Editorial
Odio, intolerancia y vocación criminal caracteriza lucha de tres causales en República Dominicana.
Lo ocurrido en el campamento de un grupo de mujeres que demanda la aprobación en el país a través del Código Penal de las tres causales para la permisión del aborto, constituye una vergüenza para cualquier sociedad que se haga llamar democrática.
En el país ha sido siempre parte del discurso de los diferentes sectores que conforman la vida nacional el respeto a la diversidad, pero estas acciones han dejado claro que este argumento no es más que una simple retórica.
Intentar matar y desacreditar a un contrario mediante el envío de un dulce envenado constituye no cualquier crimen, sino más que eso, un asesinato, porque en este caso se concretan varios elementos para que sea así, ya que ahí está presente la premeditación, la acechanza y la alevosía.
La derrota, se supone, de un contrario no debe ser mediante la eliminación física de éste para que sus ideas mueran, lo cual tampoco ocurriría, porque son miles los que sustentan la misma posición, sino a través de la lógica, la razón y la verdad.
Naturalmente, en el caso de las tres causales hay muchas aristas que deben ponderarse, como ejemplo el hecho de un candidato o partido asuma un compromiso con esa causa y luego reniegue de sus posiciones originales, lo cual no es más que una confirmación de lo que siempre se ha alegado de que una cosa es con guitarra y otra es con violín.
Nadie obliga a nadie a que apoye cualquier causa social, económica o política en contra de su voluntad, pero se entiende que la coherencia debe ser parte fundamental de las personas y los partidos que se supone que tienen una agenda nacional por la que se regirá la nación durante su gestión pública.
En ese contexto, nadie entiende por qué el presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) se comprometieron con una causa que luego reniegan de ella y recurren a una propuesta que constituye un contrasentido.
Esta es la situación que se presenta con el PRM y las tres causales y en consecuencia su credibilidad cada día se erosiona frente a un panorama que no deja mucho que escoger para la conducción de los destinos nacionales.
Se impone que el Ministerio Público desarrolle la investigación pertinente para determinar quiénes son los responsables del intento de homicidio en contra de las promotoras de las tres causales que se mantienen concentradas en los alrededores del Palacio Nacional.
Es un reto muy serio el de la Procuraduría General de la República, porque como hemos dicho más arriba el país está frente no a un crimen cualquiera, sino de un asesinato o genocidio que reúne los elementos que le dan esa característica porque hay premeditación, acechanza y alevosía.
El Código Penal Dominicano es muy claro en el sentido de que el intento de homicidio se castiga como el crimen mismo, cuyo elemento está claramente presente en el caso del intento de eliminación física de los manifestantes en favor de las tres causales.
El año que recién se ha iniciado tiene serias implicaciones para el sistema democrático por la vocación dictatorial de Donald Trump.
En la medida de que el mandatario de los Estados Unidos toma impulso mayores son los peligros para las democracias más liberales de Latinoamérica y el mundo.
Estos bríos antidemocráticos han salido más a la superficie a propósito del cerco marítimo y finalmente con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Este acontecimiento ha dejado claro la pretensión con todo el que él considere que no tolera las travesuras de su administración.
Trump ha advertido a los países latinoamericanos que se vean en el espejo de Venezuela, cuyo mensaje lo envió de forma directa al presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Pero igual lo ha hecho contra Brasil y Honduras, donde auspició un candidato presidencial que resultó triunfador en las recién pasadas elecciones.
Es decir que se trata de una política de dominación sin disimulo, sino avasalladora y atropellante.
Tras el apresamiento de Maduro Tromp no ha escondido sus pretensiones de convertir a Venezuela en Colonia como en los pasados siglos.
Dice Trump que quiere controlar la riqueza petrolera de Venezuela, lo que plantea un serio reto para las democracias, no sólo latinoamericanas, sino de todo el mundo.
Resulta preocupante la tolerancia de los países del hemisferio e incluso del continente europeo con la vocación dictatorial de Donal Trump.
La advertencia está hecha y si no se ofrece una respuesta contundente al respecto el mundo podría estar ante otro Adolfo Hitler.
El discurrir nacional constituye una repetición de los problemas que arrastra el país desde antes de su nacimiento como república.
Nos asaltan las mismas deficiencias de hace por lo menos medio siglo, falta de un servicio de agua potable eficiente y lo propio hay que decir de la energía eléctrica, pese a que van y vienen préstamos que comprometen la capacidad crediticia per cápita de los dominicanos.
Este fenómeno tiene el agravante de que hace entrada un año que es la antesala de un proceso electoral que, si bien es para escoger a las autoridades nacionales, es una vía también para medir el desempeño de la democracia, la cual luce muy resquebrajada y débil.
El comportamiento ciudadano deja más preguntas que respuestas frente a un panorama tétrica, porque se observan muchos problemas tanto en el gobernante como en el gobernado.
De lo que si se puede estar seguro es que queda muy poco margen para evitar que la democracia entre en una crisis de proporciones insospechadas, dado que no es mucha la posibilidad para contrarrestarla, la cual se podría profundizar en un sistema sin ninguna credibilidad.
El soporte de la democracia nacional cada día sufre un mayor deterioro como consecuencia de que su herramienta principal, que no es otra que los partidos políticos, se mueve sobre la base de repetir una conducta desde el poder de lo mismo que se han pasado criticando a su contrincante cuando están en el gobierno.
Un buen ejemplo al respecto es PRM que fue un crítico en contra del PLD y ahora tras su llegada al control de la cosa publica repite la misma conducta de los morados.
Ello es así, por ejemplo, en política exterior y endeudamiento público, así como en corrupción, no hay forma de saber cuál es peor, pero lo propio hay que decir de Leonel Fernández y su llamada Fuerza del Pueblo.
Sin embargo, se advierte que a pesar del descredito de todos los partidos políticos, todavía no ha surgido en el escenario nacional ninguna propuesta que garantice una mejora del deterioro de la credibilidad de la llamada democracia representativa.
En lo que respecta al año que prácticamente hace su entrada, hay que decir, que si en los primeros seis meses del 2026 en el país no surge una propuesta innovadora, entraríamos en una curva de un retroceso peligroso para la democracia, porque se trata de un enfermo que podría resultar difícil, sino imposible, su sanación.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana