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Latinoamericanas

Nueva demanda contra Uribe en la CPI por caso de «escuchas ilegales»

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La querella será entregada por el diputado Iván Cepeda, quien exige una investigación contra el Departamento Administrativo de Seguridad, la extinta central de inteligencia colombiana, durante el segundo Gobierno de Álvaro Uribe, entre 2006 y 2010.

Diputado Iván Cepeda acudirá a la CPI este lunes por el caso de las «chuzadas» (Foto: Archivo)

El parlamentario colombiano Iván Cepeda presentará, este lunes, una demanda ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el expresidente Álvaro Uribe, por el caso de las “escuchas ilegales” a defensores de derechos humanos, políticos opositores, magistrados y periodistas.

La querella será entregada por Cepeda en Roma, y exige se abra una investigación por el delito de espionaje cometido por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la extinta central de inteligencia colombiana, durante el segundo Gobierno de Uribe, entre los años 2006 y 2010.

“El expresidente dirigió una campaña de difamación y venganza en mi contra, por mis denuncias sobre sus presuntos nexos con actividades criminales durante su gestión en la Gobernación de Antioquia y en la Presidencia de la República”, expone Cepeda en la carta a la CPI.

Igualmente, explica que dicha campaña, “además de ser una explícita incitación a la violencia en mi contra, se tradujo en una persecución criminal por parte del DAS”.

La oficina de prensa del diputado detalló, a través de un comunicado, que Cepeda pedirá un juicio contra Uribe por ser el “máximo responsable del crimen de lesa humanidad de persecución, cometido en Colombia, en el marco de las llamadas chuzadas del DAS, teniendo en cuenta que en Colombia no está tipificado dicho delito».

Junto con la denuncia, el legislador también entregará documentos y pruebas sobre procesos que se adelantan contra Uribe, entre ellos dos masacres perpetradas por grupos paramilitares con presuntos nexos con el exmandatario.

Ante estas denuncias, Jaime Granados, abogado de Uribe, alegó que «la CPI no tiene competencia para investigar el tema de las mal llamadas ‘chuzadas’ del DAS» y que las consideraciones de Cepeda constituyen una «absoluta locura».

El actual presidente, Juan Manuel Santos, disolvió en noviembre de 2011 el DAS, debido a la gravedad de los crímenes que se le acusaban en los últimos años del mandato de Uribe.

Cepeda es copresidente de la Comisión de Paz del Congreso y representante en la Cámara baja por el izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA).

Una veintena de antiguos funcionarios fueron vinculados con las investigaciones de este espionaje, entre ellos María del Pilar Hurtado, exdirectora del organismo, quien recibió asilo territorial en Panamá.

Asimismo, una decena de exfuncionarios del DAS han sido ya condenados por este escándalo que se destapó en 2009.

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Centroamérica y República Dominicana renuevan compromiso por trabajo decente y modernización del empleo

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Ciudad de Panamá.- En la ciudad de Panamá, se celebró la Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros y Ministras de Trabajo de Centroamérica y República Dominicana, los días 14, 15 y 16 de mayo, con el objetivo de renovar el compromiso regional por el trabajo decente, la justicia social y la modernización del empleo.

La República Dominicana estuvo representada por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, quien destacó durante su intervención que el país asumió la formalidad del empleo como la principal tarea laboral, convencido de que es el camino que conduce al trabajador y su familia a disfrutar de su derecho a la seguridad social.

Además, dijo que se trabaja intensamente en el empleo decente, que es otro pilar fundamental para garantizar el desarrollo humano y social.

Durante la reunión, fue aprobado el Plan de Acción 2025-2027 del Consejo, estructurado en cinco ejes estratégicos: Sistemas Públicos de Empleo, Inspección Laboral, Formalización, Fortalecimiento del Funcionamiento del Consejo y Gestión de la Cooperación Internacional.

Como parte del encuentro, el ministro de Trabajo, Olivares Ortega, rindió un informe sobre los avances de la preparación en octubre de de Reunión Regional Americana de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual forma parte de la proclama de Panamá del Consejo de Ministros de Trabajo.

También, se reconoció la importancia de los Programas de Trabajo Decente por País (PTDP), desarrollados con la OIT, como instrumentos clave para alinear políticas laborales nacionales con los estándares internacionales, promoviendo empleos de calidad, protección social y respeto a los derechos laborales.

De igual manera, se realizó la transferencia de la Presidencia Pro Tempore del Consejo que estaba a cargo de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Honduras al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá.

Con esta reunión, Centroamérica y República Dominicana avanzan unidos hacia un mercado laboral moderno, inclusivo y resiliente, que ponga a las personas en el centro de las políticas públicas.

Además del ministro Eddy Olivares, participaron Jacqueline Muñoz de Cedeño, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá, Andrés Romero de Costa Rica, Wilmer Fernández de Honduras, Oscar Rolando Castro de El Salvador y Miriam Roquel Chávez de Guatemala.

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Haití cerca parálisis económica: Pandillas elevan paso gasolinas

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Por PRENSA LATINA

Puerto Príncipe, (Prensa Latina) Los pandilleros incrementaron el precio del peaje para las vehículos cisternas de combustible, un acto que acerca a Haití a una parálisis total en las actividades económicas.

Ahora cuando los camiones salen cargados desde la terminal de Varreux, el pago a las bandas es de 50 mil gourdes, unos 378 dólares estadounidenses, con anterioridad eran 25 mil, un equivalente a 189 dólares por cada uno.

Las cabinas de peaje se multiplicaron y un transportista de combustible puede pagar hasta 600 mil gourdes (cuatro mil 545 dólares estadounidenses) para ir a Cabo Haitiano y hasta 700 mil gourdes (cinco mil 303) a Hinche, donde hay que pasar por al menos seis punto de extorsión.

COSTOS ADICIONALES YA SE SIENTEN

De acuerdo el diario digital Haití Libre, el impacto de estos costos adicionales ya se está sintiendo en los precios de los surtidores.

Ahora el galón de gasolina alcanzó los 700 gourdes (cinco dólares con 30 centavos) y pudiera llegar a 900 gourdes (seis dólares con 81 centavos), lejos del precio regulado de 560 gourdes (cuatro dólares con 24 centavos).

En tal sentido, la Asociación de Profesionales del Petróleo de Haití alertó sobre el riesgo inminente de una parálisis completa del sector ante el grado de violencia que hoy protagonizan las pandillas.

LOS RECURSOS Y CAPACIDAD OPERATIVA LLEGARON A SUS LÍMITES

“A pesar de nuestros continuos esfuerzos y compromiso de mantener el suministro de combustible a toda costa para apoyar la economía nacional, los recursos y capacidad operativa llegaron a sus límites”, subraya una misiva dirigida al primer ministro provisional, Alix Didier.

Ante esta situación de extrema urgencia, es imperativo que el Estado intervenga de manera inmediata y efectiva para restablecer las condiciones mínimas de seguridad necesarias para mantener la cadena de suministro de petróleo, enfatiza el texto divulgado por el diario Le Nouvelliste.

De no actuarse de manera rápida y decisiva para el libre trasiego, el sector coge el riesgo de cesar operaciones y las actividades económicas queden estáticas en un futuro cercano, insistió la Asociación de Profesionales del Petróleo de Haití.

ro/joe

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Violencia extrema en Puerto Príncipe desata crisis sanitaria, alerta Médicos Sin Fronteras

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Agencia EFE

Puerto Príncipe, Haití.-La violencia extrema que vive la capital de Haití y la falta de estructuras médicas operativas llevarán al límite la capacidad del hospital de traumatología de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Tabarre, al norte de la ciudad, advirtió este martes la organización.

Esto generaría «una situación aún más desesperada para los habitantes de la ciudad cuyo acceso a la atención quirúrgica se reduciría considerablemente», subrayó en un comunicado MSF, que alertó de que Puerto Príncipe está sufriendo un nivel de violencia extremadamente alto en un momento en el que los grupos armados coordinan ataques en varias zonas de la ciudad, que antes estaban fuera de su control.

Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), citada por MSF, se trata de un contexto sin precedentes en el que más del 60 % de las instalaciones sanitarias de Puerto Príncipe están cerradas o no funcionan.

Las que permanecen abiertas se enfrentan a una grave escasez de recursos humanos, equipos y servicios especializados. En solo un mes, el número de hospitales con capacidad para tratar traumatismos se ha reducido a la mitad pasando de cuatro a dos.

En marzo, MSF tuvo que suspender sus actividades en su centro de traumatología de Carrefour tras el ataque intencionado de cuatro vehículos de la organización que estaban tratando de poner a salvo al personal que trabajaba en el Centro de Emergencias de Turgeau.

Durante la evacuación, los vehículos de MSF, claramente identificados, recibieron 15 disparos, recordó el comunicado.

El Hospital Universitario de Mirebalais, uno de los últimos centros con capacidad para prestar atención traumatológica, suspendió sus actividades el 23 de abril debido a la inseguridad en la zona, ya que se encuentra en una carretera controlada ahora por grupos armados.

El Hôpital Universitaire de la Paix permanece abierto, pero también está saturado, de acuerdo con la organización, que reclamó protección para los civiles y respeto para las instalaciones sanitarias en las zonas de combate.

Un informe publicado el miércoles en Puerto Príncipe por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh, en francés) reveló que un total de 1,617 personas murieron y otras 580 resultaron heridas en los primeros tres meses del año en el país por la violencia que involucra a las bandas armadas, grupos de autodefensa, miembros no organizados de la población, así como por las operaciones de las fuerzas de seguridad.

El balance da cuenta también que 161 personas fueron secuestradas entre enero y marzo pasados y alertó sobre los abusos de poder.

El organismo dijo que se produjeron 80 ejecuciones extrajudiciales entre enero-marzo, presuntamente cometidas por funcionarios de las fuerzas del orden.

El pasado viernes, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a la coalición criminal Viv Ansanm y a la pandilla Gran Grif, ambas de Haití, como organizaciones terroristas.

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