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Sanciones más severas en el Nuevo Código Penal contra la intermediación financiera ilegal en la República Dominicana
Santo Domingo, R.D.-Si una cosa parece tener un cierto sentido es la aprobación y promulgación reciente del nuevo Código Penal de la República Dominicana contra la intermediación financiera ilegal, ya que a partir de su promulgación y entrada en vigencia quienes se dediquen a la captación de recursos y a la colocación de préstamos a terceros sin la debida autorización de la Junta Monetaria podrán enfrentar penas de cinco (5) a diez (10) años de prisión, lo que convierte esta conducta en un delito penal, y no únicamente en una infracción administrativa.
Hasta este cambio legislativo, la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, vigente desde el 21 de noviembre del 2001, tipificaba en su artículo 68 como infracción muy grave la realización de actividades de intermediación financiera sin autorización de la Junta Monetaria, estableciendo como sanción máxima una multa de diez millones de pesos. Si bien esta disposición era importante, en la práctica dejó espacio para que proliferaran numerosas empresas y financieras ilegales que, sin supervisión ni controles regulatorios, se dedican a captar y prestar recursos del público, generando graves riesgos para los ahorrantes y distorsiones en el mercado financiero.
La conversión de esta falta en un delito penal representa un cambio sustancial en la respuesta del Estado ante este fenómeno. Ahora, además de la posibilidad de multas, los responsables se enfrentarán a privación de libertad, lo que envía un mensaje claro y contundente: la intermediación financiera no autorizada será perseguida con todo el peso de la ley.
Este fortalecimiento legal encuentra un aliado clave en la Unidad de Investigación de Delitos Financieros, inaugurada por la Superintendencia de Bancos en septiembre de 2018. Ubicada estratégicamente en Unicentro Plaza, junto a la Oficina de Servicios y Protección al Usuario (Prousuario), esta unidad fue concebida para investigar, perseguir y procesar a los actores que violen la Ley Monetaria y Financiera.
La Unidad de Investigación de Delitos Financieros es una iniciativa, y fue impulsada originalmente por la actual Procuradora General de la República, Lic. Yeni Berenice Reynoso, quien desde el 2016 ha sido una abanderada en la lucha contra este delito, adquiere ahora más fuerza con las herramientas que brinda el nuevo Código Penal.
Sería oportuno que la Superintendencia de Bancos retome y refuerce el apoyo financiero y logístico a esta unidad especializada, ya que su trabajo beneficia directamente a todo el sistema financiero regulado. Los recursos que hoy se encuentran en manos de empresas ilegales podrían canalizarse hacia instituciones supervisadas, fortaleciendo la estabilidad y la confianza en el sistema bancario nacional. Esto no solo protege a los ahorrantes, sino que también impulsa la formalización de la economía y la transparencia en las operaciones financieras.
- Pérdida total de los fondos invertidos, ya que estas empresas no están respaldadas por el Fondo de Garantía de Depósitos ni cuentan con reservas de liquidez obligatorias.
- Falta de transparencia en las condiciones de captación y colocación, con tasas y comisiones que pueden ser abusivas o engañosas.
- Ausencia de mecanismos de reclamación efectivos, lo que deja a los clientes en total indefensión en caso de incumplimiento.
- Posible vinculación a operaciones ilícitas, incluyendo lavado de activos, lo que puede acarrear consecuencias legales para el propio usuario.
Con este cambio normativo, el Estado envía un mensaje inequívoco: la intermediación financiera solo puede ejercerse bajo la supervisión y autorización de la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos. Confiar el dinero a empresas no reguladas es un riesgo alto que puede terminar en pérdidas irreparables y consecuencias legales inesperadas.
La coordinación entre las autoridades judiciales, la Procuraduría General de la República y la Superintendencia de Bancos es esencial para que esta nueva disposición legal tenga un efecto real. El endurecimiento de las sanciones debe ir acompañado de campañas de concienciación y de una vigilancia activa que cierre el paso a las empresas ilegales.
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Tu Consultorio Financiero es una columna desarrollada por Jesús Geraldo Martínez sobre finanzas personales, para orientar a las personas con conocimientos básicos en finanzas y economía a mejorar su entendimiento. Para consultar con el autor puede escribir al correo abogadojesus@icloud.com, o en Instagram @Jesusgeraldomartinez
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.