Opinión
Nuestra América, Venezuela y el desarme de las FARC-EP
Por Narciso Isa Conde
El legendario comandante de comandantes, Manuel Marulanda Vélez -forjador del ejército guerrillero colombiano más poderoso y difícil de vencer en nuestra América a lo largo de más de medio siglo de heroicos combates- falleció el 26 de marzo del 2008 y en honor a su memoria y a su ejemplo el Movimiento Continental Bolivariano- MCB convino en escoger ese día para conmemorar cada año el derecho universal de los pueblos a la rebelión armada.
Escojo este cartel diseñado por mi hermano y camarada Alfredo Pierre para encabezar este artículo porque con él comparto la frase, que al evocar a los héroes y heroínas de esa epopeya continental y al expresar artísticamente el dolor desgarrador que en los/as revolucionarios solidarios e internacionalista del mundo, ha provocado el reciente anuncio de que “las FARC entregarían 14 mil armas a Naciones Unidas”, expresa con la fuerza del color y de su alma rebelde que “NO LUCHARON POR ESE FINAL…”
- ¿Por qué?
Paso de inmediato, sin rodeos y sin distracciones, a fundamentar no solo porque esa es una gran verdad, sino también el enorme daño que le hace a las luchas continentales por las nuevas independencias y las nuevas revoluciones político-sociales, y puntualmente a los procesos colombianos y venezolanos tan desacertada decisión.
Vuelvo a citar aquí la convicción del comandante Marulanda, que fue la de todos los dirigentes históricos de las FARC durante décadas, sobre este tema crucial:
“De acuerdo con la experiencia que hemos acumulado a lo largo de 40 años de lucha, para resolver los problemas sociales de este país se requiere de la presencia de las FARC. Nosotros haremos un acuerdo en algún momento, pero nuestras armas tienen que ser la garantía de que aquí se va a cumplir lo acordado. En el momento en que desaparezcan las armas, el acuerdo se puede derrumbar. Ese es un tema estratégico que no vamos a discutir”. (Declaraciones ofrecidas por el propio camarada Manuel el 6 de septiembre del año 1998 al periódico Clarín de Argentina a través del periodista Pablo Biffi).
Vuelvo a dar testimonio de lo que le escuché decir cuando lo conocí a raíz de los “Diálogos del Caguán” con el gobierno de Pastrana, al responder a mis inquietudes sobre el posible desenlace de esas conversaciones:
“Jamás permitiré disolver en una mesa de negociación el ejército popular que tantos sacrificios y sangre a costado a lo largo de varias décadas”
Reitero aquí, además, que durante nuestros intensos vínculos con los comandantes Iván Márquez y Jesús Santrich a mí y a otros dirigentes del MCB siempre nos aseguraron que las FARC en los nuevos diálogos de la Habana no contemplaban ni aceptarían entregar unilateralmente sus armas, que las mismas seguirían siendo la garantía del cumplimiento de cualquier acuerdo de paz a corto, mediano y largo plazo; acuerdo, que por demás, debía consagrar y asegurar la ejecución de importantes transformaciones del Estado y la sociedad colombiana en el sentido de recuperación de soberanía, democracia real, justicia social y bienestar colectivo.
Contrario a esas pautas previsoras, la dirección actual de esa organización político-militar ha aceptado su desmovilización y desarme unilateral sin que todo esto esté mínimamente asegurado y en medio de claras dilaciones, incumplimientos, trampas, engaños, alteraciones y violaciones a lo acordado.
-Con la enorme maquinaria militar-policial estatal (curtida en crímenes, masacres y torturas) intactas; sin depurarse, achicarse y transformarse…
-Con las asesinas organizaciones paramilitares rampantes, impunes y protegidas por el poder establecido…
-Con el anuncio del ingreso de Colombia a la OTAN y la descarada permanencia de siete bases militares gringas y de todos los mecanismos de intervención militar…
-Con la recolonización neoliberal en boga, el TLC vigente y el destructivo programa minero en marcha…
-Con la narco-política y los financiamientos espurios de corporaciones como ODEBRECHT develando la ilegitimidad del régimen y del propio presidente Santos.
-Con la justicia transicional en vilo, como lo revela la reciente entrevista que le hiciera la revista Semana al jurista Álvaro Leiva…
Sin legitimación popular de lo acordado, como lo evidenció la enorme abstención durante el plebiscito.
Sin avizorarse cambios estructurales que modifique el sistema de dominación económica, social y política…
Todo esto solo a cambio de una legalización incierta y permanentemente amenazada.
- En un contexto adverso y agresivo.
Esto, además, en una etapa de alta militarización de la estrategia de dominación, contra-reformas y contra-revolución estadounidense, que incluye el incremento del presupuesto militar imperialista anunciado por TRUMP.
En un periodo de un intenso y feroz contra-ataque continental de EEUU y las derechas que le sirven, de las nuevas modalidades de golpes de Estado en Honduras, Paraguay, Argentina, Brasil… y del arreciamiento de los planes desestabilizadores (facilitado por la incongruencias, debilidades y limitaciones de los “progresimos”, que ahora las FARC abrazan) contra las soberanías de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, El Salvador…
- Impactos negativos en marcha.
Así, esta infausta decisión de las FARC-EP le ha está haciendo un daño temporal enorme al proceso colombiano.
Pero no solo.
Su impacto negativo sobre el debilitado proceso venezolano es inconmensurable, en tanto la insurgencia colombiana tenía un indudable poder disuasivo de las agresiones militares estadounidenses en las vecindades, por el temor y los riesgos de generalizar el conflicto armado y la guerra asimétrica en la región amazónica.
Hoy -al compás de la entrega de armas y la desmovilización fariana- se observa una mayor agresividad de las derechas y de EEUU contra el gobierno de Maduro y en general contra el chavismo de todos los tonos de rojo.
Están actuando pérfidamente en lo inmediato para “un por los dos”: desmantelar o afectar sensiblemente la resistencia en Colombia y engullirse a Venezuela y sus enormes recursos en hidrocarburos, minerales estratégicos, agua y bio-diversidad. Y de paso, está calculado, afectar gravemente al ALBA y a todos los procesos de nueva independencia; debilitar a Cuba y otros componentes de los procesos de integración fuera de su control, y relanzar la OEA como ministro de colonias y mecanismo intervencionista.
El estimulo a la sedición imperialista que conlleva la desmovilización y desarme de las FARC habrá de sentirse desgraciadamente con más fuerza en lo adelante en Ecuador y en Bolivia, donde los procesos reformadores no están tan erosionados; y habiéndose asegurado, a manera de respiro, la continuidad del sistema no tutelado por EEUU en la recientes elecciones generales del Ecuador, lo que sin duda tan importante para nosotros como inaceptable para EEUU y sus socios.
- Cero pesimismos de voluntad: la confrontación será más radical.
De todas maneras -reconociendo esos grave daños temporales- me siento muy lejos de una visión absolutamente pesimista como la que estimula la claudicación de la actual dirección de las FARC.
Me inscribo dentro de los/as que pensamos, que después de lo acumulado durante casi dos décadas de conquistas y combates que elevan la conciencia colectiva de nuestros pueblos y sus movimientos políticos-sociales en lucha, los retrocesos en marcha -más brutales por su carácter ultra-neoliberal, mafioso, represivos y colonizadores- no habrán de sostenerse por mucho tiempo y nuevas insubordinación contra esas intentonas y los podridos regímenes derechistas, aparentemente estables desde hace tiempo, tendrán lugar en el continente y en el mundo.
De más en más los pueblos son ingobernables bajo esos designios truculentos.
Las primeras señales de la nueva oleada de resistencias y ofensivas, gestada en el seno de la ola progre-reformista que declina, se han dado Argentina, Brasil, Honduras, Guatemala y Paraguay (el incendio del Congreso reeleccionista marca un nuevo momento), laten y brotan intermitentemente las rebeldías en México, asechan en grande Venezuela si se consuma el viraje recolonizador, y se despliegan con multitudinarias marchas verde contra la impunidad en República Dominicana…
Esta claudicación de una cúpula influyente, como otras tantas del pasado, no bebe ser imitada ni asumida como agente depresivo. Hoy más que antes se requiera de mucha integridad y firmeza. Más al interior de las fuerzas y redes de militantes capaces de crear conciencia colectiva subversiva, generar articulaciones, organización y acción a la altura de los nuevos desafíos.
De sembrar antiimperialismo, anti-capitalismo y nuevo socialismo. De innovar en la organización, la acción y las alternativas… a partir del carácter diverso y multitudinario, continental y mundial, de las nuevas rebeldías populares y de los nuevos sujetos sociales potencialmente transformadores de nuestras países y regiones.
Por ROMMEL SANTOS DIAZ
Cuando se haya remitido a la CPI una situación en virtud del artículo 13 y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, o el Fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 y 15, éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerán normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas , impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas,, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.
Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la CPI que esta llevando a cabo o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto de Roma y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.
A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia a favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.
El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibición o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.
El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.
Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.
Finalmente, el Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del artículo 18 podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.
Por Isaías Ramos
Un país no fracasa porque le falten recursos. Fracasa cuando sus instituciones dejan de servir al ciudadano y comienzan a servir a los privilegios. Fracasa cuando la Constitución promete dignidad, bienestar y justicia social, pero la práctica política reparte exenciones, contratos, subsidios mal diseñados, deuda y cargas tributarias sobre los mismos hombros de siempre.
La República Dominicana no necesita escoger entre Estado y mercado. Nuestra Constitución consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes. También garantiza la libre empresa y la propiedad privada; pero ordena proteger la competencia libre y leal, evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, y reconoce que la propiedad tiene una función social. Mercado, sí; empresa, sí; propiedad, sí; pero nunca por encima de la dignidad del ciudadano.
Los países que se desarrollan no subsidian la ineficiencia: financian productividad. Usan crédito, incentivos y subsidios para crear empleo formal, innovación, exportaciones, infraestructura, energía eficiente y salarios dignos. Los países capturados hacen lo contrario: convierten el subsidio en dependencia, la exención en renta privada, el contrato en premio político y la deuda en hipoteca contra el pueblo.
La deuda pública consolidada ya no permite eufemismos. A abril de 2026, alcanzó US$82,790.8 millones, equivalente al 61.4 % del PIB: US$66,408.5 millones del Sector Público No Financiero y US$16,382.2 millones del Banco Central. Esa cifra compromete ingresos futuros y estrecha el margen para salud, educación, seguridad, vivienda, agua, transporte y energía.
Y aun así, el problema puede ser mayor. RDVial muestra la zona gris. En 2024, el fideicomiso registró recaudación de peajes por RD$9,065.7 millones, pagó intereses por RD$5,332.6 millones y cerró con RD$67,076.5 millones en deuda a largo plazo y bonos por pagar. Dicho sin maquillaje: un monto equivalente a casi el 59 % de lo recaudado en peajes terminó destinado al pago de intereses. Cuando los peajes del ciudadano financian principalmente el costo financiero de la deuda, ya no hablamos solo de infraestructura: hablamos de ingresos públicos futuros comprometidos para pagar obligaciones presentes.
La discusión constitucional es inevitable: si un fideicomiso administra patrimonio público, derechos de cobro públicos o flujos pagados por ciudadanos, su deuda y sus riesgos fiscales deben transparentarse. No basta decir que no está en el presupuesto ordinario. Si el pueblo paga, el pueblo tiene derecho a saber. En RDVial, los estados financieros identifican como activos intangibles los derechos recibidos del Estado dominicano sobre ingresos por cobro y recaudación de peajes.
Ahora se presenta la Ley 30-26 bajo el discurso de crecimiento, sostenibilidad fiscal y protección social. El Gobierno afirma que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, sin modificar la tasa ni la base del ITBIS. Pero incluye el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 % y diez dólares adicionales al impuesto sobre pasajes aéreos.
La pregunta no es solo quién firma el impuesto; es quién termina pagándolo. En mayo de 2026, la inflación interanual fue 5.35 %, con alimentos y bebidas no alcohólicas en 6.56 % y transporte en 7.47 %. En ese contexto, elevar costos financieros, operativos y de transporte puede trasladarse a precios, servicios y consumo. Tal vez no se llame impuesto a la canasta básica, pero cuando sube el costo de mover dinero, transportar personas y operar negocios, el consumidor termina pagando.
La contradicción se agrava al mirar las exenciones. Para 2026, el gasto tributario estimado asciende a RD$393,541.54 millones, equivalente al 4.54 % del PIB: casi ocho veces la meta máxima de la reforma. No todo gasto tributario es privilegio; algunas exenciones protegen bienes y servicios esenciales. Pero cuando una exención no demuestra retorno social, empleo digno, productividad, innovación, competencia o reducción de precios, deja de ser incentivo y se convierte en privilegio. Y cuando ese privilegio se financia con deuda e impuestos al pueblo, se vuelve ilegítimo, injusto e inmoral.
También se castiga a la diáspora. El aumento de diez dólares al pasaje aéreo golpea al dominicano ausente que viene a ver a su madre, invertir sus ahorros, enterrar a un familiar o traer a sus hijos para que no pierdan la patria. Esa misma diáspora envió US$5,170.1 millones en remesas entre enero y mayo de 2026. No es una caja registradora: es parte viva de la nación. No se puede celebrarla cuando envía remesas y castigarla cuando regresa.
En el Frente Cívico y Social entendemos que la República Dominicana necesita una reforma, sí; pero una reforma que empiece por el poder, no por el bolsillo del pueblo. Una reforma que audite exenciones, condicione incentivos, transparente fideicomisos, revise subsidios, reduzca deuda improductiva, transparente gastos e inversiones públicas y proteja a quienes sostienen la economía real: la clase media, los trabajadores, los productores, los emprendedores y la diáspora dominicana. Una reforma para que el crecimiento deje de ser estadística y se convierta en dignidad cotidiana. No estamos contra la empresa. Estamos contra el abuso. No estamos contra la riqueza. Estamos contra un Estado corporativo, clientelar y de privilegios.
Ya basta. Es tiempo de gobernar. Es tiempo de activar el orden constitucional.
Por Rosario Espinal
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población.
La reciente posibilidad de una candidatura presidencial de Santiago Matías (Alofoke) ha generado debates, entusiasmo y preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana. Más allá de las simpatías o rechazos que pueda despertar su figura, el fenómeno merece un análisis más profundo, pues no se trata únicamente de una persona, sino de un síntoma de una transformación política que se viene gestando desde hace años.
El historiador británico Eric Hobsbawm, en el capítulo «La caída del liberalismo» de su obra Historia del siglo XX (1998), explicó cómo los períodos de crisis de representación y pérdida de confianza en las instituciones tradicionales crean espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos capaces de canalizar el descontento social. Aunque la República Dominicana actual está muy lejos de las dramáticas circunstancias de la Europa de entreguerras, existen elementos que invitan a la reflexión.
Los partidos políticos dominicanos continúan siendo las principales estructuras de acceso al poder, pero enfrentan un progresivo deterioro de su capacidad para representar las aspiraciones de la ciudadanía. Como señala el sociólogo Bernardo Matías, la principal característica de la crisis política dominicana es la creciente desconexión entre los partidos y la sociedad. La militancia ideológica ha sido sustituida por el pragmatismo electoral, el clientelismo y la búsqueda de beneficios individuales.
Esta realidad ha provocado que amplios sectores de la población, especialmente los jóvenes, perciban a los partidos tradicionales como organizaciones alejadas de sus preocupaciones cotidianas. El aumento de la abstención electoral y la disminución de la identificación partidaria son señales evidentes de este fenómeno.
Es precisamente en ese escenario donde emerge la figura de Alofoke. Su fortaleza no proviene de una estructura política tradicional ni de una larga trayectoria partidaria. Su principal capital es una comunidad digital construida durante años a través de las redes sociales y los medios de comunicación alternativos. En una época en que la comunicación política se desarrolla cada vez más en plataformas digitales, su capacidad de influencia constituye una ventaja que pocos actores políticos poseen.
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población. Tampoco es casual que su propuesta surja en un contexto donde más de la mitad de los ciudadanos no manifiestan simpatía por ninguna organización política.
Sin embargo, la historia demuestra que la popularidad mediática por sí sola no garantiza el éxito político. Gobernar un país requiere mucho más que influencia comunicacional. Exige propuestas concretas, equipos técnicos, capacidad institucional y una visión clara sobre los desafíos nacionales. La verdadera prueba para cualquier outsider político consiste en transformar el apoyo emocional de sus seguidores en un proyecto de gobierno viable.
De cara a las elecciones de 2028, la República Dominicana podría enfrentar uno de los procesos electorales más interesantes de las últimas décadas. Si los partidos tradicionales no logran renovar sus liderazgos, fortalecer sus vínculos con la sociedad y ofrecer respuestas efectivas a las demandas ciudadanas, es probable que continúen surgiendo figuras ajenas al sistema político convencional.
La lección que ofrece Hobsbawm es clara: cuando las instituciones dejan de representar eficazmente a la sociedad, aparecen nuevos actores dispuestos a ocupar ese espacio. La pregunta no es si Alofoke puede convertirse en presidente, sino qué condiciones sociales y políticas han hecho posible que una candidatura como la suya sea considerada seriamente por una parte importante de la población.
El desafío para la democracia dominicana no consiste en impedir la aparición de nuevos liderazgos, sino en fortalecer las instituciones para que la competencia política se base en propuestas, programas y soluciones reales a los problemas nacionales. De lo contrario, la crisis de representación seguirá profundizándose y los ciudadanos continuarán buscando alternativas fuera de los canales tradicionales de la política.
Bibliografía
Hobsbawm, E. J. (1998). Historia del siglo XX (J. Faci, J. Ainaud y C. Castells, trads.). Buenos Aires, Argentina: Crítica.
Matías, B. (2020, 23 de junio). La crisis de los partidos en República Dominicana. Acento. La crisis de los partidos en República Dominicana
Jovine Rijo, F. A. (2026, 22 de junio). ¿Alofoke, presidente? Listín Diario. ¿Alofoke, presidente?