Editorial
Odio, intolerancia y vocación criminal caracteriza lucha de tres causales en República Dominicana.
Lo ocurrido en el campamento de un grupo de mujeres que demanda la aprobación en el país a través del Código Penal de las tres causales para la permisión del aborto, constituye una vergüenza para cualquier sociedad que se haga llamar democrática.
En el país ha sido siempre parte del discurso de los diferentes sectores que conforman la vida nacional el respeto a la diversidad, pero estas acciones han dejado claro que este argumento no es más que una simple retórica.
Intentar matar y desacreditar a un contrario mediante el envío de un dulce envenado constituye no cualquier crimen, sino más que eso, un asesinato, porque en este caso se concretan varios elementos para que sea así, ya que ahí está presente la premeditación, la acechanza y la alevosía.
La derrota, se supone, de un contrario no debe ser mediante la eliminación física de éste para que sus ideas mueran, lo cual tampoco ocurriría, porque son miles los que sustentan la misma posición, sino a través de la lógica, la razón y la verdad.
Naturalmente, en el caso de las tres causales hay muchas aristas que deben ponderarse, como ejemplo el hecho de un candidato o partido asuma un compromiso con esa causa y luego reniegue de sus posiciones originales, lo cual no es más que una confirmación de lo que siempre se ha alegado de que una cosa es con guitarra y otra es con violín.
Nadie obliga a nadie a que apoye cualquier causa social, económica o política en contra de su voluntad, pero se entiende que la coherencia debe ser parte fundamental de las personas y los partidos que se supone que tienen una agenda nacional por la que se regirá la nación durante su gestión pública.
En ese contexto, nadie entiende por qué el presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) se comprometieron con una causa que luego reniegan de ella y recurren a una propuesta que constituye un contrasentido.
Esta es la situación que se presenta con el PRM y las tres causales y en consecuencia su credibilidad cada día se erosiona frente a un panorama que no deja mucho que escoger para la conducción de los destinos nacionales.
Se impone que el Ministerio Público desarrolle la investigación pertinente para determinar quiénes son los responsables del intento de homicidio en contra de las promotoras de las tres causales que se mantienen concentradas en los alrededores del Palacio Nacional.
Es un reto muy serio el de la Procuraduría General de la República, porque como hemos dicho más arriba el país está frente no a un crimen cualquiera, sino de un asesinato o genocidio que reúne los elementos que le dan esa característica porque hay premeditación, acechanza y alevosía.
El Código Penal Dominicano es muy claro en el sentido de que el intento de homicidio se castiga como el crimen mismo, cuyo elemento está claramente presente en el caso del intento de eliminación física de los manifestantes en favor de las tres causales.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que deben ser evaluados tienen que someterse al tráfica de influencia y el modo operandi de los partidos políticos para ser elegibles.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.