Piernavieja (abogado), Pieldelobo (administrador de empresas) y Viejobueno (ingeniero). Sus verdaderos patronímicos son Demetrio Gabilondo, Higinio Quintana y Marcelo Mosquera, el trío diabólico que, visiblemente con el sistema límbico y el tronco encefálico dislocados, asediaron y se pusieron a la caza de Gael, como si fuera un ladrón. ”El cazador cazado”, ¡qué ironía!
Primero. Demetrio: en el examen de tesis de grado, un miembro del jurado al estudiante de periodismo Gael le asignó 98 y otro 95, que ponderaron la metodología en el abordaje, la capacidad investigativa y el pensamiento crítico. El tercer juez docente, Demetrio, emitió su veredicto sin consultar a sus dos colegas: un 40. Cuando el ya graduado aspiró a ser maestro, en un examen le colocó un 0 y en el año que presentó un proyecto para crear una unidad académica en la universidad estatal, lo boicoteó, a la clara. Posteriormente, este abogado lo importunaba en reuniones de las lides gremiales. ¿Y por qué…?, se preguntaba Gael.
Sorpresa: Un domingo en la mañana, mientras Gael chequeaba su agenda en la redacción del periódico Hoy, su director Virgilio Alcántara le entregó un documento que había recibido, con acusaciones comprometedoras contra Demetrio. Le instruyó enfáticamente para que profundizara en la investigación. Si no inquirí estos papeles, si este caballero me ha pisoteado insistentemente -reflexionó Gael- y ahora tengo esta encomienda del director del matutino, por qué no hacer mi trabajo y focalizar el tema con superficialidad.
La indagatoria duró más de una semana, y los hallazgos encontrados fueron demoledores. Escribió tres amplios reportajes y el director del rotativo los publicó en tres primeras páginas. El escándalo no pudo ser más vergonzoso, en el pico de la gravedad. El consejo directivo de la institución donde laboraba el jurista sesionó de emergencia, con el documento original y los reportajes en la mesa. La cancelación de Demetrio fue inevitable. ¡Vaya!
Marcelo: En los años 2018-19, a Gael pretendió trazarle pautas, sin ser su jefe; humillarlo e imponérsele, sin razón, en el organismo gubernamental en la cual ambos ofrecían sus servicios profesionales. Narcisista indecoroso y arrogante, Marcelo escudriñaba fallas en el accionar de Gael, para reportarlo ante la máxima autoridad. Cuando este difundía algún texto periodístico, lo separaba, subrayaba puntos específicos y lo llevaba al mando superior, su amigo de muchos años, con recomendaciones despiadadas. Jamás aceptó conciliación, aun comprobándose que incurría en irrefutables conflictos de intereses.
Asombro: Un colega y amigo del periodista Gael sintió estupor al enterarse del drama –a través de un tercero- y decidió rastrear las andanzas de Marcelo en la administración pública, así como sus actuales relaciones y comportamiento. Descubrió que como director administrativo-financiero hacía negocios con otras instituciones públicas. Siendo así, la única alternativa de la alta gerencia fue su despido. ¡Qué pena! ¿Acaso funge ahora con las mismas funciones en otra dependencia estatal?
Higinio: Después que, con el tráfico de influencia política, truculentamente este ingeniero se enriqueció con la adjudicación de contratos a sobreprecios –y con desvíos de fondos públicos desde un organismo público hacia una corporación en la cual era un testaferro- fuera del gobierno –¡Qué viva Odebrecht!- se dedica actualmente a querer socavar las imágenes de personas honradas, desde un digital en el cual se proclama, sin asearse los colmillos, “comunicador”. ¡Qué tupé!
Espanto: El legajo de documentos acumulados por indignados de organizaciones de interés social sirvió para instrumentar un expediente, depositado en la Procuraduría General de la República para que se añadiera a otro más grande divulgado públicamente, vinculada a la gestión 2012-1016. En una cama supercómoda, el imputado Higinio languidece, dando sus últimos suspiros, y pocos saben que fue por su doble osadía: sustraer, usurpar como “comunicador” y atacar para aparentar… ¡Desvergonzado!, ¿sí o no?
Demetrio, Higinio y Marcelo vituperaban a Gael sin conocer sus facultades divinas: cada vez que este emprendía un proyecto y otros hacían lo mismo, avanzaba con tanta prontitud que los paños y lienzos de sus competidores eran tirados en barrancos. Idénticamente, meses después de que un elocuente lo encaraba con alevosía, ese alevoso moría súbitamente, como aconteció con dos de los tres judicializables. El otro de similar estirpe quedó entrampado en la peor hoguera, porque sufre más que Juana de Arco.
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El autor: periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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13 de septiembre de 2026