Análisis Noticiosos
Nueva correlación de fuerzas en el PLD
Por Juan Bolívar Díaz
La ampliación del Comité Central del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) configura un cambio en la correlación de fuerzas en beneficio del presidente Danilo Medina, pero sin derrotar a su antecesor Leonel Fernández.
Los resultados de la votación interna para elegir 138 nuevos miembros del Comité Central (CC) del PLD arrojan importantes cambios en la correlación de fuerzas entre sus dos mayores líderes, el presidente Danilo Medina y su antecesor Leonel Fernández, pero sin que se pueda interpretar que éste haya sido derrotado..
El certamen también ratificó la necesidad de una ley de partidos políticos que incentive el ejercicio de la democracia interna, garantice la libre y equitativa competencia y sancione los abusos de los recursos estatales en las campañas electorales, tanto internas como nacionales.
Barrida de los danilistas
Más allá de las fuertes contradicciones, que incluyeron brotes de violencia, lo más relevante ha sido la barrida electoral protagonizada por los candidatos señalados como seguidores del presidente Medina, que según estimaciones extraoficiales implicaron la conquista de cerca de dos tercios de los sillones del CC en disputa.
Los informes disponibles hasta ayer sábado, cuando oficialmente sólo se había computado el 81 por ciento de la votación, indican que los danilistas habrían conseguido una amplia mayoría de los 138 asientos, para algunos sobre el 60 por ciento. Otros 30 fueron escogidos mediante el inédito método de uno por cada uno de los 26 integrantes del Comité Político, lo que hacía más difícil el predominio absoluto de alguna de las corrientes políticas y grupales que inciden en la organización.
Eso no se traduce automáticamente en un control del CC ya que los 138 elegidos el domingo, son apenas el 20 por ciento de los 620 que integrarán el organismo, que hasta ahora era de unos 400. A los 168 se sumarán 52 legisladores que también pasarán a formar parte del mismo.
En cualquier caso la barrida danilista, que ha repercutido en la opinión pública, tendrá incidencia al interior del partido gobernante, fortaleciendo la incidencia del presidente y ampliando sus posibilidades de gobernar al margen de los intereses de un Leonel Fernández que ha permitido el inicio de una nueva campaña por la candidatura presidencial del PLD cuando apenas había transcurrido el primer cuarto de la actual gestión y sin que algún otro partido amenace poner en jaque al oficialismo.
Hipótesis sobre este cambio
Nadie duda que el disfrute y uso de los recursos estatales es uno de los factores que explican este cambio en el partido gobernante. Pero no es suficiente, ya que los activistas pro Leonel no son desarrapados ni aficionados en el uso del poder. Como es propio de la incultura democrática y la falta de reglamentación y sanción, el poder de algunos funcionarios jugó un papel, pero sin alcanzar los desniveles de años anteriores.
A los leonelistas les devolvieron un poco de la medicina que ellos utilizaron contra los danilistas, no sólo cuando Fernández se impuso en la candidatura presidencial para los comicios del 2008, cuando Danilo acuñó la sentencia “me venció el Estado”, sino incluso cuando trataron de cerrarle el paso para la candidatura del 2012. Primero gastaron una millonada recogiendo dos millones de firmas y tratando de imponer una nueva reelección que acababa de ser prohíbida, sino luego con las frustradas precandidaturas de Margarita Cedeño y del vicepresidente Rafael Alburquerque.
Jugó su papel también la cultura presidencialista según la cual en el partido oficial no se debe ir contra la corriente del responsable del gobierno, pero también influyó, y en gran medida, el nuevo estilo de liderazgo de Medina dentro y fuera de su partido, más cercano a los dirigentes y militantes y a más diversos sectores sociales.
Dentro del PLD muchos celebran que Medina dejara atrás el aparataje de poder, el providencialismo, el boato y el desprecio por el tiempo de los demás que implicaban los sistemáticos atrasos de hasta tres horas en la llegada de Fernández a sus compromisos nacionales o partidarios. Se le llegó a atribuir renuencia en recibir a dirigentes y militantes partidarios y que los hacía esperar durante horas.
Deseos de alternativas
Hay que tomar en cuenta que Danilo Medina no es un improvisado en la política partidaria y que durante años se le consideró el albañil sobre el cual pudo llegar su partido al poder y erigirse la fortaleza de Leonel Fernández, en sus primeros 6 años de gobierno. El era el enlace con la dirigencia media y baja, quien atendía demandas y buscaba colocaciones, mientras el abogado cultivaba las alturas.
Cuando era presidente Fernández suscitaba la adhesión de la mayoria del CC y del Comité Político, pero empezó a debilitarse cuando sus partidarios comenzaron a activar para imponer un cuarto período de gobierno y tercero consecutivo. Cuando fue obvio que hasta dentro del partido había resistencia a ese continuismo y se quiso colar la candidatura de la esposa, no consiguieron el apoyo ni del Comité Politico. El derroche de dinero y poder que han exhibido los más cercanos activistas de Leonel, como Félix Bautista y Díaz Rúa, también es causa de rechazo interno.
Sin un partido de oposición que en lo inmediato amenace el reinado peledeísta, es natural que crezcan las ambiciones de otros dirigentes por acceder a una candidatura que presumen triunfante. De ahí que se hayan lanzado abiertamente Francisco Javier García, Reynaldo Pared y Temístolces Montás, y que se mantengan las aspiraciones de otros como José Tomás Pérez y Francisco Domínguez Brito.
Habría una especie de todos contra Leonel, generalizándose el criterio de que sus tres períodos son suficientes. Quien ha hablado más abiertamente de la necesidad de renovación es el ministro de economía Montás. Alguien cercano a Medina señaló “la alta tasa de rechazo que mantiene Leonel en las encuestas que no se publican”.
No subestimen a Leonel
Sería superficial pretender que los resultados de una elección interna tan limitada decreten el ocaso del liderazgo del expresidente, un político de muy alto carisma, a quien medio PLD le debe una extraordinaria prosperidad y en muchos casos riquezas, obtenidas gracias a su capacidad para retener el poder, sin olvidar que fue clave para que Medina pudiera sucederlo.
Es visible el fuerte apoyo que Fernández conserva entre legisladores, especialmente los senadores, y en los sectores más conservadores de la sociedad, a quienes se ha entregado, así como los abundantes recursos económicos acumulados por su estado mayor político.
Con la alta aprobación que ha logrado en su gestión, nadie debería sorprenderse del auge político de Danilo Medina, pero con la imposibilidad de repostularse, es difícil que pueda subordinar definitivamente la fuerza interna y externa que mantiene el presidente del PLD. En el actual escenario nacional, sin un partido de oposición que amenace su predominio, aún con el actual alto rechazo de Fernández, no asoma todavía quien pueda emerger como alternativa victoriosa. Por eso mismo, los legisladores peledeistas leales a Leonel dificultarían un proyecto de ley para abrir la brecha de un plebiscito o referendo sobre reelección, y ni hablar de reforma constitucional, por la mayoría requerida de dos tercios de la Asamblea Nacional.
Mientras tanto no hay dudas que el danilismo sale fortalecido del proceso interno del PLD, con el leonelismo a la defensiva, pero lejos de estar vencido, lo que repercutirá en una intensificación de la precipitada precampaña para unos comicios nacionales que distan a dos años y cuatro meses. No debe esperarse que la sangre llegue al río, dado el sentimiento de cuerpo de los peledeístas y su acentuada vocación de poder que los dota de capacidad para pactar entre ellos y con fuerzas extrañas.
Se desmitifica el PLD
La votación del domingo 12 siguió desmitificando el partido que fundara el profesor Juan Bosch, con más de un millar de aspirantes a 168 puestos, una campaña desaforada y derrochadora por todos los medios de comunicación, enfrentamientos que llegaron a un muerto y varios heridos, robo de urnas, inversión de recursos de dudoso origen y denuncias de fraudes y manipulaciones.
Las denuncias de abuso de recursos estatales salieron de los propios peledeístas, incluyendo a cuatro senadores, llegándose al extremo de entregar copias fotostáticas de decenas de cheques del quebrado Consejo EDstatal del Azúcar distribuidos como parte de la campaña de su director ejecutivo.
Ciertamente que las irregularidades no fueron generalizadas, y que no se ha documentado, como otras veces, un desmadre en el abuso del poder, pero el dinero se impuso, con inversiones de hasta dos dígitos de millones de pesos para alcanzar un puesto en un organismo que en los últimos 9 años apenas ha sesionado cuatro o cinco veces para ratificar candidaturas, aunque también significativamente para prolongar el mandato de la mayoría de sus altos dirigentes.
Con una votación que el segundo boletín estimó en 731 mil, alta para una limitada elección interna, pero apenas 28 por ciento de un abultado padrón de 2 millones 646 mil miembros, el PLD se ratifica como fuerza dominante. La extensión por casi una semana del cómputo también desmitifica su eficiencia y disciplina.
Los brotes de violencia, con un muerto en Maizal, Esperanza, con tiroteos golpes y heridos en Santiago, Santo Domingo Oiental, La Romana, Barahona, Pedernales y ocoa, la masificación peledeísta parece recorrer el terreno de la política tradicional. .
De nuevo quedo evidente la necesidad de una ley de partidos que garantice la democracia interna y sancione los excesos, que los partidos dominantes se han negado a aprobar en las doce ocasiones que ha sido introducida al Congreso Nacional, desde la elaboración de su primer proyecto por consenso social y político del 1998-99.-
artículo publicado originalmente en el periódico HOY
Por José Cabral.
Nadie puede negar que la República Dominicana está en medio de la gran posibilidad de que pueda surgir un “outsider” en la política nacional, aunque el problema descansa en que no se ha articulado una propuesta que responda al nicho que se ha creado en esta dirección.
Prácticamente todas las encuestas colocan en un 54 ó 55 por ciento, aunque se piensa que es mucho mayor, las personas que no sienten ningún respeto ni vinculación con los partidos políticos, los cuales han llegado a un nivel de descrédito que nadie podía imaginarse.
Es tan grave el problema que esa realidad amenaza la democracia representativa, ya que en las últimas elecciones el país ha terminado con autoridades que no cuentan con la legitimidad necesaria para garantizar una buena gobernabilidad.
Pero frente a esa realidad la pregunta que todo el mundo se hace es si valdría la pena que en el país se produzca el fenómeno del “outsider” como que ya ha pasado en muchas naciones latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos de América.
El último caso de este tipo se ha producido en Colombia, donde un abogado penalista, un depravado, defensor de narcotraficantes, de evasores de impuestos y de los paramilitares ha quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales.
A Abelardo de la Espriella, un ultraderechista, sin ningún mérito, pero sin venir de las estructuras tradicionales del partidarismo político, se ha colocado en la puerta de la presidencia de Colombia, con un discurso agresivo y con una visión de cuestionamiento del derecho internacional que lo acerca al actual jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso ya lo ha apoyado.
El asunto es que este tipo de “outsider” no es saludable para que ningún país del mundo, porque representa un antivalor, un enemigo del derecho internacional y además un depravado que no respeta absolutamente nada ni a nadie.
Entonces, si la República Dominicana se viera en ese espejo estaría en un escenario que significa un evidente retroceso al bienestar que se supone debe garantizar todo aquel que se opone a la partidocracia, que nadie puede negar que en todas estas naciones ha implicado una gran desgracia para los pueblos.
Por esta razón es que creo que, si en la República Dominicana se crean las condiciones, como ya parece que ocurre, para desplazar del poder a los partidos políticos, tiene que ser para bien, no para mal, ya que debe ser un “outsider” que cuente con un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo para poder lograr las transformaciones que demanda la sociedad.
Naturalmente, la preocupación de que el problema del país no sólo descansa en el funcionario público, el cual procede de los partidos políticos, instancias totalmente corrompidas y enemigas del progreso nacional, sino también en la visión y actitud distorsionada del ciudadano como resultado del neoliberalismo salvaje introducido en el país por Leonel Fernández.
Tal vez ahí esté la explicación de que una opción con una visión colectiva, no individual, no haya podido consolidarse en el país, ya que articular este tipo de propuesta implica, según lo que se ve, romper con lo que luce ser una utopía por la forma en que el neoliberalismo se ha apropiado de la mente y el sentir de la gente.
Pero si Dios quiere y en razón de que las condiciones están dadas para que en el país surja un “outsider”, ojalá sea para bien y no para mal, contrario a como se observa que se produce en Colombia y en otros países latinoamericanos.
El “outsider” dominicano tiene que ser para romper con la vieja política, a los fines de acabar con la corrupción y los principales males que aquejan a la sociedad en asuntos tan fundamentales para tener crecimiento y desarrollo nacionales como el empleo, la institucionalidad, la seguridad pública y ciudadana y en otros aspectos que durante décadas han representado una retranca para la nación.
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.