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Sanciones más severas en el Nuevo Código Penal contra la intermediación financiera ilegal en la República Dominicana
Santo Domingo, R.D.-Si una cosa parece tener un cierto sentido es la aprobación y promulgación reciente del nuevo Código Penal de la República Dominicana contra la intermediación financiera ilegal, ya que a partir de su promulgación y entrada en vigencia quienes se dediquen a la captación de recursos y a la colocación de préstamos a terceros sin la debida autorización de la Junta Monetaria podrán enfrentar penas de cinco (5) a diez (10) años de prisión, lo que convierte esta conducta en un delito penal, y no únicamente en una infracción administrativa.
Hasta este cambio legislativo, la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, vigente desde el 21 de noviembre del 2001, tipificaba en su artículo 68 como infracción muy grave la realización de actividades de intermediación financiera sin autorización de la Junta Monetaria, estableciendo como sanción máxima una multa de diez millones de pesos. Si bien esta disposición era importante, en la práctica dejó espacio para que proliferaran numerosas empresas y financieras ilegales que, sin supervisión ni controles regulatorios, se dedican a captar y prestar recursos del público, generando graves riesgos para los ahorrantes y distorsiones en el mercado financiero.
La conversión de esta falta en un delito penal representa un cambio sustancial en la respuesta del Estado ante este fenómeno. Ahora, además de la posibilidad de multas, los responsables se enfrentarán a privación de libertad, lo que envía un mensaje claro y contundente: la intermediación financiera no autorizada será perseguida con todo el peso de la ley.
Este fortalecimiento legal encuentra un aliado clave en la Unidad de Investigación de Delitos Financieros, inaugurada por la Superintendencia de Bancos en septiembre de 2018. Ubicada estratégicamente en Unicentro Plaza, junto a la Oficina de Servicios y Protección al Usuario (Prousuario), esta unidad fue concebida para investigar, perseguir y procesar a los actores que violen la Ley Monetaria y Financiera.
La Unidad de Investigación de Delitos Financieros es una iniciativa, y fue impulsada originalmente por la actual Procuradora General de la República, Lic. Yeni Berenice Reynoso, quien desde el 2016 ha sido una abanderada en la lucha contra este delito, adquiere ahora más fuerza con las herramientas que brinda el nuevo Código Penal.
Sería oportuno que la Superintendencia de Bancos retome y refuerce el apoyo financiero y logístico a esta unidad especializada, ya que su trabajo beneficia directamente a todo el sistema financiero regulado. Los recursos que hoy se encuentran en manos de empresas ilegales podrían canalizarse hacia instituciones supervisadas, fortaleciendo la estabilidad y la confianza en el sistema bancario nacional. Esto no solo protege a los ahorrantes, sino que también impulsa la formalización de la economía y la transparencia en las operaciones financieras.
- Pérdida total de los fondos invertidos, ya que estas empresas no están respaldadas por el Fondo de Garantía de Depósitos ni cuentan con reservas de liquidez obligatorias.
- Falta de transparencia en las condiciones de captación y colocación, con tasas y comisiones que pueden ser abusivas o engañosas.
- Ausencia de mecanismos de reclamación efectivos, lo que deja a los clientes en total indefensión en caso de incumplimiento.
- Posible vinculación a operaciones ilícitas, incluyendo lavado de activos, lo que puede acarrear consecuencias legales para el propio usuario.
Con este cambio normativo, el Estado envía un mensaje inequívoco: la intermediación financiera solo puede ejercerse bajo la supervisión y autorización de la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos. Confiar el dinero a empresas no reguladas es un riesgo alto que puede terminar en pérdidas irreparables y consecuencias legales inesperadas.
La coordinación entre las autoridades judiciales, la Procuraduría General de la República y la Superintendencia de Bancos es esencial para que esta nueva disposición legal tenga un efecto real. El endurecimiento de las sanciones debe ir acompañado de campañas de concienciación y de una vigilancia activa que cierre el paso a las empresas ilegales.
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Tu Consultorio Financiero es una columna desarrollada por Jesús Geraldo Martínez sobre finanzas personales, para orientar a las personas con conocimientos básicos en finanzas y economía a mejorar su entendimiento. Para consultar con el autor puede escribir al correo abogadojesus@icloud.com, o en Instagram @Jesusgeraldomartinez
Santo Domingo, R.D.-Este lunes continuó el proceso penal por presunta corrupción contra el exprocurador general Jean Alain Rodríguez, el cual ha estado caracterizado por extensa cadena de incidentes presentados por la defensa de uno de los acusados, cuyas intervenciones —acompañadas de «lecturas de varias páginas» de teóricos del derecho — provocaron un llamado de atención por parte del tribunal.
Durante la audiencia, la presidenta del Segundo Tribunal Colegiado advirtió que, de mantenerse ese ritmo, el caso «va a ser interminable» y exhortó a los abogados del imputado Alfredo Alexander Solano a ceñirse exclusivamente a la jurisprudencia y a las disposiciones legales vinculadas con la tipificación de los delitos contenidos en la acusación.
Los defensores de Solano, Ybo René Sánchez y Manuel Sierra, formularon, entre las 10:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, cuatro solicitudes a las tres juezas del Segundo Tribunal Colegiado, como parte de un total de 24 incidentes que anunciaron presentarán antes de que se conozca el fondo del proceso, que lleva en la justicia casi cinco años.
Entre los pedimentos planteados por los togados Sánchez y Sierra figuran que el tribunal declare la inconstitucionalidad de tres artículos del Código Procesal Penal, también que se declare incompetente para conocer el expediente y la nulidad de la acusación. Asimismo, solicitaron que las magistradas ordenen al Ministerio Público archivar las imputaciones contra Solano y los demás acusados.
El conocimiento del caso permanece enfocado en la discusión de estos incidentes preliminares, mientras el Ministerio Público procura que se le dé inicio al análisis de la acusación principal y en la que se imputa a los que enfrentan el juicio de fondo defraudar al Estado con más de 6 mil millones de pesos.
Los llamó a resumir
La jueza Claribel Nivar Arias insistió a los dos únicos abogados que expusieron sus solicitudes este lunes a que resuman porque «si seguimos en este ejercicio, como va, va a ser interminable».
Les dijo que si citarán una doctrina o una jurisprudencia solo mencionen «el contexto de la jurisprudencia, o la doctrina aplicable a la casuística» que abordan.
«Es a ese punto que le estamos llamando la atención, sin coartarle el derecho que usted tiene de utilizar esa herramienta«, advirtió Nivar Arias.
«Lo que estamos es reclamando justicia»
Al salir de la audiencia, el abogado Ybo René Sánchez respondió a los periodistas que con los 24 incidentes que reclamarán al Segundo Tribunal Colegiado es que «se haga justicia».
- «Es que no es que el incidente retarde el proceso, lo que tenemos que ver es que nosotros estamos reclamando justicia, y cuando usted reclama justicia hoy por Alfredo (Solano), mañana por cualquiera de nosotros, no se puede hablar de que se está torpedeando la justicia», sostuvo el togado.
Camacho, «son cuestiones improcedentes»
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó de «improcedentes» las peticiones de las defensas en el caso de corrupción que se le sigue a Jean Alain Rodríguez y a otras 14 personas físicas.
Dijo que, con la estrategia, los abogados reiteran «su intención de consumir tiempo«, y que lo único que «van a lograr es alargar su agonía porque tarde o temprano tendrán que enfrentarse a las pruebas» sometidas contra ellos.
- «Estamos escuchando a la defensa repetir una y otra vez los mismos incidentes, lo mismo que plantearon en la etapa intermedia, lo están repitiendo en el tribunal, a pesar de que el código prohíbe repetir los incidentes«, subrayó Camacho.
Explicó que cada una de las solicitudes son contrarias al derecho, como son «pretender que el tribunal declare inconstitucional artículos que fueron derogados por la reforma al Código Procesal Penal, o que este tribunal resuelva un tema de competencia que ya resolvió el Tribunal Constitucional y que también resolvió el Código Procesal Penal».
Santo Domingo, R.D.-faride Rafael, ministra de Interior y Policía, informó este lunes que las patinetas eléctricas serán categorizadas ‘dentro de un marco regulatorio claro y diferenciado’.
- La información fue suministrada, a través de una nota de prensa, al concluir la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana que encabezó el presidente Luis Abinader.
‘Quedó claramente establecido que deben ser categorizadas, ya que existen diferentes tipos de patinetas y motocicletas eléctricas, con distintas modalidades y velocidades, lo que requiere una regulación diferenciada‘, indicó Raful de acuerdo a la nota.
En este sentido, la funcionaria explicó que el medio de transporte será evaluado para determinar cuáles requerirán placa, la edad mínima permitida para su uso, los requisitos de circulación y estándares de seguridad obligatorios para usuarios y equipos.
La ministra anunció que el próximo miércoles se realizará una reunión con la comisión técnica creada para evaluar la resolución del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para regular y fiscalizar su uso con el objetivo de reducir riesgos y salvar vidas.
Conforme a la nota, Faride Raful precisó que el pasado miércoles sostuvieron un encuentro con el Intrant, su director, Milton Morrison, técnicos de la institución y la Asociación de Movilidad Eléctrica para definir políticas públicas de prevención, y avanzar hacia la emisión de una resolución definitiva.
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Apresan dos hombres supuestamente vinculados en muerte de joven en el municipio de Guerra.
Santo Domingo;- Dos hombres fueron detenidos por la Policía Nacional u sepersigue a un tercero por su presunta participación en la muerte de la joven Reynalda Carrasco Antoine, de 22 años, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una cisterna en el sector El Capacito, municipio San Antonio de Guerra.
Asimismo, las autoridades persiguen activamente a un hombre identificado solo con el alias “Patrón” y/o “Capital”, señalado como presunto autor principal del crimen.
Posteriormente, los miembros policiales procedieron con el el proceso de entrevistas y recolección de evidencias con el fin de identificar a los presuntos responsables.
El caso se encuentra bajo investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.
Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan los operativos para capturar al prófugo.