El discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia parece el mismo del que se dedica a la politiquería, que sólo busca que la gente crea en una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.

Llamar a los jueces a que no tengan miedo cuando de aplicar el peso de la ley se trata, constituye una expresión que debe ser complementada con lo que ocurre en los hechos, ya que generalmente los jueces se creen dioses y emiten sentencias que implican la suplantación del espíritu de los legisladores.

Lo que se impone ante el miedo que plantea el presidente del alto tribunal es establecer una mayor fiscalización de las decisiones que se toman en los tribunales nacionales, donde los jueces emiten sentencias que no revelan miedo, sino falta de respeto hacia la sociedad, porque incluso ponen en peligro el estado de derecho y la democracia.

El cuadro que se vive en los tribunales del país constituye uno de los más preocupantes de todo el sector público nacional, dado que los juzgadores de primera y segunda instancia no tienen miramientos cuando de fallar un caso se trata, el cual generalmente no se base en las pruebas.

Debe saber el presidente de la Suprema Corte de Justicia que el problema es mucho más grave de lo que cualquiera puede pensar, cuya causa si bien está muy asociada a los niveles de ignorancia que prevalecen en el sistema, también a un asunto de negligencia, incapacidad y complicidad.

Hay mucho de complicidad en los fallos que se emiten en los tribunales, donde muchos jueces aplican una visión preconstitucional y divorciada totalmente de la ética y de respeto al debido proceso.

No son dos ni tres los casos que constituyen una vergüenza y una grave agresión al estado de derecho y a la democracia, sin que la Suprema Corte de Justicia pongan el menor empeño en que las cosas tomen otro derrotero.

Es urgente que el Consejo del Poder Judicial cree un mecanismo de mayor supervisión de la labor de los jueces de los diferentes tribunales del país, porque es bueno que se sepa que la mayoría de los magistrados no merecen la más mínima confianza de la gente.

De manera, que en vez del presidente de la Suprema Corte de Justicia hablar de una mejoría en el sistema de justicia nacional, debía expresar alguna preocupación por las cosas que ocurren en los tribunales nacionales, cuyos fallos revelan que los jueces no sienten el más mínimo respeto por los derechos de las partes, lo cual pone en peligro la seguridad jurídica de que tanto se habla

Las potencias imperiales no han abandonado su política de colonizar a aquellos pueblos de economías débiles y vulnerables.

En consecuencia, todavía hay ejemplos vergonzantes de colonización, independientemente de todas las convenciones internaciones que la consideran como una afrenta a la dignidad de los pueblos.

Una muestra que hoy persiste es la colonización de Puerto Rico y de otras naciones que hasta su moneda es una clara expresión de su dependencia.

Pero como ya la política imperial se expresa con una multipolaridad que el fenómeno se extiende a prácticamente todos los continentes, porque igual ocurre en el asiático con Taiwán, Hong Kong, entre otros territorios, pero el problema está presente también en lugares como Ucrania y en el mundo árabe, donde hay países que responden a los diversos intereses de las grandes potencias.

Esta lucha por la hegemonía del mundo también está acompañada de una gran hipocresía, porque mientras en Estados Unidos se invierten miles de millones de dólares para contrarrestar la invasión rusa a Ucrania, asumen la misma practica en aquellos países que están bajo su influencia.

Y precisamente esta es la explicación de la doble moral del Gobierno de los Estados Unidos, porque es un error pensar que el documento emitido por la embajada de los Estados Unidos haya sido elaborado por esta sede diplomática, ya que no merece explicarse que esta instancia no puede hacer nada sin que el Departamento de Estado lo autorice.

En pocas palabras, se debe decir que acusar de mentir a la embajada de los Estados Unidos, la misma es extensiva hacia el gobierno del presidente de Joe Biden, porque las sedes diplomáticas no son más que una dependencia del órgano encargado de dirigir la política exterior de la potencia del norte.

De manera, que la acusación de racista en contra de las autoridades dominicanas proviene del Gobierno federal de los Estados Unidos, que se supone que autorizó la publicación del referido comunicado.

En esa virtud, debe decirse que las negociones al respecto deben producirse al más alto nivel, es decir, entre los presidentes de ambas naciones, porque de no ser así las cosas se estarían manejando por las ramas, no por el tronco.

El conflicto surgido entre Estados Unidos y la República Dominicana es un problema fundamentado en un asunto geopolítico, de colonización y de dependencia, lo cual generalmente termina cuando el más grande y más poderoso se sobrepone a los deseos y las pretensiones del más pequeño

Los Estados Unidos ante la imposibilidad por el momento de imponer su voluntad en lo referente a la deportación de haitianos, toma la opción de castigar económicamente al país, primero a través del turismo y ahora de la industria azucarera.

No se puede negar que en el caso dominicano hay mucho de politiquería, porque las deportaciones no son parte de un plan nacional en esta materia, sino de que las autoridades saben muy bien que con esa medida ganan capital político ante la cercanía de las elecciones.

Sin embargo, ello no justifica que los Estados Unidos usen su poder para aplastar la economía nacional a través de medidas a todas luces violatorias del comercio internacional sobre la base de asuntos sin comprobación y evidentemente exagerados.

La pregunta más lógica frente a la agresividad de los Estados Unidos contra la República Dominicana es por qué ahora se vienen a dar cuenta que hay trabajo forzoso y abuso por parte de la empresa que tiene la mayor cuota de  exportación de azúcar hacia el territorio norteamericano.

Esa acción no parece ser justificada, pese a que nadie puede negar que en lugares que emplean braceros haitianos haya abusos y violaciones de sus derechos, pero parece que éste no es el caso por lo menos en lo que respecta al Central Romana.

Además, luce una decisión precipitada y con muy poca racionalidad, sobre todo por el impacto que ésta tiene en la economía de la nación.

Y probablemente las agresiones a la economía dominicana continuarán, porque el imperio se siente herido porque el Gobierno no ha acogido su mandato en lo que respecta a la deportación de haitianos del territorio nacional.

Nadie niega que en el proceso de detención, depuración y deportación de haitianos se produzcan abusos, pero evidentemente que la razón de las medidas económicas en contra del país tiene otro trasfondo y razón de ser.

La colonización es una realidad latente en el mundo en pleno siglo 21, donde los países dependientes no tienen más opción que ser sumisos a los intereses del imperio, no importa que irracionales e ilógicos sean.