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Partidos insisten en rechazar sentencia del TC sobre candidaturas independientes
Santo Domingo, R.D.-Nueve de las 21 organizaciones políticas que asistieron este miércoles a una audiencia pública de la Junta Central Electoral (JCE) valoraron de manera negativa y criticaron la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, para desvincular de la política a las candidaturas independientes.
Los representantes políticos coincidieron en las posiciones de rechazo que expresaron ante el pleno de la JCE, asegurando que el TC excedió sus competencias al ordenar a los legisladores como debe versar esta figura en la Ley 20-23 del Régimen Electoral.
Además, indicando que establecer a las candidaturas independientes dentro de las legislaciones electorales podría representar una debilidad para el sistema democrático dominicano, debido a la complejidad que representa este nuevo cambio.
Tal es caso del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Partido País Posible, Partido Opción Democrática (OD), Partido Humanista Dominicano, Partido Demócrata Institucional, Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Partido Socialista Cristiano.
Las únicas organizaciones mayoritarias que dijeron estar de acuerdo con el dictamen establecido el pasado 13 de diciembre por el TC fueron el Partidos Revolucionario Moderno (PRM) y la Fuerza del Pueblo (FP).
El delegado político del PLD ante la JCE, Danilo Díaz, aseguró que el sistema de partidos político le garantiza a todos los ciudadanos el derecho a elegir y ser elegidos. Además, considera que esta sentencia afecta directamente al montaje de los sufragios desarrollados por el órgano electoral.
“Parecería que no estaría asegurado el derecho de ser elegible. El país tiene en la ley vigente ese espacio para las candidaturas independientes, en el que viabilizar el ejercicio este derecho. Aquí estamos intentando corregir un tollo que el TC ha creado, desbordando sus competencias”, indicó Díaz.
“Es la misma constitución la reconoce a los partidos políticos como el principal vehículo para garantizar la participación de la ciudadanía y (la edificación de políticas para el funcionamiento del Estado)”, expresó el representante perredeísta, José Pérez Volquez.
“Cualquier regulación tendría el riesgo de chocar con lo que el TC entiende constitucional. Sería muy peligroso y riesgoso que se haga una nueva ley, ya que el TC podría declararla inconstitucional”, precisó Tacito Perdomo, delegado político del PRSC ante la JCE.
Aunque estás entidades políticas destacaron su visión, alejada del veredicto de la Alta Corte, muchos también tienen un planteamiento similar: “Está es una gran oportunidad para revisar las normas electorales”.
Señalaron la necesidad de revisar la funcionalidad del método D’Hont, que “no seria” compatible con esta nueva opción electoral; implementación del escrutinio automatizado y redireccionar algunas acciones que deben garantizar los partidos durante los comicios electorales, como la necesidad de delegados políticos durante el sufragio. Además, discutir la creación de un Código Electoral.
Los partidos mayoritarios y minoritarios destacaron la necesidad de asegurar los siguientes requisitos para la presentación de candidaturas independientes:
– Se deberá establecer un plazo para inscribir las candidaturas.
– Sobre la personalidad jurídicas de los movimientos sociales, deberán contar con la certificación de la JCE, quien deberán presentar sus pretensiones con las candidaturas
– Limitar el trasnfugismo, los precandidatos y candidatos de los partidos políticos no podrán postularse como candidatos independientes luego de participar en el mismo torneo electoral en un partido político
– Derechos y deberes; asociación cívica y candidaturas independientes tendrán los mismos derechos, deberes, plazos y regímenes sancionatorios que las agrupaciones políticas.
– Boleta electoral, garantizar la racionalidad en el diseño de la boleta para registrar todas las candidaturas, con el objetivo de que la JCE pueda accionar en caso de un desbordamiento de inscripciones de postulados. Además, deberán delimitar la cantidad de inscripciones dispuesta para este tipo de candidatura.
– Fiscalización, deberán ser fiscalizados mediante el mismo régimen electoral establecido para las organizaciones políticas.
En esta última fase, luego de desarrollar un proceso de diálogo y recepción de opiniones con el liderazgo políticos, la JCE deberá realizar un proyecto de ley que contendrá todas las propuestas que considere útiles, para depositarlo en una de las cámaras del Congreso Nacional.
SANTO DOMINGO.- Fueron aumentada 20 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla y se mantienen siete en verde, ya que continuarán las lluvias como consecuencia de una vaguada y del colentamiento diurno, segun el Centro de Operaciones de Emergencias (COE)
Las provincias en alerta amarilla son: Santo Domingo, San José de Ocoa, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Monte Cristi, Hermanas Mirabal, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia, San Cristóbal, Monte Plata, La Romana, Duarte(el Bajo Yuna), El Seibo, Hato Mayor, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat y San Juan.
Mientras que en alerta verde están María Trinidad Sánchez, Valverde, Independencia, Samaná, Dajabón, Elías Piña y Azúa.
Más de 500 mil usuarios recuperan servicio agua potable tras lluvias, informa el COE
En ese sentido, el organismo recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
Mientras que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, en la costa atlántica, navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento anormal y oleaje peligroso.
Nacionales
PC le solicitó a Jean Alain perjudicar a personas durante su gestión, según lo denunció el ex-procurador.
Santo Domingo, R.D.-El exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, atacó nueva vez el octavo informe de Participación Ciudadana relacionado al retraso del caso de corrupción que lo vincula, señalando a esa organización de haberle propuesto, durante su gestión, hacerles daño a personas.
Al acusar al movimiento no partidista de buscar congraciarse con el Ministerio Público y los poderes políticos para beneficio propio, dijo que durante su gestión como procurador general los miembros de esa entidad hicieron lo mismo.
«Yo tuve que lidiar con Participación Ciudadana, y Pancho Álvarez iba a mi despacho, iban a mi despacho como lo hacen ahora, iban de forma clara y precisa, a preguntar ¿cómo te ayudó, qué quieres que diga?, sin importar si era cierto o no. Por suerte, durante ese periodo nunca le pedí nada incorrecto», afirmó.
- El exprocurador general, imputado de encabezar una red que estafó al Estado con más de 6 mil millones de pesos, sostuvo que incluso se le «pedía que le hiciera daños a personas» o que se les citara, sin importar si estas eran inocentes.
Pancho Álvarez: Haría bien en presentar pruebasEl actual coordinador general de Participación Ciudadana (PC), Francisco (Pancho) Álvarez Valdez, respondió a la acusación que le hace a ese movimiento no partidista y a él mismo el exprocurador general, recomendándole a este que presente las pruebas de sus imputaciones y así le «haría bien» al paísSostuvo que, como abogado, en una de dos ocasiones acudió donde Rodríguez para tratarle un caso que manejaba como profesional del derecho, pero que «por suerte» lo acompañó un «prestigioso colega».
«En otra ocasión lo visité para tratarle el caso de Odebrecht y solicitarle que enviara fiscales a Brasil para interrogar a los ejecutivos de esa empresa relacionados con República Dominicana».
Cuando fue por el caso Odebrecht, investigaciones que se realizó en las gestión de Jean Alain, dijo que también en esa oportunidad no lo visitó solo. «Estaban conmigo algunos compañeros de PC. No nos complació».
Jean Alain insistió este jueves que la acusación de corrupción en su contra se hizo preparada «con odio» y «con rencor», así como por interés político.
Defendió los incidentes que su equipo de abogados planifican presentar en el juicio de fondo porque, según asevera, lo que busca es defender su inocencia amparado en las garantías que le ofrece la Constitución y las leyes.
Los juristas reiteraron que el proceso de persecución contra su cliente se inició en agosto del 2020, inmediatamente después de tomar posesión en su primer gobierno el presidente Luis Abinader y se le sustituyó como exprocurador general a Jean Alain por Miriam Germán Brito. Por esa razón sostienen que el caso va a cumplir los seis años.
Santo Domingo, R.D.-Fue dejado en estado de fallo el juicio seguido contra altos oficiales militares, policiales y civiles por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, cuyos implicados en el presunto entramado de corrupción administrativa fueron procesados tras haber sido desarticulada la red mediante las operaciones Coral y Coral 5G.
La magistrada Gisselle Méndez destacó que el tribunal recibió todos los argumentos, conclusiones y réplicas de las partes, asegurando que se ha cumplido con el debido proceso para garantizar una decisión apegada a la ley.
El Ministerio Público, representado por Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a un equipo de fiscales, solicitó al tribunal condenas que oscilan entre los cinco y 20 años de prisión. Además, el órgano persecutor requiere el decomiso de bienes millonarios, alegando que fueron adquiridos con fondos sustraídos del erario.
A esta petición se sumaron los abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), quienes representan al Estado dominicano como parte civil, solicitando la reparación económica por los daños causados.
Los abogados defensores de los encartados solicitaron al tribunal una sentencia de absolución total.
Los abogados argumentaron que el Ministerio Público no logró sustentar las acusaciones ni destruir la presunción de inocencia de sus representados, calificando las pruebas presentadas como insuficientes para una condena.
El caso Coral involucra una supuesta red criminal que habría sustraído más de RD$4,500 millones del Estado dominicano. Entre los principales acusados figuran los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo De los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista.
También figuran en el expediente Kelman Santana Martínez, Pedro Roberto Castillo Nolasco, Yehudy Guzmán Alcántara, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Esmeralda Ortega Polanco, entre otros.