Análisis Noticiosos
Nueva correlación de fuerzas en el PLD
Por Juan Bolívar Díaz
La ampliación del Comité Central del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) configura un cambio en la correlación de fuerzas en beneficio del presidente Danilo Medina, pero sin derrotar a su antecesor Leonel Fernández.
Los resultados de la votación interna para elegir 138 nuevos miembros del Comité Central (CC) del PLD arrojan importantes cambios en la correlación de fuerzas entre sus dos mayores líderes, el presidente Danilo Medina y su antecesor Leonel Fernández, pero sin que se pueda interpretar que éste haya sido derrotado..
El certamen también ratificó la necesidad de una ley de partidos políticos que incentive el ejercicio de la democracia interna, garantice la libre y equitativa competencia y sancione los abusos de los recursos estatales en las campañas electorales, tanto internas como nacionales.
Barrida de los danilistas
Más allá de las fuertes contradicciones, que incluyeron brotes de violencia, lo más relevante ha sido la barrida electoral protagonizada por los candidatos señalados como seguidores del presidente Medina, que según estimaciones extraoficiales implicaron la conquista de cerca de dos tercios de los sillones del CC en disputa.
Los informes disponibles hasta ayer sábado, cuando oficialmente sólo se había computado el 81 por ciento de la votación, indican que los danilistas habrían conseguido una amplia mayoría de los 138 asientos, para algunos sobre el 60 por ciento. Otros 30 fueron escogidos mediante el inédito método de uno por cada uno de los 26 integrantes del Comité Político, lo que hacía más difícil el predominio absoluto de alguna de las corrientes políticas y grupales que inciden en la organización.
Eso no se traduce automáticamente en un control del CC ya que los 138 elegidos el domingo, son apenas el 20 por ciento de los 620 que integrarán el organismo, que hasta ahora era de unos 400. A los 168 se sumarán 52 legisladores que también pasarán a formar parte del mismo.
En cualquier caso la barrida danilista, que ha repercutido en la opinión pública, tendrá incidencia al interior del partido gobernante, fortaleciendo la incidencia del presidente y ampliando sus posibilidades de gobernar al margen de los intereses de un Leonel Fernández que ha permitido el inicio de una nueva campaña por la candidatura presidencial del PLD cuando apenas había transcurrido el primer cuarto de la actual gestión y sin que algún otro partido amenace poner en jaque al oficialismo.
Hipótesis sobre este cambio
Nadie duda que el disfrute y uso de los recursos estatales es uno de los factores que explican este cambio en el partido gobernante. Pero no es suficiente, ya que los activistas pro Leonel no son desarrapados ni aficionados en el uso del poder. Como es propio de la incultura democrática y la falta de reglamentación y sanción, el poder de algunos funcionarios jugó un papel, pero sin alcanzar los desniveles de años anteriores.
A los leonelistas les devolvieron un poco de la medicina que ellos utilizaron contra los danilistas, no sólo cuando Fernández se impuso en la candidatura presidencial para los comicios del 2008, cuando Danilo acuñó la sentencia “me venció el Estado”, sino incluso cuando trataron de cerrarle el paso para la candidatura del 2012. Primero gastaron una millonada recogiendo dos millones de firmas y tratando de imponer una nueva reelección que acababa de ser prohíbida, sino luego con las frustradas precandidaturas de Margarita Cedeño y del vicepresidente Rafael Alburquerque.
Jugó su papel también la cultura presidencialista según la cual en el partido oficial no se debe ir contra la corriente del responsable del gobierno, pero también influyó, y en gran medida, el nuevo estilo de liderazgo de Medina dentro y fuera de su partido, más cercano a los dirigentes y militantes y a más diversos sectores sociales.
Dentro del PLD muchos celebran que Medina dejara atrás el aparataje de poder, el providencialismo, el boato y el desprecio por el tiempo de los demás que implicaban los sistemáticos atrasos de hasta tres horas en la llegada de Fernández a sus compromisos nacionales o partidarios. Se le llegó a atribuir renuencia en recibir a dirigentes y militantes partidarios y que los hacía esperar durante horas.
Deseos de alternativas
Hay que tomar en cuenta que Danilo Medina no es un improvisado en la política partidaria y que durante años se le consideró el albañil sobre el cual pudo llegar su partido al poder y erigirse la fortaleza de Leonel Fernández, en sus primeros 6 años de gobierno. El era el enlace con la dirigencia media y baja, quien atendía demandas y buscaba colocaciones, mientras el abogado cultivaba las alturas.
Cuando era presidente Fernández suscitaba la adhesión de la mayoria del CC y del Comité Político, pero empezó a debilitarse cuando sus partidarios comenzaron a activar para imponer un cuarto período de gobierno y tercero consecutivo. Cuando fue obvio que hasta dentro del partido había resistencia a ese continuismo y se quiso colar la candidatura de la esposa, no consiguieron el apoyo ni del Comité Politico. El derroche de dinero y poder que han exhibido los más cercanos activistas de Leonel, como Félix Bautista y Díaz Rúa, también es causa de rechazo interno.
Sin un partido de oposición que en lo inmediato amenace el reinado peledeísta, es natural que crezcan las ambiciones de otros dirigentes por acceder a una candidatura que presumen triunfante. De ahí que se hayan lanzado abiertamente Francisco Javier García, Reynaldo Pared y Temístolces Montás, y que se mantengan las aspiraciones de otros como José Tomás Pérez y Francisco Domínguez Brito.
Habría una especie de todos contra Leonel, generalizándose el criterio de que sus tres períodos son suficientes. Quien ha hablado más abiertamente de la necesidad de renovación es el ministro de economía Montás. Alguien cercano a Medina señaló “la alta tasa de rechazo que mantiene Leonel en las encuestas que no se publican”.
No subestimen a Leonel
Sería superficial pretender que los resultados de una elección interna tan limitada decreten el ocaso del liderazgo del expresidente, un político de muy alto carisma, a quien medio PLD le debe una extraordinaria prosperidad y en muchos casos riquezas, obtenidas gracias a su capacidad para retener el poder, sin olvidar que fue clave para que Medina pudiera sucederlo.
Es visible el fuerte apoyo que Fernández conserva entre legisladores, especialmente los senadores, y en los sectores más conservadores de la sociedad, a quienes se ha entregado, así como los abundantes recursos económicos acumulados por su estado mayor político.
Con la alta aprobación que ha logrado en su gestión, nadie debería sorprenderse del auge político de Danilo Medina, pero con la imposibilidad de repostularse, es difícil que pueda subordinar definitivamente la fuerza interna y externa que mantiene el presidente del PLD. En el actual escenario nacional, sin un partido de oposición que amenace su predominio, aún con el actual alto rechazo de Fernández, no asoma todavía quien pueda emerger como alternativa victoriosa. Por eso mismo, los legisladores peledeistas leales a Leonel dificultarían un proyecto de ley para abrir la brecha de un plebiscito o referendo sobre reelección, y ni hablar de reforma constitucional, por la mayoría requerida de dos tercios de la Asamblea Nacional.
Mientras tanto no hay dudas que el danilismo sale fortalecido del proceso interno del PLD, con el leonelismo a la defensiva, pero lejos de estar vencido, lo que repercutirá en una intensificación de la precipitada precampaña para unos comicios nacionales que distan a dos años y cuatro meses. No debe esperarse que la sangre llegue al río, dado el sentimiento de cuerpo de los peledeístas y su acentuada vocación de poder que los dota de capacidad para pactar entre ellos y con fuerzas extrañas.
Se desmitifica el PLD
La votación del domingo 12 siguió desmitificando el partido que fundara el profesor Juan Bosch, con más de un millar de aspirantes a 168 puestos, una campaña desaforada y derrochadora por todos los medios de comunicación, enfrentamientos que llegaron a un muerto y varios heridos, robo de urnas, inversión de recursos de dudoso origen y denuncias de fraudes y manipulaciones.
Las denuncias de abuso de recursos estatales salieron de los propios peledeístas, incluyendo a cuatro senadores, llegándose al extremo de entregar copias fotostáticas de decenas de cheques del quebrado Consejo EDstatal del Azúcar distribuidos como parte de la campaña de su director ejecutivo.
Ciertamente que las irregularidades no fueron generalizadas, y que no se ha documentado, como otras veces, un desmadre en el abuso del poder, pero el dinero se impuso, con inversiones de hasta dos dígitos de millones de pesos para alcanzar un puesto en un organismo que en los últimos 9 años apenas ha sesionado cuatro o cinco veces para ratificar candidaturas, aunque también significativamente para prolongar el mandato de la mayoría de sus altos dirigentes.
Con una votación que el segundo boletín estimó en 731 mil, alta para una limitada elección interna, pero apenas 28 por ciento de un abultado padrón de 2 millones 646 mil miembros, el PLD se ratifica como fuerza dominante. La extensión por casi una semana del cómputo también desmitifica su eficiencia y disciplina.
Los brotes de violencia, con un muerto en Maizal, Esperanza, con tiroteos golpes y heridos en Santiago, Santo Domingo Oiental, La Romana, Barahona, Pedernales y ocoa, la masificación peledeísta parece recorrer el terreno de la política tradicional. .
De nuevo quedo evidente la necesidad de una ley de partidos que garantice la democracia interna y sancione los excesos, que los partidos dominantes se han negado a aprobar en las doce ocasiones que ha sido introducida al Congreso Nacional, desde la elaboración de su primer proyecto por consenso social y político del 1998-99.-
artículo publicado originalmente en el periódico HOY
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.