El Ministerio Público sostiene que parte de las municiones sustraídas de la Policía Nacional habría sido comercializada mediante contactos en Haití

SANTO DOMINGO.– El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso este miércoles la apertura a juicio de fondo contra varios oficiales, alistados y otros implicados en el denominado caso Pandora, relacionado con la presunta sustracción de armas, municiones y pertrechos pertenecientes a la Policía Nacional.

La decisión fue adoptada por la jueza Patricia Padilla, quien acogió la acusación y los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público, permitiendo que el expediente avance hacia la etapa de juicio.

De acuerdo con la acusación, los integrantes de la presunta estructura habrían aprovechado sus funciones y vínculos con la Intendencia de Armas y Municiones de la Policía Nacional para sustraer material perteneciente a la institución.

Parte de las municiones habría sido posteriormente comercializada a través de un contacto en Haití, donde las autoridades dominicanas sostienen que pudieron terminar vinculadas a grupos criminales que operan en el vecino país.

Oficiales y alistados entre los acusados

Entre las personas enviadas a juicio figuran integrantes de la Policía Nacional que desempeñaban diferentes funciones relacionadas con el manejo y control de armas y municiones.

La acusación incluye al subintendente Juan Miguel Pérez Soler, al cabo Juan Luis Díaz Medina, así como a los rasos Rubier Martínez y Moreibín Medina.

También figuran el auditor Víctor Manuel Santos y el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, quienes permanecen en libertad sujetos a medidas de coerción que incluyen garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país.

El expediente también vincula las operaciones investigadas con la gestión del entonces intendente de Armas, coronel Narciso Antonio Féliz Romero.

Ministerio Público describe supuesto mecanismo de venta

Según la acusación, las municiones eran comercializadas mediante un contacto en Haití por cantidades que oscilaban entre RD$200,000 y RD$240,000.

Los pagos, de acuerdo con la investigación, habrían sido realizados en efectivo y entregados a un cabo identificado por el apellido Rosario, quien supuestamente transportaba el dinero en una mochila.

El Ministerio Público sostiene además que el contacto utilizado para las operaciones visitaba con frecuencia las instalaciones de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional.

La acusación plantea que parte del dinero obtenido mediante estas actividades era entregado al entonces intendente de Armas, coronel Féliz Romero, a quien el órgano persecutor atribuye la adquisición de bienes y el desarrollo de una construcción inmobiliaria en Bonao, provincia Monseñor Nouel, presuntamente con recursos procedentes de las operaciones investigadas.

Cajas habrían sido rellenadas para ocultar faltantes

Uno de los aspectos más particulares del expediente es el mecanismo que, según los fiscales, habría sido utilizado para intentar esconder la desaparición de municiones.

La acusación sostiene que cajas de proyectiles fueron rellenadas con municiones previamente utilizadas en el polígono de tiro de la sede de la Policía Nacional.

El expediente identifica esta supuesta práctica con la expresión “activo falso”, utilizada para describir el mecanismo mediante el cual se habría intentado aparentar que las existencias permanecían completas.

Otros implicados ya fueron condenados

El proceso judicial del caso Pandora ya produjo condenas contra otros señalados dentro de la investigación.

El segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio y Miguelina Bello Segura fueron condenados mediante procedimiento penal abreviado después de alcanzar acuerdos con el Ministerio Público y admitir los hechos que les fueron atribuidos.

Con la decisión del Segundo Juzgado de la Instrucción, los demás acusados incluidos en el auto de apertura deberán ahora enfrentar un juicio de fondo, escenario en el que el Ministerio Público tendrá que demostrar las imputaciones formuladas y las defensas podrán controvertir las pruebas presentadas.

La apertura a juicio no constituye una declaración de culpabilidad. Los acusados conservan la presunción de inocencia hasta que eventualmente intervenga una sentencia condenatoria con la autoridad correspondiente.

SANTO DOMINGO.-El Gobierno dominicano anunció la puesta en marcha de “Empresas en 24 Horas” (E24H), una plataforma digital que integra en un solo proceso los principales trámites necesarios para constituir y formalizar una empresa, con la meta de reducir el procedimiento a un plazo de 24 horas.

La iniciativa fue presentada durante un acto encabezado por el presidente Luis Abinader y busca disminuir la burocracia, los desplazamientos entre instituciones y los costos asociados a la creación de nuevos negocios.

Según lo informado durante el lanzamiento, E24H permitirá que emprendedores y ciudadanos realicen de manera digital buena parte de los procedimientos que tradicionalmente debían gestionar ante distintas entidades públicas y privadas.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, explicó que la plataforma inicia como una beta pública y que continuará perfeccionándose a partir de la experiencia de los usuarios, con miras a ampliar posteriormente su alcance territorial.

Sanz Lovatón destacó que la iniciativa evidencia los resultados que puede producir la coordinación entre instituciones cuando se orienta hacia servicios públicos más rápidos, económicos y accesibles.

Por su parte, el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, presentó el proyecto como parte del proceso de modernización del Estado y de la estrategia gubernamental dirigida a reducir trámites y mejorar la eficiencia de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

Tres trámites esenciales en un solo proceso

Uno de los principales elementos de E24H es la integración de tres procedimientos fundamentales para la constitución de empresas: el nombre comercial, gestionado por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI); el Registro Mercantil, correspondiente a la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo; y el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC), administrado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

La plataforma también cuenta con apoyo de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) para la integración tecnológica y forma parte de los esfuerzos de simplificación administrativa asociados a Burocracia Cero.

Entre sus funcionalidades se encuentran un formulario único, pagos en línea, validaciones automáticas para disminuir errores, prevalidación del nombre comercial mediante WhatsApp y generación automática de documentos constitutivos, incluidos los estatutos sociales y el acto bajo firma privada, cuando corresponda.

Asimismo, los solicitantes podrán dar seguimiento digital a sus expedientes y recibir notificaciones cuando sea necesario realizar correcciones o subsanar documentos.

¿Quiénes pueden utilizar E24H en esta primera etapa?

En su fase inicial, el servicio está dirigido a ciudadanos dominicanos mayores de edad, con domicilio fiscal o comercial en el Distrito Nacional, que pretendan formalizarse como Persona Física (PF), Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL) o Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL).

Por el momento quedan excluidos los procesos que involucren aportes en naturaleza, accionistas extranjeros o actividades sometidas a permisos, autorizaciones o validaciones sectoriales especiales. Para estos casos continuarán disponibles Formalízate y los procedimientos tradicionales.

Menos burocracia para fomentar la formalización

La puesta en funcionamiento de E24H representa un intento de transformar uno de los procesos que históricamente ha requerido la intervención de varias instituciones.

Además del ahorro de tiempo, la concentración de procedimientos en una sola plataforma podría facilitar que pequeños emprendedores ingresen a la economía formal, obtengan su documentación empresarial y puedan posteriormente acceder a servicios financieros y desarrollar sus operaciones bajo una estructura legal.

El desafío estará en que la promesa de “24 horas” pueda sostenerse en la práctica, que la interoperabilidad entre las instituciones funcione adecuadamente y que la plataforma amplíe progresivamente su cobertura para incluir otros territorios y modalidades empresariales.

La Segunda Sala determinó que la decisión recurrida no cumplía el requisito de impugnabilidad objetiva exigido por el Código Procesal Penal

SANTO DOMINGO.– La Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró inadmisible el recurso de casación presentado por Adán Cáceres Silvestre contra la decisión que había rechazado su pretensión de extinguir la acción penal seguida en su contra dentro del proceso derivado de las operaciones Coral y Coral 5G.

Con esta decisión, la Segunda Sala de la alta corte mantiene los efectos de la resolución emitida por la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que previamente había rechazado el recurso presentado por la defensa del exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP).

La decisión representa un nuevo revés judicial para Cáceres en sus intentos por conseguir la terminación del proceso alegando el vencimiento del plazo máximo de duración.

SCJ fundamenta inadmisibilidad en el Código Procesal Penal

La Segunda Sala estableció que el recurso no reunía el presupuesto de impugnabilidad objetiva contemplado en el artículo 441 del Código Procesal Penal, razón por la cual procedió a declararlo inadmisible.

El recurso había sido dirigido contra la resolución penal núm. 502-2026-SRES00071, dictada el 26 de febrero de 2026 por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

La decisión de la Suprema fue adoptada por los magistrados Francisco Antonio Jerez Mena, presidente de la sala; Nancy Salcedo Fernández, Fran Euclides Soto Sánchez, María Garabito Ramírez y Yorlin Vásquez Castro.

Defensa había planteado varias veces la extinción

La solicitud de extinción de la acción penal había sido planteada en distintas oportunidades por la defensa de Cáceres.

Tres peticiones fueron presentadas ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que las rechazó tras considerar razonable el tiempo transcurrido atendiendo a la naturaleza y las particularidades del proceso.

Posteriormente, la defensa acudió ante la Corte de Apelación, donde tampoco consiguió que prosperara su pretensión.

El siguiente paso fue recurrir en casación ante la Suprema Corte de Justicia, que ahora declaró inadmisible esa vía de impugnación.

Ministerio Público pidió rechazar recurso

El Ministerio Público se opuso a las pretensiones de Cáceres y solicitó que permaneciera vigente la decisión recurrida.

En el proceso participaron representantes de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), quienes sostuvieron que no estaban presentes los vicios denunciados por el recurrente.

El Estado dominicano también solicitó la inadmisibilidad del recurso al considerar que la resolución cuestionada no reunía las condiciones legales para ser recurrida mediante casación.

Tras conocerse la decisión, el Ministerio Público valoró favorablemente el fallo y consideró que contribuye al avance de los procesos contra la corrupción.

Cáceres fue condenado a 20 años

La decisión de la Suprema se produce después de que, en junio de 2026, un tribunal condenara a Adán Cáceres a 20 años de prisión por hechos de corrupción administrativa relacionados con el caso Coral y Coral 5G.

La misma pena fue impuesta al general Juan Carlos Torres Robiou y al coronel Rafael Núñez de Aza.

Otros procesados recibieron diferentes condenas, entre ellos el general Julio Camilo de los Santos Viola y Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, quienes fueron sentenciados a 15 años de prisión.

El proceso surgió de las investigaciones conocidas como Operación Coral y Coral 5G, mediante las cuales el Ministerio Público atribuyó a militares, policías, civiles y sociedades comerciales la participación en un esquema destinado al manejo irregular y desvío de recursos públicos.

La diferencia entre inadmisibilidad y decisión sobre el fondo

Desde el punto de vista jurídico, resulta importante precisar que la Suprema declaró inadmisible el recurso de casación, lo que significa que no acogió esa vía procesal para revisar la decisión cuestionada.

La inadmisibilidad no equivale necesariamente a una nueva valoración de todos los argumentos de fondo planteados originalmente sobre la duración del proceso.

En este caso, la Segunda Sala determinó que no se cumplía el requisito procesal establecido por el artículo 441 del Código Procesal Penal para que la decisión pudiera ser examinada mediante el recurso de casación.

En consecuencia, permanece vigente el rechazo a la solicitud de extinción de la acción penal planteada por Cáceres, mientras el proceso continúa conforme a las decisiones adoptadas por los tribunales competentes.