Latinoamericanas
Odebrecht declaró que Rousseff sabía recibía dinero sucio para su campaña por vía de Joao Santana
“Dilma sabía de la dimensión de nuestra donación y sabía que nosotros éramos quien donaba (…) quien hacía gran parte de los pagos vía caja B para Joao Santana (expublicista de Rousseff)”, aseguró el expresidente deOdebrecht según los documentos de la confesión filtrados a medios brasileños.
Dilma Rousseff, Joao Santana y Luiz Inácio Lula da Silva.
Sao Paulo, Brasil (EFE).- El empresario Marcelo Odebrecht declaró a las autoridades electorales que el exmandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva recaudó fondos para la campaña de su sucesora, Dilma Rousseff, quien “sabía” de los pagos irregulares realizados por la empresa a su candidatura electoral, según medios locales.El expresidente de Odebrecht declaró a comienzos de mes en calidad de testigo ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), que investiga la supuesta financiación fraudulenta de la campaña en que Rousseff se presentó con el actual presidente de Brasil, Michel Temer, como su candidato a vicepresidente.
El expresidente de Odebrecht declaró a comienzos de mes en calidad de testigo ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), que investiga la supuesta financiación fraudulenta de la campaña en que Rousseff se presentó con el actual presidente de Brasil, Michel Temer, como su candidato a vicepresidente.
Según la filtración divulgada hoy, Odebrecht declaró que el expresidente Lula y el exministro Antonio Palocci (Partido de los Trabajadores, PT) recaudaron fondos para la campaña de Rousseff en 2010.
De acuerdo con los documentos filtrados por el portal O Antagonista y confirmados por otros medios, Odebrecht también dijo que “acordó” el pago de 300 millones de reales (unos 100 millones de dólares) con Palocci entre 2008 y 2014, aunque no precisó si el dinero era legal o ilegal.
Para la campaña de 2014, según el empresario, Rousseff habría planteado, a través de intermediarios como el exministro Guido Mantega, que las aportaciones que antes se destinaban al PT se dedicaran ahora a “las necesidades de la campaña de ella”.
El empresario dijo que entregó para la campaña de 2014 la suma de 150 millones de reales (unos 48 millones de dólares) y que al menos una tercera parte del dinero fue una “contrapartida” a cambio de unas medidas aprobadas en 2009 que favorecían los negocios del grupo.
Odebrecht señaló que Rousseff también “sabía” que algunos de los pagos realizados por la compañía eran entregados directamente a Joao Santana, quien dirigió las campañas de la expresidenta.
Medios locales también publicaron una confesión realizada por el exejecutivo deOdebrecht, Alexandrino Alencar, quien dijo a las autoridades electorales que Edinho Silva, tesorero de la campaña de Rousseff en 2014, pidió dinero de la “caja B” para comprar a partidos aliados de la fórmula electoral Rousseff-Temer, que por aquel entonces era candidato a la vicepresidencia.
Por otra parte, el exdirector del Departamento de Operaciones Estructuradas -también conocido como el departamento de sobornos-, Hilberto Mascarenhas, entregó una planilla con donaciones realizadas por la compañía.
En uno de los archivos presentados por Mascarenhas consta una donación de 4 millones de reales (unos 1,3 millones de dólares) a un “instituto”, el cual, según O Antagonista, se refiere a la entidad dirigida por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Parte de la declaración realizada por el expresidente de Odebrecht ya había sido filtrada a la prensa el día de la confesión, pero el portal de noticias O Antagonista obtuvo más detalles de la declaración ante el tribunal electoral.
Tras la divulgación, Rousseff rechazó hoy cualquier vinculación con una supuesta financiación irregular y, en un comunicado, afirmó que “no tiene y nunca tuvo” relación con Odebrecht y que “jamás” pidió recursos para su campaña ni para financiar al Partido de los Trabajadores.
La expresidenta pidió que Odebrecht aporte pruebas y documentos sobre sus acusaciones y lamentó la filtración “selectiva, torpe y sospechosa” de los testimonios.
Además, instó a las autoridades judiciales, incluyendo a al Fiscal General, Rodrigo Janot, y al presidente do TSE, Gilmar Mendes, a asumir responsabilidades sobre las filtraciones de un proceso bajo secreto judicial.
“Dilma Rousseff no huye de la lucha” y “su vida pública es limpia y honrada”, concluyó la expresidenta, destituida por el Congreso el pasado agosto por supuestas maniobras fiscales. EFE
Agencia AP
Bogotá, Colombia.-El juicio contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez llegó el martes a su fin y en adelante la jueza deberá decidir si lo absuelve o lo declara culpable de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, un hecho sin precedentes al ser el primer exmandatario en afrontar un juicio en Colombia.
Uribe Vélez, quien gobernó entre 2002 y 2010, fue acusado por la fiscalía de idear y promover una estrategia para, con ayuda de terceros, manipular testigos en busca de cambiar sus versiones o para que declarasen que no tenía vínculos con el paramilitarismo, lo que para la fiscalía constituyó un intento de engañar a la justicia.
La jueza citó para el 28 de julio para dar sentido del fallo. De ser hallado culpable, Uribe Vélez se expone a una pena de hasta 12 años de prisión.
El expresidente, último en intervenir durante el juicio, pidió a la juez ser absuelto: “Señora juez, he procurado decirle lo que dicta mi corazón, yo le pido a usted que me absuelva». Aseguró que nunca ordenó buscar a personas presas para que cambiaran su versión, sino que solicitó verificar informes que le llegaban sobre «manipulaciones de políticos para afectar mi reputación”.
“Le he dado la cara a la justicia colombiana”, resaltó Uribe, quien aseguró que no está en sus planes salir del país ni pedir asilo político.
La jueza tiene bajo sus hombros la responsabilidad de decidir el futuro judicial de uno de los políticos más influyentes en Colombia. Uribe lidera el Centro Democrático, principal partido de oposición a Gustavo Petro, primer presidente de tendencia izquierdista en el país sudamericano.
¿Cómo inició el proceso?
El proceso judicial empezó en 2012 cuando Uribe Vélez denunció al senador de izquierda Iván Cepeda por buscar en las cárceles testimonios de paramilitares que declarasen en su contra y lo vincularan con el paramilitarismo, una facción armada que combatía a las guerrillas de izquierda.
En 2018, la Corte Suprema de Justicia cerró la causa contra Cepeda al no hallar méritos y abrió una contra Uribe Vélez para investigar si había sido él quien presuntamente intentó manipular testigos. Dos años después, el entonces senador Uribe Vélez fue detenido dos meses en una hacienda de su propiedad.
Sin embargo, salió libre al renunciar a su escaño en el Congreso, por lo que la corte perdió competencia y el caso pasó a la fiscalía. Sólo fue en 2024 cuando la fiscalía decidió acusar formalmente a Uribe y llevarlo a juicio.
Las claves del juicio
La jueza deberá ahora determinar si Uribe, a través de un abogado, buscó cambiar la versión que había dado en su contra Juan Guillermo Monsalve, preso por secuestro extorsivo, quien ha declarado que en una hacienda que perteneció a la familia de Uribe Vélez se creó en la década de 1990 un grupo paramilitar al que perteneció.
La defensa de Uribe asegura que él no buscó a Monsalve, sino que fueron a la cárcel a oír sus intenciones tras enterarse que quería retractarse de sus dichos. La fiscalía sostiene que el abogado Diego Cadena, actuando en nombre de Uribe, buscó su retractación con sobornos.
La fiscalía también dice que Cadena buscó, en nombre de Uribe, al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor” para que declarara a favor de Uribe supuestamente a cambio de dinero. La defensa aseguró que el exmandatario no se enteró de ayudas económicas entregadas al exparamilitar sino tiempo después y las rechazó de inmediato.
La jueza también deberá determinar si Uribe buscó o no al exparamilitar Juan Carlos Sierra, alias “El Tuso”, quien estando preso en Estados Unidos envió cartas a la Corte Suprema de Justicia asegurando que Cepeda le ofreció beneficios a cambio de declarar contra el expresidente.
Entre las pruebas del juicio, estuvieron las grabaciones de las llamadas interceptadas que sostuvo Uribe con el abogado Cadena. La fiscalía asegura que en ellas se prueba que Uribe le daba instrucciones al abogado para sobornar testigos.
La defensa aseguró que Uribe no dio instrucciones en ese sentido en las llamadas y pidió que no fueran tomadas como pruebas, alegando que fueron obtenidas por error cuando la justicia investigaba a otro congresista.
Agencia EFE
La Habana.- Doce personas heridas, una de ellas de gravedad, fue el saldo de un accidente de tránsito ocurrido este jueves por el choque entre un auto y un tractor en la localidad de Santa Martha, de la provincia cubana provincia de Matanzas (oeste), informaron medios estatales.
La persona herida de gravedad es una adolescente de 15 años que fue trasladada a un hospital provincial.
Un informe del Ministerio del Transporte, divulgado en mayo pasado, refirió que en el primer trimestre de 2025 las muertes por accidentes de tránsito en Cuba aumentaron un 18 % (un total de 173) en comparación con igual periodo del año anterior.
Además, indicó que entre enero y marzo hubo una disminución de lesionados por accidentes de tráfico en su comparación interanual, al pasar de 1,601 en el ejercicio pasado a 1,514 en el presente.
En 2024, en la isla se registraron 7,507 accidentes de tráfico, un 12 % menos que en 2023, según la Comisión Nacional de Seguridad Vial.
Las autoridades citaron la falta de atención al control del vehículo -en el 30 % de los casos- y no conceder el derecho de vía (29,9 %) como las principales causas de la accidentalidad en las vías cubanas.
El Gobierno cubano también ha reconocido que el mal estado de las calles y carreteras, por la falta general de mantenimiento, así como la antigüedad del parque automotor -con vehículos de entre 40 y 70 años de circulación- son otros factores que han provocado accidentes en las vías.
Puerto Príncipe.- La embajada de los Estados Unidos en Puerto Príncipe exhortó a los ciudadanos estadounidenses a no viajar a Haití y, si ya se encuentran allí, abandonar el país lo antes posible.
«No viajen a Haití. Si es usted ciudadano estadounidense en Haití: abandone Haití lo antes posible mediante medios de transporte comerciales o privados», escribió la embajada en su cuenta de Facebook.
La legación pide también a sus ciudadanos que eviten las multitudes y sigan los medios de comunicación para obtener información actualizada, y que eviten las zonas en las que se hayan registrado actos violentos, manifestaciones o disturbios.
VUELOS REANUDADOS
La embajada recordó que se han reanudado los vuelos comerciales regulares entre el aeropuerto internacional de Cap-Haitien (norte) y el aeropuerto Antoine Simon de Les Cayes (sur), así como entre el aeropuerto internacional de Cap-Haitien y la terminal nacional Guy Malary de Puerto Príncipe (oeste).
«Los ciudadanos estadounidenses en Haití deben abandonar el país por medios de transporte comerciales o privados cuando consideren que es posible hacerlo con total seguridad», se lee en la nota.
RIESGOS HELICOPTEROS
La embajada destacó que tiene conocimiento de ciudadanos estadounidenses que se desplazan a Cap-Haitien en helicóptero desde lugares que no son aeropuertos comerciales.
«Estos vuelos conllevan riesgos potenciales que los ciudadanos deben tener en cuenta antes de subir al avión», consideró la embajada.
Recordó que el personal del Gobierno estadounidense no está autorizado a viajar en vuelos comerciales con destino u origen en Puerto Príncipe debido a las restricciones de la Administración Federal de Aviación (FDA) y a los riesgos potenciales para el tráfico aéreo.
«El Gobierno estadounidense no respalda a las compañías privadas o comerciales», advirtió la embajada de Washington en Puerto Príncipe.
BANDAS SIEMBRAN EL TERROR
Desde hace años, en la zona metropolitana de Puerto Príncipe y en ciudades de otros departamentos como Artibonite y Centro los grupos armados siembran el terror con ataques, asesinatos, secuestros y violaciones.
Según los datos más recientes del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, al menos 2.680 personas murieron a causa de la violencia armada interna entre enero y mayo pasados en un país con en torno a 1,3 millones de desplazados, de ellos más de la mitad menores.
jt/am