Nacionales
Partidos insisten en rechazar sentencia del TC sobre candidaturas independientes
Santo Domingo, R.D.-Nueve de las 21 organizaciones políticas que asistieron este miércoles a una audiencia pública de la Junta Central Electoral (JCE) valoraron de manera negativa y criticaron la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, para desvincular de la política a las candidaturas independientes.
Los representantes políticos coincidieron en las posiciones de rechazo que expresaron ante el pleno de la JCE, asegurando que el TC excedió sus competencias al ordenar a los legisladores como debe versar esta figura en la Ley 20-23 del Régimen Electoral.
Además, indicando que establecer a las candidaturas independientes dentro de las legislaciones electorales podría representar una debilidad para el sistema democrático dominicano, debido a la complejidad que representa este nuevo cambio.
Tal es caso del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Partido País Posible, Partido Opción Democrática (OD), Partido Humanista Dominicano, Partido Demócrata Institucional, Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Partido Socialista Cristiano.
Las únicas organizaciones mayoritarias que dijeron estar de acuerdo con el dictamen establecido el pasado 13 de diciembre por el TC fueron el Partidos Revolucionario Moderno (PRM) y la Fuerza del Pueblo (FP).
El delegado político del PLD ante la JCE, Danilo Díaz, aseguró que el sistema de partidos político le garantiza a todos los ciudadanos el derecho a elegir y ser elegidos. Además, considera que esta sentencia afecta directamente al montaje de los sufragios desarrollados por el órgano electoral.
“Parecería que no estaría asegurado el derecho de ser elegible. El país tiene en la ley vigente ese espacio para las candidaturas independientes, en el que viabilizar el ejercicio este derecho. Aquí estamos intentando corregir un tollo que el TC ha creado, desbordando sus competencias”, indicó Díaz.
“Es la misma constitución la reconoce a los partidos políticos como el principal vehículo para garantizar la participación de la ciudadanía y (la edificación de políticas para el funcionamiento del Estado)”, expresó el representante perredeísta, José Pérez Volquez.
“Cualquier regulación tendría el riesgo de chocar con lo que el TC entiende constitucional. Sería muy peligroso y riesgoso que se haga una nueva ley, ya que el TC podría declararla inconstitucional”, precisó Tacito Perdomo, delegado político del PRSC ante la JCE.
Aunque estás entidades políticas destacaron su visión, alejada del veredicto de la Alta Corte, muchos también tienen un planteamiento similar: “Está es una gran oportunidad para revisar las normas electorales”.
Señalaron la necesidad de revisar la funcionalidad del método D’Hont, que “no seria” compatible con esta nueva opción electoral; implementación del escrutinio automatizado y redireccionar algunas acciones que deben garantizar los partidos durante los comicios electorales, como la necesidad de delegados políticos durante el sufragio. Además, discutir la creación de un Código Electoral.
Los partidos mayoritarios y minoritarios destacaron la necesidad de asegurar los siguientes requisitos para la presentación de candidaturas independientes:
– Se deberá establecer un plazo para inscribir las candidaturas.
– Sobre la personalidad jurídicas de los movimientos sociales, deberán contar con la certificación de la JCE, quien deberán presentar sus pretensiones con las candidaturas
– Limitar el trasnfugismo, los precandidatos y candidatos de los partidos políticos no podrán postularse como candidatos independientes luego de participar en el mismo torneo electoral en un partido político
– Derechos y deberes; asociación cívica y candidaturas independientes tendrán los mismos derechos, deberes, plazos y regímenes sancionatorios que las agrupaciones políticas.
– Boleta electoral, garantizar la racionalidad en el diseño de la boleta para registrar todas las candidaturas, con el objetivo de que la JCE pueda accionar en caso de un desbordamiento de inscripciones de postulados. Además, deberán delimitar la cantidad de inscripciones dispuesta para este tipo de candidatura.
– Fiscalización, deberán ser fiscalizados mediante el mismo régimen electoral establecido para las organizaciones políticas.
En esta última fase, luego de desarrollar un proceso de diálogo y recepción de opiniones con el liderazgo políticos, la JCE deberá realizar un proyecto de ley que contendrá todas las propuestas que considere útiles, para depositarlo en una de las cámaras del Congreso Nacional.
Nacionales
Jueza escuchó varios testigos del Ministerio Público contra Elizabeth Silverio y aplaza juicio
SANTO DOMINGO.- La jueza de la Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Aplazan para marzo nuevo juicio contra Elizabeth Silverio por ejercicio ilegal de la medicina
Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
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Aplazan para abril inicio de la audiencia preliminar del exjefe de la DEA en República Dominicana
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia concedió un aplazamiento de la audiencia inicial en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado abusando del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Motivos para la prórroga
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
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Tribunal ratifica medida de coerción contra ejecutivas del colegio Da Vinci por muerte de Stephora
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación ratificó la medida de coerción impuesta contra varias ejecutivas del colegio Leonardo Da Vinci, en el proceso judicial por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien falleció ahogada durante una excursión escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.