Adriano Espaillat, Analilia Mejia y Rob Menéndez visitaron Delaney Hall y aseguran haber recibido denuncias sobre atención médica, alimentos y climatización dentro del centro

NUEVA JERSEY.– El congresista de origen dominicano Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso de Estados Unidos, denunció junto a los representantes Analilia Mejia y Rob Menéndez que inmigrantes recluidos en el centro de detención Delaney Hall, en Nueva Jersey, continúan enfrentando condiciones que calificaron como preocupantes.

Los legisladores demócratas realizaron una nueva visita a las instalaciones después de las reiteradas denuncias relacionadas con el funcionamiento del centro y el trato dispensado a las personas que permanecen bajo custodia migratoria.

De acuerdo con los congresistas, durante el recorrido recibieron testimonios de detenidos que denunciaron problemas relacionados con el acceso a servicios médicos, la calidad de los alimentos y las condiciones de climatización.

Detenidos denuncian retrasos en atención médica

Según una declaración difundida por los legisladores, algunos inmigrantes les manifestaron que enfrentan retrasos e incluso dificultades para recibir asistencia médica cuando se encuentran enfermos o presentan algún tipo de dolor.

También denunciaron la entrega de alimentos que consideran en malas condiciones y problemas con el sistema de aire acondicionado.

Los congresistas afirmaron que estas situaciones podrían representar riesgos para las personas que permanecen bajo custodia.

Espaillat, Mejia y Menéndez sostuvieron que tanto el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) como la empresa que opera las instalaciones tienen responsabilidades sobre las condiciones en que permanecen los detenidos.

Los legisladores calificaron la situación como una deficiencia en la atención y supervisión de un centro financiado con recursos federales.

Delaney Hall ha sido escenario de protestas

No es la primera vez que Espaillat y otros miembros del Congreso visitan las instalaciones.

Una delegación de legisladores acudió a Delaney Hall en mayo, en medio de cuestionamientos sobre las condiciones existentes dentro del centro.

La instalación, operada por GEO Group, tiene capacidad para aproximadamente 1,196 personas y es considerada uno de los mayores centros de detención migratoria de la costa este de Estados Unidos.

El lugar también ha sido escenario de protestas de activistas y reclamos de personas detenidas.

Inmigrantes realizaron huelga de hambre

A mediados de mayo comenzó una huelga de hambre protagonizada por detenidos que reclamaban cambios en las condiciones de su reclusión.

Entre sus demandas figuraban mejoras en la alimentación y atención médica, acceso a agua potable y denuncias relacionadas con el trato recibido dentro de las instalaciones.

La protesta concluyó el 22 de junio.

Activistas vinculados a los reclamos alegaron posteriormente que la terminación de la huelga no respondió a mejoras sustanciales en las condiciones del centro, sino a supuestas medidas disciplinarias y presiones contra los participantes.

Legisladores reclaman mayor supervisión

La nueva visita de los congresistas coloca nuevamente bajo escrutinio las condiciones de detención de inmigrantes en Delaney Hall.

Espaillat y los demás legisladores sostienen que las autoridades federales deben garantizar condiciones adecuadas para todas las personas que permanecen bajo su custodia, independientemente de su situación migratoria.

Los señalamientos sobre alimentación, atención médica, climatización y trato a los detenidos corresponden a las denuncias comunicadas por los congresistas y personas recluidas en el centro. En la información suministrada no se incluye una respuesta de ICE ni de GEO Group sobre estas nuevas acusaciones.

La acusación estableció que participaron en una operación para lavar dinero obtenido mediante la denominada “estafa de los abuelos”, ejecutada desde República Dominicana

PENSILVANIA, EE. UU.– Dos ciudadanos dominicanos fueron condenados a dos años de prisión por su participación en una conspiración de lavado de dinero relacionada con un esquema de fraude que tenía como víctimas principalmente a personas de edad avanzada en Estados Unidos.

Los condenados son Luis Alfonso Bisonó Rodríguez, de 35 años, y Engels Guillermo Almengot Valerio, de 26, quienes también deberán cumplir tres años de libertad supervisada después de finalizar sus respectivas penas de prisión.

Rodríguez residía en Cleveland, Ohio, mientras que Valerio se encontraba en Paterson, Nueva Jersey. De acuerdo con las informaciones presentadas ante el tribunal, ambos permanecían de manera irregular en territorio estadounidense.

La llamada “estafa de los abuelos”

El dinero involucrado en el proceso judicial provenía de una modalidad de fraude conocida como “estafa de los abuelos”, mediante la cual delincuentes contactaban a personas mayores haciéndose pasar por familiares que supuestamente enfrentaban una situación de emergencia.

Los responsables buscaban generar temor y presión sobre las víctimas, convenciéndolas de que un nieto u otro familiar necesitaba dinero urgentemente.

Una vez que la víctima accedía a realizar el pago, otros integrantes de la estructura intervenían para recoger el efectivo.

Según los documentos del caso, la operación fraudulenta era coordinada desde República Dominicana.

Utilizaban conductores para recoger el dinero

La estructura empleaba conductores de servicios de transporte compartido para trasladarse hasta los domicilios de las víctimas y recoger el efectivo.

Posteriormente, el dinero era entregado a otros participantes de la organización.

Las autoridades establecieron que Bisonó Rodríguez y Almengot Valerio recibieron directamente fondos procedentes de esas operaciones.

Una parte del dinero obtenido mediante las estafas era depositada en cuentas bancarias, mientras otra era enviada a República Dominicana mediante transferencias.

Valerio coordinaba algunos recorridos

Las informaciones presentadas durante el proceso indican además que Valerio participaba en la coordinación de algunos de los desplazamientos destinados a recoger el dinero de las víctimas.

Varios de esos recorridos habrían culminado con la entrega de fondos a Rodríguez.

La participación de ambos fue vinculada por las autoridades estadounidenses al proceso utilizado para mover y ocultar recursos procedentes de las estafas.

Adultos mayores, blanco de redes de fraude

Este tipo de esquema criminal explota principalmente la preocupación de padres y abuelos ante una supuesta emergencia familiar.

Los delincuentes utilizan historias relacionadas con accidentes, arrestos, problemas judiciales u otras situaciones urgentes para presionar a las víctimas y conseguir que entreguen dinero antes de comprobar si la emergencia realmente existe.

La condena contra los dos dominicanos se produce en momentos en que las autoridades estadounidenses mantienen especial atención sobre las estructuras dedicadas a defraudar a adultos mayores y sobre las redes utilizadas posteriormente para recibir, movilizar y transferir el dinero obtenido mediante esos delito

Detrás de las cifras millonarias que cada año ingresan a República Dominicana hay trabajadores emigrantes, familias separadas y un desafío pendiente para el Estado: convertir parte de esos recursos en oportunidades de desarrollo

Cada vez que se anuncia un nuevo crecimiento de las remesas recibidas por República Dominicana, la atención suele concentrarse en los millones de dólares ingresados, su aporte al mercado cambiario y su importancia para la estabilidad económica.

Pero detrás de esas estadísticas existe una realidad mucho más humana: el dinero no lo genera el Gobierno, sino los dominicanos que trabajan en el exterior y destinan una parte de sus ingresos al sostenimiento de sus familiares en el país.

Por eso, aunque una administración pueda favorecer la estabilidad económica, facilitar los canales financieros o implementar políticas relacionadas con la diáspora, resulta necesario diferenciar esos efectos de la fuente fundamental de las remesas: el esfuerzo económico de quienes emigraron.

En 2025, República Dominicana recibió alrededor de US$11,866 millones en remesas, una cifra que evidencia el extraordinario peso que tiene la comunidad dominicana residente en el extranjero sobre la economía nacional.

Más allá de su dimensión macroeconómica, esos recursos tienen un impacto directo en miles de hogares: permiten comprar alimentos, pagar alquileres, financiar educación, cubrir medicamentos, construir viviendas y enfrentar emergencias familiares.

Una economía construida también desde fuera

Las remesas representan algo más que transferencias internacionales.

Cada envío puede significar horas adicionales de trabajo, empleos simultáneos, ahorro y sacrificios personales realizados por dominicanos establecidos en Estados Unidos, España y otras partes del mundo.

Son trabajadores de la construcción, profesionales, comerciantes, empleados de servicios, taxistas, enfermeras, emprendedores y miles de personas que mantienen vínculos económicos permanentes con sus familias y comunidades de origen.

Esa realidad ha creado una particular relación entre República Dominicana y su diáspora: una parte del país vive fuera de sus fronteras, pero continúa participando diariamente en su economía.

Por eso, presentar automáticamente un aumento de las remesas como una conquista gubernamental puede conducir a una interpretación incompleta de la realidad.

Los gobiernos administran políticas económicas; quienes generan y envían las remesas son los trabajadores emigrantes.

El Estado también tiene responsabilidades

Reconocer el protagonismo de la diáspora no significa desconocer el papel que puede desempeñar el Estado.

Las autoridades tienen responsabilidades importantes: garantizar estabilidad macroeconómica, fortalecer el sistema financiero, reducir los costos de las transferencias, facilitar inversiones y crear mecanismos que permitan que una mayor proporción de esos recursos se convierta en patrimonio y actividad productiva.

Ahí debería concentrarse una verdadera política pública dirigida a los dominicanos residentes en el exterior.

El desafío consiste en avanzar de una relación basada fundamentalmente en recibir remesas hacia otra que permita aprovechar también el ahorro, conocimiento, experiencia profesional y capacidad empresarial acumulados por millones de dominicanos fuera del territorio nacional.

De remesas para consumo a inversión y patrimonio

Una parte importante de los recursos enviados desde el exterior está destinada naturalmente a cubrir necesidades familiares inmediatas.

Sin embargo, República Dominicana tiene la oportunidad de desarrollar instrumentos que permitan a quienes lo deseen canalizar parte de sus ahorros hacia proyectos productivos.

Acceso seguro a viviendas, mecanismos confiables de inversión inmobiliaria, financiamiento para pequeñas empresas, fondos de coinversión y mayor protección jurídica para las operaciones realizadas desde el extranjero podrían fortalecer ese vínculo.

El dominicano residente fuera del país necesita tener garantías de que puede invertir sus ahorros sin convertirse en víctima de fraudes, interminables trámites burocráticos o inseguridad jurídica.

No se trata únicamente de cuánto dinero envía la diáspora, sino de qué condiciones encuentra cuando intenta convertir años de trabajo en una vivienda, una empresa o un patrimonio en su propio país.

La diáspora es mucho más que remesas

Existe además otro aspecto que con frecuencia queda relegado.

La comunidad dominicana en el extranjero no representa exclusivamente una fuente de divisas.

Está integrada por profesionales de la medicina, derecho, ingeniería, educación, tecnología, comunicación, arte, negocios y numerosas disciplinas que han alcanzado posiciones relevantes en las sociedades donde residen.

Ese capital humano podría convertirse en un componente todavía más importante del desarrollo nacional mediante programas permanentes de cooperación, transferencia de conocimientos, inversión e intercambio profesional.

La relación del Estado con la diáspora, por tanto, debería trascender las estadísticas sobre el dinero que envía cada mes.

Reconocer a quien hace el sacrificio

Cuando las remesas alcanzan niveles históricos, existe espacio para valorar sus efectos positivos sobre la economía dominicana.

Pero el reconocimiento principal corresponde a quienes generan esos recursos.

A la persona que trabaja horas extraordinarias para ayudar a sus padres. A quien pospone una compra para pagar los estudios de un hijo. A quien lleva años fuera del país, pero continúa sosteniendo económicamente a familiares que permanecen en República Dominicana.

Las remesas pueden fortalecer las reservas, dinamizar el consumo y contribuir a la estabilidad económica, pero su origen continúa siendo profundamente personal y familiar.

El verdadero éxito de una política pública no debería medirse únicamente por cuánto dinero envían los dominicanos desde el extranjero.

Debería medirse también por cuánto disminuye el costo de enviarlo, qué protección reciben quienes invierten sus ahorros en el país, qué oportunidades encuentran cuando deciden regresar y cuánto aprovecha República Dominicana el enorme capital humano de su diáspora.

Las remesas son una muestra extraordinaria de solidaridad familiar y compromiso con el país.

El Estado puede crear mejores condiciones para recibirlas y aprovecharlas, pero el mérito fundamental pertenece a quienes trabajan, ahorran y hacen el sacrificio de enviarlas.