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Norma para suplidores cuenta con nuevo reglamento de compras.
Santo Domingo, R.D.-Algunos cambios experimentará el proceso de compras y contrataciones públicas experimentará a partir de la promulgación del Reglamento de Aplicación de la Ley de Compras y Contrataciones 340-06, ya que ahora podrá apoderarse de oficio para investigar a suplidores que cometan irregularidades.
El presidente Luis Abinader convocó a la prensa nacional este jueves para hacer de público conocimiento las nuevas reglas del juego y urgir al Congreso Nacional para que aprueben una nueva ley que actualice la 340-06.
Carlos Pimentel, director de la DGCP, explicó que ahora esa entidad puede apoderarse de oficio de una investigación en caso de falta grave de un proveedor. Anteriormente, solamente lo podía hacer si la entidad contratante apoderaba al órgano rector.
También se incluyó la descalificación de ofertas temeraria, lo que significa que cuando un proveedor presente una oferta económica que, en cuanto al precio, es muy baja o muy alta ésta podrá ser descalificada de manera inmediata.
Pimentel indicó que a veces las ofertas que hacían las empresas para ganar las licitaciones eran tan baratas que no tenían forma de cumplirse.
- «Se convertía en una modalidad de contratación irregular y de corrupción, que es buscar una adjudicación con un precio tan barato que nadie puede competir contigo y después que tú tienes la adjudicación no cumplir o buscar adendas o buscar cualquier subterfugio», puntualizó el funcionario.
En el reglamento se incluyó el criterio de sostenibilidad y criterio de valor por dinero. Esto quiere decir que el Estado no está en la obligación de contratar el precio más barato.
«El Estado tiene que contratar lo que quiere, lo que necesite y de la calidad que quiera, al precio más justo, y considerar dentro de los criterios de adjudicación, no solamente precios, sino criterios ambientales, criterios sociales, criterios económicos y otros criterios que permitan adquirir ofertas de bienes y servicios que garanticen la calidad», detalló Pimentel.
Fueron ampliadas las perspectivas del análisis de la selección de la oferta más conveniente, considerando variables adicionales al precio ofertado, como son los costos asociados al uso del bien, obra o servicio, así como la calidad y la sostenibilidad.
Inabie
El director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), Víctor Castro, aseguró que el reglamento viene a simplificar los procesos de compra y a acortar los plazos para las adjudicaciones, al tiempo de que les permite «mayor flexibilidad en términos de la agilización de los procesos, pero mucha más rigurosidad en términos de eficiencia y transparencia».
Castro resaltó que el Inabie es la institución pública que más compra del dinero de su presupueto; unos 40 mil millones de pesos este 2024.
El presidente Abinader resaltó el valor que tienen estas normas para que el país supere el estado de subdesarrollo, en el que «tiene que estar la transparencia y la lucha contra la corrupción».
Sin embargo, urgió a los legisladores a aprobar una ley actualizada de Compras que sustituya a la del 2006.
«Les recuerdo a los congresistas, algunos que están presentes y otros, de que esto debemos de aprobarlo cuanto antes. Desgraciadamente, en estos últimos días todo se politiza, pero vamos a seguir insistiendo porque no debe de pasar este año sin aprobar esa modificación de esa ley», indicó el mandatario.
A continuación, las novedades que, de acuerdo a Carlos Pimentel, trae el Reglamento de Aplicación para el Sistema de Compras y Contrataciones.
- Las compras adoptan un enfoque estratégico: enfatizando la importancia de la planificación estratégica, con la obligatoriedad de realizar estudios previos para garantizar compras más estratégicas.
- Criterio de sostenibilidad. Las instituciones contratantes promoverán la sostenibilidad en la contratación, para lo cual, al momento de determinar las especificaciones técnicas del bien o condiciones para la prestación del servicio u obra requerida, considerarán el costo a invertir para su uso efectivo y eficiente, verificando su impacto ambiental, social y económico durante la producción y el consumo del mismo.
- Desarrollo de las etapas contractual y postcontractual. Se detalla la administración, gerencia y ejecución del contrato; derechos del proveedor y contratista, procedimientos para modificación del contrato, procedimiento para el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, y la extinción, resolución y liquidación de los contratos.
- Se establecen las funciones del Comité de Compras y Contrataciones.
- Se indican las atribuciones de las Unidades Operativas de Compras y Contrataciones.
- Verificación en línea. Las instituciones contratantes no deberán requerir que los oferentes presenten documentos que puedan ser verificados en línea.
- Garantías. Se establecen procedimientos claros para la ejecución de las garantías.
- Procedimientos de Excepción. Se establecen las excepciones por modalidad competitiva y aquellas que se pueden realizar de manera directa. Se indica una excepción en las compras por emergencia nacional para que se pueda comprar de manera directa, esto es cuando exista peligro en las pérdidas de vidas humanas.
- Las compras por motivo de seguridad nacional no se reducen a los cuerpos castrenses.
- Los procedimientos de exclusividad tienen un tope máximo de 5 oferentes que pueden proveer el bien o servicio, siempre que cuenten con su certificación que lo acredite como proveedor exclusivo.
- Investigaciones y sanciones. Se introducen nuevos plazos y procesos para la instrucción y decisión de investigaciones, así como procedimientos para la aplicación de sanciones administrativas a los proveedores.
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Inhabilitación de proveedores. Se reconoce expresamente la potestad de la DGCP para iniciar de oficio el procedimiento de sanción de inhabilitación a proveedores.
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Pepca asegura que pruebas del caso Calamar sustentarán solicitud de condena contra imputados
Mirna Ortiz afirmó que el Ministerio Público presentará pruebas testimoniales y periciales para sustentar su acusación; la lectura del expediente continuará el lunes 21 de septiembre
SANTO DOMINGO.– La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, afirmó que el Ministerio Público considera que las pruebas que presentará durante el juicio de fondo del denominado caso Calamar permitirán sustentar su solicitud de condena contra los imputados.
“Indiscutiblemente, frente a la contundencia de estas pruebas, este tribunal tendrá que condenar a cada uno de los imputados con las penas que en su momento vamos a solicitar”, declaró Ortiz al referirse a la acusación que conoce el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
La procuradora de Corte sostuvo que, conforme a la tesis del órgano acusador, el expediente describe una presunta estructura que habría utilizado instituciones del Estado para desarrollar un esquema de corrupción destinado a obtener beneficios económicos.
“Esta estructura criminal utilizó el Estado como instrumento, la corrupción como método y el lucro para enriquecerse y permanecer en el poder”, manifestó.
Acusación contiene 3,383 páginas
Ortiz explicó que las distintas líneas de investigación contenidas en las 3,383 páginas de la acusación están acompañadas de referencias a pruebas testimoniales y periciales que el Ministerio Público pretende incorporar y debatir durante el juicio.
Entre los procesados figura el exministro de Hacienda Donald Guerrero, junto a otros imputados incluidos en el expediente del caso Calamar.
La lectura de la acusación estuvo encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, acompañado por el equipo de fiscales litigantes.
El conocimiento del expediente continuará el lunes 21 de septiembre, cuando está previsto proseguir con la lectura de la acusación.
Ministerio Público dice que investigaciones continúan
Consultada sobre empresarios y una empresa que hasta el momento no forman parte del proceso, Ortiz indicó que las investigaciones relacionadas con el caso permanecen abiertas.
“El Ministerio Público sigue investigando, seguimos avanzando. Ustedes saben que las investigaciones no se agotan en un solo proceso y más adelante veremos”, expresó.
Por su parte, el abogado José Martínez Hoepelman señaló que la jornada judicial transcurrió con normalidad y que las defensas permitieron que el Ministerio Público desarrollara sus alegatos de apertura sin interrupciones.
Tribunal deberá valorar las pruebas
Las declaraciones de Ortiz representan la posición y teoría acusatoria del Ministerio Público. Corresponderá al Tercer Tribunal Colegiado valorar durante el juicio las pruebas presentadas por la acusación y las defensas, así como los argumentos de todas las partes, antes de determinar si existe o no responsabilidad penal.
Los imputados en el caso Calamar mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria definitiva dictada conforme al debido proceso.
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Expresidente de la JCE defiende permanencia de partidos minoritarios en el sistema político dominicano
Julio César Castaños Guzmán sostiene que las organizaciones pequeñas representan sectores minoritarios y forman parte de la tradición democrática del país
SANTO DOMINGO.– El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE) Julio César Castaños Guzmán se pronunció a favor de preservar la participación de los partidos políticos minoritarios en República Dominicana, al considerar que estas organizaciones contribuyen a la representación de distintos sectores de la sociedad.
“Esos partidos deben mantenerse todos por el bien de la democracia”, expresó el jurista al referirse al papel que desempeñan las organizaciones de menor tamaño dentro del sistema político dominicano, según declaraciones publicadas este miércoles por El Día.
Castaños Guzmán argumentó que los partidos pequeños no constituyen un fenómeno reciente y señaló que han formado parte de la vida política nacional desde los orígenes de la República.
A su juicio, eliminar esas organizaciones reduciría las alternativas disponibles para determinados sectores del electorado.
Defiende representación de las minorías
El expresidente de la JCE sostuvo que la importancia de una organización política no debería analizarse exclusivamente a partir de su tamaño o de la cantidad de votos obtenidos en las elecciones.
Según explicó, también deben considerarse aspectos como sus ideas, estructuras internas y capacidad para establecer alianzas.
“La fortaleza de un partido se evalúa por su pensamiento, por sus estructuras y las alianzas que hace”, manifestó Castaños Guzmán, de acuerdo con el reporte periodístico suministrado.
El jurista vinculó además su posición con la representación política de los grupos minoritarios, señalando que estos tienen reconocimiento dentro del orden constitucional dominicano.
“Las minorías están en la Constitución”, afirmó al defender la continuidad de espacios políticos que permitan canalizar distintas expresiones de la sociedad.
Partidos políticos y democracia
Castaños Guzmán sostuvo que el sistema de partidos constituye un componente esencial del régimen democrático y relacionó la existencia de organizaciones políticas institucionalmente sólidas con la calidad de la democracia.
Sus declaraciones se producen en medio de discusiones públicas sobre el funcionamiento, reconocimiento y permanencia de las organizaciones políticas en República Dominicana.
El régimen de partidos dominicano está regulado, entre otras normas, por la Ley núm. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, mientras que la Constitución reconoce el papel de estas organizaciones en el fortalecimiento de la democracia y establece principios relativos a su organización y funcionamiento.
La posición expresada por Castaños Guzmán constituye su valoración sobre el sistema de partidos y la representación de las minorías, dentro del debate sobre el papel que deben desempeñar las organizaciones políticas de menor tamaño en la democracia dominicana.
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Abinader rechaza propuesta para hacer obligatoria la enseñanza del creole en escuelas dominicanas
El mandatario calificó la iniciativa como un “despropósito” y afirmó que el Gobierno apuesta por fortalecer la enseñanza del inglés
SANTO DOMINGO.– El presidente de la República, Luis Abinader, rechazó la propuesta legislativa que busca establecer como obligatoria la enseñanza del creole en las escuelas públicas y privadas de República Dominicana, iniciativa que también contempla incorporar el inglés y el francés al modelo educativo. El mandatario calificó la enseñanza obligatoria del creole como un “despropósito” y aseguró que la propuesta no cuenta con el respaldo de su administración.
Abinader manifestó que el Gobierno tiene interés en fortalecer la enseñanza del inglés en los centros educativos, pero marcó distancia respecto a la inclusión obligatoria del creole. También señaló que la iniciativa no fue discutida ni respaldada por el Gobierno ni por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
¿Qué plantea el proyecto?
La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados por Julio César Beltré Méndez, diputado del PRM por la provincia Azua. El proyecto propone incorporar obligatoriamente la enseñanza de creole, inglés y francés desde el nivel primario hasta el secundario.
De acuerdo con el contenido de la propuesta, la medida abarcaría centros educativos públicos, privados y de gestión mixta autorizados por el Ministerio de Educación y no estaría limitada exclusivamente a las provincias fronterizas.
El legislador fundamenta la inclusión del creole en las relaciones históricas, comerciales, culturales y migratorias existentes entre República Dominicana y Haití, así como en la dinámica de las comunidades fronterizas. En el caso del inglés, destaca su importancia para sectores como turismo, comercio, tecnología y servicios, mientras que al francés le atribuye relevancia internacional, diplomática y cultural.
Aplicación sería gradual
El proyecto contempla que, en caso de convertirse en ley, el Ministerio de Educación disponga de 12 meses para elaborar el currículo, establecer contenidos, carga horaria y estándares de competencia lingüística.
Su implementación sería progresiva, con un período máximo de cinco años, comenzando por el primer ciclo del nivel primario. También contempla programas para la formación y certificación de docentes capaces de impartir los idiomas.
Una propuesta que genera debate
La iniciativa ha provocado posiciones diferentes entre sectores políticos, educativos y sociales. Mientras sus promotores argumentan que el conocimiento de otros idiomas ampliaría las competencias de los estudiantes y facilitaría la comunicación y las relaciones internacionales, otros sectores cuestionan que el creole deba establecerse como materia obligatoria en todo el sistema educativo.
Incluso dentro del sector magisterial se han divulgado posiciones distintas. La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) aclaró posteriormente que su Comité Ejecutivo Nacional no había adoptado una posición institucional oficial sobre la propuesta.
Por el momento, la enseñanza obligatoria del creole no está vigente en República Dominicana. Se trata de una propuesta legislativa que deberá agotar el procedimiento correspondiente en el Congreso Nacional antes de que pueda convertirse en ley.