Santo Domingo, RD.-El hospital San Vicente de Paul, localizado exactamente en el frente de la funeraria de Jesús de San Francisco de Macorís, donde Jaqueline Bonilla genera el dinerito que necesita para la manutención de su familia, donde ha estado el epicentro de la pandemia del coronavirus en la República Dominicana.Más Noticias
«Ojala el Covid se vaya aunque yo no venda una caja de muerto más.
Santo Domingo, RD.-El hospital San Vicente de Paul, localizado exactamente en el frente de la funeraria de Jesús de San Francisco de Macorís, donde Jaqueline Bonilla genera el dinerito que necesita para la manutención de su familia, donde ha estado el epicentro de la pandemia del coronavirus en la República Dominicana.“Yo pudiera durar dos o tres meses sin vender una caja de muertos y me sentiría feliz, solo quiero que esta enfermedad se vaya”, asegura.
Lo suyo lleva un lamento hondo. Hace unos días murió su hermana en Puerto Plata, no vinculada al coronavirus, pero debido a la pandemia, y a las restricciones impuestas en la provincia Duarte, de cero entradas y salidas de la demarcación, no pudo asistir al entierro.
Ese es un dolor que lleva consigo estos días y que le permanecerá hasta que pueda ir a los pies de la tumba de su hermana y llorar por su descanso eterno.
Lo de Jaqueline ciertamente ha sido una tragedia extraña: vende ataúdes frente al hospital que más casos de COVID-19 ha tratado en la región, cerca de quinientos dice su director, lo que supondría una mejoría económica considerable para la mujer y su familia.
Pero no lo ha sido por dos razones: la primera es que cuando llegó la gran ola de fallecimientos en la provincia Duarte, que básicamente se producían en el hospital San Vicente, ella y su familia no tenían ataúdes sencillos, de los económicos, solo de los más caros, pensados para la gente de dinero. Por eso la gente no les compraba, terminaba en alguna de las otras seis funerarias de la ciudad. Y la segunda y más dolorosa, es que muchas de esas personas que fueron a comprar cajas de muertos para enterrar a sus parientes eran en algunos casos sus amigos. “Ellos venían y al final yo terminaba llorando con ellos”, relata en las afueras del negocio.
La provincia Duarte, llora Jaqueline, tenía hasta ayer 73 muertes vinculadas al COVID-19, según los informes epidemiológicos de Salud Pública. En el país han muerto 265 personas de la enfermedad, pero hay un dato interesante que se recoge en esos informes: San Francisco de Macorís, la cabecera de este provincia, recoge el 25.7% de todas las muertes. Detrás le siguen, muy atrás, el municipio de Santiago, con 13.2%; Distrito Nacional con 13.2% y Santo Domingo Este con 5.7%.
La gravedad de la situación es que el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo tienen mucho mayor cantidad de casos que Duarte, con 1,401 y 1,103 contagios, respecticamente, pero a estas comunidades se les mueren menos personas: 35 en la capital y 38 en la provincia más grande del país.
Esos informes de muertes, afectados y recluidos en hospitales es a los que rehúye Jaqueline, alejada de teléfonos inteligentes y de las noticias de las dos la tarde y las diez de la noche. “Si uno sigue consumiendo todo eso, se enferma más rápido”, jura.
Esas noticias, producidas de las ruedas de prensa del ministerio de Salud Publica, han creado un clima de histeria colectiva, cree la mujer.
Pero con toda “esa histeria de los últimos días”, basada tanto en la exactitud de los datos como en el vocingleo de los vecinos, que miden la gravedad de la pandemia por la cantidad de vecinos que se enfermaron o por el duro ruido de las sirenas de las ambulancias, “Macorís”, como es conocido su municipio cabecera, parece haber hallado cierta normalidad dentro de la enfermedad
Mientras hablamos con Jaqueline se une al negocio su hijo, un chico en sus tempranos veinte que ha llegado en una pasola y con una cerveza grande en la mano. Frente a ellos un señor enjabona su vehículo y más al fondo hondean al sol los trajes del personal de emergencias del hospital San Vicente de Paul.
Es una vida dentro de la pandemia un poco extraña que muestra todas las caras de este pueblo guerrero. “San Francisco y la provincia Duarte no se rinden, no se rendirán”, asegura el padre Moncho mientras empolva sus zapatos auxiliando a sus feligreses.
Y es que San Francisco es muchas cosas en estos días: es el joven que llegó en la pasola con cerveza, pero también el sacerdote que lleva fundas de alimentos sin hacer mucho ruido a una barriada, o el doctor de emergencias que llegó al ahora pequeñísimo hospital Federico Lavandier, que ahora recibe todos losb males que no son Covid, y le espera un turno de 24 horas. Y en muchísimos casos es el grupo que se reúne a conversar sin mascarillas, “a la espera de que el Gobierno se apiade”.
Estos días hay cierta tranquilidad en el equipo médico del municipio cabecera, que realmente brinda servicio a toda la región nordeste: ayer habían 25 camas ocupadas de las 140 que tiene el hospital San Vicente de Paul, dedicado a exclusividad a pacientes de COVID, según explica su director, Francisco Ureña.
De los ingresados, cinco pacientes están conectados a ventiladores artificiales y seis están en condiciones de ser enviado al centro de aislamiento que funciona en la comunidad Los Aguayos, donde pasan sus días pacientes positivos de la enfermedad, pero que no han presentado síntomas o los tienen muy leves.
Esa distensión es muy diferente a la crisis de la segunda semana de marzo que vivió esta comunidad: los pacientes no cesaban y en muchos casos llegaban con la enfermedad avanzada, dice el doctor. Y ahí mismo remata: “No nos podemos descuidar… la gente en las calles se está portando mal”.
Ese mal que dice el doctor hace referencia a la cantidad de personas que se sigue reuniendo a conversar sin mascarillas, a no mantener las distancias debidas y a continuar la vida como si nada extraordinario estuviera pasando.
“No es que ha bajado, es que estamos teniendo mayor control”, dice el doctor Ramón Mena, de la Clínica Siglo XXI. En sus recuerdos están los tres pacientes que murieron al llegar a la emergencia del centro de salud. No hubo tiempo de tratarlos. La enfermedad la tenían muy avanzada, sentencia.
Ahora los pacientes se acercan a la clínica o al hospital ante el primer síntoma. Nadie quiere engrosar el luto de esta arrocera demarcación.
Durante el jueves, el Siglo XXI tenía a 21 pacientes positivos de COVID. El miércoles ese número estuvo en cero en su unidad de cuidados intensivos, señala el doctor, por primera vez desde que la pandemia arreció en la segunda semana de marzo.
De sus pacientes hay tres en cuidados intensivos, aunque sin recibir ventilación y 13 en cuidados intermedios. Los demás pasan sus días en salas normales donde se les permite tener la presencia de un familiar, que le acompaña cumplimiento con medidas de protección.
Pero el mayor problema de los duartenses, dice Jaqueline Bonilla, es que no han entendido el llamado de advertencia de Dios. Esta pandemia que retumbó en China y ha causado estragos en Nueva York, España y ni hablar de Italia debió haber sentado a la gente en sus casas, con mascarillas como utensilio de primera necesidad y guardando las salidas solo para verdaderas emergencias, dice la mujer.
Pero no ha sido así. La gente sigue a la libre. Y así van siguiendo las cosas.
Santo Domingo.- Los contratos de concesion minera suscritos en el Estado dominicano y la Falcombridge Dominicana, S.A. (Falcondo) fueron cancelados por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), poniendo fin a una relación contractual de casi siete décadas sobre la concesión Quisqueya I, ubicada entre las provincias La Vega y Monseñor Nouel.
La decisión fue adoptada por la Segunda Sala del TSA, presidida por el magistrado Antonio O. Sánchez Mejía e integrada por los jueces Úrsula J. Carrasco Márquez y Edward A. Abreu, mediante la sentencia núm. 0030-03-2026-SSEN-00332, de fecha 12 de agosto de 2026.
El fallo alcanza los contratos suscritos el 24 de diciembre de 1956 y el 26 de septiembre de 1969.
La acción fue interpuesta en julio de 2025 por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), en representación del Estado dominicano, tras identificarse incumplimientos relacionados con la explotación de los yacimientos, obligaciones económicas y laborales, así como con la presentación de informes técnicos exigidos por la legislación minera.
Entre los elementos valorados por el tribunal figura la paralización de las operaciones productivas de Quisqueya I desde el 17 de noviembre de 2023, conforme a una certificación de la Dirección General de Minería.
El TSA también tomó en cuenta que Falcondo no presentó los informes semestrales de progreso correspondientes a 2023, 2024 y 2025, ni los informes anuales de operaciones de 2023 y 2024.
La terminación de los contratos se produce en medio de una crisis marcada por el cese abrupto de las operaciones de Falcondo.
Tras la paralización de noviembre de 2023, la empresa entró en una etapa de cuidado y mantenimiento, sin ejecutar un plan de cierre ordenado, situación que derivó en la desvinculación de trabajadores y en incumplimientos de compromisos con empleados, contratistas y suplidores locales.
En 2024, más de 900 trabajadores fueron desvinculados y recibieron sus prestaciones laborales mediante la intervención del FONPER, en representación del Estado dominicano.
A estos se sumó un grupo de exempleados cuyos contratos fueron terminados en marzo de 2026 y que mantiene reclamaciones laborales pendientes que, según sus voceros, ascienden a unos RD$300 millones.
of-am
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Propietarios de Vidal Plast, acusados de explosión en San Cristóbal, son declarados no culpables
Santo Domingo, R.D.-No culpables fueron declarados los propietarios de la empresa Vidal Plast por el Segundo Tribunal Colegiado de San Cristóbal, quienes estaban acusados de la explosión en la provincia San Cristóbal que dejó un saldo de 38 fallecidos el 14 de agosto de 2023.
La jueza Wilma Altagracia Cuello descargó a los imputados, Edward Armando Vidal Garrido, su esposa, Maribel Sandoval Almánzar, y su hija, Mercedes Altagracia Vidal, quienes son propietarios de Vidal Plast.
Al salir de la audiencia, los familiares de las víctimas de la tragedia se mostraron a favor de la decisión de la magistrada, al considerar que la familia Vidal no era la responsable de los hechos que se le imputaban.
Ante esto, pidieron que se inicie una nueva investigación con el fin de dar con los “verdaderos responsables” de la explosión que dejó más de una decena de heridos.
“Que caigan los verdaderos culpables, que nuestros familiares puedan por lo menos descansar en paz. La fiscalía elaboró una narrativa equivocada y de mala fe. Los Vidal no tenían nada que ver con eso, a los demás que estaban involucrados nunca los mencionaron”, expresaron los familiares.
En 2023, tras ser acusada por el Ministerio Público, la empresa Vidal Plast expresó su “gran sorpresa e indignación” por la responsabilidad que se le atribuye en un comunicado del Ministerio Público y resaltó que “somos una empresa familiar que, con apego a las leyes, desde 2003 se dedica a la compra y venta de materiales plásticos que reciclamos convirtiéndolos en materia prima”.
En ese entonces, la empresa detalló que no usaba combustibles ni productos para reciclar plásticos que pudieran provocar la explosión en San Cristóbal. Además, indicaron que en el lugar solo quedaba material plástico y que no había nada que pudiera provocar la explosión.
La explosión en San Cristóbal se registró alrededor de las 3:10 de la tarde del 14 de agosto de 2023. Los bomberos explicaron que se creó una deflagración de llamas que generaron ondas expansivas hacia los laterales y hacia el techo del comercio ubicado en la calle Padre Ayala, casi esquina J. Peynado, epicentro del evento.
El siniestro dejó un saldo de 38 las víctimas, 59 personas que sufrieron lesiones de leves a graves, más de 12 viviendas afectadas y al menos 70 negocios afectados.
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El destituido director de la PN sólo duró seis meses en la dirección de la Policía Nacional
Santo Domingo, R.D.-Andres Modesto Cruz Cruz, destituido director de la Policia Nacional, sólo duró seis meses en el cargo, quien además fue colocado en estado de retiro tras el cese de sus responsabilidades.
Su gestión termina marcada por dos hechos que han sacudido al país. Uno de ellos es el paro en el municipio de Navarrete, que inicialmente fue convocado por 48 horas, sin embargo, se extendió por 24 horas más ante la falta de respuestas a los reclamos planteados por los sectores.
La protesta se realizó con el fin de que las autoridades brinden soluciones a los problemas que, según los grupos populares, afectan a las comunidades de Navarrete. Entre las denuncias que los comunitarios realizan están la falta de agua potable, la terminación y reubicación del vertedero municipal y la mejora del servicio eléctrico.
Durante las horas de protesta se presenció un ambiente marcado por la tensión, la presencia polical, neumáticos incendiados y obstáculos en algunas vías.
Sin embargo, tras las 72 horas de protestas, los grupos populares decidieron levantar el paro y conceder un plazo de 15 días para esperar el desarrollo de las conversaciones con las autoridades. Concluida la espera, evaluaran las respuestas y determinaran las acciones que asumirán en caso de que sus demandas no sean atendidas.
Asimismo, un hecho que marcó el quinto mes de Modesto Cruz y, que dio inicio a debates sobre los protocolos policiales y el uso de la fuerza, fue la muerte de Darlin Mercado Reyes: un joven de 19 años, residente del sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, que falleció tras resultar herido de bala durante una actuación policial.
Los hechos ocurrieron el viernes 3 de julio de este año, cuando el cabo José Francisco Moreta Heredia requisaba al ciudadano Fénix Junior Ceballos Guzmán, quien conducía una motocicleta propiedad de la víctima.
Posteriormente, Mercado se acercó al agente para indicarle que el vehículo era de su propiedad y, es en ese momento, cuando sin mediar palabras, le disparó en el tórax ocasionándole la muerte de manera instantánea.
Más tarde, los agentes observados en el video fueron suspendidos y, durante el conocimiento de la medida de coerción, el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción contra Moreta. El imputado fue llevado a una celda de máxima seguridad en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
Este lunes el presidente Luis Abinader designó, por medio del decreto 558-26, a Ernesto Rodríguez García como nuevo director de la entidad.
Modesto Cruz Cruz asumió el cargo el 17 de febrero del año en curso luego de haberse desempeñado como inspector general de la Policía. En el momento, había sustituido al mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta quien, tras su salida, fue designado como asesor del presidente en materia policial.
Dentro de las funciones que desempeñó Modesto, previo a su labor como director, se encuentran la de director central de Asuntos Internos (DICAI), director regional Sur y subinspector general. Además, formó parte de posiciones en recursos humanos, protección y servicios especializados, seguridad preventiva y dependencias operativas.
Como parte de su formación académica, el ex director de la Policía Nacional realizó una maestría en Defensa y Seguridad Nacional, diplomados en liderazgos, derechos humanos, investigación criminal, seguridad estratégica, gestión institucional y liderazgo transformacional.
Obtuvo reconocimientos como la medalla al mérito del servidor público, merito aéreo distintivo azul y la orden al mérito naval. De igual forma, recibió cartas de felicitaciones por su desempeño durante procesos electorales y operativos preventivos de alcance nacional.
Al asumir el cargo, Cruz se había comprometido a continuar el trabajo de Peralta en cuanto a la reducción de la tasa de criminalidad. Aseguró que en su gestión sus ejecutorias laborales no procurarían la acumulación paulatina de poder y posiciones jerárquicas.
Con la nueva designación queda derogado el artículo 1 del Decreto número 111-26, del 17 de febrero del 2026, mediante el cual había sido designado al ex director Andrés Modesto Cruz Cruz.