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Oncológico del Cibao dejó vencer medicamentos que les fueron donados
Santiago, R.D.-Cientos de medicamentos de alto costo que fueron donados al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), fueron dejados vencer y otros vendidos en la farmacia de la institución durante la gestión de la antigua directiva, de acuerdo a la denuncia que realiza el doctor Iván Alexis Mercader, presidente de la entidad.
Desde antibióticos intravenosos hasta medicamentos de alto costo, fueron dejados caducar apilados en grandes cajas dentro de un armario, cuya llave nunca fue encontrada, dijo.
Según explica el doctor Mercader, presidente de la junta directiva del Patronato Cibaeña contra el Cáncer, que administra al IORC, tras tomar posesión de la institución en octubre de 2025, encontraron un armario lleno de medicamentos, que hubo que romper para acceder a él, debido a que la llave “nunca apareció”.
De acuerdo al doctor Mercader, estos insumos eran guardados bajo la premisa de que “no se regalaban porque así los pacientes no los compraban en la farmacia”, por lo que muchos de esos medicamentos donados, fueron incorporados en el inventario de la farmacia para venderlos.
El galeno, calificó como “inhumano”, esta acción propiciada por el antiguo director del Oncológico del Cibao, el ingeniero Héctor Lora, y su pasada directiva.
proceso de transición
En septiembre 2025, el cirujano oncólogo Juan Vila fue destituido de su cargo de jefe de cirugía oncológica por denunciar irregularidades administrativas en el IORC, lo que desencadenó renuncias y despidos de seis médicos.
Asimismo, se documentó que pacientes estaban recibiendo tratamientos de quimioterapia en salas de emergencia por falta de recursos, agravando las preocupaciones sobre la calidad de los servicios.
Esta juramentación se realizó en medio de tensiones por el manejo administrativo previo.
El Instituto estaba bajo escrutinio por múltiples irregularidades administrativas, con señalamientos de privatización de espacios, pagos sin soporte, nepotismo, falta de sistemas contables, compras de vehículos con fondos de la institución y deudas acumuladas con proveedores y médicos. Estos hechos motivaron una querella ante la Procuraduría General de la República.
Asimismo, iniciaron un proceso de auditoría externa integral para evaluar a fondo el estado financiero y operativo del IORC con miras a esclarecer posibles irregularidades de la gestión pasante.
El pasado 18 de noviembre, un tribunal de la Cámara Civil y Comercial de Santiago dejó sin efecto la oposición a las cuentas bancarias del Instituto, que había impuesto la directiva saliente, encabezada por el ingeniero Héctor Lora, para bloquear el acceso a los fondos, permitiendo que el Patronato pudiera operar financieramente con normalidad.
Días más tarde, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) confirmó que se investigaba el caso, con denuncias contra la antigua directiva por supuesta asociación criminal, desvío de fondos, cobros indebidos a ARS, retenciones de pagos y alteración de facturas de medicamentos de alto costo.
El 22 de diciembre de 2025, a pesar de la orden judicial favorable de noviembre, miembros de la antigua directiva procedieron a un nuevo embargo de las cuentas bancarias del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, intentando impedir el acceso de la nueva directiva a los recursos financieros, utilizando otros nombres como querellantes.
El tribunal dispuso por segunda ocasión el desbloqueo de las cuentas bancarias. Asimismo, el IORC también presentó un recurso judicial para mantener el acceso a sus cuentas tras el nuevo embargo impuesto por exdirectivos.
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Contratistas del Estado favorecidos con proyecto de ley aprobado por el Senado de la República que autoriza pago.
Santo Domingo. – Fue aprobado este martes en primera lectura un proyecto de ley que autoriza el pago a contratistas del Estado y que crea una comision para la revision de reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal.
Esta normativa fue remitida por la Cámara de Diputados e incluida en el orden del día a solicitud del senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
La propuesta de ley tiene por objeto autorizar, de manera excepcional y por única vez, el reconocimiento, validación y pago de las deudas derivadas de obras públicas ejecutadas sin contar con un contrato formal o sujeto a reformulación presupuestaria, a fin de regularizar las obligaciones pendientes y salvaguardar la transparencia, la legalidad y el uso adecuado de los recursos públicos.
Los legisladores aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de Vicente Sánchez Baret el Centro Cívico Provincial para oficinas gubernamentales de la provincia Sánchez Ramírez, con el propósito de honrar la memoria del servidor público, líder y político, fallecido recientemente.
La iniciativa presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destaca la trayectoria política del exsenador por su provincia natal, Sánchez Ramírez; también el rol que desempeñó como presidente y secretario de organización del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
La pieza señala que Sánchez Baret, además, fue cofundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), consolidándose como una figura determinante y de referencia en la historia política contemporánea de la República Dominicana, cuyo liderazgo y visión contribuyeron al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones del país.
Detalla también las funciones desempeñadas durante su carrera política, entre estas: alcalde de Cotuí (1961), senador por la provincia Sánchez Ramírez en el periodo legislativo 1982-1986, secretario de Interior y Policía (1978); secretario de Deportes (1982-1986); así como director general de Aduanas (2000-2004).
El Pleno del Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la Ley 118-21, sobre terminación de obras viales, escuelas, hospitales y presas que se encuentran suspendidas, modificada por la Ley 83-24; propuesta del senador de la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
Además, el proyecto de ley orgánica que modifica el artículo 12 de la Ley 5-13, sobre Discapacidad en la República Dominicana, presentada por el senador de la provincia El Seibo, Santiago José Zorrilla.
En primera lectura
El Pleno sancionó en primera lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de doctor Mario Mignolio Pujols Colón el Palacio de Justicia del distrito judicial de la provincia San José de Ocoa, propuesta del senador Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun.
También fue sancionado el proyecto de ley que designa con el nombre de Milton Ray Guevara al edificio del Palacio de Justicia del distrito judicial de Samaná, presentada por el senador de esa demarcación, Pedro Catrain.
En única discusión, los senadores aprobaron el proyecto de resolución que solicita al presidente Luis Abinader que se realicen los estudios correspondientes para la instalación de un parque industrial de zonas francas en el municipio de Azua, provincia de Azua; propuesta de la senadora Lía Ynocencia Díaz Santana.
También sancionaron favorablemente el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los miembros de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, por otra, suscrito en Samoa. Esta pieza fue presentada por el Poder Ejecutivo.
El Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de las cinco víctimas de las recientes lluvias en San Cristóbal, a solicitud del senador Gustavo Lara, así como por el chofer Deivi Carlos Abreu Quezada, asesinado en circunstancias lamentables, según propuso el senador Pedro Catrain.
Asimismo, el Pleno honró la memoria de Domingo Batista, chofer de Fenatrado, y extendió sus condolencias por los fallecimientos de Ana Dolores Diplan, madre de Nelson Guzmán (encargado de Gabinete del Senado), y de Estela Josefina Echavarría Disla, madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos; estas últimas solicitudes fueron realizadas por el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a sesión para el próximo jueves a las 2:00 de la tarde.
Santo Domingo, (EFE).- Un grupo de 72 dominicanos fue deportado este martes desde Estados Unidos tras cumplir en su mayoría condenas por diferentes delitos, elevando a más de 400 los repatriados este año a República Dominicana.Los dominicanos arribaron al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), que sirve a Santo Domingo, a bordo de un avión fletado por el Gobierno estadounidense, según adelantó el periódico local Listín Diario y confirmó a EFE una fuente de la Dirección General de Migración (DGM).De acuerdo a la fuente, la mayoría de los repatriados cumplió condenas por narcotráfico, así como por robos, atracos y tráfico de armas.
Aunque cumplieron condenas en diferentes ciudades estadounidenses, los repatriados fueron concentrados en lugares de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), organismo que se encarga de su deportación.
También arribaron varios dominicanos que permanecían indocumentados en Estados Unidos, aunque estos eran minoría.
Las autoridades de la Dirección de Migración y otras agencias investigan a los deportados, por si tienen asuntos pendientes con la Justicia dominicana. De no ser así, son liberados.
Este tipo de vuelos desde Estados Unidos se repite todos los martes.
En los primeros tres meses del año han sido repatriados más de 400 dominicanos, según cifras de Migración, frente a 3,986 de todo 2025 y 3,880 de 2024.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Interior y Policia destruyó este martes un total de 2,268 armas de fuego incautadas por el Estado, entre las que había revólveres, pistolas, escopetas, rifles y artefactos de fabricación casera.
La institución informó que también fueron desintegradas 12,431 armas blancas, incluyendo cuchillos, machetes y puñales.
«La destrucción de estas armas no solo reduce riesgos inmediatos, sino que también envía un mensaje firme de que en República Dominicana no hay espacio para la ilegalidad ni la violencia», afirmó la ministra de Interior, Faride Raful, al encabezar el acto.
Interior y Policía indicó que esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de la estrategia para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
El Ministerio de Interior y Policía dijo que esta fue la segunda jornada de destrucción de armas realizada en los últimos cuatro meses, lo que representa el cumplimiento de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
La intervención se llevó a cabo en las instalaciones de Metaldom, ubicadas en el Parque Industrial Duarte, donde el armamento fue previamente verificado por técnicos especializados para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad antes de su destrucción.
«Esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles», dijo el ministerio. 
Para Fernando de La Vega, representante en el país de la empresa multinacional, la jornada refleja su compromiso con iniciativas que generan impacto social y ambiental.
En el acto también estuvieron presentes el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz; y la vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de Inicia, Anyarlene Bergés.
También representantes de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, bajo la supervisión de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas.