Internacionales
Nueva campaña rusa busca voluntarios para luchar en Ucrania
Esta primavera hay una nueva campaña en Rusia que busca reclutas para reponer sus tropas en la guerra en Ucrania
Los anuncios prometen primas en efectivo y beneficios tentadores. Los reclutadores llaman sin previo aviso a hombres aptos. Las oficinas de reclutamiento trabajan con universidades y agencias de servicios sociales para convencer a estudiantes y desempleados.
Esta primavera hay una nueva campaña en Rusia que busca reclutas para reponer sus tropas en la guerra en Ucrania.
Mientras los combates se estancan en batallas de Ucrania como Bájmut y ambas partes preparan contraofensivas que podrían costar aún más vidas, la maquinaria de guerra del Kremlin necesita reclutas nuevos con urgencia.
El Kremlin niega que haya otra llamada a filas en ciernes para lo que describe como una “operación militar especial” en Ucrania, que ya dura más de un año.
Pero en medio de una incertidumbre generalizada sobre si se producirá esa movilización, el gobierno tienta a los hombres para que se presenten voluntarios, ya sea con centros de reclutamiento improvisados en varias regiones o con llamadas telefónicas. Así puede “evitar declarar una segunda oleada de movilización formal” después de que la primera fuera tan impopular, según un reporte reciente del Institute of the Study of War, un grupo de estudios con sede en Estados Unidos.
Un moscovita dijo a The Associated Press que su empleador, una organización con financiamiento del estado, reunió las tarjetas de registro de todos los empleados varones en edad de combatir y dijo que les conseguiría aplazamientos. Sin embargo, señaló, la situación le dio miedo.
“Uno se siente nervioso y asustado, nadie quiere terminar de repente en una guerra con un fusil en las manos”, dijo el hombre, que habló bajo condición de anonimato por miedo a represalias. “La operación especial se está alargando de algún modo, de modo que se puede esperar cualquier sorpresa de las autoridades rusas”.
Ha pasado más de una semana desde que entregó su tarjeta, señaló, y normalmente las excepciones se resuelven en un día o dos, lo que ha disparado su ansiedad.
Medios rusos señalan que hombres de todo el país reciben citaciones de oficinas de alistamiento. En la mayoría de los casos simplemente se les pide que actualicen sus datos, en otros se les ordenó que participaran en una instrucción militar.
El vocero del Kremlin Dmitry Peskov dijo la semana pasada que responder a citaciones para actualizar los datos en oficinas de alistamiento es una “práctica habitual” y una “labor continua”.
Otros reportes no confirmados en medios dicen que las autoridades han dicho a los gobiernos regionales que reúnan a un cierto número de voluntarios. Algunos funcionarios anunciaron que abrirían centros para conseguir hombres que firmen contratos que permitan enviarlos a combatir como soldados profesionales.
Han aparecido anuncios en sitios del gobierno y en cuentas en medios sociales de instituciones y organizaciones estatales, como bibliotecas y escuelas secundarias.
Uno de ellos, compartido por un gobierno local en la región occidental de Yaroslav, prometía una prima única de unos 3.800 dólares por alistarse y un salario mensual de hasta 2.500 dólares para los enviados a Ucrania, además de unos 100 dólares diarios por “participación en operaciones de ofensiva activa” y de 650 dólares “por cada kilómetro de avance en equipos de asalto”.
El anuncio añadía que el soldado también obtendría exenciones fiscales y en devolución de préstamos, sus hijos tendrían preferencia en admisiones universitarias y habría compensaciones generosas para su familia si resultaba herido o moría en combate. También obtendría la condición de veterano de guerra, lo que conllevaba aún más ventajas.
En la ciudad siberiana de Novosibirsk, las autoridades pidieron a universidades y centros de formación profesional que difundieran la campaña en sus sitios web, dijo Sergei Chernyshov, fundador de una escuela privada de oficios en la ciudad.
Chernyshov compartió el anuncio en su cuenta de medios sociales “para que todo el mundo sepa en qué anda nuestro ayuntamiento”, pero dijo a AP que no tenía pensado ponerlo en el sitio web de la escuela. “Es raro” dirigirse a los alumnos de escuelas profesionales, dijo.
Como parte de los esfuerzos, agentes de reclutamiento se reúnen con estudiantes universitarios y hombres desempleados, o llaman a hombres para que se presenten voluntarios.
Un moscovita que habló bajo condición de anonimato por su propia seguridad dijo que había recibido una de esas llamadas y estaba sorprendido por lo amable que había sido. “Después de mi ‘no’ no hubo amenazas ni (intentos de) convencerme, (sólo) ‘gracias, adiós’”.
Ha habido casos aislados de agentes de reclutamiento que sí presionaban a los hombres para que se inscribieran, dijo Grigory Sverdlin, fundador de un grupo llamado Vaya por el Bosque que ayuda a los hombres a evitar la movilización.
El grupo recibe hasta 100 mensajes diarios de hombres que piden consejo sobre cómo gestionar las citaciones, señaló, en comparación con las docenas de consultas diarias en los últimos meses. En la mayoría de los casos, los funcionarios quieren actualizar sus registros con direcciones y números de teléfono, y podrían tratar de reclutarles durante el proceso.
Pero Sverdlin dijo que algunos casos llaman la atención.
En la región de Vologda, unos 400 kilómetros (250 millas) al norte de Moscú, el grupo recibió mensajes sobre que casi todos los que iban a la oficina tras recibir una citación “son obligados a firmar un papel que les prohíbe salir de la región”, dijo.
El abogado Alexei Tabalov, que dirige el grupo de ayuda legal Escuela de Reclutas, cree que no hay nada inusual en que las autoridades entreguen citaciones ahora. Algunas son habituales antes de la campaña de reclutamiento de primavera, que comenzaría el 1 de abril para los que tienen que hacer el servicio militar obligatorio.
Todos los hombres rusos de entre 18 y 27 años deben servir un año en el ejército, aunque muchos lo evitan por motivos de salud o reciben exenciones por estudios. La proporción de hombres que evitan ser reclutados es especialmente alta en Moscú y otras grandes ciudades, y mucha gente simplemente rehúye a los funcionarios que llevan citaciones de reclutamiento.
Tabalov dijo que algunos hombres han dicho que fueron a las oficinas para actualizar sus datos pero encontraron funcionarios que “distraen y proponen la idea de firmar el contrato, hablan sobre que uno debe amar a su patria y defenderla”.
Él dudaba que hubiera algo que pudiera hacer atractivo presentarse voluntario tras 13 meses de una guerra con decenas de miles de muertos y heridos.
“La gente ya entiende lo que significa firmar un contrato”, dijo. “Es improbable que los que se quemaron una vez vayan a caer en la misma trampa”.
Tabalov dijo que su grupo sigue recibiendo mensajes de soldados que quieren cancelar sus contratos, pero eso no es legalmente posible hasta que el presidente, Vladímir Putin, ponga fin a la movilización parcial, que comenzó en septiembre, con un nuevo decreto.
“Salir de la guerra supone cargos penales automáticos”, dijo Tabalov, añadiendo que ha habido una sucesión de cargos penales desde diciembre y se ha procesado a soldados que desertan o se ausentan sin permiso.
El medio noticioso Mediazona contabilizó 247 veredictos en 536 casos sobre esos cargos y otros similares y señaló que un tercio de los condenados recibió penas en suspenso, lo que permite a las autoridades enviarles de vuelta al frente.
La campaña de reclutamiento actual es similar a la realizada el pasado verano antes de la movilización de septiembre, dijo Kateryna Stepanenko, analista rusa en el Institute of the Study of War.
Las autoridades también emplearon incentivos financieros entonces y formaron batallones de voluntarios, pero la iniciativa claramente no bastó, porque Putin recurrió más tarde a la movilización parcial.
No estaba claro si la nueva campaña tendría éxito.
“Ya han reclutado a una parte considerable de la gente que tenía incentivos financieros el pasado verano. Y tuvieron problemas para hacerlo el año pasado”, dijo Stepanenko.
La actual campaña de reclutamiento muestra que el ejército es consciente de sus necesidades de personal en Ucrania.
“Lo que nos dijo la campaña de movilización de 300.000 militares es que no basta para formar un grupo de ataque suficiente para que Rusia siga adelante con sus operaciones ofensivas”, señaló.
Internacionales
Fondos obtenidos de ayudas por COVID-19 habrían financiado complot contra Jovenel Moïse
Fiscales estadounidenses investigan el uso fraudulento de recursos de programas creados durante la pandemia para financiar parte de la operación que culminó con el asesinato del presidente haitiano en 2021.
MIAMI, Estados Unidos.– Dinero obtenido fraudulentamente de programas de asistencia económica creados por Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19 habría sido utilizado para financiar parte de la conspiración que culminó con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021.
La investigación de las autoridades estadounidenses sostiene que recursos procedentes de programas como el Paycheck Protection Program (PPP) y los préstamos de emergencia EIDL fueron desviados y utilizados para contribuir a la adquisición de armas, equipos tácticos y otros recursos vinculados con la operación.
Las autoridades también sitúan al sur de Florida como uno de los principales centros desde donde se habrían desarrollado actividades de planificación y financiamiento relacionadas con el complot.
El caso ha cobrado nueva relevancia tras el traslado desde Haití hacia Estados Unidos de 18 hombres acusados en relación con el magnicidio, quienes deberán enfrentar procesos ante la justicia federal estadounidense.
Trasladan 18 acusados a Estados Unidos
Los detenidos llegaron bajo custodia de autoridades estadounidenses y fueron puestos a disposición de la justicia federal en Miami.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó el traslado como parte de una nueva etapa de las investigaciones sobre el asesinato del mandatario haitiano.
El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, indicó que las autoridades continuarán investigando a las personas que presuntamente financiaron, facilitaron o participaron en la operación.
La investigación estadounidense se ha extendido durante años y ha permitido presentar cargos contra decenas de personas por distintos niveles de participación en la conspiración.
El rastro del dinero
Uno de los elementos que ha adquirido mayor importancia dentro del expediente es determinar de dónde procedieron los recursos utilizados para preparar la operación.
Según la investigación citada, parte del dinero habría sido obtenido fraudulentamente mediante programas federales creados para auxiliar a empresas y trabajadores afectados económicamente durante la pandemia.
Las autoridades estadounidenses atribuyen a Walter Veintemilla un papel importante dentro del esquema financiero. De acuerdo con el Departamento de Justicia, habría acordado aportar US$175,000 mediante un préstamo relacionado con recursos procedentes de los programas PPP y EIDL.
Otro financista vinculado al expediente fue condenado a 20 años de prisión por lavar cientos de miles de dólares provenientes fraudulentamente de esos programas y utilizados para contribuir al financiamiento de la conspiración.
Los investigadores sostienen que los recursos ayudaron a costear elementos necesarios para ejecutar la operación, mientras otros participantes habrían facilitado armas, municiones, chalecos antibalas, radios y equipos tácticos.
Intereses económicos detrás del complot
La investigación estadounidense también apunta a posibles intereses económicos de algunos de los organizadores.
De acuerdo con las autoridades, varias personas relacionadas con el plan buscaban obtener oportunidades comerciales y contratos con el Gobierno haitiano después de provocar un cambio de poder.
El plan habría evolucionado a través de diferentes etapas.
Las autoridades estadounidenses sostienen que inicialmente existió la intención de derrocar a Moïse y establecer un gobierno favorable a determinados intereses. Posteriormente se habría contemplado secuestrar al mandatario, hasta que finalmente la operación derivó en el ataque contra su residencia.
El asesinato de Jovenel Moïse
Durante la madrugada del 7 de julio de 2021, un grupo armado penetró en la residencia privada del presidente haitiano.
Moïse fue asesinado a tiros y su esposa, Martine Moïse, resultó gravemente herida.
Entre los participantes señalados por las investigaciones figuran exmilitares colombianos y otras personas de diferentes nacionalidades.
Otro elemento incorporado al expediente es que algunos de los participantes presuntamente utilizaron indumentaria y distintivos para aparentar que pertenecían a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Las evidencias presentadas en los procesos judiciales incluyen fotografías de equipos tácticos, radios y distintivos relacionados con esa falsa identificación.
Cerca de 30 personas acusadas
La investigación estadounidense ha derivado en acusaciones contra alrededor de 30 personas por distintos delitos relacionados con la conspiración.
Los cargos varían según la participación atribuida a cada acusado e incluyen, entre otros, conspiración para matar o secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos y delitos vinculados al fraude.
Cuatro de los principales acusados fueron declarados culpables en mayo por un jurado federal en Miami y enfrentan posibles condenas de cadena perpetua.
El traslado de los 18 detenidos desde Haití abre ahora una nueva etapa judicial en un caso que, cinco años después del magnicidio, continúa revelando detalles sobre cómo se habría organizado, financiado y ejecutado una de las operaciones criminales de mayor impacto político en la historia reciente del Caribe.
Internacionales
CNN, MS NOW y Politico llevan a Trump ante los tribunales por veto en la Casa Blanca
Los tres medios cuestionan judicialmente la retirada de sus acreditaciones y sostienen que la decisión vulnera la libertad de prensa y el debido proceso protegidos por la Constitución estadounidense.
WASHINGTON, Estados Unidos.– La confrontación entre el presidente Donald Trump y varios de los principales medios de comunicación estadounidenses abrió un nuevo capítulo judicial luego de que CNN, MS NOW y Politico demandaran a su administración por impedir a sus periodistas acceder a la Casa Blanca.
Los medios acudieron al Tribunal Federal del Distrito de Columbia después de que las credenciales de sus periodistas fueran desactivadas y estos no pudieran ingresar al complejo presidencial.
La demanda sostiene que la decisión constituye una represalia basada en el contenido de su cobertura y plantea posibles violaciones de la Primera Enmienda, que protege las libertades de expresión y de prensa, así como de las garantías de debido proceso de la Quinta Enmienda.
Los demandantes solicitaron además una orden judicial temporal que permita restablecer su acceso mientras los tribunales deciden el fondo del conflicto. La acción fue presentada el lunes 21 de septiembre.
Trump defiende su decisión
El presidente había anunciado previamente la exclusión de los tres medios argumentando que difundían lo que él considera informaciones falsas.
Tras conocerse la demanda, Trump negó que su actuación constituya un ataque contra la libertad de prensa y sostuvo que sus cuestionamientos están dirigidos a lo que denomina “fake news”.
La Casa Blanca, por su parte, ha defendido que el acceso a sus instalaciones es un privilegio y no un derecho irrestricto.
Una controversia constitucional
El caso coloca nuevamente en discusión los límites que tiene un presidente estadounidense para controlar el acceso de periodistas a la sede del Poder Ejecutivo.
La Constitución no concede a los profesionales de la comunicación un derecho ilimitado a participar en todos los actos presidenciales ni a entrar en espacios restringidos. Sin embargo, precedentes judiciales han establecido límites a la capacidad del Gobierno para retirar acreditaciones arbitrariamente o discriminar a periodistas por el contenido o punto de vista de sus publicaciones.
Uno de los antecedentes relevantes es Sherrill v. Knight, de 1977, en el que una corte federal estableció garantías procesales relacionadas con las acreditaciones de prensa de la Casa Blanca.
La controversia actual plantea precisamente si la exclusión de CNN, MS NOW y Politico respondió a razones legítimas relacionadas con el control de acceso o si, como sostienen los demandantes, se produjo como consecuencia de una cobertura periodística que desagrada al presidente.
Antecedentes de enfrentamientos con la prensa
No es la primera vez que una controversia sobre las acreditaciones de periodistas durante una administración de Trump llega a los tribunales.
En 2018, durante su primer mandato, la Casa Blanca retiró temporalmente la credencial del entonces corresponsal de CNN Jim Acosta después de un enfrentamiento verbal con el mandatario durante una conferencia de prensa. Un juez federal ordenó posteriormente restituir temporalmente la acreditación.
Más recientemente, The Associated Press también sostuvo una disputa judicial con la administración después de que se restringiera su participación en determinados actos presidenciales.
Estos antecedentes son relevantes porque muestran la diferencia jurídica entre el control presidencial de espacios físicos especialmente restringidos y una eventual exclusión motivada por el contenido de la cobertura periodística.
El conflicto afecta la cobertura presidencial
La decisión contra CNN también repercutió en el denominado “pool” de prensa de la Casa Blanca, el sistema mediante el cual un grupo reducido de periodistas y camarógrafos cubre determinadas actividades presidenciales y comparte posteriormente el material con otros medios.
CNN tenía asignadas funciones dentro de ese esquema cuando se produjo la prohibición. La situación llevó a otras cadenas a suspender su participación en determinadas actividades del pool, ampliando el impacto de la controversia.
Los jueces tendrán la palabra
El conflicto deja ahora en manos de los tribunales una cuestión de alcance constitucional: hasta dónde puede llegar la autoridad presidencial para regular el acceso a la Casa Blanca sin convertir esa facultad en un mecanismo de represalia contra determinados medios por su línea de cobertura.
CNN, MS NOW y Politico sostienen que fueron excluidos precisamente por el contenido de sus informaciones. La administración Trump rechaza que se trate de un ataque contra la prensa y defiende su potestad para controlar el acceso a la sede presidencial.
El tribunal deberá determinar si las circunstancias concretas de la exclusión vulneraron las garantías constitucionales invocadas por los demandantes.
Más allá de la disputa entre Trump y tres organizaciones periodísticas, el resultado podría contribuir a precisar nuevamente los límites entre el poder presidencial, la libertad de prensa y el derecho del público a recibir información independiente sobre la actuación del Gobierno.
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Nepal mantiene las búsquedas 11 días después de la riada tras nuevos rescates con vida
Agencia Efe
Katmandú.- Nepal mantuvo este sábado las operaciones de búsqueda once días después de la riada que devastó el norte del país, alentado por los nuevos rescates con vida registrados en las últimas horas, mientras centenares de trabajadores continúan desaparecidos en centrales hidroeléctricas arrasadas por el agua y el barro.
El ministro del Interior, Sudhan Gurung, afirmó tras los rescates que los hallazgos habían dejado “un rayo de esperanza” y aseguró que las operaciones continuarían dentro de los túneles.
La búsqueda sigue activa en varios de los complejos hidroeléctricos más afectados, con apoyo de especialistas de la India, China y Corea del Sur, según las últimas actualizaciones oficiales del Gobierno nepalí.
Upper Trishuli-1 concentra uno de los mayores operativos: más de 1400 personas vinculadas al proyecto se encontraban ahí cuando se produjo la catástrofe; 557 permanecen sin localizar y alrededor de 115 podrían haber quedado atrapadas en la zona de la presa y el túnel principal, según la empresa promotora.
El último balance consolidado por la Policía de Nepal elevaba a 1.344 los cuerpos y restos humanos recuperados y a 4.887 las personas todavía sin localizar, mientras los cuerpos de seguridad participan en un operativo que continúa también en comunidades de Rasuwa y Nuwakot y a lo largo del corredor del Trishuli, donde equipos terrestres y helicópteros buscan desaparecidos, evacúan a afectados y llevan suministros a poblaciones aisladas por la destrucción de carreteras y puentes.