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Haitianos deportados vuelven el mismo día a Dominicana
SANTO DOMINGO (EFE).- La Organización Internacional para la Migraciones (OIM) denunció que la gran mayoría de los haitianos deportados por la República Dominicana vuelven a cruzar la frontera con el país vecino en el mismo día.
El jefe de la misión de la OIM en Haití, Giuseppe Loprete, afirmó, en una entrevista con Efe, que, por este motivo, la política de deportaciones de la República Dominicana es “básicamente inútil”.
“Según nuestro análisis de la situación, esto (la deportación de haitianos) es básicamente inútil. Porque la mayoría los haitianos, una vez que son expulsados de la República Dominicana, regresan”, dijo Loprete.
El responsable de la OIM en Puerto Príncipe estimó que, según cálculos “conservadores”, la mitad de los expulsados “regresan inmediatamente” a la República Dominicana, usando otro paso fronterizo “o incluso el mismo”.
“Simplemente se dan la vuelta. Hay mucho dinero que se gasta en organizar esto, para hacer estas expulsiones legalmente, incluyendo el gasto en la logística, y vuelven en el mismo día”, agregó.
En 2019 las autoridades dominicanas deportaron 81,347 haitianos, según datos facilitados por la Dirección General de Migraciones a Efe, que comprenden entre el 1 de enero y el 23 de diciembre de 2019.
Loprete subrayó que en el último año ha habido “un aumento” en la emigración de haitianos hacia la República Dominicana, así como hacia otros países, como Estados Unidos, Canadá, Chile, Brasil, Bahamas o Turcos y Caicos.
El principal punto de partida de los emigrantes haitianos es el norte del país, zona donde la mayor parte de la población está afectada por la inseguridad alimentaria.
Desde el norte de Haití, los emigrantes “pueden ir a la República Dominicana solo cruzando la frontera por uno de los 100 pasos” que existen entre ambos países.
“Se calcula que entre 1,5 y 2 millones de haitianos viven en el extranjero y la población en Haití es de cerca de 10 millones. O sea, un quinto de la población vive fuera del país”, comentó Loprete.
El responsable de la OIM en Haití sugirió que, para encontrar una solución a largo plazo a este problema, se debe favorecer la movilidad laboral entre los países de la región, “porque los haitianos, aunque quisieran ir, legalmente no pueden”.
“Esta es la fuente del problema. Hay muchos migrantes que una vez que han llegado no pueden regularizarse y se quedan en el mercado negro o la economía gris”.
Loprete señaló que si ocurre un desastre natural, como el caso del huracán Dorian en Bahamas, o una crisis política, “hay miles de personas no regularizadas” que se exponen a ser repatriadas y terminar de vuelta en su país en “una situación más desesperada que antes de su partida”.
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal de Atención Permanente de Santiago, que preside la jueza Wendy Altagracia Tavárez, impuso este lunes tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un dominicano que fue deportado desde los Estados Unidos, involucrado en al menos siete homicidios en Santiago.
Andry Josué Vargas Núñez, conocido como Juan Bosch, debe cumplir la sanción en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pino, en La Vega.
La medida fue impuesta al imputado por el asesinato a tiros de Diovel Leonel Fernández Pérez (Guccy), durante un incidente ocurrido en marzo del 2022 en el sector La Yagüita de El Ejido, en las proximidades del Parque Central de Santiago.
Al procesado también lo acusan por sus vínculos, en noviembre de ese mismo año, a una balacera donde murieron cinco personas en la misma barriada.
De acuerdo a la investigación, Vargas Núñez, de 26 años, escapó a Estados Unidos tras participar en esos casos. Fue detenido este año en esa nación y deportado al país el pasado mes de octubre.
Otros hechos delictivos
Además de los homicidios, Vargas Núñez figura en el sistema policial con dos registros por atracos, en enero y marzo del año 2018.
Santo Domingo, R.D.-La importación de alimentos sin aranceles en caso de emergencia o de pandemia podrá ser posible por la recién aprobada Ley de Seguridad Alimentaria, que busca modificar una normativa promulgada en el año 2016, que abriría las puertas para que un consejo de funcionarios pueda recomendar al Poder Ejecutivo la referida medida.
En la gestión del presidente Luis Abinader, el Congreso aprobó una ley para liberar de impuestos más de 60 alimentos y estudió sin éxito otro proyecto que permitiría importar sin aranceles el azúcar.
La pieza que aprobó el jueves la Cámara de Diputados establece que el Consejo Nacional para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conassan) tendrá, entre sus nuevas funciones, la atribución de recomendar al presidente «la suspensión de las obligaciones arancelarias» para importar alimentos en momentos de emergencia.
Según la iniciativa, las medidas especiales solo serían aplicadas en caso de que el producto sea impactado adversamente, cuando se perjudique la seguridad alimentaria y nutricional del país y cuando se pueda afectar la seguridad económica y los intereses esenciales del Estado.
Otros aspectos
Aparte de la importación de alimentos, la pieza también busca el cumplimiento en la calidad de los alimentos que se consumen en el país, el acceso a la comida, la estabilidad de la oferta sin fluctuaciones y la disponibilidad de alimentos.
«La seguridad alimentaria solo se cumple cuando todas las personas tienen acceso físico y económico a los alimentos nutritivos e inocuos para satisfacer sus necesidades alimentarias», establece el proyecto depositado por el presidente Abinader.
Aunque fue aprobado sin ningún obstáculo por la mayoría que ostenta el PRM en ambas cámaras, los opositores no votaron por la pieza por considerar que «lesiona» las funciones del Congreso.
El vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara baja, Rafael Castillo, expresó que el proyecto le quita funciones al Congreso que, según dijo, es el órgano facultado para recomendar o autorizar la importación de alimentos sin aranceles.
Santo Domingo, R.D.-Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Isis Muñiz, Luis Omar Jiménez y Delio Germán, deliberaban esta noche para decidir la suerte de la solicitud de variación de medida de coerción hecha por el exdirector del Intrant, Hugo Beras; José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S y Transcore Latam; y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant.
Se espera que esta noche los magistrados adopten una decisión sobre la solicitud presenta, en la que estos piden una medida de coerción menos gravosa a la prisión preventiva. El Ministerio Público, en cambio, solicita mantener la coerción ya dictada.
El pasado 10 de octubre, los involucrados en el llamado caso Intrant fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres de San Cristóbal con 18 meses de prisión preventiva por supuestamente ejecutar de forma fraudulenta el contrato de 1,317 millones de pesos para instalar la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Gómez, Beras y Padovani son señalados por el Ministerio Público de pertenecer a una supuesta red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje y terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.
Las presuntas irregularidades en la licitación giran en torno al contrato para la modernización, ampliación, supervisión y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo, el cual fue adjudicado a la empresa Transcore Latam, de Jochi Gómez.