Nacionales
Ofensiva externa contra RD por fallo sobre nacionalidad
Amnistía Internacional, la CIDH y Caricom rechazaron el fallo al alegar que es violatorio a los derechos humanos
Grupos pro haitianos se han manifestado contra la sentencia del Tribunal Constitucional. (Edward Roustand)
La sentencia del Tribunal Constitucional que establece los criterios sobre la nacionalidad dominicana, cosecha cada vez más ataques de organismos internacionales. Ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional (AI) y la Comunidad del Caribe (Caricom) se unieron al rechazo que hace varias semanas había externado la Organización de las Naciones Unidos sobre el fallo que establece que a los hijos de extranjeros ilegales no les corresponde la nacionalidad dominicana.
Amnistía Internacional pidió la retractación del fallo al considerar que tiene “efectos discriminatorios”. Desde su sede en Londres dijo que la decisión podría tener “amplios efectos discriminatorios”, particularmente para los dominicanos de origen haitiano. “La total implementación de este fallo tendrá un efecto devastador en las vidas de cientos de miles de personas cuyos documentos de identidad serían cancelados y, por ello, verían muchos de sus derechos humanos -libertad de movimiento, educación, trabajo y acceso a la sanidad- totalmente negados”, apuntó Chiara Liguori, investigadora de AI en el Caribe.
Según la portavoz de Amnistía, es “totalmente injusto” que personas que llevan viviendo décadas en la República Dominicana “ya no pertenezcan al país o no tengan derechos dentro de él”.
CIDH advierte al país
La CIDH, con sede en Washington, Estados Unidos, expresó su profunda preocupación ante la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que establece los criterios sobre la nacionalidad dominicana “porque tiene un efecto desproporcionado sobre las personas de ascendencia haitiana”, tiene efectos retroactivos y que además es contraria a las disposiciones de esa corte en materia de derechos humanos. El organismo le advirtió al Estado dominicano que viola las obligaciones internacionales y reiteró “los múltiples” llamados que ha hecho para que respete el derecho a la nacionalidad de las personas.
“Esta decisión del Tribunal Constitucional va en sentido contrario a todos los pronunciamientos de la CIDH y viola las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos. Asimismo, la decisión del Tribunal Constitucional pone en entredicho la voluntad del Estado de atender sus compromisos internacionales y los llamados de los órganos regionales e internacionales de derechos humanos”, advierte el organismo a través de un comunicado publicado el pasado día ocho de este mes en su portal informativo.
El organismo refirió que la afectación desproporcionada de una actuación estatal en perjuicio de un grupo específico, constituye una forma de discriminación violatoria de las obligaciones internacionales del Estado, por lo cual la sentencia del Tribunal Constitucional podría ser contraria al derecho a la igualdad y a la no discriminación. “La CIDH a través de sus diferentes instrumentos ha hecho reiterados llamados al Estado para adoptar medidas a fin de garantizar el derecho a la nacionalidad en el país. En el informe de la Comisión Interamericana en el caso de las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico contra República Dominicana, la CIDH recomendó al Estado adecuar su legislación y sus prácticas migratorias de conformidad con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, indica.
El organismo calificó de grave que el Tribunal Constitucional haya ordenado una auditoría al registro civil desde el 1929 debido a que eso dejaría sin nacionalidad a una gran cantidad de personas. “En este sentido, la Comisión llama al Estado a adoptar medidas para garantizar que no se prive arbitrariamente del derecho a la nacionalidad a ninguna persona, y a que no se implementen medidas que generen casos de apatridia” aconseja el órgano de la OEA.
Críticas son injerencia
Diputados consideraron como una injerencia en los asuntos internos el pedido de Amnistía Internacional de que sea revertida la sentencia del Tribunal Constitucional. También rechazaron las críticas del Caricom. Los legisladores René Polanco y Alfredo Rodríguez dijeron que la República Dominicana es soberana y libre de hacer lo que quiera, por lo que no procede que organismos internacionales le tracen pautas. Polanco dijo que esas declaraciones son una intromisión a una decisión que no fue adoptada por el Gobierno, sino por uno de los estamentos como lo es el Tribunal Constitucional.
“Entiendo que eso es una injerencia porque los organismos internacionales pueden sugerir, pero no dictar orden como pretende Amnistía Internacional, porque entonces a donde vamos a parar si los Estados no pueden tomar decisiones de manera libre y soberana sobre lo que es la migración en el país”. Dijo Polanco. El reformista Máximo Castro Silverio dijo que el pedido de Amnistía debe ser rechazado porque eso es como pedirle al país que renuncie a su soberanía.
“La sentencia se enmarca dentro de la Constitución de la República, pero nadie puede pedir que nosotros renunciemos a nuestra soberanía”, subrayó. En esa misma tesitura se pronunciaron los diputados Ramón Durán y Juan Morales del Partido Revolucionario Dominicano.
Feministas de América siguen con sus ataques
Las organizaciones y redes de América Latina y el Caribe presentes en la XII Conferencia sobre las Mujeres de América Latina y el Caribe expresaron su preocupación por las consecuencias que conllevaría la aplicación de la sentencia 168-13, porque es en contra de la población dominicana de ascendencia haitiana de varias generaciones, especialmente de mujeres, adolescentes, jóvenes y niñas. Según consideran, la norma incrementaría las violaciones sexuales y de violencia, los derechos reproductivos, así como la salud emocional de las familias de las féminas que resulten afectadas.
En tanto, la Academia Dominicana de Derecho calificó ayer la sentencia sobre la nacionalidad como una decisión valiente. “No es una sentencia retroactiva o la aplicación retroactiva del estatus de la nacionalidad como inelegantemente se alega, sino lo lamentable era del abandono e indiferencia de nuestras políticas migratorias, de registro civil y de irresponsabilidad política para asumir la solución de los múltiples dramas institucionales y humanos generados al amparo de la desidia”, considera la entidad. Critica que algunos sectores se aventuran al estímulo de una rebelión contra el estado de derecho y la cesión de la soberanía nacional ante jurisdicciones internacionales.
Caricom se sumó a órganos que critican
El Secretariado de la Comunidad del Caribe, con sede en Guyana, indicó que la sentencia “deja sin nacionalidad a decenas de miles de personas, en violación a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”. Solicitó al Gobierno dominicano proteger los derechos de “aquellos que quedaron vulnerables por el fallo y sus lastimosos efectos”. El Caricom es una entidad que agrupa 15 países de la región del Caribe.
Pendiente
Estudia La ONU en el país está analizando la consistencia del fallo con los tratados internacionales que tiene el país..
Nacionales
La construcción de la autopista del Ambar se inicia el próximo mes, según lo anunció el Gobierno.
Santo Domingo, R.D.-El próximo mes está previsto el inicio de la construcción de la autopista del Ambar, de acuerdo a un anuncio en este sentido hecho este sabado por la vicepresidenta Raquel Peña, la cual conectará las provincias de Santiago y Puerto Plata en menos de 30 minutos y que permitirá impulsar el turismo, el comercio, la logistica y el desarrollo económico de la region Norte.
Peña ofreció la información a la prensa al concluir una sesión de trabajo ampliada de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), en la que participaron instituciones aliadas, representantes de las provincias del Cibao y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, entre otros.
Raquel Peña manifestó que la obra llevará numerosos beneficios, crecimiento y desarrollo a las 14 provincias de la región Norte. «Estamos muy contentos con el inicio de esta obra», expresó.
El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, aseguró que la Autovía del Ámbar se encuentra en la etapa de «firma de contratos» y socialización con las empresas adjudicatarias del proceso de licitación.
A principios de julio, el Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L., integrado por las empresas Ingeniería Estrella, Rizek Constructora, Magna y Constructora Mar, ganó la licitación para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, convocada por el Fideicomiso RD Vial.
La vicepresidenta resaltó que Santiago y el Cibao atraviesan una etapa de importante crecimiento económico y urbano, lo que ha incrementado la demanda de nuevas infraestructuras para responder a las necesidades de movilidad, conectividad y desarrollo de la población.
El encuentro, en las instalaciones de la ACIS, fue organizado en respuesta a las inquietudes planteadas por líderes regionales durante una reunión de trabajo celebrada la semana pasada en el despacho de la Vicepresidencia, en el Palacio Nacional.
Durante la actividad, Estrella también presentó un balance de los principales proyectos de infraestructura que el Gobierno desarrolla en Santiago y la región Norte. Destacó que estas inversiones buscan mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial e incrementar la competitividad del Cibao.
Entre las obras prioritarias mencionó:
- La ampliación a cuatro carriles de la circunvalación de Navarrete.
- La expansión de la carretera Santiago-Licey.
- Los trabajos de conexión vial hacia Moca y otras localidades.
En cuanto a los programas de asfaltado, indicó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones mantiene brigadas trabajando de manera simultánea en Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y otras provincias.
Explicó que, debido a las limitaciones presupuestarias y al incremento de los costos de los materiales, las intervenciones se ejecutan siguiendo criterios técnicos y de prioridad, con el propósito de atender de manera equilibrada las necesidades de todo el país.
Por otro lado, el presidente de la ACIS, Marcos Santana, consideró que la presencia de representantes de los principales sectores productivos, comerciales, industriales y de servicios de la región Norte evidencia el interés del empresariado y de la sociedad organizada en trabajar de manera articulada con el Gobierno para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo del Cibao.
Tras finalizar el encuentro estratégico, la vicepresidenta Raquel Peña se trasladó a la catedral de la ciudad para participar en la celebración de sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol El Mayor. Con la tradicional fiesta religiosa finalizan las actividades conmemorativas.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo no para en su politica de endeudamiento al lograr la aprobacion en el Congreso Nacional este viernes de dos préstamos provernmiente del Poder Ejecutivo por US$465 millones, los cuales equivalen a aproximadamente 27 mil millones en pesos dominicanos.
El Senado de la República fue el último órgano legislativo en aprobarlo. Estos empréstitos aprobados la tarde de ayer por la Cámara de Diputados.
En ambas cámaras legislativas, los representantes de la Fuerza del Pueblo (FP), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), votaron en contra de los dos empréstitos.
Se trata de dos acuerdos, firmados por la gestión del presidente Luis Abinader con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Uno de estos le entregaría US$200 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para financiar el programa de implementación de la política nacional de seguridad vial en el país.
El informe favorable que presentó la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja precisa que el objetivo es contribuir a una movilidad segura, previniendo los accidentes de tránsito.
Además, fortalecer la fiscalización, educación y atención a víctimas en el territorio nacional.
El presidente de esa Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Frank Paulino, explicó los pasos que aplicará el Gobierno para lograrlo.
Mientras que el otro empréstito, de US$265 millones, sería destinado para el financiamiento del proyecto Plan de Manejo de Cuenca del Río Yuna, previsto a ser ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri).
La carta enviada por el mandatario Abinader al órgano legislativo establece que los recursos incrementarían la resiliencia ante los riesgos de inundación en la parte baja del recurso hídrico.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.
La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.
La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».
En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.
Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.
El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.
Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.