Más Noticias
Sanciones más severas en el Nuevo Código Penal contra la intermediación financiera ilegal en la República Dominicana
Santo Domingo, R.D.-Si una cosa parece tener un cierto sentido es la aprobación y promulgación reciente del nuevo Código Penal de la República Dominicana contra la intermediación financiera ilegal, ya que a partir de su promulgación y entrada en vigencia quienes se dediquen a la captación de recursos y a la colocación de préstamos a terceros sin la debida autorización de la Junta Monetaria podrán enfrentar penas de cinco (5) a diez (10) años de prisión, lo que convierte esta conducta en un delito penal, y no únicamente en una infracción administrativa.
Hasta este cambio legislativo, la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, vigente desde el 21 de noviembre del 2001, tipificaba en su artículo 68 como infracción muy grave la realización de actividades de intermediación financiera sin autorización de la Junta Monetaria, estableciendo como sanción máxima una multa de diez millones de pesos. Si bien esta disposición era importante, en la práctica dejó espacio para que proliferaran numerosas empresas y financieras ilegales que, sin supervisión ni controles regulatorios, se dedican a captar y prestar recursos del público, generando graves riesgos para los ahorrantes y distorsiones en el mercado financiero.
La conversión de esta falta en un delito penal representa un cambio sustancial en la respuesta del Estado ante este fenómeno. Ahora, además de la posibilidad de multas, los responsables se enfrentarán a privación de libertad, lo que envía un mensaje claro y contundente: la intermediación financiera no autorizada será perseguida con todo el peso de la ley.
Este fortalecimiento legal encuentra un aliado clave en la Unidad de Investigación de Delitos Financieros, inaugurada por la Superintendencia de Bancos en septiembre de 2018. Ubicada estratégicamente en Unicentro Plaza, junto a la Oficina de Servicios y Protección al Usuario (Prousuario), esta unidad fue concebida para investigar, perseguir y procesar a los actores que violen la Ley Monetaria y Financiera.
La Unidad de Investigación de Delitos Financieros es una iniciativa, y fue impulsada originalmente por la actual Procuradora General de la República, Lic. Yeni Berenice Reynoso, quien desde el 2016 ha sido una abanderada en la lucha contra este delito, adquiere ahora más fuerza con las herramientas que brinda el nuevo Código Penal.
Sería oportuno que la Superintendencia de Bancos retome y refuerce el apoyo financiero y logístico a esta unidad especializada, ya que su trabajo beneficia directamente a todo el sistema financiero regulado. Los recursos que hoy se encuentran en manos de empresas ilegales podrían canalizarse hacia instituciones supervisadas, fortaleciendo la estabilidad y la confianza en el sistema bancario nacional. Esto no solo protege a los ahorrantes, sino que también impulsa la formalización de la economía y la transparencia en las operaciones financieras.
- Pérdida total de los fondos invertidos, ya que estas empresas no están respaldadas por el Fondo de Garantía de Depósitos ni cuentan con reservas de liquidez obligatorias.
- Falta de transparencia en las condiciones de captación y colocación, con tasas y comisiones que pueden ser abusivas o engañosas.
- Ausencia de mecanismos de reclamación efectivos, lo que deja a los clientes en total indefensión en caso de incumplimiento.
- Posible vinculación a operaciones ilícitas, incluyendo lavado de activos, lo que puede acarrear consecuencias legales para el propio usuario.
Con este cambio normativo, el Estado envía un mensaje inequívoco: la intermediación financiera solo puede ejercerse bajo la supervisión y autorización de la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos. Confiar el dinero a empresas no reguladas es un riesgo alto que puede terminar en pérdidas irreparables y consecuencias legales inesperadas.
La coordinación entre las autoridades judiciales, la Procuraduría General de la República y la Superintendencia de Bancos es esencial para que esta nueva disposición legal tenga un efecto real. El endurecimiento de las sanciones debe ir acompañado de campañas de concienciación y de una vigilancia activa que cierre el paso a las empresas ilegales.
***
Tu Consultorio Financiero es una columna desarrollada por Jesús Geraldo Martínez sobre finanzas personales, para orientar a las personas con conocimientos básicos en finanzas y economía a mejorar su entendimiento. Para consultar con el autor puede escribir al correo abogadojesus@icloud.com, o en Instagram @Jesusgeraldomartinez
Durante una operacion de las autoridades dominicanas fueron incautados este miércoles 114 paquetes de presunta cocaína en las costas del municipio de Baní, provincia Peravia.
Según una nota de prensa de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el operativo se inició tras una alerta sobre una embarcación que se dirigía hacia territorio dominicano con un posible cargamento de sustancias ilícitas. Ante esto, se activaron los equipos aéreos, marítimos y terrestres para interceptar la lancha.
Tras varias horas de seguimiento, los ocupantes de la embarcación, al detectar la presencia de las autoridades, aceleraron la marcha y lanzaron varias pacas de presuntos narcoticos al mar Caribe antes de huir rumbo al sur, logrando evadir la persecución.
Posteriormente, se realizó un operativo de búsqueda en aguas del Caribe, a varias millas náuticas al sur de Baní, donde lograron recuperar cuatro pacas que contenían los 114 paquetes, de presunta cocaína, envueltos en cinta adhesiva y marcados con distintos logotipos.
Buscan a los tripulantes
La DNCD informó que helicópteros, lanchas y unidades de reacción terrestre permanecen desplegadas en la zona mientras continúan las labores para localizar otros posibles ilícitos y dar con los tripulantes de la lancha.
- En la operación participaron agentes de la DNCD, miembros de la Armada de la República Dominicana (ARD) y la Fuerza Aérea (FARD), bajo la coordinación del Ministerio Público.
Los paquetes ocupados fueron enviados, bajo cadena de custodia, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que determinará el tipo y peso exacto del alijo.
Santo Domingo, R.D.-Ricardo de los Santos, presidente del Senado de la República, reiteró este miércoles su firme posición respecto a los límites impuestos a la reelección presidencial consecutiva, afirmando que no respaldará ninguna iniciativa que pretenda modificar lo establecido en la reforma constitucional de 2024.
«Yo no me voy a desdecir. Yo presidí una reforma constitucional como presidente de la Asamblea, y ahí se determinó claramente que el objetivo principal era poner los verdaderos candados para que ningún presidente pueda participar más de lo permitido y nunca jamás», expresó.
De los Santos negó que exista alguna orientación partidaria que favorezca cambiar la Constitución, como sugieren algunos sectores.
«No hay ninguna línea partidaria de eso, lo que se está diciendo, eso se lo están inventando», afirmó.
Reafirmación del compromiso con la reforma constitucional de 2024
Recordó que la línea oficial del liderazgo político fue precisamente cumplir con la palabra empeñada y colocar «los verdaderos candados» que impiden que cualquier presidente pueda intentar perpetuarse en el poder.
- La reforma constitucional de 2024 limitó la reelección presidencial consecutiva y, según De los Santos, su contenido no está sujeto a revisión.
Santiago de los Caballeros, 3 de diciembre de 2025.– Esta tarde la Policía Nacional informó que se presentaron ante el despacho del director regional, general Juan Bautista Jiménez Reinoso, los señores Juan Compré (Guanchi), Osvaldo Brito y Bernardo Fernández, dirigentes de la Coalición de Organizaciones Sociales y Populares del Cibao, junto al periodista Orlando Reyes, para entregarse a los jóvenes Ramón Emilio Gonzales Cabrera, Adelin José Núñez Guzmán y Juan Martín Hernández Rosario.
Los citados jóvenes eran requeridos por la institución para ser investigados por el Ministerio Público en relación con su presunta vinculación al atentado contra la vivienda del alcalde del municipio de Navarrete, Genrry Peralta, la cual fue tiroteada.
La entrega de los jóvenes se realizó como resultado de varios allanamientos ejecutados bajo las órdenes judiciales núms. AJ0079232 y AJ0079234-2025, llevados a cabo por la Policía Nacional junto al Ministerio Público en busca de los responsables del hecho.