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Partidos insisten en rechazar sentencia del TC sobre candidaturas independientes

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Santo Domingo, R.D.-Nueve de las 21 organizaciones políticas que asistieron este miércoles a una audiencia pública de la Junta Central Electoral (JCE) valoraron de manera negativa y criticaron la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, para desvincular de la política a las candidaturas independientes.

Los representantes políticos coincidieron en las posiciones de rechazo que expresaron ante el pleno de la JCE, asegurando que el TC excedió sus competencias al ordenar a los legisladores como debe versar esta figura en la Ley 20-23 del Régimen Electoral.

Además, indicando que establecer a las candidaturas independientes dentro de las legislaciones electorales podría representar una debilidad para el sistema democrático dominicano, debido a la complejidad que representa este nuevo cambio.

Tal es caso del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Partido País Posible, Partido Opción Democrática (OD), Partido Humanista Dominicano, Partido Demócrata Institucional, Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Partido Socialista Cristiano.

Las únicas organizaciones mayoritarias que dijeron estar de acuerdo con el dictamen establecido el pasado 13 de diciembre por el TC fueron el Partidos Revolucionario Moderno (PRM) y la Fuerza del Pueblo (FP).

El delegado político del PLD ante la JCE, Danilo Díaz, aseguró que el sistema de partidos político le garantiza a todos los ciudadanos el derecho a elegir y ser elegidos. Además, considera que esta sentencia afecta directamente al montaje de los sufragios desarrollados por el órgano electoral.

“Parecería que no estaría asegurado el derecho de ser elegible. El país tiene en la ley vigente ese espacio para las candidaturas independientes, en el que viabilizar el ejercicio este derecho. Aquí estamos intentando corregir un tollo que el TC ha creado, desbordando sus competencias”, indicó Díaz.

“Es la misma constitución la reconoce a los partidos políticos como el principal vehículo para garantizar la participación de la ciudadanía y (la edificación de políticas para el funcionamiento del Estado)”, expresó el representante perredeísta, José Pérez Volquez.

“Cualquier regulación tendría el riesgo de chocar con lo que el TC entiende constitucional. Sería muy peligroso y riesgoso que se haga una nueva ley, ya que el TC podría declararla inconstitucional”, precisó Tacito Perdomo, delegado político del PRSC ante la JCE.

Aunque estás entidades políticas destacaron su visión, alejada del veredicto de la Alta Corte, muchos también tienen un planteamiento similar: “Está es una gran oportunidad para revisar las normas electorales”.

Señalaron la necesidad de revisar la funcionalidad del método D’Hont, que “no seria” compatible con esta nueva opción electoral; implementación del escrutinio automatizado y redireccionar algunas acciones que deben garantizar los partidos durante los comicios electorales, como la necesidad de delegados políticos durante el sufragio. Además, discutir la creación de un Código Electoral.

Los partidos mayoritarios y minoritarios destacaron la necesidad de asegurar los siguientes requisitos para la presentación de candidaturas independientes:

– Se deberá establecer un plazo para inscribir las candidaturas.

– Sobre la personalidad jurídicas de los movimientos sociales, deberán contar con la certificación de la JCE, quien deberán presentar sus pretensiones con las candidaturas

– Limitar el trasnfugismo, los precandidatos y candidatos de los partidos políticos no podrán postularse como candidatos independientes luego de participar en el mismo torneo electoral en un partido político

– Derechos y deberes; asociación cívica y candidaturas independientes tendrán los mismos derechos, deberes, plazos y regímenes sancionatorios que las agrupaciones políticas.

– Boleta electoral, garantizar la racionalidad en el diseño de la boleta para registrar todas las candidaturas, con el objetivo de que la JCE pueda accionar en caso de un desbordamiento de inscripciones de postulados. Además, deberán delimitar la cantidad de inscripciones dispuesta para este tipo de candidatura.

– Fiscalización, deberán ser fiscalizados mediante el mismo régimen electoral establecido para las organizaciones políticas.

En esta última fase, luego de desarrollar un proceso de diálogo y recepción de opiniones con el liderazgo políticos, la JCE deberá realizar un proyecto de ley que contendrá todas las propuestas que considere útiles, para depositarlo en una de las cámaras del Congreso Nacional.

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Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos

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Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.

De acuerdo al órgano acusador, el 13 de marzo de este año, el fiscal concretó un encuentro con Roberto Canaán, quien es testigo en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). La reunión sería en Plaza Lama de avenida Jiménez Moya con 27 de Febrero.

“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.

La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.

Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.

El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.

El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.

Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.

Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.

Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.

Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.

Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.

“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.

El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.

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Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa

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Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.

Canaan se desempeñó como Gerente de Atención al Usuario en Senasa.

En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.

«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna

y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.

incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.

Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.

El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.

De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.

Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.

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Aplazan otra vez audiencia de Wander Franco y Vanessa Chevalier

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Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.

La fecha dispuesta por el tribunal es del 13 al 15 de mayo, para presentar los medios probatorios por el Ministerio Público e inicio de la defensa técnica.

Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual lavado de activos.

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