Santo Domingo, RD.-El hospital San Vicente de Paul, localizado exactamente en el frente de la funeraria de Jesús de San Francisco de Macorís, donde Jaqueline Bonilla genera el dinerito que necesita para la manutención de su familia, donde ha estado el epicentro de la pandemia del coronavirus en la República Dominicana.Más Noticias
«Ojala el Covid se vaya aunque yo no venda una caja de muerto más.
Santo Domingo, RD.-El hospital San Vicente de Paul, localizado exactamente en el frente de la funeraria de Jesús de San Francisco de Macorís, donde Jaqueline Bonilla genera el dinerito que necesita para la manutención de su familia, donde ha estado el epicentro de la pandemia del coronavirus en la República Dominicana.“Yo pudiera durar dos o tres meses sin vender una caja de muertos y me sentiría feliz, solo quiero que esta enfermedad se vaya”, asegura.
Lo suyo lleva un lamento hondo. Hace unos días murió su hermana en Puerto Plata, no vinculada al coronavirus, pero debido a la pandemia, y a las restricciones impuestas en la provincia Duarte, de cero entradas y salidas de la demarcación, no pudo asistir al entierro.
Ese es un dolor que lleva consigo estos días y que le permanecerá hasta que pueda ir a los pies de la tumba de su hermana y llorar por su descanso eterno.
Lo de Jaqueline ciertamente ha sido una tragedia extraña: vende ataúdes frente al hospital que más casos de COVID-19 ha tratado en la región, cerca de quinientos dice su director, lo que supondría una mejoría económica considerable para la mujer y su familia.
Pero no lo ha sido por dos razones: la primera es que cuando llegó la gran ola de fallecimientos en la provincia Duarte, que básicamente se producían en el hospital San Vicente, ella y su familia no tenían ataúdes sencillos, de los económicos, solo de los más caros, pensados para la gente de dinero. Por eso la gente no les compraba, terminaba en alguna de las otras seis funerarias de la ciudad. Y la segunda y más dolorosa, es que muchas de esas personas que fueron a comprar cajas de muertos para enterrar a sus parientes eran en algunos casos sus amigos. “Ellos venían y al final yo terminaba llorando con ellos”, relata en las afueras del negocio.
La provincia Duarte, llora Jaqueline, tenía hasta ayer 73 muertes vinculadas al COVID-19, según los informes epidemiológicos de Salud Pública. En el país han muerto 265 personas de la enfermedad, pero hay un dato interesante que se recoge en esos informes: San Francisco de Macorís, la cabecera de este provincia, recoge el 25.7% de todas las muertes. Detrás le siguen, muy atrás, el municipio de Santiago, con 13.2%; Distrito Nacional con 13.2% y Santo Domingo Este con 5.7%.
La gravedad de la situación es que el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo tienen mucho mayor cantidad de casos que Duarte, con 1,401 y 1,103 contagios, respecticamente, pero a estas comunidades se les mueren menos personas: 35 en la capital y 38 en la provincia más grande del país.
Esos informes de muertes, afectados y recluidos en hospitales es a los que rehúye Jaqueline, alejada de teléfonos inteligentes y de las noticias de las dos la tarde y las diez de la noche. “Si uno sigue consumiendo todo eso, se enferma más rápido”, jura.
Esas noticias, producidas de las ruedas de prensa del ministerio de Salud Publica, han creado un clima de histeria colectiva, cree la mujer.
Pero con toda “esa histeria de los últimos días”, basada tanto en la exactitud de los datos como en el vocingleo de los vecinos, que miden la gravedad de la pandemia por la cantidad de vecinos que se enfermaron o por el duro ruido de las sirenas de las ambulancias, “Macorís”, como es conocido su municipio cabecera, parece haber hallado cierta normalidad dentro de la enfermedad
Mientras hablamos con Jaqueline se une al negocio su hijo, un chico en sus tempranos veinte que ha llegado en una pasola y con una cerveza grande en la mano. Frente a ellos un señor enjabona su vehículo y más al fondo hondean al sol los trajes del personal de emergencias del hospital San Vicente de Paul.
Es una vida dentro de la pandemia un poco extraña que muestra todas las caras de este pueblo guerrero. “San Francisco y la provincia Duarte no se rinden, no se rendirán”, asegura el padre Moncho mientras empolva sus zapatos auxiliando a sus feligreses.
Y es que San Francisco es muchas cosas en estos días: es el joven que llegó en la pasola con cerveza, pero también el sacerdote que lleva fundas de alimentos sin hacer mucho ruido a una barriada, o el doctor de emergencias que llegó al ahora pequeñísimo hospital Federico Lavandier, que ahora recibe todos losb males que no son Covid, y le espera un turno de 24 horas. Y en muchísimos casos es el grupo que se reúne a conversar sin mascarillas, “a la espera de que el Gobierno se apiade”.
Estos días hay cierta tranquilidad en el equipo médico del municipio cabecera, que realmente brinda servicio a toda la región nordeste: ayer habían 25 camas ocupadas de las 140 que tiene el hospital San Vicente de Paul, dedicado a exclusividad a pacientes de COVID, según explica su director, Francisco Ureña.
De los ingresados, cinco pacientes están conectados a ventiladores artificiales y seis están en condiciones de ser enviado al centro de aislamiento que funciona en la comunidad Los Aguayos, donde pasan sus días pacientes positivos de la enfermedad, pero que no han presentado síntomas o los tienen muy leves.
Esa distensión es muy diferente a la crisis de la segunda semana de marzo que vivió esta comunidad: los pacientes no cesaban y en muchos casos llegaban con la enfermedad avanzada, dice el doctor. Y ahí mismo remata: “No nos podemos descuidar… la gente en las calles se está portando mal”.
Ese mal que dice el doctor hace referencia a la cantidad de personas que se sigue reuniendo a conversar sin mascarillas, a no mantener las distancias debidas y a continuar la vida como si nada extraordinario estuviera pasando.
“No es que ha bajado, es que estamos teniendo mayor control”, dice el doctor Ramón Mena, de la Clínica Siglo XXI. En sus recuerdos están los tres pacientes que murieron al llegar a la emergencia del centro de salud. No hubo tiempo de tratarlos. La enfermedad la tenían muy avanzada, sentencia.
Ahora los pacientes se acercan a la clínica o al hospital ante el primer síntoma. Nadie quiere engrosar el luto de esta arrocera demarcación.
Durante el jueves, el Siglo XXI tenía a 21 pacientes positivos de COVID. El miércoles ese número estuvo en cero en su unidad de cuidados intensivos, señala el doctor, por primera vez desde que la pandemia arreció en la segunda semana de marzo.
De sus pacientes hay tres en cuidados intensivos, aunque sin recibir ventilación y 13 en cuidados intermedios. Los demás pasan sus días en salas normales donde se les permite tener la presencia de un familiar, que le acompaña cumplimiento con medidas de protección.
Pero el mayor problema de los duartenses, dice Jaqueline Bonilla, es que no han entendido el llamado de advertencia de Dios. Esta pandemia que retumbó en China y ha causado estragos en Nueva York, España y ni hablar de Italia debió haber sentado a la gente en sus casas, con mascarillas como utensilio de primera necesidad y guardando las salidas solo para verdaderas emergencias, dice la mujer.
Pero no ha sido así. La gente sigue a la libre. Y así van siguiendo las cosas.
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Banco agradece a autoridades por eficiencia en investigación del caso de acreditaciones irregulares
Santo Domingo, R.D.-La celeridad y el profesionalismo del Ministerio Público y la Policia Nacional fue reconocido por el Banco BHD en el proceso de investigación y persecución de los involucrados en el caso de acreditaciones irregulares por más de RD$ 200 millones en perjuicio de esa entidad y la entidad financiera expresó que se mantendrá trabajando y colaborando con estas instituciones hasta cerrar el caso.
Desde marzo pasado, tras una investigación interna, el BHD desvinculó por despido y posteriormente sometió a la justicia a un empleado acusado de realizar acreditaciones irregulares en beneficio de terceros a cambio de una retribución económica para sí mismo, violando la confianza que fue depositada en él a través de su rol.
También sometió a la justicia a un grupo de personas externas al banco que recibió los fondos irregulares. La denuncia formal fue colocada en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional.
El BHD informó que, tan pronto detectó el movimiento irregular de acreditaciones, inició un proceso de investigación en coordinación con el Ministerio Público y notificó el hecho a la Superintendencia de Bancos.
La entidad indicó que, más allá de las pérdidas financieras, que fueron absorbidas por el Banco y que representan una fracción mínima de sus utilidades anuales dado el tamaño de la institución, se trata de una conducta inadmisible en una empresa que se ha caracterizado por hacer siempre lo correcto. También aseguró que los depósitos de los clientes están intactos y que nunca fueron tocados.
BHD reiteró su posición de cero tolerancia a cualquier conducta que comprometa la confianza y los valores institucionales, y su compromiso absoluto con una cultura organizacional sustentada en la ética, la transparencia y la responsabilidad.
SANTO DOMINGO.- Fueron detenidos los responsables de atacar e intimadar al chofer de un autobús escolar en un incidente ocurrido en el sector Cafe de Herrera de Santo Domingo Este, según lo anunció la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
“El comportamiento de turba iracunda tendrá su castigo”, expresó la funcionaria al confirmar que los implicados serán sometidos de inmediato ante el Ministerio Público.
El caso involucra al conductor Henrry González, quien fue agredido mientras trasladaba estudiantes hacia la escuela Rafaela Santaella, luego de un roce entre el autobús escolar y una motocicleta que presuntamente transitaba en vía contraria.
Según testigos, el motorista reaccionó de forma violenta y comenzó a golpear al conductor frente a varios menores que viajaban en el vehículo escolar. Posteriormente, otros motoconchistas se habrían sumado a la agresión, provocando escenas de pánico entre estudiantes y residentes de la zona.
Santo Domingo, R.D.-Precariedades extremas denunciaron jueces, juezas y servidores judiciales en el Placio de Justicia de Ciudad Nueva de la capital dominicana, la cual fue hecha con el lema «¡Que la dignidad comience por casa!», ya que dicen que el Consejo del Poder Judicial gasta millones de pesos en un árbol navideno, pero que no hay fondos para mejorar las condiciones de trabajo de los actores del sistema de justicia.
A través del documento titulado «Manifiesto por la Dignidad de la Justicia«, leído por la jueza Suinda Brito, el colectivo declaró su profunda preocupación y el agotamiento acumulado ante las precarias condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales en las que desempeñan sus delicadas funciones.
El documento enfatiza que la administración de justicia no puede sostenerse de forma exclusiva sobre la base de la vocación y el sacrificio personal de quienes operan el sistema.
«La justicia requiere condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales que permitan ofrecer un servicio oportuno, eficiente e imparcial, tomando en cuenta la dignidad de quienes hacen que el servicio judicial sea una realidad», reza textualmente el comunicado.
Los firmantes desglosaron una alarmante lista de carencias diarias que entorpecen el correcto ejercicio de sus funciones y que debilitan al sistema de manera progresiva:
Sostienen que esto provoca que un solo servidor o magistrado termine asumiendo la carga laboral de dos, tres o hasta cuatro personas.
Los sueldos percibidos están completamente desactualizados frente al constante aumento del costo de la vida y no guardan coherencia con la alta responsabilidad de sus cargos.
Aducen que una fuga constante de personal administrativo debido al desgaste laboral crónico.
Abandono severo de las plantas físicas de múltiples tribunales a nivel nacional y desprotección en los palacios de justicia.
Uno de los puntos más álgidos y contundentes del manifiesto radica en la abierta denuncia a la disparidad económica existente dentro del Poder Judicial.
Los manifestantes contrastaron la realidad de los tribunales frente a las esferas de dirección interna, detallando que ciertos secretarios o empleados administrativos de la cúpula devengan salarios que superan con creces los de cualquier juez o jueza titular.
Asimismo, criticaron con severidad que mientras los juzgados operan con carencias básicas, las altas direcciones cuentan con presupuestos millonarios destinados a gastos de viajes, hospedajes, restaurantes, publicidad, eventos e influencers.
Como ejemplo de este desvío de prioridades, revelaron la indignante inversión de cerca de 11 millones de pesos en la instalación de un árbol navideño institucional, catalogado por los servidores como una ofensa frente a las urgencias operativas del sistema.
Los magistrados aclararon que esta protesta surge tras años de haber agotado todos los canales institucionales formales, solicitudes y llamados al diálogo por parte de las asociaciones judiciales, los cuales fueron históricamente recibidos con «silencio, indiferencia, irrespeto y desdén institucional».
De igual forma, expresaron su enérgico rechazo a las respuestas que el Consejo del Poder Judicial (CPJ) emitió el pasado 19 de mayo, calificándolas de «imprecisas, condicionadas e ineficaces».
Detallaron que la propuesta de indexación salarial quedó sujeta de forma incierta a la aprobación de un presupuesto complementario por parte del Ministerio de Hacienda, sin plazos ni parámetros claros de ejecución.
Las medidas de movilidad judicial se redujeron a una indefinida «hoja de ruta» sujeta a futuros procesos participativos, careciendo de acciones específicas inmediatas.
Se omitieron temas trascendentales como la eliminación de la ilegal suplencia horizontal, la desigualdad generada por el actual manual de salarios y la movilidad de la carrera administrativa.
El manifiesto concluye con una advertencia contundente por parte del cuerpo judicial, afirmando que este movimiento es solo el inicio de una lucha firme y que no se dejarán amedrentar ni desmayarán hasta recibir soluciones ejecutables y hechos concretos.
«Porque no puede haber justicia verdadera donde quienes la sirven son tratados con indiferencia. No puede haber Estado de Derecho donde el derecho se aplica a todos menos a quienes lo custodian. No puede haber dignidad para el ciudadano si el juez que lo escucha, el alguacil que notifica, el secretario que certifica y el conserje que abre las puertas del tribunal cada mañana, no tienen dignidad propia», sentencia el enérgico cierre del documento.
Previo, a la lectura del manifiesto se entorno el himno nacional y el himno del Poder Judicial.