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Nuevo jefe EN promete “mano dura”
MAO.-El nuevo jefe de estado mayor del ejército nacional, mayor general Rubén D. Paulino Sem, advirtió que durante su gestión habrá “mano dura” contra el personal militar que vulnere los mandatos de la constitución, las leyes y las normas internas de la institución.
El alto jefe militar habló ante cientos de oficiales y alistados del Ejército, mientras presentaba al coronel Pedro Pablo Hurtado Cabreja, quien fue designado como nuevo comandante de la Cuarta Brigada de Infantería, en sustitución del general Abraham Luna Rodríguez.
Paulino Sem exhortó a los militares que le escuchaban con atención, que tanto el presidente Danilo Medina como el Ministro de las Fuerzas Armadas, mayor General Sigfrido Pared Pérez, han sido enfáticos en anunciar sanciones para todos aquellos que infrinjan las leyes y el reglamento interno del Ejército Nacional.
“Vamos a tratar de mantener nuestras fuerzas armadas en mejores condiciones operativas, principalmente en lo que concierne a elevar la calidad de vida del soldado. Haremos hincapié en la parte educacional, para ir preparando mejores hombres, pero todo aquel soldado que infrinja la ley, sabe que le vamos aplicar mano dura”, precisó el jefe de Estado Mayor.
Al posesionar al nuevo comandante de la Cuarta Brigada de Infanteria con sede en Mao, el Mayor General Rubén D. Paulino Sem, enfatizo que solo se esta dando cumplimiento al memorando 6605 de la jefatura de estado mayor donde designa al coronel Pedro Hurtado Cabreja, EN, diplomado de estado mayor, como Comandante del Ejército Nacional en el Noroeste, tras definirlo como un oficial de una larga trayectoria de trabajo.
“Es un oficial de comando, con vasta experiencia , tanto nacional como internacional, porque ha participado en operaciones de mantenimiento de paz en otros países, el cual sustituye al general de Brigada Abrahán Luna Rodríguez, el cual se ha desempeñado con altura y dedicación a este hogar de los macheteros, la Cuarta Brigada de Infantería, siempre manteniendo el estado de listeza de los soldados y de la unidad”, sostuvo el alto oficial.
Paulino Sem, sostuvo que realmente esta unidad, la Cuarta Brigada de Infantería le trae basto recuerdos, “en la cual estuvimos como comandante también y sabemos que la misión que realizo el general Luna Rodríguez, le siguió dando prestigio, pero también tenemos la certeza y la seguridad, de que el Coronel Hurtado Cabreja, seguirá continuando la labor que hasta el momento estaba realizando el general Abrahán Luna Rodríguez”.
De su lado el sustituido general, dijo “para mí ha sido un grato honor haber recibido la noticia, de que un entrañable amigo Pedro Pablo Hurtado Cabreja, me va a relevar, pues se que la misión empezada hace muchos años atrás por el general Paulino Sem, seguida por mí, va a ser cultivada por el Coronel Hurtado Cabreja, me voy con la satisfacción de haber durado en esta unidad un año y medio y contar con el apoyo de todos los soldados y el escrutinio de la prensa. Este tiempo transcurrió en paz, armonía, y cumpliendo con el trabajo, es un privilegio haber estado aquí y conocer la Frontera Norte, es una ventaja conocer su país por dentro y a mí el ejercito me la brindo”.
En tanto, el Coronel Pedro Pablo Hurtado Cabreja, nuevo Comandante de la Cuarta Brigada de Infantería del Ejército Nacional, resaltó que al darle la noticia de que tenía que relevar al comandante de la Cuarta Brigada, fue para el un honor inmenso, ya que venia a relevar a un gran amigo, y me dije “tengo ventaja”, porque una unidad comanda por el general Luna Rodríguez, está condicionada y preparada para trabajar.
En el acto de cambio de mando, que se llevo a cabo en la explanada del patio de la Fortaleza General Benito Monción en Mao, sede de la Cuarta Brigada de Infantería, estuvieron presentes el Gobernador de Valverde, José Eduardo Núñez; la Procuradora Fiscal del Distrito Judicial de Valverde, Sonia Espejo, el Director Regional de la Policía Nacional en el Noroeste, Orizon Olivence Minaya y el empresario José Pandelo, entre otros.
En el marco de la actividad, el nuevo jefe del ejército en el Noroeste, coronel Pedro Pablo Hurtado Cabreja, recibió del general Abrahán Luna Rodríguez, la bandera de la Brigada y luego el Jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional, Mayor General Rubén Paulino Sem, procedió a saludar a los oficiales y subalterno en formación en la explanada central de la Fortaleza General Benito Monción.
Roberto Pérez
Nacionales
RD tiene 14 fallas sísmicas activas, advierte la Defensa Civil y llama a la poblacion a estar alerta.
Santo Domingo.- Las alarmas se han encendido en la República Dominicana a propósito del movimiento telúrico de magnitud 5.0 registrado al sur de La Romana, sumado a los recientes fuertes terremotos en Venezuela.
El director de la Defensa Civil, Juan Salas, reiteró este viernes que el país “vive en una zona sísmicamente activa” y recordó que existen al menos 14 fallas sísmicas que pueden activarse en cualquier momento, por lo que la preparación ciudadana puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Salas insistió en que la población debe mantenerse informada, organizada y lista para responder ante un evento súbito, al tiempo que anunció que el organismo cuenta con una nueva herramienta técnica para ofrecer respuestas más rápidas ante emergencias.
En medio del contexto regional, el titular de la Defensa Civil advirtió sobre la vulnerabilidad del país.
“Una brigada de técnicos dominicanos está trabajando en esta dirección… lo ocurrido en Venezuela, país con una placa tectónica similar a la nuestra, nos llama a mantenernos atentos. Somos un país con 14 fallas que pudieran activarse en cualquier momento”, expresó Juan Salas.
Además, explicó que el equipo técnico realiza demostraciones constantes sobre qué hacer antes, durante y después de un sismo, destacando tres acciones esenciales:
- Mantener la calma
- Identificar salidas seguras
- Seguir un comportamiento correcto en medio de la emergencia.
Durante la jornada informativa también intervino el subdirector de la Defensa Civil, Delfín Rodríguez, quien detalló los protocolos básicos que debe seguir la población en caso de un sismo.
“Antes de un sismo hay que capacitarse, hacer un plan familiar y comunitario de emergencia para saber qué hacer antes, durante y después”, explicó.
Rodríguez enfatizó el uso del silbato como herramienta de rescate, especialmente en casos de colapso estructural.
“El silbato sirve para que, si quedamos atrapados, podamos emitir sonido y los equipos de rescate nos localicen. Si no hay silbato, se puede golpear metal o piedras para ser ubicados”, señaló.
También indicó que las unidades de rescate cuentan con equipos especializados como cámaras telescópicas con alcance de hasta 12 metros entre escombros, además de tecnología de ultrasonido para la localización de personas atrapadas.
En cuanto a la respuesta inmediata, fue enfático en la técnica básica que toda la población debe memorizar:
“Agáchate, cúbrete y protégete”, reiteró, explicando que durante el sismo las personas deben proteger la cabeza, adoptar posición segura y evitar correr de manera descontrolada.
Rodríguez explicó que el país comparte una compleja estructura tectónica en la isla, incluyendo fallas como la trinchera de los Muertos, ubicada al sur del territorio nacional, la cual ha sido históricamente responsable de eventos sísmicos en la región.
Recordó además el terremoto de Haití como un punto de reflexión para fortalecer la descentralización de los equipos de emergencia.
“Hoy contamos con equipos distribuidos en las nueve regiones del país. Si una región colapsa, otra puede brindar apoyo inmediato mientras llegan ayudas internacionales”, afirmó.
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Constitucional (TC) volvió a pronunciarse sobre un problema recurrente: la negativa de autoridades e instituciones a devolver bienes o recursos cuya retención ya no tiene sustento legal.
En una nueva sentencia, la alta corte ordenó al Banco Agrícola devolver ocho millones de pesos que permanecían retenidos pese a que habían cesado las medidas de coerción que dieron origen a la garantía económica.
La decisión se suma a otros fallos recientes del TC relacionados con la devolución de bienes y recursos vinculados a procesos judiciales, en los que el tribunal ha advertido que las autoridades no pueden mantener bajo su control dinero o propiedades cuando desaparece la causa legal que justificó la medida.
Posteriormente, el 3 de octubre de 2017, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana dictó un auto de no ha lugar y dispuso el cese de todas las medidas de coerción impuestas en ese proceso.
La entidad financiera alegó que la garantía estaba respaldada por un certificado financiero emitido a nombre de la Procuraduría Fiscal de La Romana y no a nombre de Michel, por lo que entendía que los fondos no podían ser entregados al reclamante. También sostuvo que este carecía de interés directo sobre esos valores y que la devolución podía afectar el patrimonio de la institución.
Ante la negativa, Michel presentó una acción de amparo alegando una vulneración de su derecho de propiedad. El Tribunal Superior Administrativo (TSA) acogió el recurso y, mediante una sentencia emitida en agosto de 2019, ordenó al Banco Agrícola devolver los fondos.
Los jueces verificaron que el dinero había sido aportado originalmente por Michel mediante un cheque de administración emitido por el Banco de Reservas y que esos recursos nunca fueron transferidos ni cedidos al imputado ni al Estado como propietarios de los fondos.
El TC concluyó que el certificado financiero emitido a nombre de la Procuraduría respondía al mecanismo utilizado para instrumentar la garantía judicial, pero no modificaba la titularidad del dinero.
«Resultaba jurídicamente improcedente la retención de los montos depositados», sostuvo el tribunal al confirmar la devolución de los 8 millones de pesos.
La alta corte recordó que el artículo 237 del Código Procesal Penal dispone que las garantías económicas deben cancelarse y los bienes afectados devolverse cuando cesa la medida que les dio origen.
Asimismo, reiteró un criterio fijado recientemente según el cual las personas que enfrenten la negativa de una autoridad a devolver bienes o valores cuya restitución sea obligatoria pueden recurrir al amparo de cumplimiento para exigir la ejecución de esa obligación legal.
Con esta decisión, el TC confirmó la devolución de los fondos reclamados por Michel y reafirmó que la retención de bienes o recursos no puede mantenerse cuando desaparece la causa legal que la justificaba.
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Los hermanos Espaillat van a juicio de fondo a la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.
Santo Domingo, R.D.-Fue apoderada para conocer el juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, acusados de su presunta responsabilidad en el colapso del techo del referido establecimiento, tragedia que dejó como resultado la muerte de 236 personas y más de 180 heridos, la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.
El expediente fue asignado al tribunal, presidido por la magistrada Clara Luz Almonte, mediante el sistema de sorteo aleatorio computarizado de la presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional, luego de que un juez determinara que debía seguir el proceso en un juicio de fondo.
Con este paso, la magistrada procederá próximamente a emitir el auto de fijación de audiencia para citar formalmente al Ministerio Público, a la defensa de los imputados y a las partes querellantes.
Tras un análisis exhaustivo del expediente, el magistrado tipificó los hechos como homicidio culposo o imprudente, rechazando la solicitud de un sector de las víctimas que buscaba que el caso fuera juzgado bajo la figura de homicidio voluntario.
Uno de los puntos relevantes de la decisión del juez Mejía es la exclusión del Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Ministerio de Obras Públicas y otras instituciones estatales del proceso penal.
El juez argumentó que, ante la conducta procesal demostrada por los imputados, quienes han mostrado arraigo y disposición de asistir voluntariamente a las audiencias, la prisión preventiva no resulta procedente, recordando que en el sistema constitucional dominicano la libertad es la regla y la prisión la excepción.
No obstante, en el ámbito civil, el tribunal dictó medidas de coerción reales contra los imputados, consistentes en la inmovilización de bienes y medidas conservatorias para garantizar la reparación del daño a las víctimas.
El tribunal confirmó que las evidencias, tanto documentales como materiales, fueron recabadas respetando los derechos fundamentales y ajustándose a los artículos 140, 173, 174 y 197 del Código Procesal Penal, así como a la Resolución 38-69 de la Suprema Corte de Justicia.