Latinoamericanas
Nueve heridos durante protesta opositora en apoyo a Parlamento venezolano
Por: A FP
Caracas– Nueve personas resultaron heridas, una de ellas de bala, durante una protesta de la oposición venezolana que este martes exigió devolver las facultades al Parlamento, elecciones y la libertad de sus dirigentes presos.
Un joven manifestante recibió un disparo en la pierna pero se encuentra “fuera de peligro”, dijo a la AFP Ramón Muchacho, alcalde de un municipio de Caracas. Los demás lesionados tampoco revisten gravedad, añadió el funcionario, señalando que presentan “traumatismos”, como una joven que fue atropellada por un motociclista en medio de refriegas.
Estos incidentes se presentaron en una de las principales autopistas de la capital, hacia donde se desvió una marcha opositora que intentó llegar al Legislativo, según Muchacho. Previamente, el diputado opositor José Olivares y Lilian Tintori, esposa del encarcelado dirigente Leopoldo López, denunciaron que grupos armados afines al gobierno dispararon contra la manifestación. “Colectivos de Nicolás Maduro nos disparan”, afirmó Olivares en Twitter.
“Tuvimos que tirarnos al piso”, indicó a su vez Tintori. Un día después de que la OEA declarara que en Venezuela hay una “grave alteración” de la democracia, unas mil personas intentaron marchar hacia la Asamblea, en el centro de Caracas, pero la policía lo impidió. Esto originó forcejos en medio de los cuales los uniformados lanzaron gases lacrimógenos que alcanzaron al presidente del Legislativo, Julio Borges, al excandidato presidencial Henrique Capriles y a diputados como el veterano Henry Ramos Allup.
Los políticos corrieron para resguardarse y terminaron fatigados y con los ojos irritados, constató la AFP. “Así se irrespeta la investidura parlamentaria”, denunció Borges en Twitter.
El asambleísta Richard Blanco acabó en “terapia intensiva” por efecto de los gases, informó su partido. “Esto es dictadura y dentro de poco no habrá comida, ¿esto es lo que quieren para sus hijos?”, gritaba a policías María González, enfermera de 56 años.
“Lacayos del imperio” . La mayoría opositora del Parlamento tenía previsto iniciar este martes un proceso para destituir a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que la semana pasada asumió brevemente las facultades legislativas y retiró la inmunidad a los diputados.
La sesión fue aplazada para el miércoles. En tanto, miles de partidarios chavistas se movilizaron hacia las cercanías del Legislativo para rechazar la resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA), que anunció además gestiones diplomáticas para recobrar el “orden democrático”, incluyendo una posible reunión de cancilleres. “Respaldamos a Maduro ante estos ataques que quieren un golpe de Estado. Rechazamos todos los actos de esos cancilleres lacayos del imperio”, dijo Angelo Oliva, manifestante oficialista.
Durante la marcha, Diosdado Cabello, importante líder chavista, aseveró que “la OEA firmó su certificado de defunción”. Maduro repudió el lunes la declaración del organismo, al que llamó “tribunal de inquisición”. Los alrededores de la plaza adonde fueron convocados los opositores amanecieron custodiados por decenas de militares con vehículos antimotines. “Si el pueblo de Venezuela sigue presionando, sin amedrentarnos, vamos a ver el cambio en todos los niveles del Estado al punto tal de que Maduro va a tener que irse”, dijo a periodistas el vicepresidente de la Asamblea, Freddy Guevara, durante la concentración.
Remoción improbable . Las sentencias del TSJ generaron fuerte rechazo internacional y abrieron una fisura en el oficialismo, luego de que la fiscal general, Luisa Ortega, una chavista confesa, las denunciara como una “ruptura del orden constitucional”.
Debido a ello, Maduro convocó a los podres públicos a una reunión -a la que no acudió el jefe del Legislativo-, en la cual se acordó la supresión de las más recientes medidas contra el Parlamento. Pero la oposición, que calificó los fallos como un “golpe de Estado”, anunció que seguirá en las calles hasta que se respete a la Asamblea, cuyas decisiones son consideradas nulas por el TSJ, que la declaró en desacato en enero de 2016.
También exige elecciones, aunque el presidente descarta un adelanto de las presidenciales, pautadas para diciembre de 2018. Los comicios regionales, que debían realizarse en 2016, fueron pospuestos y aún no tienen fecha, por lo cual la oposiciónexige un cronograma. Los jueces del TSJ “todavía desconocen a la Asamblea, no hay elecciones y hay presos políticos. Vamos a activar el proceso de remoción de magistrados”, dijo Guevara.
La corte alega que el parlamento está en desacato por no haber desvinculado formalmente a tres diputados opositores acusados de fraude electoral. Las posibilidades de remoción de magistrados son escasas, pues dependen del Poder Ciudadano, integrado por la fiscal, el defensor y el contralor, “aliados del gobierno”, explicó a la AFP el constitucionalista José Vicente Haro.
Agencia AP
Bogotá, Colombia.-El juicio contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez llegó el martes a su fin y en adelante la jueza deberá decidir si lo absuelve o lo declara culpable de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, un hecho sin precedentes al ser el primer exmandatario en afrontar un juicio en Colombia.
Uribe Vélez, quien gobernó entre 2002 y 2010, fue acusado por la fiscalía de idear y promover una estrategia para, con ayuda de terceros, manipular testigos en busca de cambiar sus versiones o para que declarasen que no tenía vínculos con el paramilitarismo, lo que para la fiscalía constituyó un intento de engañar a la justicia.
La jueza citó para el 28 de julio para dar sentido del fallo. De ser hallado culpable, Uribe Vélez se expone a una pena de hasta 12 años de prisión.
El expresidente, último en intervenir durante el juicio, pidió a la juez ser absuelto: “Señora juez, he procurado decirle lo que dicta mi corazón, yo le pido a usted que me absuelva». Aseguró que nunca ordenó buscar a personas presas para que cambiaran su versión, sino que solicitó verificar informes que le llegaban sobre «manipulaciones de políticos para afectar mi reputación”.
“Le he dado la cara a la justicia colombiana”, resaltó Uribe, quien aseguró que no está en sus planes salir del país ni pedir asilo político.
La jueza tiene bajo sus hombros la responsabilidad de decidir el futuro judicial de uno de los políticos más influyentes en Colombia. Uribe lidera el Centro Democrático, principal partido de oposición a Gustavo Petro, primer presidente de tendencia izquierdista en el país sudamericano.
¿Cómo inició el proceso?
El proceso judicial empezó en 2012 cuando Uribe Vélez denunció al senador de izquierda Iván Cepeda por buscar en las cárceles testimonios de paramilitares que declarasen en su contra y lo vincularan con el paramilitarismo, una facción armada que combatía a las guerrillas de izquierda.
En 2018, la Corte Suprema de Justicia cerró la causa contra Cepeda al no hallar méritos y abrió una contra Uribe Vélez para investigar si había sido él quien presuntamente intentó manipular testigos. Dos años después, el entonces senador Uribe Vélez fue detenido dos meses en una hacienda de su propiedad.
Sin embargo, salió libre al renunciar a su escaño en el Congreso, por lo que la corte perdió competencia y el caso pasó a la fiscalía. Sólo fue en 2024 cuando la fiscalía decidió acusar formalmente a Uribe y llevarlo a juicio.
Las claves del juicio
La jueza deberá ahora determinar si Uribe, a través de un abogado, buscó cambiar la versión que había dado en su contra Juan Guillermo Monsalve, preso por secuestro extorsivo, quien ha declarado que en una hacienda que perteneció a la familia de Uribe Vélez se creó en la década de 1990 un grupo paramilitar al que perteneció.
La defensa de Uribe asegura que él no buscó a Monsalve, sino que fueron a la cárcel a oír sus intenciones tras enterarse que quería retractarse de sus dichos. La fiscalía sostiene que el abogado Diego Cadena, actuando en nombre de Uribe, buscó su retractación con sobornos.
La fiscalía también dice que Cadena buscó, en nombre de Uribe, al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor” para que declarara a favor de Uribe supuestamente a cambio de dinero. La defensa aseguró que el exmandatario no se enteró de ayudas económicas entregadas al exparamilitar sino tiempo después y las rechazó de inmediato.
La jueza también deberá determinar si Uribe buscó o no al exparamilitar Juan Carlos Sierra, alias “El Tuso”, quien estando preso en Estados Unidos envió cartas a la Corte Suprema de Justicia asegurando que Cepeda le ofreció beneficios a cambio de declarar contra el expresidente.
Entre las pruebas del juicio, estuvieron las grabaciones de las llamadas interceptadas que sostuvo Uribe con el abogado Cadena. La fiscalía asegura que en ellas se prueba que Uribe le daba instrucciones al abogado para sobornar testigos.
La defensa aseguró que Uribe no dio instrucciones en ese sentido en las llamadas y pidió que no fueran tomadas como pruebas, alegando que fueron obtenidas por error cuando la justicia investigaba a otro congresista.
Agencia EFE
La Habana.- Doce personas heridas, una de ellas de gravedad, fue el saldo de un accidente de tránsito ocurrido este jueves por el choque entre un auto y un tractor en la localidad de Santa Martha, de la provincia cubana provincia de Matanzas (oeste), informaron medios estatales.
La persona herida de gravedad es una adolescente de 15 años que fue trasladada a un hospital provincial.
Un informe del Ministerio del Transporte, divulgado en mayo pasado, refirió que en el primer trimestre de 2025 las muertes por accidentes de tránsito en Cuba aumentaron un 18 % (un total de 173) en comparación con igual periodo del año anterior.
Además, indicó que entre enero y marzo hubo una disminución de lesionados por accidentes de tráfico en su comparación interanual, al pasar de 1,601 en el ejercicio pasado a 1,514 en el presente.
En 2024, en la isla se registraron 7,507 accidentes de tráfico, un 12 % menos que en 2023, según la Comisión Nacional de Seguridad Vial.
Las autoridades citaron la falta de atención al control del vehículo -en el 30 % de los casos- y no conceder el derecho de vía (29,9 %) como las principales causas de la accidentalidad en las vías cubanas.
El Gobierno cubano también ha reconocido que el mal estado de las calles y carreteras, por la falta general de mantenimiento, así como la antigüedad del parque automotor -con vehículos de entre 40 y 70 años de circulación- son otros factores que han provocado accidentes en las vías.
Puerto Príncipe.- La embajada de los Estados Unidos en Puerto Príncipe exhortó a los ciudadanos estadounidenses a no viajar a Haití y, si ya se encuentran allí, abandonar el país lo antes posible.
«No viajen a Haití. Si es usted ciudadano estadounidense en Haití: abandone Haití lo antes posible mediante medios de transporte comerciales o privados», escribió la embajada en su cuenta de Facebook.
La legación pide también a sus ciudadanos que eviten las multitudes y sigan los medios de comunicación para obtener información actualizada, y que eviten las zonas en las que se hayan registrado actos violentos, manifestaciones o disturbios.
VUELOS REANUDADOS
La embajada recordó que se han reanudado los vuelos comerciales regulares entre el aeropuerto internacional de Cap-Haitien (norte) y el aeropuerto Antoine Simon de Les Cayes (sur), así como entre el aeropuerto internacional de Cap-Haitien y la terminal nacional Guy Malary de Puerto Príncipe (oeste).
«Los ciudadanos estadounidenses en Haití deben abandonar el país por medios de transporte comerciales o privados cuando consideren que es posible hacerlo con total seguridad», se lee en la nota.
RIESGOS HELICOPTEROS
La embajada destacó que tiene conocimiento de ciudadanos estadounidenses que se desplazan a Cap-Haitien en helicóptero desde lugares que no son aeropuertos comerciales.
«Estos vuelos conllevan riesgos potenciales que los ciudadanos deben tener en cuenta antes de subir al avión», consideró la embajada.
Recordó que el personal del Gobierno estadounidense no está autorizado a viajar en vuelos comerciales con destino u origen en Puerto Príncipe debido a las restricciones de la Administración Federal de Aviación (FDA) y a los riesgos potenciales para el tráfico aéreo.
«El Gobierno estadounidense no respalda a las compañías privadas o comerciales», advirtió la embajada de Washington en Puerto Príncipe.
BANDAS SIEMBRAN EL TERROR
Desde hace años, en la zona metropolitana de Puerto Príncipe y en ciudades de otros departamentos como Artibonite y Centro los grupos armados siembran el terror con ataques, asesinatos, secuestros y violaciones.
Según los datos más recientes del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, al menos 2.680 personas murieron a causa de la violencia armada interna entre enero y mayo pasados en un país con en torno a 1,3 millones de desplazados, de ellos más de la mitad menores.
jt/am