Opinión
Nuestra América, Venezuela y el desarme de las FARC-EP
Por Narciso Isa Conde
El legendario comandante de comandantes, Manuel Marulanda Vélez -forjador del ejército guerrillero colombiano más poderoso y difícil de vencer en nuestra América a lo largo de más de medio siglo de heroicos combates- falleció el 26 de marzo del 2008 y en honor a su memoria y a su ejemplo el Movimiento Continental Bolivariano- MCB convino en escoger ese día para conmemorar cada año el derecho universal de los pueblos a la rebelión armada.
Escojo este cartel diseñado por mi hermano y camarada Alfredo Pierre para encabezar este artículo porque con él comparto la frase, que al evocar a los héroes y heroínas de esa epopeya continental y al expresar artísticamente el dolor desgarrador que en los/as revolucionarios solidarios e internacionalista del mundo, ha provocado el reciente anuncio de que “las FARC entregarían 14 mil armas a Naciones Unidas”, expresa con la fuerza del color y de su alma rebelde que “NO LUCHARON POR ESE FINAL…”
- ¿Por qué?
Paso de inmediato, sin rodeos y sin distracciones, a fundamentar no solo porque esa es una gran verdad, sino también el enorme daño que le hace a las luchas continentales por las nuevas independencias y las nuevas revoluciones político-sociales, y puntualmente a los procesos colombianos y venezolanos tan desacertada decisión.
Vuelvo a citar aquí la convicción del comandante Marulanda, que fue la de todos los dirigentes históricos de las FARC durante décadas, sobre este tema crucial:
“De acuerdo con la experiencia que hemos acumulado a lo largo de 40 años de lucha, para resolver los problemas sociales de este país se requiere de la presencia de las FARC. Nosotros haremos un acuerdo en algún momento, pero nuestras armas tienen que ser la garantía de que aquí se va a cumplir lo acordado. En el momento en que desaparezcan las armas, el acuerdo se puede derrumbar. Ese es un tema estratégico que no vamos a discutir”. (Declaraciones ofrecidas por el propio camarada Manuel el 6 de septiembre del año 1998 al periódico Clarín de Argentina a través del periodista Pablo Biffi).
Vuelvo a dar testimonio de lo que le escuché decir cuando lo conocí a raíz de los “Diálogos del Caguán” con el gobierno de Pastrana, al responder a mis inquietudes sobre el posible desenlace de esas conversaciones:
“Jamás permitiré disolver en una mesa de negociación el ejército popular que tantos sacrificios y sangre a costado a lo largo de varias décadas”
Reitero aquí, además, que durante nuestros intensos vínculos con los comandantes Iván Márquez y Jesús Santrich a mí y a otros dirigentes del MCB siempre nos aseguraron que las FARC en los nuevos diálogos de la Habana no contemplaban ni aceptarían entregar unilateralmente sus armas, que las mismas seguirían siendo la garantía del cumplimiento de cualquier acuerdo de paz a corto, mediano y largo plazo; acuerdo, que por demás, debía consagrar y asegurar la ejecución de importantes transformaciones del Estado y la sociedad colombiana en el sentido de recuperación de soberanía, democracia real, justicia social y bienestar colectivo.
Contrario a esas pautas previsoras, la dirección actual de esa organización político-militar ha aceptado su desmovilización y desarme unilateral sin que todo esto esté mínimamente asegurado y en medio de claras dilaciones, incumplimientos, trampas, engaños, alteraciones y violaciones a lo acordado.
-Con la enorme maquinaria militar-policial estatal (curtida en crímenes, masacres y torturas) intactas; sin depurarse, achicarse y transformarse…
-Con las asesinas organizaciones paramilitares rampantes, impunes y protegidas por el poder establecido…
-Con el anuncio del ingreso de Colombia a la OTAN y la descarada permanencia de siete bases militares gringas y de todos los mecanismos de intervención militar…
-Con la recolonización neoliberal en boga, el TLC vigente y el destructivo programa minero en marcha…
-Con la narco-política y los financiamientos espurios de corporaciones como ODEBRECHT develando la ilegitimidad del régimen y del propio presidente Santos.
-Con la justicia transicional en vilo, como lo revela la reciente entrevista que le hiciera la revista Semana al jurista Álvaro Leiva…
Sin legitimación popular de lo acordado, como lo evidenció la enorme abstención durante el plebiscito.
Sin avizorarse cambios estructurales que modifique el sistema de dominación económica, social y política…
Todo esto solo a cambio de una legalización incierta y permanentemente amenazada.
- En un contexto adverso y agresivo.
Esto, además, en una etapa de alta militarización de la estrategia de dominación, contra-reformas y contra-revolución estadounidense, que incluye el incremento del presupuesto militar imperialista anunciado por TRUMP.
En un periodo de un intenso y feroz contra-ataque continental de EEUU y las derechas que le sirven, de las nuevas modalidades de golpes de Estado en Honduras, Paraguay, Argentina, Brasil… y del arreciamiento de los planes desestabilizadores (facilitado por la incongruencias, debilidades y limitaciones de los “progresimos”, que ahora las FARC abrazan) contra las soberanías de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, El Salvador…
- Impactos negativos en marcha.
Así, esta infausta decisión de las FARC-EP le ha está haciendo un daño temporal enorme al proceso colombiano.
Pero no solo.
Su impacto negativo sobre el debilitado proceso venezolano es inconmensurable, en tanto la insurgencia colombiana tenía un indudable poder disuasivo de las agresiones militares estadounidenses en las vecindades, por el temor y los riesgos de generalizar el conflicto armado y la guerra asimétrica en la región amazónica.
Hoy -al compás de la entrega de armas y la desmovilización fariana- se observa una mayor agresividad de las derechas y de EEUU contra el gobierno de Maduro y en general contra el chavismo de todos los tonos de rojo.
Están actuando pérfidamente en lo inmediato para “un por los dos”: desmantelar o afectar sensiblemente la resistencia en Colombia y engullirse a Venezuela y sus enormes recursos en hidrocarburos, minerales estratégicos, agua y bio-diversidad. Y de paso, está calculado, afectar gravemente al ALBA y a todos los procesos de nueva independencia; debilitar a Cuba y otros componentes de los procesos de integración fuera de su control, y relanzar la OEA como ministro de colonias y mecanismo intervencionista.
El estimulo a la sedición imperialista que conlleva la desmovilización y desarme de las FARC habrá de sentirse desgraciadamente con más fuerza en lo adelante en Ecuador y en Bolivia, donde los procesos reformadores no están tan erosionados; y habiéndose asegurado, a manera de respiro, la continuidad del sistema no tutelado por EEUU en la recientes elecciones generales del Ecuador, lo que sin duda tan importante para nosotros como inaceptable para EEUU y sus socios.
- Cero pesimismos de voluntad: la confrontación será más radical.
De todas maneras -reconociendo esos grave daños temporales- me siento muy lejos de una visión absolutamente pesimista como la que estimula la claudicación de la actual dirección de las FARC.
Me inscribo dentro de los/as que pensamos, que después de lo acumulado durante casi dos décadas de conquistas y combates que elevan la conciencia colectiva de nuestros pueblos y sus movimientos políticos-sociales en lucha, los retrocesos en marcha -más brutales por su carácter ultra-neoliberal, mafioso, represivos y colonizadores- no habrán de sostenerse por mucho tiempo y nuevas insubordinación contra esas intentonas y los podridos regímenes derechistas, aparentemente estables desde hace tiempo, tendrán lugar en el continente y en el mundo.
De más en más los pueblos son ingobernables bajo esos designios truculentos.
Las primeras señales de la nueva oleada de resistencias y ofensivas, gestada en el seno de la ola progre-reformista que declina, se han dado Argentina, Brasil, Honduras, Guatemala y Paraguay (el incendio del Congreso reeleccionista marca un nuevo momento), laten y brotan intermitentemente las rebeldías en México, asechan en grande Venezuela si se consuma el viraje recolonizador, y se despliegan con multitudinarias marchas verde contra la impunidad en República Dominicana…
Esta claudicación de una cúpula influyente, como otras tantas del pasado, no bebe ser imitada ni asumida como agente depresivo. Hoy más que antes se requiera de mucha integridad y firmeza. Más al interior de las fuerzas y redes de militantes capaces de crear conciencia colectiva subversiva, generar articulaciones, organización y acción a la altura de los nuevos desafíos.
De sembrar antiimperialismo, anti-capitalismo y nuevo socialismo. De innovar en la organización, la acción y las alternativas… a partir del carácter diverso y multitudinario, continental y mundial, de las nuevas rebeldías populares y de los nuevos sujetos sociales potencialmente transformadores de nuestras países y regiones.
Por José Cabral
Siempre he dicho y he reiterado, pero que no se trata de ningún descubrimiento, que el sistema está concebido para responder a los intereses de los partidos políticos.
Los diputados y senadores provienen de ese entorno, el presidente de la República y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en el que se escogen los jueces, explica el desempeño de cada uno de estos poderes públicos
La conformación del CNM implica que todo el sistema, incluido el de justicia, obedece a los intereses que se expresan en este órgano.
De manera, que, frente a la confrontación del derecho con la política, el primero siempre tiene todas las de ganar cualquier batalla, máxime cuando se trata de aquella que se desarrolla en el campo legal.
Todo este cuadro permite establecer que resulta prácticamente difícil, por no decir imposible, que el derecho pueda salir triunfante frente a la política.
Sin ninguna duda, que ahí descansa la gran debilidad del proceso de constitucionalización del derecho que se produce en el país a partir de la entrada en vigencia de la Constitución del 2010.
Es hermoso en los textos el proceso de constitucionalización, pero el mismo resulta decepcionante en la práctica y cuando se choca con la realidad.
Nadie, absolutamente nadie, puede negar que una herramienta vital para cualquier democracia es una buena administración de justicia, pero en una nación donde la partidocracia es la dueña del sistema esto se vuelve prácticamente difícil, por no decir imposible.
El problema descansa en un Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuyo órgano tiene la sagrada misión de escoger los jueces del sistema de justicia nacional, lo que quiere decir que cuando se presenta un conflicto entre el derecho y la política éstos se inclinen por emitir sentencias en favor de la partidocracia.
Los hechos hablan por sí solos y el que no lo crea que revise la mayoría de las decisiones que conllevan sentencias que impactan los intereses de los partidos para que se puedan valorar los resultados.
Sin no se cambia la conformación del CNM es muy difícil que el proceso de constitucionalización del derecho y que tiene como base el respeto de los derechos fundamentales pueda cristalizarse en una sociedad como la dominicana, donde la política está presente predominantemente en todos los escenarios.
De tal forma, que hablar de una buena administración de justicia al margen de los intereses de los partidos políticos, resulta una quimera y que sólo una persona muy ingenua lo puede creer.
Por Isaías Ramos
Ninguna democracia muere el día en que se rompe la Constitución. Muere mucho antes: cuando quienes juraron defenderla comienzan a tratarla como un obstáculo y la ciudadanía empieza a acostumbrarse a ese irrespeto.
La Constitución no fue escrita para adornar discursos ni para ser invocada cuando conviene al poder. Fue concebida para limitar a quienes gobiernan, proteger a los ciudadanos y garantizar que ningún funcionario, partido, mayoría congresual o presidente coloque su voluntad por encima de la soberanía popular.
Por eso preocupa el rumbo de diversas actuaciones del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo.
En los últimos años se han aprobado normas luego anuladas, corregidas o seriamente cuestionadas por su compatibilidad constitucional. La Ley de la Dirección Nacional de Inteligencia motivó la intervención del Tribunal Constitucional por objeciones relacionadas con derechos fundamentales. La Ley de Facturación Electrónica también requirió su actuación para corregir una disposición que afectaba la privacidad.
Más recientemente, el nuevo Código Penal ha dejado de ser únicamente una inquietud jurídica para provocar un rechazo creciente en amplios sectores de la sociedad. Juristas, periodistas, profesionales, organizaciones sociales y ciudadanos hemos advertido que varias disposiciones, por su amplitud, ambigüedad o desproporción, podrían amenazar la libertad de expresión, la denuncia pública, el ejercicio profesional y la protesta pacífica.
Cuando una legislación penal provoca temor entre quienes informan, denuncian o protestan, el problema deja de ser técnico: amenaza la convivencia democrática.
Pero el caso institucionalmente más delicado es la respuesta legislativa posterior a la sentencia TC/0788/24.
Las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y vinculantes para todos los poderes públicos. Cuando una legislación posterior genera serios cuestionamientos sobre si respeta materialmente el criterio fijado por el máximo intérprete de la Constitución, no estamos ante un simple debate político. Está comprometida la supremacía constitucional, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana.
La preocupación no gira solo alrededor de una sentencia ni de las candidaturas independientes. El problema es más profundo: ¿puede el poder político redefinir, limitar o neutralizar derechos protegidos por la Constitución?
La Constitución dominicana no creó una democracia para beneficio de los partidos. Creó un Estado social y democrático de derecho, fundado en la dignidad humana, la soberanía popular, el pluralismo político, la separación de poderes y la protección efectiva de los derechos fundamentales.
El derecho a expresarse no es una concesión del Gobierno.
El derecho a protestar pacíficamente no es un favor del Congreso.
El derecho a elegir y ser elegido no pertenece a los partidos.
Son derechos constitucionales que ningún poder temporal puede apropiarse, reducir ni administrar según su conveniencia.
No sabemos si quienes gobiernan desconocen el espíritu de la Constitución o si, conociéndolo, han decidido apartarse de él. Lo evidente es que demasiadas decisiones han obligado al Tribunal Constitucional y a la sociedad a recordar principios que debieron orientar desde el inicio a los poderes públicos.
No afirmamos que la República Dominicana sea hoy una dictadura. Pero sería irresponsable esperar a que el autoritarismo esté consumado para denunciar las decisiones que pueden abrirle camino.
Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. Se erosionan lentamente cuando se relativiza la supremacía constitucional, se reducen los espacios de participación, aumentan las facultades del poder sin controles suficientes y los derechos fundamentales dejan de orientar la legislación.
Está en juego la República que dejaremos a nuestros hijos: una nación donde la Constitución gobierne al poder o un país donde el poder acomode la Constitución a sus intereses.
Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo.
El pueblo dominicano ha demostrado paciencia, madurez y vocación democrática. Ha recurrido a los tribunales, promovido el debate público y utilizado los mecanismos institucionales reconocidos por la Constitución.
Pero la paz social no puede sostenerse indefinidamente si los reclamos constitucionales no encuentran respuesta. Cuando las instituciones dejan de escuchar, aumenta la presión social. Esa realidad no debe celebrarse ni provocarse; debe prevenirse mediante el diálogo, la rectificación y el respeto a la Constitución.
Este no es un llamado a la confrontación. Es un llamado a la rectificación.
El Congreso debe legislar dentro de los límites constitucionales. El Poder Ejecutivo debe ejercer sus facultades constitucionales con el mismo compromiso que juró al asumir el cargo. Y todos los poderes públicos deben recordar que las decisiones del Tribunal Constitucional no son recomendaciones: forman parte del orden que están obligados a respetar.
Cumplir la Constitución no debilita al Estado. Lo fortalece.
Respetar los derechos fundamentales no genera desorden. Construye paz.
Abrir la democracia no amenaza la República. La hace más legítima y fuerte.
Desde el Foro Cívico y Social lo afirmamos con claridad: la Constitución no pertenece al Congreso, al Poder Ejecutivo ni a los partidos políticos.
La Constitución pertenece al pueblo dominicano.
Defenderla por las vías pacíficas, democráticas y constitucionales no es un acto de oposición. Es el deber moral, cívico y patriótico de toda generación que aspire a entregar a sus hijos una República más libre, justa y fiel al Estado social y democrático de derecho.
Una nación puede sobrevivir a una mala ley y corregir una mala decisión. Lo que no puede permitirse es acostumbrarse a que el poder deje de obedecer la Constitución.
Por Oscar López Reyes
(A la 18:00 hora local del miércoles 24 de junio de 2026, Venezuela fue sacudida por dos terremotos: el primero en la escala 7.2 (duró un minuto) y 39 segundos después otro de magnitud 7.5 (se extendió por tres minutos), concentrados especialmente en la Guaira y Caracas, con un salto -hasta el 12 de julio de 2026- de más de 50 mil desaparecidos, según la ONU; cerca de 5 mil fallecidos, 20 mil heridos y 20 mil damnificados).
(I)
¡Oh, Venezuela!
Patria inmensa.
¡Caramba!,
Hermanos en Bolívar,
¡qué dolor soberbio!
que oprime las fibras de mi alma,
En tristeza de gritos que escapan
de escombros retorcidos
por furia de un suelo rebelde.
El telúrico conmueve en miradas
de arquitecturas sin piedras ni ventanas,
y melancolías de niños vagando en penumbras,
Sin padres ni estancias.
Y pone a temblar en rememoración de amor
su épica solidaridad y sacrificio de dignidad infinita
en épocas pretéritas, que configura
una vastedad de grandeza histórica
y el patriotismo compartido.
¡Oh, Venezuela, SOS!
(II)
Cuando no haya más lágrimas que derramar,
rebosantes las porcelanas de mortandad,
esa “Tierra de Venecia” y esa “Tierra de Gracia”
dejará de llorar y se levantará en cumbre de cerros,
contemplando
marchas fúnebres y entierros colectivos,
echando la vista a la resurrección de Cristo.
(III)
Heridos que sollozan en ruinas y hospitales,
sobrevivirán en sonidos de esperanza y el susurro
que late desde los vientos que soplan
de mares y montañas, para otro comienzo
de sonrisas en barcas de adversidad.
(IV)
Los fallecidos descansarán en púrpura palmera
y ecosistemas naturales con flores coloreadas
con toques de bellezas íntimas
que evocan la fragancia
en la eternidad de jardines
con pétalos de atardeceres versátiles.
(V)
Y los muchos desaparecidos fertilizarán
los predios erosionados,
para floración de hojas, frutos y plantas aromáticas,
que germinarán emergentes criaturas en vientres
de primaveras de Luna menguante
y otoños de Luna creciente.
(VI)
En su inocencia, niños huérfanos seguirán jugando
en noches tranquilas, abrazados de madres sustitutas
y nutrientes saludables,
que brotarán renovadas energías
en llanuras, bosques y lagos estrellados,
acariciados por paisajes de jazmines
y saltos que gimen en la nostalgia de edificios desplomados.
(VII)
Sumergidos en cenizas de techos agrietados
por terrestres sacudidas bruscas,
pequeños, adultos y veteranos
alzarán vuelos con recuperados bríos,
como aquel ave mítica y pájaro de fuego.
Tendrán casas alfombradas con claveles
y rosadas cestas colgantes,
en calles sin pedruscos y con Sol,
parques con glorietas y toboganes,
escuelas y parroquias para el cambio.
(y VIII)
En brisas de trompetas, hembras y varones
abatidos en estado emocional resurgirán
de pedazos de paredes rotas,
para reconstruir territorios asolados,
en el renacer de paz y progreso,
y entonces entonar, a viva voz: ¡felicidad, felicidad!
………………………….
El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.