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El Gran Santo Domingo con obras rezagadas.
Santo Domingo.-Marchan a diferentes ritmos 93 obras de infraestructura que se levantan en el Gran Santo Domingo, algunas de las cuales están rezagadas desde pasadas administraciones y otras son iniciativas del actual Gobierno.
Las razones que ofrecen las autoridades para el retraso son muchas. Desde paralizaciones por la pandemia del COVID 19; falta de permisos ambientales; retrasos de pagos a contratistas y malas condiciones climáticas. También, cambios en los diseños y presupuestos desactualizados, entre otras razones.
En todo el país las autoridades trabajan en unos 600 proyectos de infraestructuras. De esa cantidad ya han sido terminados 282 y se espera que para final de año la cifra se eleve a 300. La inversión del Estado asciende a unos 95,000 millones de pesos, informó el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención.
«Las obras tienen una dinámica propia. Muchas veces unas van más rápido, otras van más lentas, pero es la reprogramación que ha habido», argumenta el ministro. Explicó que muchos proyectos estaban sustentados en presupuestos que no se correspondían con la inversión y se tuvo que hacer una ley especial para ajustar los recursos. En esas condiciones había unas 400 obras que serian terminadas este año y principios del 2024.
«Diríamos que van a ritmo satisfactorio, no el que quisiéramos, pero se avanza», manifestó. Desde su inicio, el Gobierno ha encontrado en el sector construcción su principal aliado para la reactivación de la economía pospandemia. De acuerdo con el funcionario, la administración solo encontró 68 obras en ejecución y en solo tres años el número se ha elevado a 532.
Las obras
Algunas de las obras más emblemáticas que están en fase de construcción en el Gran Santo Domingo son el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, iniciada durante el gobierno de Danilo Medina, en mayo de 2015. El retraso es atribuido al aumento de los precios de los materiales.
Se trata de un proyecto de 14,696 metros cuadrados, conformado por dos módulos. Uno albergará las instalaciones del Poder Judicial y otro las del Ministerio Público. De acuerdo con el citado ministro, la infraestructura la recibieron con un 30% de ejecución.
El proyecto fue rediseñado y se espera que la parte correspondiente al Poder Judicial esté terminada entre febrero y marzo del próximo año. Tendrá un costo de alrededor de los 4,000 millones de pesos.
Ciudad de la Salud en SDN
Está conformada por cuatro hospitales. El Traumatológico Dr.Ney Arias Lora; el Pediátrico Dr. Hugo Mendoza; el Materno Dr. Reynaldo Almánzar.
El Hospital Doctor Mario Tolentino Dipp fue el último en ser inaugurado, el 10 de agosto pasado. Llevaba unos 13 años en construcción. Su costo ascendió a 2,800 pesos millones.
La paralización de los trabajos era atribuida a un impase legal con el contratista original que con los años supuestamente se resolvió.
Ciudad Sanitaria Luis E. Aybar
Este complejo, que tenía como hospital principal el Luis Eduardo Aybar (Morgan) se inició en el primer gobierno de Danilo Medina, a un costo de 4,900 millones de pesos. La nueva edificación incluye un moderno complejo de dos nuevos hospitales, uno materno infantil y otro general, y un edificio para consulta externa y docencia.
Debido a los retrasos en la construcción de edificación, áreas claves, como las consultas externas se iniciaron en el segundo semestre del año pasado. La primera semana de septiembre de 2023 el hospital ofrecía atención en 25 especialidades médicas.
Padre Billini
Fue en agosto de 2022 que fue formalmente culminada la remodelación de este hospital, cinco años después del inicio de los trabajos de rehabilitación.
En principio, la intervención del emblemático centro hospitalario de la Ciudad Colonial estuvo bajo la responsabilidad de la eliminada Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado.
Una de las razones del retraso en la obra reconstrucción de la obra tuvo que ver con estrategias para conservar el diseño original de una estructura muy antigua.
Defensor del Pueblo
Diez años después de haberse escogido, todavía las oficinas de esa entidad están en locales alquilados porque el edificio que se construye no está terminado a pesar de que fue iniciado hace siete años, durante la gestión de Zoila Martínez.
La obra en construcción estaría lista para uso del personal de la institución en octubre de este año, según le informó a Diario Libre una funcionaria del organismo.
Ubicado en la avenida 27 de febrero, 256, entre Caonabo y Privada, al edificio solo le faltan detalles y su retraso se debe a la pandemia y a la variación del presupuesto por el aumento de los materiales. Esta obra se construye con el apoyo económico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)).
Nuevo Domingo Savio
Otra obra en proceso es el proyecto Nuevo Domingo Savio, cuyos trabajos comenzaron en el 2017 con una inversión inicial de 4,000 millones de pesos, para beneficiar a miles de familias y reducir la contaminación del río Ozama.
Su primera etapa fue inaugurada y se trabaja en las otras fases, cuyos trabajos comprenden una nueva avenida denominada «Paseo del Río». Esta mejoría la accesibilidad porque se ampliarán las calles. incorporarán un complejo deportivo y rutas de autobuses.
Mercado «Los Rieles»
El mercado conocido como «Los Rieles», en Los Alcarrizos, lleva tres años en construcción. El Gobierno invirtió 26 millones de pesos para la obra y falta un tiempo similar para terminarlo.
También lleva más de un año de construcción la sede de la Dirección Regional de Santo Domingo Oeste.
Multimodal Los Alcarrizos
En 2018, el entonces presidente Danilo Medina anunció el Multimodal Los Alcarrizos, que incluía la extensión de la línea 2 del Metro el Teleférico y una terminal de autobuses para las 14 provincias de la región norte. El Gobierno actual terminó el Teleférico y avanza la extensión del Metro, sin embargo, a la terminal de autobuses no se le ha dado continuidad. Los hierros están oxidados y las autoridades no han mostrado interés en ese aspecto del proyecto integral.
Ampliación de carriles
El proyecto de ampliación de la Autopista Duarte en el kilómetro 9 para llevar la vía a 14 carriles fue anunciado para ser terminado en 10 meses, el año pasado. Todavía se trabaja en el mismo.
Obras del gobierno en desarrollo
Extensión de Avenida Hípica 4.8 kilómetros, 4 carriles.
Circunvalación de Los Alcarrizos, 8.2 kilómetros, 6 carriles.
Ampliación del Hospital Robert Reid Cabral.
Extensión de la Avenida Ecológica, 10.5 kilómetros.
Ampliación a 12 carriles de la Autopista Duarte, en el kilómetro 9.
Extensión de la línea 2-C del Metro (7.3 kilómetros).
Marginal de la Autopista Duarte, 7 kilómetros.
Asfaltados de calles en el Distrito y la provincia Santo Domingo.
Construcción de viviendas «Presencia Dominicana», San Luis.
Construcción centro Caid, SDE.
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Pepca asegura que pruebas del caso Calamar sustentarán solicitud de condena contra imputados
Mirna Ortiz afirmó que el Ministerio Público presentará pruebas testimoniales y periciales para sustentar su acusación; la lectura del expediente continuará el lunes 21 de septiembre
SANTO DOMINGO.– La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, afirmó que el Ministerio Público considera que las pruebas que presentará durante el juicio de fondo del denominado caso Calamar permitirán sustentar su solicitud de condena contra los imputados.
“Indiscutiblemente, frente a la contundencia de estas pruebas, este tribunal tendrá que condenar a cada uno de los imputados con las penas que en su momento vamos a solicitar”, declaró Ortiz al referirse a la acusación que conoce el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
La procuradora de Corte sostuvo que, conforme a la tesis del órgano acusador, el expediente describe una presunta estructura que habría utilizado instituciones del Estado para desarrollar un esquema de corrupción destinado a obtener beneficios económicos.
“Esta estructura criminal utilizó el Estado como instrumento, la corrupción como método y el lucro para enriquecerse y permanecer en el poder”, manifestó.
Acusación contiene 3,383 páginas
Ortiz explicó que las distintas líneas de investigación contenidas en las 3,383 páginas de la acusación están acompañadas de referencias a pruebas testimoniales y periciales que el Ministerio Público pretende incorporar y debatir durante el juicio.
Entre los procesados figura el exministro de Hacienda Donald Guerrero, junto a otros imputados incluidos en el expediente del caso Calamar.
La lectura de la acusación estuvo encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, acompañado por el equipo de fiscales litigantes.
El conocimiento del expediente continuará el lunes 21 de septiembre, cuando está previsto proseguir con la lectura de la acusación.
Ministerio Público dice que investigaciones continúan
Consultada sobre empresarios y una empresa que hasta el momento no forman parte del proceso, Ortiz indicó que las investigaciones relacionadas con el caso permanecen abiertas.
“El Ministerio Público sigue investigando, seguimos avanzando. Ustedes saben que las investigaciones no se agotan en un solo proceso y más adelante veremos”, expresó.
Por su parte, el abogado José Martínez Hoepelman señaló que la jornada judicial transcurrió con normalidad y que las defensas permitieron que el Ministerio Público desarrollara sus alegatos de apertura sin interrupciones.
Tribunal deberá valorar las pruebas
Las declaraciones de Ortiz representan la posición y teoría acusatoria del Ministerio Público. Corresponderá al Tercer Tribunal Colegiado valorar durante el juicio las pruebas presentadas por la acusación y las defensas, así como los argumentos de todas las partes, antes de determinar si existe o no responsabilidad penal.
Los imputados en el caso Calamar mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria definitiva dictada conforme al debido proceso.
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Expresidente de la JCE defiende permanencia de partidos minoritarios en el sistema político dominicano
Julio César Castaños Guzmán sostiene que las organizaciones pequeñas representan sectores minoritarios y forman parte de la tradición democrática del país
SANTO DOMINGO.– El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE) Julio César Castaños Guzmán se pronunció a favor de preservar la participación de los partidos políticos minoritarios en República Dominicana, al considerar que estas organizaciones contribuyen a la representación de distintos sectores de la sociedad.
“Esos partidos deben mantenerse todos por el bien de la democracia”, expresó el jurista al referirse al papel que desempeñan las organizaciones de menor tamaño dentro del sistema político dominicano, según declaraciones publicadas este miércoles por El Día.
Castaños Guzmán argumentó que los partidos pequeños no constituyen un fenómeno reciente y señaló que han formado parte de la vida política nacional desde los orígenes de la República.
A su juicio, eliminar esas organizaciones reduciría las alternativas disponibles para determinados sectores del electorado.
Defiende representación de las minorías
El expresidente de la JCE sostuvo que la importancia de una organización política no debería analizarse exclusivamente a partir de su tamaño o de la cantidad de votos obtenidos en las elecciones.
Según explicó, también deben considerarse aspectos como sus ideas, estructuras internas y capacidad para establecer alianzas.
“La fortaleza de un partido se evalúa por su pensamiento, por sus estructuras y las alianzas que hace”, manifestó Castaños Guzmán, de acuerdo con el reporte periodístico suministrado.
El jurista vinculó además su posición con la representación política de los grupos minoritarios, señalando que estos tienen reconocimiento dentro del orden constitucional dominicano.
“Las minorías están en la Constitución”, afirmó al defender la continuidad de espacios políticos que permitan canalizar distintas expresiones de la sociedad.
Partidos políticos y democracia
Castaños Guzmán sostuvo que el sistema de partidos constituye un componente esencial del régimen democrático y relacionó la existencia de organizaciones políticas institucionalmente sólidas con la calidad de la democracia.
Sus declaraciones se producen en medio de discusiones públicas sobre el funcionamiento, reconocimiento y permanencia de las organizaciones políticas en República Dominicana.
El régimen de partidos dominicano está regulado, entre otras normas, por la Ley núm. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, mientras que la Constitución reconoce el papel de estas organizaciones en el fortalecimiento de la democracia y establece principios relativos a su organización y funcionamiento.
La posición expresada por Castaños Guzmán constituye su valoración sobre el sistema de partidos y la representación de las minorías, dentro del debate sobre el papel que deben desempeñar las organizaciones políticas de menor tamaño en la democracia dominicana.
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Abinader rechaza propuesta para hacer obligatoria la enseñanza del creole en escuelas dominicanas
El mandatario calificó la iniciativa como un “despropósito” y afirmó que el Gobierno apuesta por fortalecer la enseñanza del inglés
SANTO DOMINGO.– El presidente de la República, Luis Abinader, rechazó la propuesta legislativa que busca establecer como obligatoria la enseñanza del creole en las escuelas públicas y privadas de República Dominicana, iniciativa que también contempla incorporar el inglés y el francés al modelo educativo. El mandatario calificó la enseñanza obligatoria del creole como un “despropósito” y aseguró que la propuesta no cuenta con el respaldo de su administración.
Abinader manifestó que el Gobierno tiene interés en fortalecer la enseñanza del inglés en los centros educativos, pero marcó distancia respecto a la inclusión obligatoria del creole. También señaló que la iniciativa no fue discutida ni respaldada por el Gobierno ni por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
¿Qué plantea el proyecto?
La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados por Julio César Beltré Méndez, diputado del PRM por la provincia Azua. El proyecto propone incorporar obligatoriamente la enseñanza de creole, inglés y francés desde el nivel primario hasta el secundario.
De acuerdo con el contenido de la propuesta, la medida abarcaría centros educativos públicos, privados y de gestión mixta autorizados por el Ministerio de Educación y no estaría limitada exclusivamente a las provincias fronterizas.
El legislador fundamenta la inclusión del creole en las relaciones históricas, comerciales, culturales y migratorias existentes entre República Dominicana y Haití, así como en la dinámica de las comunidades fronterizas. En el caso del inglés, destaca su importancia para sectores como turismo, comercio, tecnología y servicios, mientras que al francés le atribuye relevancia internacional, diplomática y cultural.
Aplicación sería gradual
El proyecto contempla que, en caso de convertirse en ley, el Ministerio de Educación disponga de 12 meses para elaborar el currículo, establecer contenidos, carga horaria y estándares de competencia lingüística.
Su implementación sería progresiva, con un período máximo de cinco años, comenzando por el primer ciclo del nivel primario. También contempla programas para la formación y certificación de docentes capaces de impartir los idiomas.
Una propuesta que genera debate
La iniciativa ha provocado posiciones diferentes entre sectores políticos, educativos y sociales. Mientras sus promotores argumentan que el conocimiento de otros idiomas ampliaría las competencias de los estudiantes y facilitaría la comunicación y las relaciones internacionales, otros sectores cuestionan que el creole deba establecerse como materia obligatoria en todo el sistema educativo.
Incluso dentro del sector magisterial se han divulgado posiciones distintas. La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) aclaró posteriormente que su Comité Ejecutivo Nacional no había adoptado una posición institucional oficial sobre la propuesta.
Por el momento, la enseñanza obligatoria del creole no está vigente en República Dominicana. Se trata de una propuesta legislativa que deberá agotar el procedimiento correspondiente en el Congreso Nacional antes de que pueda convertirse en ley.