Santo Domingo, RD.-El hospital San Vicente de Paul, localizado exactamente en el frente de la funeraria de Jesús de San Francisco de Macorís, donde Jaqueline Bonilla genera el dinerito que necesita para la manutención de su familia, donde ha estado el epicentro de la pandemia del coronavirus en la República Dominicana.Más Noticias
«Ojala el Covid se vaya aunque yo no venda una caja de muerto más.
Santo Domingo, RD.-El hospital San Vicente de Paul, localizado exactamente en el frente de la funeraria de Jesús de San Francisco de Macorís, donde Jaqueline Bonilla genera el dinerito que necesita para la manutención de su familia, donde ha estado el epicentro de la pandemia del coronavirus en la República Dominicana.“Yo pudiera durar dos o tres meses sin vender una caja de muertos y me sentiría feliz, solo quiero que esta enfermedad se vaya”, asegura.
Lo suyo lleva un lamento hondo. Hace unos días murió su hermana en Puerto Plata, no vinculada al coronavirus, pero debido a la pandemia, y a las restricciones impuestas en la provincia Duarte, de cero entradas y salidas de la demarcación, no pudo asistir al entierro.
Ese es un dolor que lleva consigo estos días y que le permanecerá hasta que pueda ir a los pies de la tumba de su hermana y llorar por su descanso eterno.
Lo de Jaqueline ciertamente ha sido una tragedia extraña: vende ataúdes frente al hospital que más casos de COVID-19 ha tratado en la región, cerca de quinientos dice su director, lo que supondría una mejoría económica considerable para la mujer y su familia.
Pero no lo ha sido por dos razones: la primera es que cuando llegó la gran ola de fallecimientos en la provincia Duarte, que básicamente se producían en el hospital San Vicente, ella y su familia no tenían ataúdes sencillos, de los económicos, solo de los más caros, pensados para la gente de dinero. Por eso la gente no les compraba, terminaba en alguna de las otras seis funerarias de la ciudad. Y la segunda y más dolorosa, es que muchas de esas personas que fueron a comprar cajas de muertos para enterrar a sus parientes eran en algunos casos sus amigos. “Ellos venían y al final yo terminaba llorando con ellos”, relata en las afueras del negocio.
La provincia Duarte, llora Jaqueline, tenía hasta ayer 73 muertes vinculadas al COVID-19, según los informes epidemiológicos de Salud Pública. En el país han muerto 265 personas de la enfermedad, pero hay un dato interesante que se recoge en esos informes: San Francisco de Macorís, la cabecera de este provincia, recoge el 25.7% de todas las muertes. Detrás le siguen, muy atrás, el municipio de Santiago, con 13.2%; Distrito Nacional con 13.2% y Santo Domingo Este con 5.7%.
La gravedad de la situación es que el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo tienen mucho mayor cantidad de casos que Duarte, con 1,401 y 1,103 contagios, respecticamente, pero a estas comunidades se les mueren menos personas: 35 en la capital y 38 en la provincia más grande del país.
Esos informes de muertes, afectados y recluidos en hospitales es a los que rehúye Jaqueline, alejada de teléfonos inteligentes y de las noticias de las dos la tarde y las diez de la noche. “Si uno sigue consumiendo todo eso, se enferma más rápido”, jura.
Esas noticias, producidas de las ruedas de prensa del ministerio de Salud Publica, han creado un clima de histeria colectiva, cree la mujer.
Pero con toda “esa histeria de los últimos días”, basada tanto en la exactitud de los datos como en el vocingleo de los vecinos, que miden la gravedad de la pandemia por la cantidad de vecinos que se enfermaron o por el duro ruido de las sirenas de las ambulancias, “Macorís”, como es conocido su municipio cabecera, parece haber hallado cierta normalidad dentro de la enfermedad
Mientras hablamos con Jaqueline se une al negocio su hijo, un chico en sus tempranos veinte que ha llegado en una pasola y con una cerveza grande en la mano. Frente a ellos un señor enjabona su vehículo y más al fondo hondean al sol los trajes del personal de emergencias del hospital San Vicente de Paul.
Es una vida dentro de la pandemia un poco extraña que muestra todas las caras de este pueblo guerrero. “San Francisco y la provincia Duarte no se rinden, no se rendirán”, asegura el padre Moncho mientras empolva sus zapatos auxiliando a sus feligreses.
Y es que San Francisco es muchas cosas en estos días: es el joven que llegó en la pasola con cerveza, pero también el sacerdote que lleva fundas de alimentos sin hacer mucho ruido a una barriada, o el doctor de emergencias que llegó al ahora pequeñísimo hospital Federico Lavandier, que ahora recibe todos losb males que no son Covid, y le espera un turno de 24 horas. Y en muchísimos casos es el grupo que se reúne a conversar sin mascarillas, “a la espera de que el Gobierno se apiade”.
Estos días hay cierta tranquilidad en el equipo médico del municipio cabecera, que realmente brinda servicio a toda la región nordeste: ayer habían 25 camas ocupadas de las 140 que tiene el hospital San Vicente de Paul, dedicado a exclusividad a pacientes de COVID, según explica su director, Francisco Ureña.
De los ingresados, cinco pacientes están conectados a ventiladores artificiales y seis están en condiciones de ser enviado al centro de aislamiento que funciona en la comunidad Los Aguayos, donde pasan sus días pacientes positivos de la enfermedad, pero que no han presentado síntomas o los tienen muy leves.
Esa distensión es muy diferente a la crisis de la segunda semana de marzo que vivió esta comunidad: los pacientes no cesaban y en muchos casos llegaban con la enfermedad avanzada, dice el doctor. Y ahí mismo remata: “No nos podemos descuidar… la gente en las calles se está portando mal”.
Ese mal que dice el doctor hace referencia a la cantidad de personas que se sigue reuniendo a conversar sin mascarillas, a no mantener las distancias debidas y a continuar la vida como si nada extraordinario estuviera pasando.
“No es que ha bajado, es que estamos teniendo mayor control”, dice el doctor Ramón Mena, de la Clínica Siglo XXI. En sus recuerdos están los tres pacientes que murieron al llegar a la emergencia del centro de salud. No hubo tiempo de tratarlos. La enfermedad la tenían muy avanzada, sentencia.
Ahora los pacientes se acercan a la clínica o al hospital ante el primer síntoma. Nadie quiere engrosar el luto de esta arrocera demarcación.
Durante el jueves, el Siglo XXI tenía a 21 pacientes positivos de COVID. El miércoles ese número estuvo en cero en su unidad de cuidados intensivos, señala el doctor, por primera vez desde que la pandemia arreció en la segunda semana de marzo.
De sus pacientes hay tres en cuidados intensivos, aunque sin recibir ventilación y 13 en cuidados intermedios. Los demás pasan sus días en salas normales donde se les permite tener la presencia de un familiar, que le acompaña cumplimiento con medidas de protección.
Pero el mayor problema de los duartenses, dice Jaqueline Bonilla, es que no han entendido el llamado de advertencia de Dios. Esta pandemia que retumbó en China y ha causado estragos en Nueva York, España y ni hablar de Italia debió haber sentado a la gente en sus casas, con mascarillas como utensilio de primera necesidad y guardando las salidas solo para verdaderas emergencias, dice la mujer.
Pero no ha sido así. La gente sigue a la libre. Y así van siguiendo las cosas.
Santo Domingo. – A partir del primero de agosto la Junta Central Electoral (JCE) tendrá nuevos horarios de atención en los Centros de Cedulación de Servicio Extendido (anteriormente denominados Centros de Servicios Continuos).
El Pleno de la JCE dispuso que los centros de servicio extendido ofrecerán atención a la ciudadanía de lunes a domingo, en horario de 8:00 de la mañana a 12:00 de la medianoche.
La medida aplicará a los centros ubicados en Barahona, Herrera, Distrito Nacional, La Romana, La Vega, Las Américas, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís y Santiago.
En ese sentido, la JCE precisó que los ciudadanos con citas programadas en el horario de la madrugada (de 12:00 a. m. a 07:00 a. m.), podrán presentarse en cualquiera de los centros de cedulación, según el horario de servicio correspondiente, sin importar el mes de cumpleaños.
Santo Domingo.- Una accion directa de inconstitucionalidad sometió el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) ante el Tribunal Constitucional una contra el artículo 310 del recién modificado Código Penal.
El recurso fue encabezado por Trajano Potentini, presidente del gremio, quien considera que su contenido entra en contradicción con garantías esenciales del orden constitucional, particularmente el derecho de defensa, el debido proceso y la dignidad del ejercicio profesional del derecho.
Potentini acudió a la sede de la jurisdicción constitucional acompañado de miembros de la directiva del gremio, presidentes de seccionales y de expresidentes del Colegio de Abogados, en una manifestación institucional con la que la organización procura defender no solamente las prerrogativas de los profesionales del derecho, sino también las garantías que asisten a toda persona que requiere representación y asistencia jurídica efectiva.
El presidente del CARD explicó que la acción constitucional tiene como propósito que el Tribunal Constitucional examine la compatibilidad del artículo impugnado con los principios, derechos y garantías consagrados por la Constitución dominicana, especialmente aquellos vinculados al libre y pleno ejercicio del derecho de defensa.
Dijo que cualquier regulación penal que pueda incidir sobre la actuación profesional de los abogados debe ser examinada con especial rigor constitucional, debido a que el abogado constituye una pieza esencial para hacer efectivo el acceso a la justicia.
Sostuvo que la defensa técnica no puede ser concebida como una concesión del Estado ni como una función secundaria dentro del sistema de justicia. Por el contrario, representa una garantía indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente sus derechos frente a una investigación, acusación o proceso judicial.
En ese contexto, el CARD considera necesario preservar un marco normativo que permita a los abogados ejercer sus funciones con independencia, seguridad jurídica y respeto a la naturaleza de su profesión.
Señaló que la controversia planteada trasciende los intereses particulares de los abogados. Según Potentini, cuando se afecta la independencia o la dignidad de quienes ejercen la defensa técnica también pueden verse comprometidos los derechos de los ciudadanos representados por esos profesionales.
Potentini destacó que la Constitución reconoce el debido proceso y el derecho de defensa como garantías fundamentales que deben observarse en toda actuación judicial y administrativa. En consecuencia, afirmó que las normas deben interpretarse de manera compatible con esos postulados.
La acción solicita la intervención del Tribunal Constitucional en su condición de órgano encargado de garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales. Corresponderá a esa alta corte examinar los argumentos y determinar la conformidad o no de la disposición cuestionada con la Carta Sustantiva.
El CARD informó que dará seguimiento al curso procesal de la acción y reiteró su confianza en que el debate jurídico permitirá delimitar adecuadamente el alcance de la disposición impugnada conforme a los principios del Estado social y democrático de derecho.
Santo Domingo, R.D.-En franca violacion del mandato constitucional del plazo de 48 horas para someter ante un juez competente a una persona detenida se produce con casos que tienen que sufrir que se tiempo de extienda por didas, semanas e incluso en meses, segun denuncia de muchos afectados.
Y cuando finalmente un tribunal ordena la libertad, salir del destacamento tampoco ocurre de inmediato.
La situación ha quedado evidenciada con los 13 ciudadanos que permanecen más de 30 días detenidos en los destacamentos del Ensanche Felicidad y Vietnam, en Santo Domingo Este, sin haber sido sometidos al control de un juez y sin que existiera registro de un proceso penal en su contra.
Aunque un tribunal acogió el hábeas corpus presentado por la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) y ordenó su libertad inmediata, varios días después la decisión aún se encuentra en proceso de ejecución.
La decisión legal de la liberación de los 13 detenidos ocurrió después de que una inspección de la Defensa Pública encontrara a 16 personas privadas de libertad en los destacamentos de Felicidad y Vietnam. Trece llevaban más de un mes detenidas sin haber comparecido ante un juez.
Durante la audiencia, el Ministerio Público informó al tribunal que no encontró solicitudes de medidas de coerción ni actuaciones procesales relacionadas con esas personas.
El tribunal ordenó la libertad de los 13 ciudadanos, pero el caso no fue el último. Días después, durante una nueva inspección en el destacamento de El Tamarindo, en Santo Domingo Este, las defensoras públicas encontraron a otro hombre que llevaba casi 12 días privado de libertad sin haber sido presentado ante un juez, en circunstancias similares a las detectadas previamente en los destacamentos del Ensanche Felicidad y Vietnam.
Según relataron, los agentes explicaron que el retraso obedecía a la falta de vehículos para trasladarlo hasta la fiscalía.
Sin embargo, cuando consultaron el sistema del Poder Judicial, descubrieron que tampoco existía una solicitud de medida de coerción depositada y ante esa situación, interpusieron un nuevo hábeas corpus.
Para la Defensa Pública, la ausencia de transporte se ha convertido en una de las explicaciones más frecuentes para justificar los retrasos.
«No había sucedido antes con esta magnitud. Ahora uno de los argumentos recurrentes es que no hay vehículos para trasladar a los detenidos», explicó Figuereo.
La defensora sostuvo que esa situación no solo afecta a quienes esperan ser presentados ante un juez por primera vez, sino también las audiencias de medidas de coerción.
«Si hay 65 audiencias fijadas, 45 o 50 terminan aplazándose por falta de traslado«, aseguró.
El hábeas corpus tampoco acelera siempre la libertad.
Las defensoras afirman que incluso cuando presentan acciones constitucionales para recuperar la libertad de un detenido, el proceso suele enfrentar nuevos obstáculos.
Según Figuereo, en algunos casos el Ministerio Público solicita aplazamientos de las audiencias de hábeas corpus para ganar tiempo.
«La táctica dilatoria que está haciendo el Ministerio Público es pedir aplazamiento para depositar la solicitud de medida de coerción. Cuando vuelve la audiencia, aparece el vehículo, trasladan al imputado y conocen la medida», afirmó.
El artículo 40 de la Constitución dispone que toda persona detenida debe ser presentada ante un juez dentro de las 48 horas siguientes a su arresto.
El artículo 71 reconoce el hábeas corpus como el mecanismo para restablecer ese derecho cuando la privación de libertad es ilegal o irrazonable.
Sin embargo, para la Defensa Pública, las visitas diarias a los destacamentos muestran una realidad distinta.
Las inspecciones no solo verifican el tiempo de detención. También revisan si los privados de libertad han recibido alimentos, agua, atención médica y si han sido objeto de maltratos.
«Mucha gente ni siquiera sabe por qué está detenida o que tiene derecho a ser presentada ante un juez en 48 horas«, señaló la defensora pública Dilenny Morel.
La historia de los 13 ciudadanos resume la paradoja que describen las defensoras. Entraron a los destacamentos sin que posteriormente se formalizara un proceso judicial.
Un tribunal ordenó su libertad. Pero la ejecución de esa decisión también requirió nuevos trámites, seguimiento de los abogados y espera.
Para la Defensa Pública, esa secuencia refleja un problema que trasciende un caso particular: en algunos destacamentos dominicanos no solo resulta fácil entrar; también puede ser muy difícil salir, incluso cuando un juez ya ordenó la libertad.