Santo Domingo, RD.-Las autoridades competentes han adelantado que saltarán todos los obstáculos que sean necesarios para llegar hasta las últimas consecuencias en las investigaciones sobre el caso Odebrecht.Nacionales
Se extenderá investigación sobre caso Odebrecht.
Santo Domingo, RD.-Las autoridades competentes han adelantado que saltarán todos los obstáculos que sean necesarios para llegar hasta las últimas consecuencias en las investigaciones sobre el caso Odebrecht.Así lo afirmó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, quien dijo que uno de los elementos a investigar son las evaluaciones.
Manifestó que el ministerio público realizará todas las diligencias necesarias para procesar a los responsables de sobrevaluar obras contratadas por el Estado con la firma brasileña Odebrecht.
Camacho recordó que uno de los elementos que define a “Odebrecht 2.0” son las sobrevaluaciones de obras y, “lamentablemente, la Cámara de Cuentas de República Dominicana lo que ha servido es para impedir el trabajo del ministerio público”.
Añadió que el órgano de fiscalización estatal que preside Hugo Álvarez Pérez, “se ha puesto más del lado de las personas que cometen actos de corrupción que del lado que debió estar, que es cumplir su objetivo institucional y hacer las labores de investigación que debió de hacer”.
Sin embargo, el procurador adjunto se mostró optimista. “Por eso, el ministerio público, al notar que la Cámara de Cuentas estaba cometiendo actos que riñen con la ley, incluso maquillando auditorías… por eso la estamos investigando”, añadió el magistrado, quien aclaró que el caso Odebrecht tiene que verse en dos dimensiones, una primera es el proceso en los tribunales y otra lo que pretenden hacer, buscar cuestiones y líneas de investigación que no se hayan agotado.
Juicio Odebrecht
Durante la continuación ayer del juicio Odebrecht en el interrogatorio al testigo estrella Mauricio Dan tas Bezerra, éste no pudo identificar en qué parte del acuerdo de lenidad de la constructora se menciona al imputado Conrado Pittaluga Arzeno como alguien que recibió fondos de la empresa para el supuesto pago de sobornos a funcionarios dominicanos.
“No podría decirle”, fue la respuesta cortante del exejecutivo legal de Odebrecht al ser abordado por la barra defensa en un contra examen posterior a sus declaraciones de días anteriores movidas por el ministerio público, que lo considera un testigo clave.
A la pregunta de si el nombre de ese imputado era mencionado en el documento, dijo: “No recuerdo”, mirando a los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que conocen el proceso.
El contra interrogatorio siguió con la barra de la defensa del imputado Víctor Díaz Rúa, ante quien Dantas Bezerra reconoció que Odebrecht es una empresa corrupta y que fue él quien coordinó los acuerdos con los gobiernos de siete países para conseguir penas atenuadas y tratos preferentes a favor de la constructora y sus ejecutivos.
SEPA MÁS
Caso Kimberly sigue abierto
Exministra.
Wilson Camacho aseguró que el hecho de que Kimberly Taveras haya renunciado del Ministerio de la Juventud, no significa que quedó ahí la investigación en su contra por lo presentado en su declaración jurada de patrimonio en la Cámara de Cuentas.
Ciclo.
Sostuvo que en ningún caso que el ministerio público abre una investigación, termina hasta que no se cumpla el ciclo.
Decisión.
“El ministerio público sigue recabando información y cuando tenga toda la información del caso entonces se tomara la decisión”, precisó.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.