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N.C.P. lleva a médicos a limitar consultas por WhatsApp ante temor a responsabilidades
La legislación no impide la comunicación digital entre médicos y pacientes, pero el aumento de las responsabilidades penales está impulsando una práctica más cautelosa y un mayor énfasis en las consultas presenciales
SANTO DOMINGO.– La entrada en vigencia del nuevo Código Penal dominicano está comenzando a modificar una práctica que durante años se convirtió en parte habitual de la relación entre médicos y pacientes: el intercambio de resultados, preguntas, indicaciones y orientaciones a través de WhatsApp y otras plataformas digitales.
La nueva legislación no establece una prohibición para que un profesional de la salud responda mensajes, reciba análisis clínicos o mantenga comunicación electrónica con sus pacientes. Sin embargo, el endurecimiento de las consecuencias asociadas a determinadas actuaciones negligentes ha provocado que algunos médicos adopten mayores precauciones y prefieran que las evaluaciones y orientaciones se realicen de manera presencial.
El cambio ha generado inquietud entre pacientes acostumbrados a utilizar el teléfono para aclarar dudas relacionadas con tratamientos, medicamentos o resultados de estudios sin tener que acudir nuevamente al consultorio.
WhatsApp no está prohibido
Uno de los aspectos que mayor confusión ha generado es la creencia de que el nuevo Código Penal habría prohibido las consultas médicas por WhatsApp.
Esto no es así.
La normativa no contiene una disposición que prohíba expresamente el envío de recetas, resultados médicos o comunicaciones entre profesionales de la salud y pacientes mediante aplicaciones de mensajería.
La preocupación se encuentra, más bien, en las posibles consecuencias jurídicas que podrían derivarse de una orientación ofrecida sin una evaluación clínica completa y en la eventual utilización de esas conversaciones como elementos probatorios en un proceso judicial.
En ese escenario, el registro adecuado de las actuaciones médicas adquiere una importancia todavía mayor.
Una conversación mediante mensajes puede servir como evidencia de una comunicación entre las partes, pero no necesariamente sustituye los datos, evaluaciones, diagnósticos y procedimientos que deben constar formalmente en una historia clínica.
Médicos se inclinan por una práctica más cautelosa
El presidente regional del Distrito Nacional del Colegio Médico Dominicano (CMD), Máximo Báez, considera que la nueva legislación puede conducir al ejercicio de una denominada “medicina defensiva”.
Desde esa perspectiva, el profesional podría optar por realizar más estudios, documentar con mayor rigurosidad cada actuación y reducir las orientaciones ofrecidas mediante WhatsApp, Facebook u otras plataformas, ante el temor de que posteriormente sean utilizadas en su contra.
Entre las disposiciones que el CMD identifica como motivo de preocupación se encuentran las relativas a la responsabilidad penal de las personas, responsabilidad compartida, comisión por omisión y certificación falsa del estado de salud.
El gremio médico favorece que las evaluaciones sean realizadas presencialmente, permitiendo al especialista examinar directamente al paciente, ordenar las pruebas correspondientes y dejar debidamente documentado el proceso de atención.
De una simple pregunta a una nueva consulta
Para los pacientes, sin embargo, el cambio puede representar mayores dificultades.
Muchas personas utilizan WhatsApp no para obtener un diagnóstico inicial, sino para dar seguimiento a una consulta previamente realizada: enviar al médico los resultados de los análisis que él mismo indicó, preguntar sobre una reacción a determinado medicamento o aclarar una duda relacionada con un tratamiento.
Algunos pacientes han comenzado a reportar que especialistas que anteriormente respondían este tipo de inquietudes por teléfono ahora les solicitan acudir nuevamente al consultorio.
La situación puede tener un impacto particular sobre quienes acompañan a adultos mayores, niños, mujeres embarazadas o pacientes con tratamientos continuos, debido al tiempo y los costos asociados con una nueva visita médica para resolver cuestiones que antes podían aclararse mediante un mensaje.
El desafío: proteger al médico sin perjudicar al paciente
El debate plantea una cuestión que trasciende el uso de WhatsApp.
Por un lado está la necesidad de garantizar que los profesionales de la salud actúen con responsabilidad, documenten correctamente sus decisiones y respondan jurídicamente cuando exista una conducta negligente demostrada.
Por otro, se encuentra la necesidad de preservar mecanismos de comunicación que facilitan el seguimiento médico y que, utilizados adecuadamente, pueden evitar desplazamientos innecesarios y proporcionar respuestas oportunas a los pacientes.
El reto estará en establecer límites claros entre una comunicación de seguimiento y una verdadera consulta médica a distancia, especialmente cuando una decisión clínica requiere examen físico, valoración integral o pruebas adicionales.
Los mensajes pueden adquirir importancia jurídica
El nuevo escenario también obliga a prestar mayor atención al contenido de las comunicaciones digitales.
Los mensajes intercambiados entre médico y paciente pueden dejar constancia de indicaciones, advertencias, solicitudes o respuestas y eventualmente ser presentados dentro de una controversia judicial, dependiendo de las circunstancias y de las reglas aplicables a la prueba.
Esto explica que algunos especialistas estén estableciendo protocolos más estrictos sobre qué información reciben mediante WhatsApp, qué tipo de preguntas responden y cuáles situaciones requieren obligatoriamente una cita presencial.
Otros profesionales ya utilizan respuestas automáticas para informar sus horarios, advertir que no atienden determinados asuntos mediante notas de voz o explicar que las comunicaciones digitales no sustituyen una evaluación médica.
Una relación médico-paciente que comienza a transformarse
La entrada en vigencia del nuevo Código Penal no significa, por tanto, el final de WhatsApp como herramienta de comunicación entre médicos y pacientes.
Lo que comienza a producirse es una transformación en la forma de utilizarlo.
El teléfono puede continuar siendo un instrumento útil para coordinar citas, transmitir determinadas informaciones o mantener comunicación sobre un tratamiento. Sin embargo, ante el nuevo escenario jurídico, cada profesional tendrá mayores razones para determinar cuándo una pregunta puede responderse mediante un mensaje y cuándo resulta indispensable examinar personalmente al paciente.
El debate apenas comienza y coloca sobre la mesa la necesidad de encontrar un equilibrio entre responsabilidad médica, seguridad jurídica y acceso oportuno de los pacientes a la orientación de sus especialistas.
La tecnología seguirá formando parte de la medicina moderna. El desafío será establecer reglas y buenas prácticas que permitan aprovecharla sin convertir una herramienta de comunicación en una fuente permanente de inseguridad para médicos o pacientes.
Nacionales
Rodríguez García pone la persecución de prófugos entre las prioridades de la Policía Nacional
El director policial afirma que busca cambiar la percepción de inseguridad y sostiene que quienes tienen cuentas pendientes con la justicia deben entregarse; insiste en que la actuación policial debe respetar los derechos ciudadanos
Por Alberto Rodríguez
SANTO DOMINGO.– El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, colocó la persecución de personas prófugas entre las prioridades de su gestión y aseguró que la institución intensificará las acciones para localizar a quienes tienen órdenes de arresto pendientes por homicidios, robos, agresiones y otros hechos delictivos.
Rodríguez García sostuvo este lunes que procura revertir una realidad que, a su juicio, afecta la tranquilidad de la población: que sean los ciudadanos quienes sientan temor frente a la delincuencia. Su planteamiento es que la autoridad debe garantizar condiciones para que las personas puedan desarrollar sus actividades cotidianas con mayor seguridad. El Día
El mayor general asumió la Dirección General de la Policía Nacional en agosto pasado y durante sus primeras semanas ha desarrollado recorridos, cambios operativos y encuentros con diferentes estructuras de la institución. La Policía ha presentado esa agenda como parte de un esfuerzo dirigido a fortalecer su presencia territorial, supervisión y capacidad de respuesta. Policía Nacional Dominicana
Una lista de prófugos bajo seguimiento
Durante sus declaraciones, Rodríguez García reveló que mantiene en su despacho una relación de personas que llevan años prófugas de la justicia y aseguró que el personal policial tiene instrucciones de trabajar en su localización.
Según explicó, entre los buscados figuran personas señaladas por homicidios, robos y agresiones, incluyendo hechos cometidos contra menores y otras personas vulnerables.
La propia Policía Nacional mantiene públicamente un listado de prófugos buscados por las autoridades, que incluye personas requeridas por distintos procesos. Policía Nacional Dominicana
El director policial exhortó a quienes tengan órdenes de arresto pendientes a entregarse voluntariamente y aseguró que serán recibidos y posteriormente puestos a disposición del Ministerio Público para los procedimientos correspondientes.
Actuación policial y derechos humanos
Las declaraciones se producen en momentos en que las actuaciones de agentes durante determinados operativos han provocado cuestionamientos, particularmente en casos reportados como intercambios de disparos.
Interrogado sobre esas críticas, Rodríguez García defendió el derecho de los policías a proteger sus vidas cuando sean atacados, pero afirmó al mismo tiempo que la institución debe actuar respetando los derechos humanos. El Día
Esa posición coincide con orientaciones ofrecidas recientemente por el propio director a miembros de la Dirección Regional Noreste, donde pidió a los agentes preservar vidas, actuar con prudencia y mantener un trato digno hacia la ciudadanía, sin renunciar a la firmeza frente al delito. También insistió en que el uso de la fuerza debe ajustarse a la Constitución, las leyes y los protocolos establecidos. Policía Nacional Dominicana
Agentes suspendidos por incidente en Villa Vásquez
Rodríguez García se refirió además a un video divulgado sobre una intervención policial en Villa Vásquez, en el que se observa a un hombre detenerse y levantar las manos durante una actuación de agentes.
El director informó que los policías involucrados fueron suspendidos y que el caso quedó bajo investigación del Ministerio Público, órgano al que corresponde establecer las circunstancias y eventuales responsabilidades relacionadas con el hecho. El Día
El jefe policial señaló que cualquier ciudadano que considere haber sido víctima de una actuación irregular de agentes puede recurrir al Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente.
Seguridad sin apartarse de la legalidad
El discurso de Rodríguez García plantea dos líneas que deberán coexistir durante su gestión: incrementar la capacidad de persecución contra personas requeridas por la justicia y, simultáneamente, procurar que las intervenciones policiales se mantengan dentro de los límites legales.
La institución atraviesa además un proceso de reforma que incluye cambios en formación, tecnología y despliegue territorial. El Comisionado Ejecutivo para la Reforma Policial informó el 24 de septiembre que se han incorporado 11,001 nuevos agentes, instalado más de 8,000 cámaras corporales y ampliado de tres meses a un año el período de formación de los nuevos policías. Policía Nacional Dominicana
El desafío será que el fortalecimiento operativo produzca mayor seguridad ciudadana sin debilitar las garantías que corresponden a toda persona sometida a una investigación o persecución penal.
La persecución del delito y el respeto al debido proceso no constituyen objetivos incompatibles: forman parte de las responsabilidades que debe asumir una institución policial en un Estado de derecho.
Rodríguez García reiteró que la función de la Policía es proteger a la sociedad, preservar la paz y llevar ante las autoridades competentes a quienes tengan cuentas pendientes con la justicia.
El movimiento ocurrió a las 5:49 de la tarde y fue sentido en Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Macorís y otras localidades; hasta el momento no se reportan daños
Santo Domingo, República Dominicana.– Un fuerte temblor de tierra volvió a sentirse este domingo en distintos puntos de República Dominicana, provocando alarma entre residentes y la evacuación preventiva de algunos edificios y actividades públicas.
El movimiento ocurrió aproximadamente a las 5:49 de la tarde y fue percibido en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Macorís y otras zonas del país.
Los primeros reportes situaron la magnitud en 5.5, aunque las mediciones fueron ajustadas posteriormente por diferentes organismos especializados.
El Instituto Sismológico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo informó más tarde una magnitud de 5.6, con una profundidad estimada de 113 kilómetros y localización a unos 8.5 kilómetros al este-noreste de Ramón Santana, en San Pedro de Macorís.
Otros registros internacionales actualizaron el evento con valores distintos, algo habitual mientras se revisan los parámetros de un sismo.
Movimiento fue sentido a gran distancia
La profundidad del temblor contribuyó a que fuera percibido en una amplia parte del territorio nacional.
En Santo Domingo, algunas personas abandonaron temporalmente edificios y establecimientos comerciales como medida de precaución.
También fueron evacuados momentáneamente visitantes y participantes de la Feria del Libro, en la Plaza de la Cultura.
Hasta las últimas informaciones disponibles, no se habían reportado personas heridas ni daños estructurales de consideración.
Fue el segundo sismo sentido este domingo
Horas antes, alrededor de las 6:06 de la mañana, otro movimiento telúrico había sido registrado en territorio dominicano.
Ese primer evento fue reportado con magnitud aproximada de 4.1 y una profundidad cercana a los 10 kilómetros.
El director del Instituto Sismológico de la UASD explicó que durante la jornada se habían registrado varios eventos y relacionó esa actividad con la interacción entre las placas tectónicas de Norteamérica y el Caribe.
Autoridades mantienen vigilancia
Los organismos especializados continúan revisando los parámetros del movimiento y monitoreando cualquier actividad sísmica posterior.
Las diferencias entre las magnitudes divulgadas inicialmente responden a los ajustes que realizan las redes sismológicas a medida que reciben y procesan información procedente de más estaciones.
Mientras continúan las evaluaciones, las autoridades recomiendan a la población mantener la calma, revisar las condiciones de sus viviendas y seguir únicamente las informaciones emitidas por organismos oficiales ante cualquier nuevo movimiento.
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Ministerio Público sostiene que asalto contra Julián Oro Duro fue preparado con un mes de anticipación
La acusación asegura que hubo reuniones previas, información interna sobre la vivienda y posterior distribución del dinero y las prendas sustraídas
Por Carlos Baret
Santo Domingo, República Dominicana.– El asalto ocurrido en la residencia del artista Gilberto Julián Sarante Perdomo, conocido como Julián Oro Duro, no habría sido improvisado. Según la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, los cuatro imputados habrían organizado el hecho aproximadamente un mes antes de ejecutarlo.
El expediente atribuye participación en la planificación y ejecución a Kevin Dariel Germán Troncoso, alias Yandel; Lawrence Mark Liranzo Marcos, conocido como Chiquito; Juan Carlos Hernández García, alias Juan Carlos Peña, y Phillips Michael Tejada Vásquez.
El caso está relacionado con la muerte de Zeneida Socorro Castillo, las lesiones sufridas por Julián Oro Duro y la sustracción de dinero, joyas y otras pertenencias de la residencia.
Para sustentar su teoría, el órgano acusador señala que cuenta con grabaciones de cámaras de vigilancia, recuperación de bienes sustraídos, evidencias materiales, movimientos posteriores del dinero y registros de reuniones que presuntamente se produjeron antes del asalto.
Uno de los puntos centrales de la investigación es la supuesta participación de Phillips Michael Tejada Vásquez, a quien el Ministerio Público atribuye haber proporcionado información sobre la vivienda y sus ocupantes.
Las autoridades consideran que esos elementos permiten sostener, en esta fase inicial del proceso, que existió una planificación previa entre los involucrados.
Declaración de “Yandel” forma parte del expediente
La solicitud de coerción también recoge declaraciones atribuidas a Kevin Dariel Germán Troncoso luego de entregarse a las autoridades.
Según el Ministerio Público, Yandel identificó a Lawrence Mark Liranzo Marcos como la persona que lo acompañó y habría señalado que el hecho había sido coordinado previamente con Tejada Vásquez y Juan Carlos Hernández García.
Esa declaración forma parte de los elementos utilizados por la acusación para vincular a los cuatro hombres, aunque deberá ser debatida junto a las demás pruebas durante el proceso judicial.
Madre de la víctima habría sido llevada a una habitación
El expediente reconstruye además parte de lo que, según los investigadores, ocurrió dentro de la vivienda.
La acusación sostiene que Yandel condujo a Sara Castillo Martínez, de 97 años y madre de Zeneida Socorro Castillo, hacia una de las habitaciones, mientras Chiquito habría recorrido diferentes áreas de la residencia buscando dinero, joyas y otros objetos de valor.
El Ministerio Público atribuye a los asaltantes la sustracción de US$50,000 en efectivo, además de prendas de oro y otros bienes.
Según la investigación, Julián Oro Duro llegó a la vivienda aproximadamente a las 11:50 de la noche.
La acusación sostiene que, al entrar, fue atacado con una escultura de madera y un jarrón, recibiendo varios golpes en la cabeza y el rostro.
Luego habría sido despojado de una cadena de oro con una medalla de Jesucristo, además de dinero y otras pertenencias.
Dinero y prendas aparecen entre evidencias ocupadas
Parte importante del expediente está sustentada en dinero y objetos que las autoridades dicen haber recuperado durante arrestos y allanamientos.
A Phillips Michael Tejada Vásquez le fueron ocupados, según el Ministerio Público, 98 billetes de US$100, equivalentes a US$9,800, así como una cadena amarilla con una medalla de Cristo que la acusación identifica como propiedad de Julián Oro Duro.
También fueron ocupadas prendas de vestir que, de acuerdo con los investigadores, coincidirían con las utilizadas durante reuniones previas captadas por cámaras de seguridad.
En el caso de Kevin Dariel Germán Troncoso, el expediente refiere la ocupación de RD$30,000 y, en otra mochila localizada en una habitación de la vivienda de su suegra, US$3,750 y RD$88,000.
Respecto a Juan Carlos Hernández García, el documento presentado por el Ministerio Público señala la ocupación de US$240 y RD$500, aunque una información anterior de la Policía Nacional había situado la cantidad en US$240 y RD$32,000.
La diferencia entre ambos reportes deberá ser aclarada dentro de la investigación.
Allanamiento relacionado con “Chiquito”
Las autoridades también informaron sobre la recuperación de dinero y prendas durante una intervención vinculada a Lawrence Mark Liranzo Marcos.
Según el expediente, en poder de su madre fueron encontrados US$19,900 y RD$78,000, además de dos relojes, una cadena, una medalla, un guillo y un broche de mujer que el Ministerio Público relaciona con los bienes sustraídos durante el asalto.
La procedencia de estos objetos y su conexión con cada uno de los imputados deberán ser establecidas judicialmente.
Acusación deberá ser probada ante el tribunal
El Ministerio Público utiliza estos elementos para sostener que existió una actuación coordinada antes, durante y después del hecho.
Sin embargo, la descripción contenida en la solicitud de coerción representa la teoría inicial de la acusación y no una declaración definitiva de culpabilidad.
Corresponderá al tribunal valorar las evidencias, las declaraciones de los imputados y los argumentos de sus defensas para establecer la responsabilidad individual de cada uno de los involucrados en el proceso.