Opinión
Nuevas vanguardias: organizaciones revolucionarias en el siglo XXI
Por Narciso Isa Conde
Pero ante todo requiere persistencia en las revoluciones integrales plenas de amor por el ser humanos y su maravilloso entorno natural.
Hablamos de vanguardias capaces de reivindicar y renovar el concepto de las soberanías específicas de nuestras naciones en una soberanía más grande, de carácter multinacional y multiétnica, vanguardia de las nuevas independencias nacionales y la nueva independencia continental.
Se trata precisamente de una vanguardia que sea capaz de defender la pertinencia estratégica de un nuevo socialismo, lo cual exige de un proceso de recreación del proyecto revolucionario respecto a los modelos estatistas-burocráticos que colapsaron en el siglo XXI.
Sólo así puede superarse dialécticamente la derrota estratégica sufrida por los socialismos del siglo XX y dotar a esta nueva época de un nuevo mito revolucionario.
Las vanguardias de las democracias participativas, de la nueva independencia y el socialismo del siglo XXI, deben ser vanguardias del pueblo trabajador y de los pobres, vanguardias indígenas, vanguardias feministas, vanguardias ecologistas-ambientalistas, vanguardias anti-racista y anti-xenófoba, y fuente de juventud combativa.
Las capacidades innovadoras de los pueblos son inagotables. ¿Quién iba a pensar que una organización de militares-intelectuales venezolanos, de militares revolucionarios, junto a un conjunto de dirigentes históricos de las izquierdas, se iba a convertir en un importante factor de reconstitución inicial de la vanguardia política revolucionaria de Venezuela?, todavía pendiente de un proceso de avance, reflexión y reajustes en mayor escala y profundidad, siempre presente los riegos de estancamiento y regresión si no se consolida esa fuerza conductora.
Cada vez está más claro que para avanzar en las transformaciones anticapitalistas en medio de la presente crisis integral del capitalismo, para crear socialismo desde la resistencia, la movilización y la indignación, se necesita avanzar en la conformación de las vanguardias socialistas necesarias para estos nuevos tiempos.
· El cambio y las izquierdas necesarias.
El cambio necesario –como sugerían los Sin Tierra de Brasil- nos exige «formación-conciencia», «organicidad-estructuras» y «movilización-lucha». Esa es la médula de las enseñanzas de Lenin deformadas por el estalinismo y otras corrientes dogmáticas.
Esto implica un pensamiento colectivo basado en líneas bien definidas y un accionar en correspondencia con el mismo: «Pensar y actuar, pensar y hacer», unidad dialéctica.
Exige claridad respecto a la realidad donde se actúa y precisión de objetivos.
Exige al tiempo de una reformulación de las vanguardias, una especie de rearme y re-formulación de la insurgencia necesaria para abrirle cauce a la derrota de un capitalismo decadente y destructivo, y recrear y rearmar la utopía socialista como sueño realizable.
· Qué tipo de insurgencia ante un poder tan destructivo.
No hay espacio ni razón para renunciar a la rebeldía global, a la insurgencia global, a la contra-violencia violenta, aunque sea necesariamente precedida y/o acompañada –y así es y será- de formidables movilizaciones “pacíficas”, las cuales frente a la agudización de la violencia dominante tienen sus puntos de agotamiento.
En la masividad de una insurgencia multifacética -no solo en las simples y heroicas guerra de guerrillas de los tiempos del Che, y no solo portando algunas armas de infantería- estará una de las claves de la conquista de una paz estable y duradera, desplazando poderes constituidos y creando poderes alternativos.
Otra de esas claves consiste en superar la propuesta de un poder que sencillamente se toma o se conquista, abriéndoles cauce al poder que se construye desde abajo por los y las de abajo. Que se consolida como poder paralelo en todo el territorio en disputa. Que se torna poder constituyente con capacidad de demoler el poder dominante representado por Estados al servicio del capital y de sus componentes empresariales, con capacidad para crear lo nuevo.
Así creación, desarrollo toma y destrucción del viejo poder irían de la mano, desatando múltiples energías positivas.
La vía seria necesariamente la combinación de todos los métodos, tanto lo impropiamente llamados pacíficos como los necesariamente violentos, en una escala que implique –según las características de cada instancia, vanguardias y pueblos, y con variados niveles de ejercicio de todas las modalidades de acción en cada componente.
Esto exige de una autentica revolución tecno-científica (incluida la vertiente de inteligencia y la guerra digital y mediática) en el seno de las fuerzas transformadoras, y de un apego irrenunciable al carácter multitudinario de las resistencias y las ofensivas populares hasta el punto que logren fraccionar y traspasar al campo popular-revolucionario importantes unidades y medios de alta calidad, capaces de ayudar a lograr un cambio plenamente favorable a los pueblos en cuanto a correlación de fuerza respecto a las elites dominantes.
Pero ante todo requiere persistencia en las revoluciones integrales plenas de amor por el ser humanos y su maravilloso entorno natural.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.