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Los requerimientos para la expedicion de la nueva cédula, entre los que están tipo de sangre, alergias, donación de órganos y otros datos.
Santo Domingo, RD. – Las principales novedades de la nueva cédula están el tipo de sangre, constancia de alergias, identificación como donante de órganos y oficio o profesión, según informó la Junta Central Electoral (JCE).
De cara al proceso de renovación de la cédula, que iniciará en el mes de abril, el órgano electoral exhortó a los ciudadanos a tomar en cuenta una serie de requisitos adicionales en caso de que deseen incluir estas informaciones en su documento.
De acuerdo con la JCE, los datos deberán ser respaldados con certificaciones oficiales, como constancias del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes (INCORT) para los donantes de órganos, certificados médicos, carné de tipificación sanguínea, así como copias de títulos profesionales y exequátur, cuando aplique.
Requisitos adicionales
Las personas interesadas en registrarse como donantes de órganos y/o tejidos deberán presentar una certificación original emitida por el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes (INCORT), documento indispensable para que esta condición quede oficialmente consignada en la cédula.
En el caso de las alergias, los ciudadanos deberán aportar certificados médicos y/o tarjetas médicas que acrediten la condición, ya sea en original o en copia legible.
Para incluir el tipo de sangre en el documento de identidad, será necesario presentar uno de los siguientes documentos: carné de tipificación sanguínea, licencia de conducir donde figure el dato o un certificado emitido por un laboratorio autorizado. En todos los casos se aceptará original o copia legible, según corresponda.
En cuanto a la ocupación o profesión, los requisitos varían según la formación o actividad del solicitante.
Quienes posean una carrera universitaria deberán presentar copia del título profesional y del exequátur.
Para los ciudadanos con cursos técnicos, se exige el certificado del curso o taller realizado.
En el caso de los empresarios, será necesario aportar el certificado del registro mercantil de la empresa, en original o copia legible.
Estas disposiciones buscan garantizar que la información incorporada en los documentos oficiales sea verificable, precisa y esté debidamente respaldada.
La Junta Central Electoral también informó que, para realizar un cambio de residencia en el documento de identidad, los ciudadanos deberán presentar constancias según su situación de convivencia.
Los hijos e hijas que residan en el hogar de sus padres deberán aportar una factura de servicios básicos —energía eléctrica, agua, cable, teléfono residencial o internet— donde conste la dirección actual, así como copia de la cédula, por ambos lados, de uno de los padres titular del servicio, previa confirmación de filiación en el sistema.
En el caso de los padres que viven en casa de sus hijos o hijas, se exigirá una factura de servicios básicos que refleje la dirección del domicilio, junto con copia de la cédula, por ambos lados, de uno de los hijos titulares del servicio, tras la verificación de filiación correspondiente.
Asimismo, los ciudadanos que residan con familiares directos, como abuelos o tíos, deberán presentar una factura de servicios básicos donde figure la dirección del lugar de residencia, acompañada de la copia de la cédula, por ambos lados, del titular del servicio.
Para los municipios, distritos municipales, parajes o secciones donde no sea posible presentar los documentos requeridos, se permitirá la presentación de una carta o certificación emitida por una iglesia de la comunidad, firmada y sellada por su representante, que dé fe del domicilio actual del solicitante. El documento podrá entregarse en original o copia legible.
Santo Domingo, R.D.-Fue revocada por la Camara Penal de la Corte de Apelacion de La Vega la decision que declaró la extincion penal del proceso seguido contra Miguel Arturo Lopez Florencio (Micky Lopez), procesado por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
El tribunal de alzada adoptó la decisión tras acoger el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de La Vega que declaró la extinción penal del caso. La corte también ordenó la continuación del juicio.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Fiscalía de La Vega, estableció en la acusación que la red criminal se encargaba de traficar con sustancias controladas en Suramérica, Estados Unidos y Europa.
El expediente también indica que el grupo criminal logró movilizar en el sistema financiero dominicano más de ocho mil millones de pesos provenientes de actividades ilícitas.
Los miembros de esta red delictiva blanqueaban los capitales, haciendo aparentar como lícitos los recursos obtenidos de la venta de las sustancias controladas. De acuerdo al órgano acusador, la red también servía de sostén económico y financiero a otras estructuras criminales.
Los acusados, según refiere el expediente, se dedicaron a conformar una estructura criminal con el único objetivo de colocar y diversificar los bienes provenientes del narcotráfico, aprovechando su vínculo familiar para hacer más eficaz dicha actividad.
A la estructura se le atribuye la violación de varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el Código Penal Dominicano, y la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
La fiscal Aura Luz García Martínez valoró la decisión que revoca la sentencia de extinción de la acción penal en este caso y destacó que representa un paso de avance en las acciones ejecutadas en este proceso para lograr justicia.
Los fiscales litigantes Eduardo Velázquez y Vianela García representaron al Ministerio Público en la audiencia donde los jueces de la Corte de Apelación de La Vega, Amauris Pimentel, Osvaldo Aquino y Ariela Cedano, decidieron revocar la sentencia de extinción de la acción penal del caso, ordenando que continúe el juicio.
El proceso inició en el año 2020, siendo los acusados enviados a juicio en el año 2023, luego de múltiples aplazamientos solicitados por las defensas como estrategia para dilatar el proceso. El órgano acusador enfrentó constantemente trabas y tácticas dilatorias que impidieron el avance oportuno del caso, declarado de tramitación compleja.
En el recurso de apelación de la sentencia recurrida el órgano acusador resalta la falta de motivación de la decisión, destacando que es una obligación fundamental en el ordenamiento jurídico dominicano. Indicó que la decisión fue apelada por una errónea aplicación de la norma jurídica.
Igualmente, precisó que en la sentencia del tribunal colegiado no se tomaron en cuenta los criterios que se deben considerar al momento de decidir sobre la extinción de la acción penal.
En ese sentido, sostuvo que “la complejidad del caso, la actividad procesal del interesado, el comportamiento (adecuado o no) de las partes en litis y la conducta de las autoridades judiciales, así como la organización judicial, la duración media de los procesos y el exceso o volumen de trabajo de los tribunales judiciales a causa del alto grado de conflictividad social, entre otros factores”.
El órgano acusador recordó que por el caso fue procesada y condenada la exdiputada Rosa Amalia Pilarte López, esposa de López Florencio, quien desde el mes de septiembre del pasado año cumple una condena de cinco años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Mujeres, de Santiago.
Santiago, R.D.-Los familiares de Angélica Geraldín Hernández, quien falleció mientras se sometía a un procedimiento en el centro de estética Diosa, en Santiago, anunciaron que presentarán una querella contra al menos cuatro personas involucradas.
Así lo informó el abogado de la familia, Pedro Domínguez Brito, quien dijo que entre los «responsables del hecho» hay tres médicos.
Señaló que, aunque por el momento no revelarán los nombres de los implicados, estos profesionales de la salud están estrechamente vinculados al centro donde se realizó el procedimiento.
El abogado manifestóque uno de los doctores vinculados al caso ha sido sometido a la justicia en al menos tres ocasiones por presunta mala práctica médica.
- Domínguez Brito explicó que ese médico, cuyo nombre será ofrecido más adelante, fue procesado en los años 2011, 2015 y 2016.
Refirió que esos antecedentes forman parte de la documentación depositada ante el Ministerio Público como parte de la investigación.
Asimismo, aseguró que han recibido múltiples testimonios de mujeres que alegan haber sido afectadas por presuntas malas prácticas de los médicos involucrados.
El abogado afirmó que el objetivo de la familia es que se aplique todo el peso de la ley contra los responsables y que este caso sirva como precedente para evitar que otras personas atraviesen situaciones similares.
SANTO DOMINGO. – Tres meses de prision preventiva dictó el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra Dileisy García Sepúlveda, de 21 años, acusada de maltrato infantil, tras un caso que salió a la luz por la difusión de un video en redes sociales.
Por disposición de la jueza Stephanie Santiago Reyes, la imputada, deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, mientras el Ministerio Público continúa las investigaciones.
El caso se hizo público luego de circular un video en el que, presuntamente, se observan agresiones físicas y verbales contra un menor de edad durante una transmisión en vivo.
De acuerdo con la defensa, el tribunal también dispuso que la imputada reciba charlas para el manejo de la ira, al considerar que requiere intervención especializada en conducta.
En tanto, el menor permanece bajo el cuidado del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), mientras se determina su situación familiar y legal.