Nacionales
Ofensiva externa contra RD por fallo sobre nacionalidad
Amnistía Internacional, la CIDH y Caricom rechazaron el fallo al alegar que es violatorio a los derechos humanos
Grupos pro haitianos se han manifestado contra la sentencia del Tribunal Constitucional. (Edward Roustand)
La sentencia del Tribunal Constitucional que establece los criterios sobre la nacionalidad dominicana, cosecha cada vez más ataques de organismos internacionales. Ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional (AI) y la Comunidad del Caribe (Caricom) se unieron al rechazo que hace varias semanas había externado la Organización de las Naciones Unidos sobre el fallo que establece que a los hijos de extranjeros ilegales no les corresponde la nacionalidad dominicana.
Amnistía Internacional pidió la retractación del fallo al considerar que tiene “efectos discriminatorios”. Desde su sede en Londres dijo que la decisión podría tener “amplios efectos discriminatorios”, particularmente para los dominicanos de origen haitiano. “La total implementación de este fallo tendrá un efecto devastador en las vidas de cientos de miles de personas cuyos documentos de identidad serían cancelados y, por ello, verían muchos de sus derechos humanos -libertad de movimiento, educación, trabajo y acceso a la sanidad- totalmente negados”, apuntó Chiara Liguori, investigadora de AI en el Caribe.
Según la portavoz de Amnistía, es “totalmente injusto” que personas que llevan viviendo décadas en la República Dominicana “ya no pertenezcan al país o no tengan derechos dentro de él”.
CIDH advierte al país
La CIDH, con sede en Washington, Estados Unidos, expresó su profunda preocupación ante la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que establece los criterios sobre la nacionalidad dominicana “porque tiene un efecto desproporcionado sobre las personas de ascendencia haitiana”, tiene efectos retroactivos y que además es contraria a las disposiciones de esa corte en materia de derechos humanos. El organismo le advirtió al Estado dominicano que viola las obligaciones internacionales y reiteró “los múltiples” llamados que ha hecho para que respete el derecho a la nacionalidad de las personas.
“Esta decisión del Tribunal Constitucional va en sentido contrario a todos los pronunciamientos de la CIDH y viola las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos. Asimismo, la decisión del Tribunal Constitucional pone en entredicho la voluntad del Estado de atender sus compromisos internacionales y los llamados de los órganos regionales e internacionales de derechos humanos”, advierte el organismo a través de un comunicado publicado el pasado día ocho de este mes en su portal informativo.
El organismo refirió que la afectación desproporcionada de una actuación estatal en perjuicio de un grupo específico, constituye una forma de discriminación violatoria de las obligaciones internacionales del Estado, por lo cual la sentencia del Tribunal Constitucional podría ser contraria al derecho a la igualdad y a la no discriminación. “La CIDH a través de sus diferentes instrumentos ha hecho reiterados llamados al Estado para adoptar medidas a fin de garantizar el derecho a la nacionalidad en el país. En el informe de la Comisión Interamericana en el caso de las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico contra República Dominicana, la CIDH recomendó al Estado adecuar su legislación y sus prácticas migratorias de conformidad con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, indica.
El organismo calificó de grave que el Tribunal Constitucional haya ordenado una auditoría al registro civil desde el 1929 debido a que eso dejaría sin nacionalidad a una gran cantidad de personas. “En este sentido, la Comisión llama al Estado a adoptar medidas para garantizar que no se prive arbitrariamente del derecho a la nacionalidad a ninguna persona, y a que no se implementen medidas que generen casos de apatridia” aconseja el órgano de la OEA.
Críticas son injerencia
Diputados consideraron como una injerencia en los asuntos internos el pedido de Amnistía Internacional de que sea revertida la sentencia del Tribunal Constitucional. También rechazaron las críticas del Caricom. Los legisladores René Polanco y Alfredo Rodríguez dijeron que la República Dominicana es soberana y libre de hacer lo que quiera, por lo que no procede que organismos internacionales le tracen pautas. Polanco dijo que esas declaraciones son una intromisión a una decisión que no fue adoptada por el Gobierno, sino por uno de los estamentos como lo es el Tribunal Constitucional.
“Entiendo que eso es una injerencia porque los organismos internacionales pueden sugerir, pero no dictar orden como pretende Amnistía Internacional, porque entonces a donde vamos a parar si los Estados no pueden tomar decisiones de manera libre y soberana sobre lo que es la migración en el país”. Dijo Polanco. El reformista Máximo Castro Silverio dijo que el pedido de Amnistía debe ser rechazado porque eso es como pedirle al país que renuncie a su soberanía.
“La sentencia se enmarca dentro de la Constitución de la República, pero nadie puede pedir que nosotros renunciemos a nuestra soberanía”, subrayó. En esa misma tesitura se pronunciaron los diputados Ramón Durán y Juan Morales del Partido Revolucionario Dominicano.
Feministas de América siguen con sus ataques
Las organizaciones y redes de América Latina y el Caribe presentes en la XII Conferencia sobre las Mujeres de América Latina y el Caribe expresaron su preocupación por las consecuencias que conllevaría la aplicación de la sentencia 168-13, porque es en contra de la población dominicana de ascendencia haitiana de varias generaciones, especialmente de mujeres, adolescentes, jóvenes y niñas. Según consideran, la norma incrementaría las violaciones sexuales y de violencia, los derechos reproductivos, así como la salud emocional de las familias de las féminas que resulten afectadas.
En tanto, la Academia Dominicana de Derecho calificó ayer la sentencia sobre la nacionalidad como una decisión valiente. “No es una sentencia retroactiva o la aplicación retroactiva del estatus de la nacionalidad como inelegantemente se alega, sino lo lamentable era del abandono e indiferencia de nuestras políticas migratorias, de registro civil y de irresponsabilidad política para asumir la solución de los múltiples dramas institucionales y humanos generados al amparo de la desidia”, considera la entidad. Critica que algunos sectores se aventuran al estímulo de una rebelión contra el estado de derecho y la cesión de la soberanía nacional ante jurisdicciones internacionales.
Caricom se sumó a órganos que critican
El Secretariado de la Comunidad del Caribe, con sede en Guyana, indicó que la sentencia “deja sin nacionalidad a decenas de miles de personas, en violación a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”. Solicitó al Gobierno dominicano proteger los derechos de “aquellos que quedaron vulnerables por el fallo y sus lastimosos efectos”. El Caricom es una entidad que agrupa 15 países de la región del Caribe.
Pendiente
Estudia La ONU en el país está analizando la consistencia del fallo con los tratados internacionales que tiene el país..
Nacionales
Fiscal acusado de corrupción tenia millones, cheques y dólares que son pruebas en su contra.
Santo Domingo, R.D.-Una copia de un cheque de administracion superior al millón de pesos, además de los 10 mil dólares que fueron incautados al fiscal Aurelio Valdez Alcántara y presentados como evidencia del presunto soborno que recibió, el Ministerio Público presentó otras pruebas en el caso.
Asimismo, la Dirección de Persecución afirma haberle incautado un recibo de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a su nombre correspondiente a una transferencia inmobiliaria, cuyo contrato de venta asciende a 6 millones de pesos.
El cheque y el recibo de la transferencia del inmueble tienen como fechas el 17 y 23 de diciembre de 2025, tres meses antes de Valdez Alcántara ser detenido. Les fueron ocupados durante un allanamiento a su residencia en Santo Domingo Este.
Su apresamiento se ejecutó «en flagrante delito» en una entrega controlada por la Procuraduría General. Según la imputación, ejerció coacción continua contra el exgerente de Atención al Usuario del Senasa, Roberto Canaán Acta, para que este accediera a la entrega de lo que le pedía.
La solicitud de medida de coerción también menciona «un recibo de depósito de cheques de fecha 15 de mayo de 2024 del Banco de Reservas» de más de 571 mil pesos «a nombre de Aurelio Valdez Alcántara» como otro de los comprobantes incautados en el allanamiento a su domicilio.
Contra el fiscal se solicita un año de prisión preventiva, como medida de coerción, audiencia que ha sido aplazada en dos ocasiones, la última vez el martes 7 de este mes de abril, cuando se postergó para el próximo viernes 10.
En las descripciones de las pruebas en el expediente, se menciona, igualmente, una solicitud de liquidación de préstamo hipotecario, de fecha 17 de diciembre del 2025, emitida por una entidad financiera a Valdez Alcántara sobre un inmueble ubicado en el sector Tropical del Este. El «crédito hipotecario» es de un valor de 4 millones de pesos.
En su residencia se ocupó también «la cantidad de 20 billetes de cien dólares para un total de 2,000,00 dólares americanos».
Los 10 mil dólares atribuidos al soborno, el Ministerio Público indica que les fueron hallados en el sunroof (ventana del techo del vehículo) luego de su reunión con Canaán Acta, en horas de la tarde del 27 de marzo, en el área de parqueos del cuarto piso de una plaza comercial en el Distrito Nacional.
Según el Ministerio Público, el fiscal Aurelio Valdez Alcántara «advirtió a Canaán sobre la inminencia de su judicialización, condicionando la impunidad al pago del soborno» consistente en 200 mil dólares, los cuales luego les bajó a 150 mil.
Exigía el dinero»a cambio de alterar el curso de los procesos de investigación puestos a su cargo».
El procurador fiscal entró a formar parte en el Ministerio Público en agosto del 2017 y, en el 2020, al equipo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en donde «se incorporó a la investigación y a la litigación de varios procesos», informa el mismo expediente judicial.
Santo Domingo, R.D.-Las lluvias que se han producidos en las últimas horas en el país causaron daños a las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo.
Fotos panorámicas fueron proporcionados a los medios de comunicacion del derrumbe de una pared que rodea la residencia de varios diplomáticos de la embajada, próximo a la avenida República de Colombia. También se observan residuos acumulados sobre un puente que cruza la parte trasera de la propiedad.
La embajada respondió a una solicitud de información indicando que se encuentra evaluando la situación junto a las autoridades dominicanas.
«Estamos al tanto de reportes sobre posibles daños en propiedades de la Embajada tras las recientes condiciones climáticas. La seguridad de nuestro personal y visitantes es nuestra prioridad, y nos encontramos evaluando y gestionando la situación en coordinación con autoridades dominicanas», afirmó Michelle Angulo, vocera de la Embajada de Estados Unidos.
La mañana de este miércoles, el Gran Santo Domingo amaneció afectado debido a las intensas lluvias registradas durante gran parte de la madrugada, producto de los efectos de una vaguada que incide sobre el territorio nacional.
Desde tempranas horas, residentes en distintos sectores del Distrito Nacional, así como en Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste, reportaron inundaciones en calles y viviendas, lo que ha dificultado significativamente el desplazamiento hacia sus lugares de trabajo y centros educativos.
- Mientras tanto, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones del tiempo continuarán influenciadas por una vaguada. Sin embargo, prevé que comiencen a disminuir de forma gradual durante el transcurso de la tarde, especialmente en el Gran Santo Domingo.
A través de una nota de prensa, el meteorólogo del Indomet, Heriberto Fabián, explicó que se registran aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en las regiones noreste, sureste —incluido el Gran Santo Domingo—, la zona fronteriza y parte del suroeste.
En cuanto a las alertas meteorológicas, la entidad mantiene bajo alerta a las provincias San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Barahona, Azua y Peravia.
SANTO DOMINGO.- Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, al cumplirse el primer aniversario de la tragedia del Jet Set, declaró que el Ministerio Público tiene la misión constitucional de tutelar los derechos de las víctimas y evitar que el proceso judicial se convierta en un ejercicio de dilaciones innecesarias.
Reynoso subrayó que las aproximadamente 400 víctimas, entre fallecidos y heridos, así como sus familiares y la sociedad dominicana en general, tienen el derecho inalienable a recibir una respuesta judicial en un tiempo oportuno.
Recordó que este caso que afecta a cientos de víctimas directas, a la vez mantiene en vilo a miles de ciudadanos y a la sociedad en general, que, en uso legítimo de sus derechos a una respuesta del sistema de justicia, demandan transparencia y celeridad.
“Las víctimas merecen una respuesta en un plazo razonable. Estamos hablando de un dolor que afecta a miles de personas, y el sistema de justicia tiene la obligación de responder a ese clamor sin permitir que se abuse de manera indebida de las vías procesales para entorpecer el fondo del proceso”, manifestó la procuradora.
La máxima autoridad del Ministerio Público calificó como totalmente innecesario el pedido de contraperitaje solicitado por la defensa de los acusados, así como su autorización por parte del tribunal.
Reynoso señaló que el argumento de un supuesto explosivo carece de fundamento técnico frente a un expediente robusto que contiene evidencias contundentes sobre las fallas estructurales del edificio que alojaba el Jet Set.
Además, indicó que los propietarios sobrecargaron el techo, el cual no fue concebido para el cambio de uso ni la sobrecarga que colocaron los acusados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat.
Berenice sostuvo que, si los acusados están compungidos y sienten respeto por la dignidad de las víctimas, no deberían entorpecer el conocimiento del fondo del proceso, solicitando contraperitajes absurdos.
“Sus acciones muestran total incoherencia con sus palabras”, afirmó Reynoso.
Indicó que resulta jurídicamente irrelevante pretender evaluar la carbonatación del concreto o realizar otros estudios geofísicos profundos, cuando la estructura ya había emitido señales inequívocas de fatiga mecánica, que fueron previamente advertidas y deliberadamente ignoradas por los responsables del local.
Recordó que la ciencia de la ingeniería forense establece que, ante un cuadro de fallas visibles y progresivas, la causa jurídica no reside en la microestructura del material, sino en la falta de medidas de mitigación inmediatas.
“Por tanto, someter el proceso a pruebas de cromatografía de gases para detectar explosivos o estudios de suelos kársticos sin que exista un solo indicio fáctico que los sustente, solo es un ejercicio de especulación técnica que busca distar sobre la responsabilidad y postergar, injustificadamente, la decisión judicial sobre un evento lamentable cuya peligrosidad era previsible y evitable”, aseveró Reynoso.
La procuradora general de la República enfatizó que el debido proceso jamás puede ser una prerrogativa exclusiva de los imputados, sino un derecho fundamental que asiste a todas las partes involucradas en el proceso penal.
Bajo esta premisa, Reynoso sostuvo que el acceso a una justicia pronta y cumplida constituye la tutela judicial efectiva a la que tienen derecho todas las víctimas y la sociedad en su conjunto.
“El debido proceso es una garantía de las partes; así como protege la presunción de inocencia, también protege el derecho de las víctimas a que su causa sea conocida sin dilaciones indebidas y bajo el principio de razonabilidad”, indicó.
“Dilatar el proceso con argumentos que contradicen la evidencia técnica, más que ejercer un derecho de defensa constituye una franca vulneración del derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación”, puntualizó Yeni Berenice Reynoso.
La procuradora general de la República garantizó que el Ministerio Público agotará todas las medidas dentro de su ámbito de competencia para asegurar que las víctimas reciban la decisión judicial a la que tienen derecho.
Sostuvo que el órgano persecutor reafirma su firme compromiso con las víctimas y ha presentado un expediente sólido que sustenta la responsabilidad penal de los involucrados.
Al mismo tiempo, dijo, se mantendrá vigilante ante cualquier intento de desvirtuar los hechos con teorías alejadas de la realidad técnica y científica del caso.