Comunidad en el exterior
NY ayudará miles jóvenes inmigrantes sin papeles
Manifestación de estudiantes contra las deportaciones de inmigrantes en Estados Unidos. AP/Archivo
NUEVA YORK.. El estado de Nueva York dedicará casi medio millón de dólares a ayudar a jóvenes inmigrantes sin papeles que quieran solicitar la suspensión de sus deportaciones y permisos de trabajo temporal bajo un nuevo programa federal.
Miembros de la Asamblea, la cámara baja de la legislatura estatal, dijeron el lunes que el dinero servirá para que aproximadamente 90,000 jóvenes en situación migratoria irregular puedan contar con abogados, información sobre el proceso de solicitud, ayuda para enviar todos los documentos necesarios a las autoridades migratorias y consejos sobre la manera de evitar el pago de tarifas, si es que lo necesitan.
La decisión de ofrecer 450,000 dólares en dinero del estado a cuatro organizaciones de ayuda a inmigrantes para que asesoren a estos jóvenes es propia de una región que abre sus puertas a extranjeros, aunque se encuentren en el país ilegalmente, dijeron los asambleístas durante una conferencia de prensa.
En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, es ilegal que empleados municipales pregunten a un inmigrante que busca información o servicios públicos si se encuentra legalmente en el país.
“Nos gustaría que todos los que puedan soliciten la ayuda que ofrece el programa federal”, dijo el presidente de la asamblea estatal, Sheldon Silver.
“Esta es una política profundamente humana para cientos de miles de jóvenes que no tienen otra casa que los Estados Unidos y que viven con el miedo permanente a la deportación”.
Bajo el nuevo programa federal anunciado en junio, jóvenes que fueron traídos ilegalmente por sus padres a Estados Unidos cuando eran niños y que cumplan ciertos requisitos podrán solicitar la suspensión de sus deportaciones durante dos años y obtener un permiso de trabajo.
El programa, impuesto por el presidente Barack Obama, entra en vigor el miércoles. Con 150,000 dólares de dinero estatal, la Coalición de Inmigrantes de Nueva York y el Fondo de Acción de Inmigrantes del estado de Nueva York podrán crear una red de servicios legales para ayudar a los jóvenes que quieran acogerse al programa, conocidos como “dreamers”.
Los grupos Legal Services NYC y Se Hace Camino Nueva York son otras dos organizaciones sin ánimo de lucro que recibirán 150,000 dólares cada una.
Los jóvenes inmigrantes contarán así con toda la ayuda de forma gratuita para obtener documentos.
“Se agradece mucho”, dijo Katherine Tabares, una colombiana de 17 años sin papeles que hace de voluntaria en Se Hace Camino Nueva York.
La clave
Suspender deportación
Los jóvenes podrán suspender su deportación si demuestran haber estado en EEUU al menos durante cinco años, tener menos de 31 años, haber llegado al país antes de los 16 años, estar inscritos en alguna escuela de secundaria, haber concluido sus estudios de secundaria u haber obtenido un certificado del examen GED. (AP)
NEW HAMPSHIRE.- Una dominicana fue sentenciada a 24 meses de cárcel y tres años en libertad condicional por tráfico de drogas.
María Camacho, de 44 años, se declaró culpable en mayo pasado de un cargo de conspiración para distribuir sustancias controladas.
“La acusada era una agente de una importante organización de tráfico de drogas con sede en Massachusetts que suministraba drogas aquí en New Hampshire, lo que alimentaba la crisis de los opioides”, dijo la fiscal Jane E. Young en un comunicado.
De su lado, la agente especial a cargo de la División de Boston del FBI, Jodi Cohen, explicó que “a pesar de tener una fuente de ingresos alternativa, María Camacho no tenía vergüenza de traficar con veneno letal en New Hampshire en nombre de una gran organización de tráfico de drogas con sede en Massachusetts”.
“La sentencia de hoy responsabiliza a esta narcotraficante por el daño que ha infligido tanto a sus clientes como a la comunidad. El FBI quisiera agradecer a nuestros socios en la aplicación de la ley por trabajar con nosotros para desmantelar organizaciones de tráfico de drogas en expansión como esta con el fin de hacer que nuestras calles sean más seguras”, añadió.
jt/am
CONNECTICUT.- Un oficial de policía de origen dominicano fue acusado de varios cargos criminales tras un incidente de violencia doméstica.
A Julio Gil Martínez, del departamento de policía en el distrito de Waterford, se le imputan amenazas, asalto, estrangulamiento, restricción ilegal e interferencia con una llamada de emergencia.
El incidente supuestamente ocurrió en una casa donde vivía la pareja en New London.
A Gil Martínez le fue fijada una de 75,000 dólares y fue puesto bajo licencia.
jt/am
Nueva York enfrenta un escándalo que involucra a un director escolar y su esposa, acusados de liderar una red de explotación de maestros dominicanos.
Durante los últimos dos años, Emmanuel Polanco, exdirector de la escuela JHS 80 en el Bronx, y su esposa, Sterling Báez, han recibido más de $500,000 en salarios combinados mientras se encuentran bajo investigación federal por tráfico humano, según reportó The New York Post.
El caso gira en torno a 20 docentes de la República Dominicana que fueron reclutados para enseñar en escuelas bilingües en Nueva York. Estos maestros han quedado atrapados en una compleja situación legal, donde no pueden abandonar Estados Unidos sin arriesgarse a perder sus trabajos y un programa de maestría financiado por el Departamento de Educación de Nueva York (DOE).
Según la investigación, los docentes fueron obligados a alquilar habitaciones a precios exorbitantes en propiedades vinculadas a Polanco y otros administradores escolares de origen dominicano.
ESQUEMA DE EXPLOTACION
La investigación, que comenzó en noviembre de 2022, apunta a que Polanco y Baez lideraban un esquema en el que los maestros debían alquilar apartamentos propiedad de la familia Polanco o de ADASA, una organización de administradores dominicanos.
En uno de los casos más graves, 11 maestros fueron alojados en una casa dúplex del Bronx, pagando hasta $1,450 por habitaciones individuales con cocina y baño compartidos. Estas prácticas generaban ganancias netas de hasta $8,900 al mes.
Sterling Baez, quien fue removida de su puesto como maestra, cobraba personalmente $3,000 mensuales por un apartamento propiedad de su difunta suegra. Además, otros administradores escolares, como Daniel Calcaño, exasistente de dirección y tesorero de ADASA, también recolectaban rentas de manera agresiva, llegando a tocar puertas a altas horas de la noche para exigir pagos.
IMPACTO EN DOCENTES DOMINICANOS
Atrapados en un limbo migratorio, los maestros afectados tienen un estatus especial otorgado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), conocido como «Presencia Continuada», el cual se reserva para víctimas de tráfico humano. Este estatus les prohíbe salir de los Estados Unidos mientras avanza la investigación. Varios maestros han relatado que no han podido visitar a sus familias en la República Dominicana, incluso en situaciones urgentes como enfermedades graves de sus seres queridos.
De los 25 maestros originalmente involucrados, cinco han renunciado a sus empleos y regresado a su país. Los 20 restantes han conseguido viviendas por su cuenta, pero continúan sintiéndose abandonados. “Estamos en limbo”, expresó uno de los maestros, quien pidió anonimato por temor a represalias.
SALARIOS ELEVADOS
Mientras los maestros enfrentan incertidumbre, Polanco y Baez permanecen en la nómina del DOE con salarios que sumaron $311,303 en el año fiscal 2024. Ambos fueron reasignados a roles administrativos, donde cumplen pocas o ninguna función mientras se desarrolla la investigación. Daniel Calcaño, otro de los acusados, también sigue en la nómina con un salario anual de $151,409.
La investigación, liderada por el Departamento de Seguridad Nacional, permanece activa, aunque no se han presentado cargos formales contra Polanco, Baez ni los otros implicados. Una portavoz del DHS se negó a comentar sobre el caso debido a «sensibilidades relacionadas con la aplicación de la ley».
Mientras tanto, los maestros afectados, que ganan entre $66,000 y $75,000 anuales más horas extras, continúan asistiendo a la Universidad City College para completar sus maestrías en educación, un programa financiado por el DOE que podría llevar a la certificación y estatus migratorio permanente.
Este caso destaca las vulnerabilidades de los trabajadores extranjeros en programas educativos y cómo la burocracia puede convertir sus sueños en una pesadilla.