Santo Domingo, RD.-El hospital San Vicente de Paul, localizado exactamente en el frente de la funeraria de Jesús de San Francisco de Macorís, donde Jaqueline Bonilla genera el dinerito que necesita para la manutención de su familia, donde ha estado el epicentro de la pandemia del coronavirus en la República Dominicana.Más Noticias
«Ojala el Covid se vaya aunque yo no venda una caja de muerto más.
Santo Domingo, RD.-El hospital San Vicente de Paul, localizado exactamente en el frente de la funeraria de Jesús de San Francisco de Macorís, donde Jaqueline Bonilla genera el dinerito que necesita para la manutención de su familia, donde ha estado el epicentro de la pandemia del coronavirus en la República Dominicana.“Yo pudiera durar dos o tres meses sin vender una caja de muertos y me sentiría feliz, solo quiero que esta enfermedad se vaya”, asegura.
Lo suyo lleva un lamento hondo. Hace unos días murió su hermana en Puerto Plata, no vinculada al coronavirus, pero debido a la pandemia, y a las restricciones impuestas en la provincia Duarte, de cero entradas y salidas de la demarcación, no pudo asistir al entierro.
Ese es un dolor que lleva consigo estos días y que le permanecerá hasta que pueda ir a los pies de la tumba de su hermana y llorar por su descanso eterno.
Lo de Jaqueline ciertamente ha sido una tragedia extraña: vende ataúdes frente al hospital que más casos de COVID-19 ha tratado en la región, cerca de quinientos dice su director, lo que supondría una mejoría económica considerable para la mujer y su familia.
Pero no lo ha sido por dos razones: la primera es que cuando llegó la gran ola de fallecimientos en la provincia Duarte, que básicamente se producían en el hospital San Vicente, ella y su familia no tenían ataúdes sencillos, de los económicos, solo de los más caros, pensados para la gente de dinero. Por eso la gente no les compraba, terminaba en alguna de las otras seis funerarias de la ciudad. Y la segunda y más dolorosa, es que muchas de esas personas que fueron a comprar cajas de muertos para enterrar a sus parientes eran en algunos casos sus amigos. “Ellos venían y al final yo terminaba llorando con ellos”, relata en las afueras del negocio.
La provincia Duarte, llora Jaqueline, tenía hasta ayer 73 muertes vinculadas al COVID-19, según los informes epidemiológicos de Salud Pública. En el país han muerto 265 personas de la enfermedad, pero hay un dato interesante que se recoge en esos informes: San Francisco de Macorís, la cabecera de este provincia, recoge el 25.7% de todas las muertes. Detrás le siguen, muy atrás, el municipio de Santiago, con 13.2%; Distrito Nacional con 13.2% y Santo Domingo Este con 5.7%.
La gravedad de la situación es que el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo tienen mucho mayor cantidad de casos que Duarte, con 1,401 y 1,103 contagios, respecticamente, pero a estas comunidades se les mueren menos personas: 35 en la capital y 38 en la provincia más grande del país.
Esos informes de muertes, afectados y recluidos en hospitales es a los que rehúye Jaqueline, alejada de teléfonos inteligentes y de las noticias de las dos la tarde y las diez de la noche. “Si uno sigue consumiendo todo eso, se enferma más rápido”, jura.
Esas noticias, producidas de las ruedas de prensa del ministerio de Salud Publica, han creado un clima de histeria colectiva, cree la mujer.
Pero con toda “esa histeria de los últimos días”, basada tanto en la exactitud de los datos como en el vocingleo de los vecinos, que miden la gravedad de la pandemia por la cantidad de vecinos que se enfermaron o por el duro ruido de las sirenas de las ambulancias, “Macorís”, como es conocido su municipio cabecera, parece haber hallado cierta normalidad dentro de la enfermedad
Mientras hablamos con Jaqueline se une al negocio su hijo, un chico en sus tempranos veinte que ha llegado en una pasola y con una cerveza grande en la mano. Frente a ellos un señor enjabona su vehículo y más al fondo hondean al sol los trajes del personal de emergencias del hospital San Vicente de Paul.
Es una vida dentro de la pandemia un poco extraña que muestra todas las caras de este pueblo guerrero. “San Francisco y la provincia Duarte no se rinden, no se rendirán”, asegura el padre Moncho mientras empolva sus zapatos auxiliando a sus feligreses.
Y es que San Francisco es muchas cosas en estos días: es el joven que llegó en la pasola con cerveza, pero también el sacerdote que lleva fundas de alimentos sin hacer mucho ruido a una barriada, o el doctor de emergencias que llegó al ahora pequeñísimo hospital Federico Lavandier, que ahora recibe todos losb males que no son Covid, y le espera un turno de 24 horas. Y en muchísimos casos es el grupo que se reúne a conversar sin mascarillas, “a la espera de que el Gobierno se apiade”.
Estos días hay cierta tranquilidad en el equipo médico del municipio cabecera, que realmente brinda servicio a toda la región nordeste: ayer habían 25 camas ocupadas de las 140 que tiene el hospital San Vicente de Paul, dedicado a exclusividad a pacientes de COVID, según explica su director, Francisco Ureña.
De los ingresados, cinco pacientes están conectados a ventiladores artificiales y seis están en condiciones de ser enviado al centro de aislamiento que funciona en la comunidad Los Aguayos, donde pasan sus días pacientes positivos de la enfermedad, pero que no han presentado síntomas o los tienen muy leves.
Esa distensión es muy diferente a la crisis de la segunda semana de marzo que vivió esta comunidad: los pacientes no cesaban y en muchos casos llegaban con la enfermedad avanzada, dice el doctor. Y ahí mismo remata: “No nos podemos descuidar… la gente en las calles se está portando mal”.
Ese mal que dice el doctor hace referencia a la cantidad de personas que se sigue reuniendo a conversar sin mascarillas, a no mantener las distancias debidas y a continuar la vida como si nada extraordinario estuviera pasando.
“No es que ha bajado, es que estamos teniendo mayor control”, dice el doctor Ramón Mena, de la Clínica Siglo XXI. En sus recuerdos están los tres pacientes que murieron al llegar a la emergencia del centro de salud. No hubo tiempo de tratarlos. La enfermedad la tenían muy avanzada, sentencia.
Ahora los pacientes se acercan a la clínica o al hospital ante el primer síntoma. Nadie quiere engrosar el luto de esta arrocera demarcación.
Durante el jueves, el Siglo XXI tenía a 21 pacientes positivos de COVID. El miércoles ese número estuvo en cero en su unidad de cuidados intensivos, señala el doctor, por primera vez desde que la pandemia arreció en la segunda semana de marzo.
De sus pacientes hay tres en cuidados intensivos, aunque sin recibir ventilación y 13 en cuidados intermedios. Los demás pasan sus días en salas normales donde se les permite tener la presencia de un familiar, que le acompaña cumplimiento con medidas de protección.
Pero el mayor problema de los duartenses, dice Jaqueline Bonilla, es que no han entendido el llamado de advertencia de Dios. Esta pandemia que retumbó en China y ha causado estragos en Nueva York, España y ni hablar de Italia debió haber sentado a la gente en sus casas, con mascarillas como utensilio de primera necesidad y guardando las salidas solo para verdaderas emergencias, dice la mujer.
Pero no ha sido así. La gente sigue a la libre. Y así van siguiendo las cosas.
Santo Domingo.– Los abogados de varios de los encartados en el denominado caso SeNaSa 2.0 cuestionaron este lunes la solicitud del Ministerio Público de imponer hasta 18 meses de prisión preventiva contra parte de los investigados, al considerar que existen otras medidas de coerción suficientes para garantizar su comparecencia durante el proceso.
Los representantes legales sostienen que sus defendidos, entre ellos profesionales de la medicina, poseen domicilio conocido, vínculos familiares y laborales en la República Dominicana, elementos que, según la defensa, disminuyen cualquier posibilidad de que intenten abandonar el país o sustraerse de la acción de la justicia.
Los juristas insistieron en que los imputados se encuentran en disposición de asistir a las audiencias y demás actuaciones judiciales que sean requeridas mientras continúe la investigación.
“Son médicos, tienen arraigo y no se van a ir del país”, manifestaron abogados vinculados al proceso al defender la aplicación de medidas menos gravosas que la prisión preventiva.
Tribunal impuso diferentes medidas de coerción
Como parte del proceso relacionado con la denominada Operación Cobra 2.0-A, el tribunal estableció distintas medidas de coerción de acuerdo con la situación particular de cada imputado.
Entre las disposiciones adoptadas figuran prisión preventiva, arresto domiciliario, presentación periódica, impedimento de salida del país y garantías económicas.
Durante la jornada de este lunes, abogados de algunos de los procesados comenzaron además las gestiones correspondientes al retiro de dispositivos de monitoreo impuestos por el tribunal dentro de las medidas adoptadas.
Investigación por presuntas irregularidades
El expediente tiene su origen en una investigación desarrollada por el Ministerio Público en torno a supuestas irregularidades relacionadas con autorizaciones y servicios de salud atribuidos a personas vinculadas al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Las autoridades investigan la posible existencia de un esquema mediante el cual se habrían realizado operaciones irregulares en perjuicio de la aseguradora estatal.
Los abogados de los imputados han reiterado que sus clientes permanecerán disponibles para responder a las imputaciones y participar en las distintas etapas del proceso.
La defensa sostiene que el arraigo laboral, familiar y domiciliario de los acusados debe ser ponderado por los tribunales al momento de determinar la necesidad y proporcionalidad de las medidas de coerción.
El proceso continúa bajo investigación mientras las partes preparan sus respectivos argumentos frente a las decisiones adoptadas por la jurisdicción competente.
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INTRANT ajustará licencias de mayores de 75 años tras fallo del Tribunal Constitucional
La institución modificará sus sistemas de emisión y renovación luego de que el TC declarara inconstitucional la reducción automática de la vigencia de la licencia por razón de edad
Por Carlos Baret
SANTO DOMINGO.– El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) anunció que adecuará sus procedimientos para cumplir con la sentencia TC/0904/26 del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional la disposición que establecía una vigencia de solo dos años para las licencias de conducir de las personas mayores de 75 años. Tribunal Constitucional
La decisión constitucional se produjo a raíz de una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Fanny Josefina Melo Abreu y Héctor Manuel Melo Abreu contra el artículo 21 del Decreto núm. 6-19, que contiene el Reglamento de Licencias de Conducir. La sentencia fue publicada por el Tribunal Constitucional el 14 de septiembre de 2026. Tribunal Constitucional
El director ejecutivo del INTRANT, Juan Manuel Méndez García, informó este lunes que la institución acatará la decisión y realizará los ajustes correspondientes en sus procedimientos. La medida elimina el trato diferenciado que reducía la duración de las licencias únicamente por haber alcanzado determinada edad. Diario Libre
INTRANT inicia adecuación de sus sistemas
Como parte del cumplimiento de la sentencia, Méndez García dispuso que las áreas jurídicas, técnicas y de atención al usuario trabajen en las modificaciones necesarias para que los sistemas utilizados en la emisión y renovación de licencias sean adaptados al nuevo escenario jurídico. El Atlantico
La institución procura que las personas adultas mayores puedan realizar estos trámites en condiciones de igualdad y sin una reducción automática del período de vigencia fundamentada exclusivamente en la edad.
La decisión, sin embargo, no elimina los requisitos relacionados con las condiciones necesarias para conducir. La normativa dominicana contempla evaluaciones y requisitos vinculados con las aptitudes y condiciones psicofísicas de los conductores, por lo que el fallo debe distinguirse de las restricciones que puedan justificarse a partir de condiciones individuales acreditadas y no simplemente de la edad de una persona. Intrant
Igualdad y no discriminación en el centro del caso
El alcance del fallo trasciende el procedimiento administrativo de renovación de una licencia. La controversia coloca en primer plano el principio constitucional de igualdad y no discriminación, al cuestionar que la edad, considerada de manera aislada, pueda servir para imponer una carga administrativa diferenciada.
La sentencia TC/0904/26 constituye así una referencia relevante en la discusión sobre los derechos de los adultos mayores y los límites constitucionales de las regulaciones administrativas. Tribunal Constitucional
El INTRANT continuará aplicando la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y las normas relativas a la aptitud para conducir, pero deberá hacerlo conforme al criterio constitucional establecido en la decisión.
La adecuación anunciada representa, además, una consecuencia directa del carácter vinculante de las decisiones del Tribunal Constitucional para los poderes públicos y órganos del Estado.
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Nueva ley de juegos de azar entra en fase decisiva tras vencer plazo constitucional del Ejecutivo
La pieza fue remitida al Poder Ejecutivo el 18 de septiembre; la Constitución establece el procedimiento aplicable cuando vence el plazo para promulgar u observar una ley
Por Ana Rodríguez
SANTO DOMINGO.– La nueva legislación destinada a reorganizar y modernizar la regulación de los juegos de azar en República Dominicana entró en una etapa decisiva luego de transcurrir el plazo constitucional señalado para que el Poder Ejecutivo procediera a su promulgación u observación.
El proyecto fue convertido en ley por el Senado de la República el pasado 16 de septiembre, luego de varios meses de estudio en el Congreso Nacional, y remitido al Poder Ejecutivo el 18 de septiembre, de acuerdo con la información disponible sobre el trámite legislativo.
La iniciativa procura sustituir y reorganizar un marco regulatorio que tiene entre sus antecedentes principales normas sobre juegos de azar que datan de 1964. La necesidad de actualizar la regulación del sector ha sido objeto de distintas iniciativas legislativas durante años; documentos oficiales del Senado registran proyectos anteriores destinados a establecer un régimen más amplio para los juegos y apuestas. Senador D
El plazo constitucional
La situación adquiere especial relevancia jurídica debido a las disposiciones constitucionales que regulan la promulgación y observación de las leyes.
El artículo 101 de la Constitución dominicana vigente —no el artículo 110, como indica la información de origen— regula la promulgación y publicación de las leyes. Por tratarse de una cuestión constitucional y de actualidad, conviene verificar el texto vigente antes de publicación definitiva.
Según el procedimiento constitucional, una vez agotado el plazo correspondiente sin que se produzca la promulgación y publicación, se activa el mecanismo previsto por la propia Constitución para las leyes sancionadas por el Congreso.
Por ello, más allá de determinar si existe o no un anuncio público del Poder Ejecutivo, la cuestión central pasa a ser establecer la fecha exacta de recepción de la pieza, si fue declarada de urgencia, si se produjo alguna observación dentro del plazo y cuál es formalmente su situación jurídica.
Diez años sin nuevos establecimientos
Uno de los aspectos de mayor impacto de la nueva regulación es el establecimiento de una moratoria para la apertura de nuevos negocios de juegos de azar.
De acuerdo con el texto aprobado descrito en la información suministrada, durante un período de 10 años no podrían instalarse nuevos establecimientos de juegos de azar, con las excepciones contempladas por la propia legislación.
La finalidad de esa restricción sería permitir que las autoridades organicen, fiscalicen y regularicen los establecimientos que actualmente funcionan en el territorio nacional.
La medida se produce en un contexto en el que el Gobierno ya había retomado acciones para ordenar el sector. En abril de este año, el Poder Ejecutivo informó la reactivación del Plan Nacional de Regularización de bancas de lotería, puntos de venta, agencias, bancas de apuestas y otros operadores, mediante el Decreto 197-26. Presidencia de la República Dominicana
Casinos turísticos quedarían exceptuados
La restricción para la instalación de nuevos negocios no alcanzaría de igual manera a todos los establecimientos.
Según el contenido de la pieza descrito en la información suministrada, el artículo 194 contempla una excepción para casinos ubicados en hoteles y lugares turísticos, que podrían establecerse bajo las condiciones previstas por la nueva normativa.
Este tratamiento diferenciado introduce uno de los aspectos que probablemente generará mayor atención durante la aplicación de la legislación, particularmente por sus implicaciones para la actividad turística y la organización territorial del sector.
Una nueva autoridad para fiscalizar los juegos
Otro de los cambios relevantes sería la creación de la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), adscrita al Ministerio de Hacienda y Economía, institución que tendría responsabilidades de fiscalización y supervisión del sector.
La creación de una estructura especializada representaría una transformación del modelo institucional de control de una actividad que comprende bancas de lotería y deportivas, casinos, máquinas tragamonedas, apuestas por internet, bingos, agencias hípicas y otras modalidades.
Actualmente, el Gobierno mantiene un esquema de regularización en el que participan varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Hacienda y Economía y la Dirección General de Impuestos Internos. Presidencia de la República Dominicana
Límites de distancia para bancas y otros establecimientos
La legislación también introduce restricciones territoriales.
De acuerdo con la pieza aprobada descrita, determinados establecimientos de juegos de azar no podrán funcionar a menos de 500 metros de escuelas, colegios, universidades, instalaciones policiales y militares, estancias infantiles, Centros de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), hospitales, clínicas, iglesias y determinadas sedes de poderes y órganos del Estado.
Para las bancas deportivas se contempla una distancia mínima de 500 metros, mientras que para las bancas de lotería la separación establecida sería de 200 metros.
Casinos, salas de máquinas tragamonedas, bancas deportivas y otros establecimientos señalados por la normativa deberán, además, funcionar en locales cerrados.
Relojes visibles y medidas contra la ludopatía
La nueva legislación no se limita a cuestiones fiscales y administrativas.
Entre las disposiciones descritas figura la obligación de colocar relojes visibles en determinados establecimientos donde se realicen apuestas, una medida destinada a que los jugadores puedan mantener referencia del tiempo transcurrido dentro de esos espacios.
Más significativa desde el punto de vista social es la prevista creación de un Registro Nacional de Autoexclusión, mediante el cual personas afectadas por problemas relacionados con el juego podrían solicitar restricciones para acceder a determinadas actividades de apuestas.
La incorporación de medidas vinculadas al juego responsable introduce una dimensión de salud y protección social en una actividad tradicionalmente abordada principalmente desde la autorización, fiscalización y recaudación.
Una regulación esperada durante años
La transformación del régimen de los juegos de azar no comenzó con esta pieza. El archivo legislativo del Senado conserva iniciativas anteriores dirigidas a establecer una regulación integral del sector, incluyendo propuestas presentadas en legislaturas pasadas. Memoria Histórica
En marzo de 2026, durante una sesión del Senado, incluso se hizo referencia a iniciativas sometidas desde 2021 y a otra propuesta que se encontraba bajo estudio de la Comisión de Hacienda. Senador D
Ahora, tras completar su recorrido por el Congreso, la atención se desplaza hacia la situación formal de la legislación después de su remisión al Poder Ejecutivo.
La definición de ese punto resulta fundamental, porque de ella dependerá el momento en que comiencen a operar las nuevas reglas para un sector de considerable presencia económica y social en República Dominicana.