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Partidos insisten en rechazar sentencia del TC sobre candidaturas independientes
Santo Domingo, R.D.-Nueve de las 21 organizaciones políticas que asistieron este miércoles a una audiencia pública de la Junta Central Electoral (JCE) valoraron de manera negativa y criticaron la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, para desvincular de la política a las candidaturas independientes.
Los representantes políticos coincidieron en las posiciones de rechazo que expresaron ante el pleno de la JCE, asegurando que el TC excedió sus competencias al ordenar a los legisladores como debe versar esta figura en la Ley 20-23 del Régimen Electoral.
Además, indicando que establecer a las candidaturas independientes dentro de las legislaciones electorales podría representar una debilidad para el sistema democrático dominicano, debido a la complejidad que representa este nuevo cambio.
Tal es caso del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Partido País Posible, Partido Opción Democrática (OD), Partido Humanista Dominicano, Partido Demócrata Institucional, Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Partido Socialista Cristiano.
Las únicas organizaciones mayoritarias que dijeron estar de acuerdo con el dictamen establecido el pasado 13 de diciembre por el TC fueron el Partidos Revolucionario Moderno (PRM) y la Fuerza del Pueblo (FP).
El delegado político del PLD ante la JCE, Danilo Díaz, aseguró que el sistema de partidos político le garantiza a todos los ciudadanos el derecho a elegir y ser elegidos. Además, considera que esta sentencia afecta directamente al montaje de los sufragios desarrollados por el órgano electoral.
“Parecería que no estaría asegurado el derecho de ser elegible. El país tiene en la ley vigente ese espacio para las candidaturas independientes, en el que viabilizar el ejercicio este derecho. Aquí estamos intentando corregir un tollo que el TC ha creado, desbordando sus competencias”, indicó Díaz.
“Es la misma constitución la reconoce a los partidos políticos como el principal vehículo para garantizar la participación de la ciudadanía y (la edificación de políticas para el funcionamiento del Estado)”, expresó el representante perredeísta, José Pérez Volquez.
“Cualquier regulación tendría el riesgo de chocar con lo que el TC entiende constitucional. Sería muy peligroso y riesgoso que se haga una nueva ley, ya que el TC podría declararla inconstitucional”, precisó Tacito Perdomo, delegado político del PRSC ante la JCE.
Aunque estás entidades políticas destacaron su visión, alejada del veredicto de la Alta Corte, muchos también tienen un planteamiento similar: “Está es una gran oportunidad para revisar las normas electorales”.
Señalaron la necesidad de revisar la funcionalidad del método D’Hont, que “no seria” compatible con esta nueva opción electoral; implementación del escrutinio automatizado y redireccionar algunas acciones que deben garantizar los partidos durante los comicios electorales, como la necesidad de delegados políticos durante el sufragio. Además, discutir la creación de un Código Electoral.
Los partidos mayoritarios y minoritarios destacaron la necesidad de asegurar los siguientes requisitos para la presentación de candidaturas independientes:
– Se deberá establecer un plazo para inscribir las candidaturas.
– Sobre la personalidad jurídicas de los movimientos sociales, deberán contar con la certificación de la JCE, quien deberán presentar sus pretensiones con las candidaturas
– Limitar el trasnfugismo, los precandidatos y candidatos de los partidos políticos no podrán postularse como candidatos independientes luego de participar en el mismo torneo electoral en un partido político
– Derechos y deberes; asociación cívica y candidaturas independientes tendrán los mismos derechos, deberes, plazos y regímenes sancionatorios que las agrupaciones políticas.
– Boleta electoral, garantizar la racionalidad en el diseño de la boleta para registrar todas las candidaturas, con el objetivo de que la JCE pueda accionar en caso de un desbordamiento de inscripciones de postulados. Además, deberán delimitar la cantidad de inscripciones dispuesta para este tipo de candidatura.
– Fiscalización, deberán ser fiscalizados mediante el mismo régimen electoral establecido para las organizaciones políticas.
En esta última fase, luego de desarrollar un proceso de diálogo y recepción de opiniones con el liderazgo políticos, la JCE deberá realizar un proyecto de ley que contendrá todas las propuestas que considere útiles, para depositarlo en una de las cámaras del Congreso Nacional.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.