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Ofensiva externa contra RD por fallo sobre nacionalidad

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Amnistía Internacional, la CIDH y Caricom rechazaron el fallo al alegar que es violatorio a los derechos humanos 

Grupos pro haitianos se han manifestado contra la sentencia del Tribunal Constitucional. (Edward Roustand) - See more at: http://www.elcaribe.com.do/2013/10/19/ofensiva-externa-contra-por-fallo-sobre-nacionalidad#sthash.DGclzjPm.dpuf

Grupos pro haitianos se han manifestado contra la sentencia del Tribunal Constitucional. (Edward Roustand) 

La sentencia del Tribunal Constitucional que establece los criterios sobre la nacionalidad dominicana, cosecha cada vez más ataques de organismos internacionales. Ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional (AI) y la Comunidad del Caribe (Caricom) se unieron al rechazo que hace varias semanas había externado la Organización de las Naciones Unidos sobre el fallo que establece que a los hijos de extranjeros ilegales no les corresponde la nacionalidad dominicana.

Amnistía Internacional pidió la retractación del fallo al considerar que tiene “efectos discriminatorios”. Desde su sede en Londres dijo que la decisión podría tener “amplios efectos discriminatorios”, particularmente para los dominicanos de origen haitiano. “La total implementación de este fallo tendrá un efecto devastador en las vidas de cientos de miles de personas cuyos documentos de identidad serían cancelados y, por ello, verían muchos de sus derechos humanos -libertad de movimiento, educación, trabajo y acceso a la sanidad- totalmente negados”, apuntó Chiara Liguori, investigadora de AI en el Caribe.

Según la portavoz de Amnistía, es “totalmente injusto” que personas que llevan viviendo décadas en la República Dominicana “ya no pertenezcan al país o no tengan derechos dentro de él”.

CIDH advierte al país

La CIDH, con sede en Washington, Estados Unidos,  expresó su profunda preocupación ante la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que establece los criterios sobre la nacionalidad dominicana “porque tiene un efecto desproporcionado sobre las personas de ascendencia haitiana”, tiene efectos retroactivos y que además es contraria a las disposiciones de esa corte en materia de derechos humanos.  El organismo le advirtió al Estado dominicano que viola las obligaciones internacionales y reiteró “los múltiples” llamados que ha hecho para que respete el derecho a la nacionalidad de las personas.

“Esta decisión del Tribunal Constitucional va en sentido contrario a todos los pronunciamientos de la CIDH y viola las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos. Asimismo, la decisión del Tribunal Constitucional pone en entredicho la voluntad del Estado de atender sus compromisos internacionales y los llamados de los órganos regionales e internacionales de derechos humanos”, advierte el organismo a través de un comunicado publicado el pasado día ocho de este mes en su portal informativo.

El organismo refirió que la afectación desproporcionada de una actuación estatal en perjuicio de un grupo específico, constituye una forma de discriminación violatoria de las obligaciones internacionales del Estado, por lo cual la sentencia del Tribunal Constitucional podría ser contraria al derecho a la igualdad y a la no discriminación. “La CIDH a través de sus diferentes instrumentos ha hecho reiterados llamados al Estado para adoptar medidas a fin de garantizar el derecho a la nacionalidad en el país. En el informe de la Comisión Interamericana en el caso de las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico contra República Dominicana, la CIDH recomendó al Estado adecuar su legislación y sus prácticas migratorias de conformidad con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, indica.

El organismo calificó de grave que el Tribunal Constitucional haya ordenado una auditoría al registro civil desde el 1929 debido a que eso dejaría sin nacionalidad a una gran cantidad de personas. “En este sentido, la Comisión llama al Estado a adoptar medidas para garantizar que no se prive arbitrariamente del derecho a la nacionalidad a ninguna persona, y a que no se implementen medidas que generen casos de apatridia” aconseja el órgano de la OEA.

Críticas son injerencia

Diputados consideraron como una injerencia en los asuntos internos el pedido de Amnistía Internacional de que sea revertida la sentencia del Tribunal Constitucional. También rechazaron las críticas del Caricom. Los legisladores René Polanco y Alfredo Rodríguez dijeron que la República Dominicana es soberana y libre de hacer lo que quiera, por lo que no procede que organismos internacionales le tracen pautas. Polanco dijo que esas declaraciones son una intromisión a una decisión que no fue adoptada por el Gobierno, sino por uno de los estamentos como lo es el Tribunal Constitucional.

“Entiendo que eso es una injerencia porque los organismos internacionales pueden sugerir, pero no dictar orden como pretende Amnistía Internacional, porque entonces a donde vamos a parar si los Estados no pueden tomar decisiones de manera libre y soberana sobre lo que es la migración en el país”.  Dijo Polanco. El reformista Máximo Castro Silverio dijo que el pedido de Amnistía debe ser rechazado porque eso es como pedirle al país que renuncie a su soberanía.

“La sentencia se enmarca dentro de la Constitución de la República, pero nadie puede pedir que nosotros renunciemos a nuestra soberanía”, subrayó. En esa misma tesitura se pronunciaron los diputados Ramón Durán y Juan Morales del Partido Revolucionario Dominicano.

Feministas de América siguen con sus ataques

Las organizaciones y redes de América Latina y el Caribe presentes en la XII Conferencia sobre las Mujeres de América Latina y el Caribe expresaron su preocupación por las consecuencias que conllevaría la aplicación de la sentencia 168-13, porque es en contra de la población dominicana de ascendencia haitiana de varias generaciones, especialmente de mujeres, adolescentes, jóvenes y niñas. Según consideran, la norma incrementaría las violaciones sexuales y de violencia, los derechos reproductivos, así como la salud emocional de las familias de las féminas que resulten afectadas.

En tanto, la Academia Dominicana de Derecho calificó ayer la sentencia sobre la nacionalidad como una decisión valiente. “No es una sentencia retroactiva o la aplicación retroactiva del estatus de la nacionalidad como inelegantemente se alega, sino lo lamentable era del abandono e indiferencia de nuestras políticas migratorias, de registro civil y de irresponsabilidad política para asumir la solución de los múltiples dramas institucionales y humanos generados al amparo de la desidia”, considera la entidad. Critica que algunos sectores se aventuran al estímulo de una rebelión contra el estado de derecho y la cesión de la soberanía nacional ante jurisdicciones internacionales.

Caricom se sumó a órganos que critican

El Secretariado de la Comunidad del Caribe, con sede en Guyana, indicó que la sentencia “deja sin nacionalidad a decenas de miles de personas, en violación a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”. Solicitó al Gobierno dominicano proteger los derechos de “aquellos que quedaron vulnerables por el fallo y sus lastimosos efectos”. El Caricom es una entidad que agrupa 15 países de la región del Caribe.

Pendiente
Estudia La ONU en el país está analizando la consistencia del fallo con los tratados internacionales que tiene el país..

 

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Televisarán Juicio al exprocurador Jean Alain Rodríguez.

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SANTO DOMINGO.- Será transmitida por YouTube la audiencia preliminar del proceso judicial contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y demás encartados en el caso de corrupción denominado Medusa, informo el Ministerio Público.

La histórica audiencia se llevará a cabo partir de las 9:00 de la mañana de este viernes en la Corte de Apelación Civil y Comercial del Distrito Nacional, ubicada en el Palacio de Justicia de las Cortes, en el Centro de los Héroes.

Se ha recomendado a los representantes de medios periodísticos que lleguen una hora antes del inicio de la audiencia y que utilicen permanentemente mascarill

1- Solo se permitirá una persona por medio medio periodístico dentro de la sala de audiencias.

2- Los periodistas o reporteros deberán estar debidamente identificados con los carnets de sus respectivos medios de comunicación

3- Se recomienda a los presentes dentro de la sala de audiencia, usar mascarillas de forma permanente considerando la cantidad de personas dentro del tribunal

4- La sala de audiencia tiene una capacidad limitada, por lo que, al momento de llegar a la ocupación total se restringirá el acceso a la misma, conforme lo dispone la ley

5- Habrá un espacio señalizado para la prensa de forma tal que puedan realizar su labor desde dicho espacio, como se ha contemplado en ocasiones anteriores. Al momento del inicio de la audiencia y durante el transcurso de esta, deberán permanecer en el lugar asignado y no circular por la sala

6- Se recomienda mantener el orden establecido por el tribunal de silencio y solemnidad

7- Será puesto en conocimiento de la prensa, en su oportuno momento conforme al devenir del mismo proceso un calendario de audiencias para una mejor organización de las mismas

8- En la sala de audiencia tendremos personal de Prensa de la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial, para asistirles ante cualquier necesidad.

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Se repite la historia de que casi 500 funcionarios no habían entregado su declaración jurada

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Santo Domingo, RD.-Los archivos de la Cámara de Cuentas desde abril del año en curso registran que alrededor de 500 funcionarios no habían entregado su declaración jurada en violación a la ley sobre la materia.

Sin embargo,  la institución presenta en un registro posterior la entrega de 90 declaraciones juradas extemporáneas entregadas por funcionarios ante la Procuraduría General de la República en fecha del febrero y abril de este mismo año.

La mayoría de los casos de incumplimiento, más de 400, son de funcionarios que figuran en “cese de funciones”, es decir, que ejercían funciones públicas antes o hasta del 2020.

Hay al menos 59 funcionarios activos, nombrados por decreto, que aparecían en abril en la lista en la casilla “primera vez” que declaran con la Ley 311-14, sobre Declaración Jurada de Patrimonio.

Cerca de 10 funcionarios aparecen en la casilla de “actualización de datos”, pero no se señala su estatus al día de hoy, en la lista de la Cámara de Cuentas, publicada en su portal de la web en un documento de 71 páginas.

Lo último que se registra en la página como reclamo del titular de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez Sánchez, es una carta que envió el 25 de junio de 2021a  la Procuraduría General de la República con una lista anexa con los nombres de los funcionarios omisos ratificados o cesantes y en la que recuerda que estos son pasibles de las sanciones contenidas en el artículo 14 de la referida norma, incluyendo aquellos que presentaron su declaración tardía.

La Ley 311-14 obliga a los funcionarios salientes y a los entrantes a presentar dentro de los primeros 30 días de salida o su nombramiento su declaración jurada y a entregar una actualización de su patrimonio en el momento que se le requiera.

En otra lista, de funcionarios electos, omisos, también con fecha de abril de este año ubica a una senadora y a regidores, un alcalde y a un vicealcalde. El documento de 420 páginas presenta los nombres de 3,775 funcionarios públicos.

La Ley 311-14 obliga a los funcionarios a entregar su declaración jurada ante la oficina de evaluación y fiscalización del patrimonio de los funcionarios públicos, de la Cámara de Cuentas, la cual a su vez tiene la misión de comprobar la veracidad de la información contenida en las declaraciones juradas y de controlar el cumplimiento de la presentación de la declaración jurada por parte de los funcionarios que la presente ley obliga a realizar.

Sanciones

¿Qué dice el artículo 14?

El artículo 14, del capítulo III de la Ley 311-14, sobre sanciones por omisión de declaración establece que “el servidor público en funciones que esté obligado a presentar declaración jurada de su patrimonio y no obtempere dentro del plazo establecido en esta ley u omitiere declarar algún bien, incurrirá en faltas graves o de tercer grado, según sea el caso”.

Mientras que en el artículo 15, sobre falseamiento de datos, quien incurra en esta falta será sancionado con prisión de uno a dos años y multa de veinte a cuarenta salarios mínimos del Gobierno Central.

Patrimonio

Los artículos 16, 17 y 18, 19 hablan de la prueba del origen del patrimonio, de destino del patrimonio decomisado, enriquecimiento ilícito y de la facultad de investigación por presunción.

De manera expresa el artículo 16 señala que cualquier funcionario público, obligado por esta ley, está en la obligación de probar el origen lícito de su patrimonio obtenido durante el ejercicio del cargo en el momento que le sea requerido por la autoridad competente.

Precisa que en caso de que el origen del patrimonio no pueda ser probado, la autoridad competente puede accionar en justicia y promover la confiscación de los bienes no probados..

La referida legislación fue aprobada en octubre de 2014.

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Sigue el conflicto por la elección del presidente del Senado de la República.

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Santo Domingo, RD.-El proceso de cambio y renovación en el Congreso Nacional  de sus presidentes en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, sigue su curso a muy pocos días del 16 de agosto,  fecha en que se se ratifican o sustituyen a las principales figuras del primer poder del Estado.

Aunque el debate central está enfocado en la elección de los presidentes y bufetes directivos de ambas cámaras legislativas, en las vocerías de algunos partidos aparece la renovación y el recambio generacional.

“No hay nadie 100 por ciento asegurado en su cargo”, afirman varios legisladores consultados del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), que tiene a su vez la mayoría y control de ambas cámaras legislativas.

Y es que al cumplirse exactamente dos años en el cargo, no ha habido variación alguna, tanto en la vocería como en las presidencias de ambos órganos legislativos, algo que podría suceder tras la reunión de hoy en el seno del PRM.

Por un lado, está Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, quien a poco de finalizar la última legislatura logró consensuar y aprobar la Ley de Extinción de Dominio, acción que le valió el halago de legisladores de todas las bancadas de ese órgano legislativo y otras personalidades políticas.

Sumado a esto, a la fecha ningún otro legislador de la Cámara Baja ha expresado públicamente su intención de enfrentar a Pacheco en una contienda electoral.

En la vocería del PRM se encuentra el diputado Julito Fulcar, hermano del saliente ministro de Educación, quien ha mantenido una labor discreta dirigiendo a los legisladores oficialistas.

Públicamente, algunos diputados han dicho que buscan ocupar esa posición, como el caso de Eugenio Cedeño, representante de La Romana.

En lo que respecta a la oposición, dentro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Gustavo Sánchez anunció que no optaría por repetir en el cargo de vocero tras más de una década, y la organización decidió colocar en su lugar a Juan Julio Campos.

Un hecho similar sucedió en la Fuerza del Pueblo, donde el expresidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, fue sustituido por Omar Fernández, hijo del presidente de esa organización política.

Diferencias en el Senado

El punto caliente dentro de los debates por la escogencia de los nuevos presidentes se sitúa en el Senado, ante la oposición de más de la mitad de los senadores oficialistas a la continuidad de Eduardo Estrella.

Estrella, quien representa al Partido Dominicanos por el Cambio (DxC), es aliado del PRM y ha estado presidiendo el Senado desde inicios del actual tren legislativo.

No obstante, ante la cercanía del 16 de agosto, unos 13 senadores firmaron una carta pidiendo al presidente de la República, Luis Abinader, que considerara elegir a un miembro del partido por encima de Estrella.

Aplazamiento de la  decisión

Objetan a Estrella.

Las diferencias con los senadores del PRM ha provocado el aplazamiento de la decisión. Senadores que buscan cambiar al presidente han reiterado que respetarán “la decisión del partido”.

Faride no seguirá.

Ayer se conoció que Faride Raful, senadora del Distrito Nacional, no se presentará otra vez como vocera del PRM.

Voceros PLD.

Mientras el PLD decidió mantener a su vocero Yván Lorenzo, y Fuerza del Pueblo a Dionis Sánchez.

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