Opinión
Nuestra América, Venezuela y el desarme de las FARC-EP
Por Narciso Isa Conde
El legendario comandante de comandantes, Manuel Marulanda Vélez -forjador del ejército guerrillero colombiano más poderoso y difícil de vencer en nuestra América a lo largo de más de medio siglo de heroicos combates- falleció el 26 de marzo del 2008 y en honor a su memoria y a su ejemplo el Movimiento Continental Bolivariano- MCB convino en escoger ese día para conmemorar cada año el derecho universal de los pueblos a la rebelión armada.
Escojo este cartel diseñado por mi hermano y camarada Alfredo Pierre para encabezar este artículo porque con él comparto la frase, que al evocar a los héroes y heroínas de esa epopeya continental y al expresar artísticamente el dolor desgarrador que en los/as revolucionarios solidarios e internacionalista del mundo, ha provocado el reciente anuncio de que “las FARC entregarían 14 mil armas a Naciones Unidas”, expresa con la fuerza del color y de su alma rebelde que “NO LUCHARON POR ESE FINAL…”
- ¿Por qué?
Paso de inmediato, sin rodeos y sin distracciones, a fundamentar no solo porque esa es una gran verdad, sino también el enorme daño que le hace a las luchas continentales por las nuevas independencias y las nuevas revoluciones político-sociales, y puntualmente a los procesos colombianos y venezolanos tan desacertada decisión.
Vuelvo a citar aquí la convicción del comandante Marulanda, que fue la de todos los dirigentes históricos de las FARC durante décadas, sobre este tema crucial:
“De acuerdo con la experiencia que hemos acumulado a lo largo de 40 años de lucha, para resolver los problemas sociales de este país se requiere de la presencia de las FARC. Nosotros haremos un acuerdo en algún momento, pero nuestras armas tienen que ser la garantía de que aquí se va a cumplir lo acordado. En el momento en que desaparezcan las armas, el acuerdo se puede derrumbar. Ese es un tema estratégico que no vamos a discutir”. (Declaraciones ofrecidas por el propio camarada Manuel el 6 de septiembre del año 1998 al periódico Clarín de Argentina a través del periodista Pablo Biffi).
Vuelvo a dar testimonio de lo que le escuché decir cuando lo conocí a raíz de los “Diálogos del Caguán” con el gobierno de Pastrana, al responder a mis inquietudes sobre el posible desenlace de esas conversaciones:
“Jamás permitiré disolver en una mesa de negociación el ejército popular que tantos sacrificios y sangre a costado a lo largo de varias décadas”
Reitero aquí, además, que durante nuestros intensos vínculos con los comandantes Iván Márquez y Jesús Santrich a mí y a otros dirigentes del MCB siempre nos aseguraron que las FARC en los nuevos diálogos de la Habana no contemplaban ni aceptarían entregar unilateralmente sus armas, que las mismas seguirían siendo la garantía del cumplimiento de cualquier acuerdo de paz a corto, mediano y largo plazo; acuerdo, que por demás, debía consagrar y asegurar la ejecución de importantes transformaciones del Estado y la sociedad colombiana en el sentido de recuperación de soberanía, democracia real, justicia social y bienestar colectivo.
Contrario a esas pautas previsoras, la dirección actual de esa organización político-militar ha aceptado su desmovilización y desarme unilateral sin que todo esto esté mínimamente asegurado y en medio de claras dilaciones, incumplimientos, trampas, engaños, alteraciones y violaciones a lo acordado.
-Con la enorme maquinaria militar-policial estatal (curtida en crímenes, masacres y torturas) intactas; sin depurarse, achicarse y transformarse…
-Con las asesinas organizaciones paramilitares rampantes, impunes y protegidas por el poder establecido…
-Con el anuncio del ingreso de Colombia a la OTAN y la descarada permanencia de siete bases militares gringas y de todos los mecanismos de intervención militar…
-Con la recolonización neoliberal en boga, el TLC vigente y el destructivo programa minero en marcha…
-Con la narco-política y los financiamientos espurios de corporaciones como ODEBRECHT develando la ilegitimidad del régimen y del propio presidente Santos.
-Con la justicia transicional en vilo, como lo revela la reciente entrevista que le hiciera la revista Semana al jurista Álvaro Leiva…
Sin legitimación popular de lo acordado, como lo evidenció la enorme abstención durante el plebiscito.
Sin avizorarse cambios estructurales que modifique el sistema de dominación económica, social y política…
Todo esto solo a cambio de una legalización incierta y permanentemente amenazada.
- En un contexto adverso y agresivo.
Esto, además, en una etapa de alta militarización de la estrategia de dominación, contra-reformas y contra-revolución estadounidense, que incluye el incremento del presupuesto militar imperialista anunciado por TRUMP.
En un periodo de un intenso y feroz contra-ataque continental de EEUU y las derechas que le sirven, de las nuevas modalidades de golpes de Estado en Honduras, Paraguay, Argentina, Brasil… y del arreciamiento de los planes desestabilizadores (facilitado por la incongruencias, debilidades y limitaciones de los “progresimos”, que ahora las FARC abrazan) contra las soberanías de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, El Salvador…
- Impactos negativos en marcha.
Así, esta infausta decisión de las FARC-EP le ha está haciendo un daño temporal enorme al proceso colombiano.
Pero no solo.
Su impacto negativo sobre el debilitado proceso venezolano es inconmensurable, en tanto la insurgencia colombiana tenía un indudable poder disuasivo de las agresiones militares estadounidenses en las vecindades, por el temor y los riesgos de generalizar el conflicto armado y la guerra asimétrica en la región amazónica.
Hoy -al compás de la entrega de armas y la desmovilización fariana- se observa una mayor agresividad de las derechas y de EEUU contra el gobierno de Maduro y en general contra el chavismo de todos los tonos de rojo.
Están actuando pérfidamente en lo inmediato para “un por los dos”: desmantelar o afectar sensiblemente la resistencia en Colombia y engullirse a Venezuela y sus enormes recursos en hidrocarburos, minerales estratégicos, agua y bio-diversidad. Y de paso, está calculado, afectar gravemente al ALBA y a todos los procesos de nueva independencia; debilitar a Cuba y otros componentes de los procesos de integración fuera de su control, y relanzar la OEA como ministro de colonias y mecanismo intervencionista.
El estimulo a la sedición imperialista que conlleva la desmovilización y desarme de las FARC habrá de sentirse desgraciadamente con más fuerza en lo adelante en Ecuador y en Bolivia, donde los procesos reformadores no están tan erosionados; y habiéndose asegurado, a manera de respiro, la continuidad del sistema no tutelado por EEUU en la recientes elecciones generales del Ecuador, lo que sin duda tan importante para nosotros como inaceptable para EEUU y sus socios.
- Cero pesimismos de voluntad: la confrontación será más radical.
De todas maneras -reconociendo esos grave daños temporales- me siento muy lejos de una visión absolutamente pesimista como la que estimula la claudicación de la actual dirección de las FARC.
Me inscribo dentro de los/as que pensamos, que después de lo acumulado durante casi dos décadas de conquistas y combates que elevan la conciencia colectiva de nuestros pueblos y sus movimientos políticos-sociales en lucha, los retrocesos en marcha -más brutales por su carácter ultra-neoliberal, mafioso, represivos y colonizadores- no habrán de sostenerse por mucho tiempo y nuevas insubordinación contra esas intentonas y los podridos regímenes derechistas, aparentemente estables desde hace tiempo, tendrán lugar en el continente y en el mundo.
De más en más los pueblos son ingobernables bajo esos designios truculentos.
Las primeras señales de la nueva oleada de resistencias y ofensivas, gestada en el seno de la ola progre-reformista que declina, se han dado Argentina, Brasil, Honduras, Guatemala y Paraguay (el incendio del Congreso reeleccionista marca un nuevo momento), laten y brotan intermitentemente las rebeldías en México, asechan en grande Venezuela si se consuma el viraje recolonizador, y se despliegan con multitudinarias marchas verde contra la impunidad en República Dominicana…
Esta claudicación de una cúpula influyente, como otras tantas del pasado, no bebe ser imitada ni asumida como agente depresivo. Hoy más que antes se requiera de mucha integridad y firmeza. Más al interior de las fuerzas y redes de militantes capaces de crear conciencia colectiva subversiva, generar articulaciones, organización y acción a la altura de los nuevos desafíos.
De sembrar antiimperialismo, anti-capitalismo y nuevo socialismo. De innovar en la organización, la acción y las alternativas… a partir del carácter diverso y multitudinario, continental y mundial, de las nuevas rebeldías populares y de los nuevos sujetos sociales potencialmente transformadores de nuestras países y regiones.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.