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Sanciones más severas en el Nuevo Código Penal contra la intermediación financiera ilegal en la República Dominicana
Santo Domingo, R.D.-Si una cosa parece tener un cierto sentido es la aprobación y promulgación reciente del nuevo Código Penal de la República Dominicana contra la intermediación financiera ilegal, ya que a partir de su promulgación y entrada en vigencia quienes se dediquen a la captación de recursos y a la colocación de préstamos a terceros sin la debida autorización de la Junta Monetaria podrán enfrentar penas de cinco (5) a diez (10) años de prisión, lo que convierte esta conducta en un delito penal, y no únicamente en una infracción administrativa.
Hasta este cambio legislativo, la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, vigente desde el 21 de noviembre del 2001, tipificaba en su artículo 68 como infracción muy grave la realización de actividades de intermediación financiera sin autorización de la Junta Monetaria, estableciendo como sanción máxima una multa de diez millones de pesos. Si bien esta disposición era importante, en la práctica dejó espacio para que proliferaran numerosas empresas y financieras ilegales que, sin supervisión ni controles regulatorios, se dedican a captar y prestar recursos del público, generando graves riesgos para los ahorrantes y distorsiones en el mercado financiero.
La conversión de esta falta en un delito penal representa un cambio sustancial en la respuesta del Estado ante este fenómeno. Ahora, además de la posibilidad de multas, los responsables se enfrentarán a privación de libertad, lo que envía un mensaje claro y contundente: la intermediación financiera no autorizada será perseguida con todo el peso de la ley.
Este fortalecimiento legal encuentra un aliado clave en la Unidad de Investigación de Delitos Financieros, inaugurada por la Superintendencia de Bancos en septiembre de 2018. Ubicada estratégicamente en Unicentro Plaza, junto a la Oficina de Servicios y Protección al Usuario (Prousuario), esta unidad fue concebida para investigar, perseguir y procesar a los actores que violen la Ley Monetaria y Financiera.
La Unidad de Investigación de Delitos Financieros es una iniciativa, y fue impulsada originalmente por la actual Procuradora General de la República, Lic. Yeni Berenice Reynoso, quien desde el 2016 ha sido una abanderada en la lucha contra este delito, adquiere ahora más fuerza con las herramientas que brinda el nuevo Código Penal.
Sería oportuno que la Superintendencia de Bancos retome y refuerce el apoyo financiero y logístico a esta unidad especializada, ya que su trabajo beneficia directamente a todo el sistema financiero regulado. Los recursos que hoy se encuentran en manos de empresas ilegales podrían canalizarse hacia instituciones supervisadas, fortaleciendo la estabilidad y la confianza en el sistema bancario nacional. Esto no solo protege a los ahorrantes, sino que también impulsa la formalización de la economía y la transparencia en las operaciones financieras.
- Pérdida total de los fondos invertidos, ya que estas empresas no están respaldadas por el Fondo de Garantía de Depósitos ni cuentan con reservas de liquidez obligatorias.
- Falta de transparencia en las condiciones de captación y colocación, con tasas y comisiones que pueden ser abusivas o engañosas.
- Ausencia de mecanismos de reclamación efectivos, lo que deja a los clientes en total indefensión en caso de incumplimiento.
- Posible vinculación a operaciones ilícitas, incluyendo lavado de activos, lo que puede acarrear consecuencias legales para el propio usuario.
Con este cambio normativo, el Estado envía un mensaje inequívoco: la intermediación financiera solo puede ejercerse bajo la supervisión y autorización de la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos. Confiar el dinero a empresas no reguladas es un riesgo alto que puede terminar en pérdidas irreparables y consecuencias legales inesperadas.
La coordinación entre las autoridades judiciales, la Procuraduría General de la República y la Superintendencia de Bancos es esencial para que esta nueva disposición legal tenga un efecto real. El endurecimiento de las sanciones debe ir acompañado de campañas de concienciación y de una vigilancia activa que cierre el paso a las empresas ilegales.
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Tu Consultorio Financiero es una columna desarrollada por Jesús Geraldo Martínez sobre finanzas personales, para orientar a las personas con conocimientos básicos en finanzas y economía a mejorar su entendimiento. Para consultar con el autor puede escribir al correo abogadojesus@icloud.com, o en Instagram @Jesusgeraldomartinez
Por EFE
Santo Domingo, (EFE).- El Gobierno de la República Dominicana designó este martes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y al grupo chií libanés Hizbulá como organizaciones terroristas.
Esta designación se lleva a cabo «en cumplimiento de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y la legislación nacional dominicana», destacó este martes el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano.
En la actualidad Irán cuenta con un cuerpo diplomático designado para cubrir la República Dominicana, aunque la embajada tiene su sede en Cuba.
Esa legación está encabeza por el embajador Seyed Mohammad Hadi Sobhani, quien presentó sus credenciales ante el presidente dominicano, Luis Abinader, en diciembre de 2024.
an/am
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Pruebas demoledoras dice tener el Ministerio Público contra madre acusada de asfixiar a su hija
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público cuenta con más de 25 evidencias demoledoras en contra de Yleidi Linares Araujo, acusada de asfixiar a su hija de seis años en un hecho ocurrido el 11 de marzo en la comunidad de Sabana Toro de la provincia de San Cristóbal, según la procuradora fiscal Laura Segura.
La representante del Ministerio Público y fiscal investigadora del caso afirmó que el expediente contiene una amplia cantidad de pruebas que, según sostuvo, sustentan la imposición de prisión preventiva.
«El Ministerio Público está listo para conocer la solicitud de imposición de medidas de coerción, contando con más de 25 evidencias demoledoras para que el tribunal acoja la prisión preventiva en contra de la imputada por el homicidio de su hija menor de edad de 6 años», expresó.
Segura explicó, la audiencia fue aplazada para el viernes 15 de mayo, a las 9:00 de la mañana, a solicitud de la defensa técnica de la imputada, con el propósito de que le sean notificadas las pruebas audiovisuales depositadas por el órgano acusador.
Cronología del hechoEl día de la tragedia, vecinos relataron que escucharon a la madre pedir auxilio mientras descendía con la menor Milianny Linarez en brazos desde el tercer nivel de un edificio de apartamentos. Posteriormente, la niña fue trasladada al Hospital Juan Pablo Pina, donde fue declarada muerta.
En sus primeras declaraciones, Linarez Araujo aseguró que había salido al colmado y que, al regresar, encontró a la niña tendida en el baño de la vivienda.
![[object HTMLTextAreaElement]](https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/09/aplazan-coercion-contra-mujer-acusada-de-asfixiar-a-su-hija-5e5f222a.jpeg)
El Ministerio Público presentó formal acusación contra la progenitora, luego de que los resultados del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) estableciera que la niña murió por «asfixia por sofocación por obturación de orificios respiratorios», determinando una muerte violenta de etiología homicida.
En el expediente de la solicitud de medida de coerción, el órgano persecutor sostiene que la imputada habría cometido el hecho dentro de su residencia durante las horas de la mañana del mismo día en que la niña fue llevada al centro de salud.
El documento también establece que estas imputaciones estarían sustentadas en el informe técnico digital de video No. 2026-04-E8566, elaborado por la Dirección Central de Investigación (Dicat).
Según el informe, las imágenes de vigilancia muestran e individualizan a Linarez Araujo como la única persona que ingresó a la vivienda antes y después de la muerte de la menor.
Indica, además, que los familiares de la imputada y de la niña habían salido del lugar, previo a los hechos, y que, dentro del período en que ocurrió el homicidio, la única persona ajena que ingresó a la zona fue la testigo Lennys Lizbeth Angomas Pinales, vecina de la imputada, quien declaró haber observado a la imputada alrededor de las 10:15 de la mañana realizando labores de limpieza frente a su residencia.
A esto, el documento suma entrevistas de otras vecinas, quienes afirmaron haber visto únicamente a la acusada entrar y salir de la vivienda donde ocurrió el hecho.
Según el Ministerio Público, estas evidencias permiten establecer que la imputada era la única persona que tenía el dominio exclusivo de la escena y de la menor fallecida.
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Segun pruebas balísticas pistola incautada en caso Masha fue robada a agente de la Policía en 2018.
Santo Domingo, R.D.-La exponente urbana Ashley Mariel Sanchez Victoriano, conocida como «Masha», quien fue apresada por agentes de la Policía Nacional el pasado sábado luego de que fuese sorprendida con dos armas de fuego ilegales dentro del vehículo en el cual se transportaba junto a otras personas, sera sometida a la justicia por la conducta ilegal en que ha incurrido.
Masha fue detenida mientras conducía por la avenida Mella, en el sector Andrés Boca Chica, acompañanda por Karla Julisa Rodríguez, quien estaba en el asiento delantero del pasajero; ambas con 19 años de edad. Mientras que en la parte trasera se encontraba Alexander Martínez Nolasco, de 18 años.
Dentro de la gaveta situada en el lado del pasajero de la yipeta marca Honda CRV fue donde los patrulleros del cuerpo policial encontraron dos pistolas Glocks calibre 9 milímetros sin documentación.
“Se la robaron en 2018 a un policía. Esa arma la estaban disparando para comparar los casquillos con otras escenas violentas y ver si ha sido usada en otros crímenes o delitos. Es por eso que sabemos que una de esas se la robaron a una policía”, explicó a reporteros de este medio un agente vinculado a la investigación.
No obstante, de acuerdo con lo informado por la fuente extraoficial, esto no quiere decir que la artista haya participado en el robo realizado al policía.
Mientras tanto, el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona de la Fiscalía de Santo Domingo Este presentó el pasado domingo ante el Juzgado de Instrucción de la provincia Santo Domingo una solicitud para lograr que los imputados sean sometidos a prisión preventiva.
El Ministerio Público (MP) entiende que los acusados, a pesar de tener un domicilio en el país, no ofrecen garantías para presentarse a los actos del procedimiento judicial. Por lo que “existe un alto riesgo de que intenten sustraerse al proceso y no comparecer” ante el juez.
Pistolas, cargadores y municiones confiscados por la Policía Nacional.Fuente externa
¿Cómo funciona la depuración?
“La depuramos, la llevamos a balísticas, se disparan esos casquillos, se comparan con otros que han sido levantados en escenas donde hay heridos, fallecidos o robos, luego se analiza a través de una computadora que permite determinar si coinciden con el arma retenida”, de esta manera, según precisó el portavoz de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, las autoridades pueden identificar la procedencia de un arma de fuego.