Santo Domingo, RD.-Para la economista Miosotis Rivas, dirigir la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) es un gran desafío. Le ilusiona que en un futuro no muy lejano, a través del uso de las tecnologías, el país pueda tener una estadística confiable y en tiempo real.Economía
ONE busca reducir costos del Censo de Población 2022
Santo Domingo, RD.-Para la economista Miosotis Rivas, dirigir la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) es un gran desafío. Le ilusiona que en un futuro no muy lejano, a través del uso de las tecnologías, el país pueda tener una estadística confiable y en tiempo real.Confiesa que al asumir el cargo le sorprendió que el Censo de Población, que correspondía realizarse en 2020 y que fue pospuesto para el 2022, se manejara por áreas y que cada área tuviera su propio proyecto y presupuesto.
“Lo primero que cuando llegué aquí me sorprendió es que una actividad tan importante como esa estuviese montada por áreas, áreas que no necesariamente articulaban entre ellas y entonces no encontré un proyecto de censo sino como tres o cuatro proyectos de censos porque cada área tenía su propio proyecto”, manifestó la funcionaria en una entrevista concedida a Listín Diario.
Haber pospuesto el censo para el 2022, ha tenido algunas ganancias para el país, según explica la nueva directora de la ONE, quien destaca que esto ha dado la oportunidad de revisar el proyecto y su presupuesto.
Revisando los costos
Rivas sostuvo que la propuesta de presupuesto que encontró en carpeta asciende a RD$2,600 millones, que solo la prueba censal (que debe realizarse en 2021) se estimaba en RD$354 millones y señaló que en la situación en que se encuentra el país, con un pronóstico de déficit de 9.5% del PIB para 2021, estos montos son significativos.
Expuso que, con el acompañamiento del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa) y del ministro de Economía, Miguel Ceara Hatton, realizan un proceso de sincerización de los costos en el que lograron bajar, en una primera revisión, RD$211 millones al presupuesto de la muestra censal, una reducción de RD$143 millones.
Otra oportunidad para reducir costos es el uso de equipos tecnológicos para el levantamiento de los datos, indicó Rivas y en este punto explicó que realizando el levantamiento con tabletas el costo se reduciría a RD$197 millones. “O sea, que tienes una reducción de RD$354 millones a RD$197, unos RD$156 millones solo en la prueba censal”, enfatizó.
Expuso que otro punto en que han logrado ahorro es en el presupuesto de publicidad del censo que estaba en RD$35 millones para el 2021 y que lograron bajarlo a RD$5 MM, un ahorro de RD$30 MM. En el costo de actualización de la cartografía bajaron de RD$132 MM a RD$38 MM, RD$94 millones menos.
Explica que estos altos costos eran producto de que cada área planificaba por su cuenta y los parámetros que se usaban para reglones comunes como viáticos se hacían con montos diferentes que alteran significativamente el monto.
“Eso ha sido de las cosas que hemos estado viendo y en un país que está enfrentando una situación tan importante eso es gran aporte que se hace desde la institución”, sostiene Rivas.
Señaló que encontraron partidas en que se contemplaba hasta un 70% de imprevistos un 70% y que algunos encargados de áreas le indicaron que como la Ley de Compras y Contrataciones Públicas es muy complicada y sus procesos complejos era bueno “dejar un dinerito ahí por si las cosas se complicaban”.
Sostuvo que eso es una cultura que no conviene al Estado porque nunca se respetaran los procesos porque siempre buscaran la forma de fortalecer la institucionalidad.
Tareas inmediatas
Expuso que en los próximos meses evaluarán el presupuesto completo del censo e integrarán el uso de tecnologías para visualizar cuanto se podría el Estado ahorrar en impresión de boletas fuera del país, alquiler de almacenes y logística, además de que sería posible tener resultados definitivos en tres o cuatro meses.
Otro punto que discuten para la aplicación del censo es el tiempo de recolección de los datos, en la que se visualizan tres opciones: 7, 15 o 21 días. “aunque esto no reduciría el costo pero si puede influir en la calidad de los datos”.
Una práctica que cambiar
Lograr una cultura institucional de “sincerización” presupuestario en las instituciones públicas no es fácil a juicio de la nueva directora de la ONE, quien refiere que han tenido que luchar contra la práctica institucional de mantener un presupuesto bajo, cargando recursos al proyecto del censo.
Explicó que si se necesitan equipos de computadoras para las labores diarias o algún mobiliario se las cargan al censo y esto “abulta” los costos y quita la posibilidad de concentrar los recursos en las cosas realmente importantes.
Aprendizajes que aplican
Rivas destacó que la planificación, aunque tiene sus cosas que mejorar, parte de lo que se aprendió en el censo del 2010. Citó que en el anterior censo hubo problemas en el pago al personal, y que ahora están definiendo aplicaciones tecnológicas que ayudarán con el reclutamiento, los pagos, el seguimiento de los empadronadores.
Refirió que para el reclutamiento de los empadronadores del censo se consultara la base de datos de la policía para evitar que estos tengan antecedentes penales. Asimismo se consultara la base de dato de la Junta Central Electoral (JCE) para asegurar que quien aplique para trabajar en el censo sea la misma que trabaje y cobre en el mismo.
Rivas destacó que el involucramiento de las alcandías será muy importante en el reclutamiento del personal para el censo y puntualizó que no habrá clientelismo político ya que solo se contrataran personal en cada municipio con capacidad para el levantamiento de datos y así garantizar la calidad de la información.
Se estima que en el censo como fue planificado conlleva la participación de 65,000 personas, pero Rivas sostiene que con la integración de tecnología esta cifra podría bajar.
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Nueva York, (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba este lunes un 4,39 %, hasta 94,38 dólares el barril, pese a la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán como respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes.
Este lunes se cumplen 17 días desde que Estados Unidos e Israel bombardearon Irán y el conflicto escaló a los países de la región en los que Washington tiene bases militares.
El WTI había cerrado el viernes en 98,71 dólares tras una semana de oscilaciones en la que el precio del crudo mantuvo su tendencia alcista, especialmente después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, ordenara mantener cerrado el estrecho de Ormuz.
Para hacer frente al bloqueo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió la víspera de que la OTAN se enfrenta a «un futuro muy malo» si los países aliados no prestan su ayuda para permitir el paso de buques por ese enclave estratégico para la economía mundial.
En respuesta, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó hoy que el estrecho de Ormuz está «fuera del ámbito de actuación de la OTAN», pero que está abordando opciones con la ONU para garantizar su navegabilidad.
Entretanto, Estados Unidos permitió a diversos países adquirir crudo ruso sancionado que ya se encontraba en alta mar como parte de los esfuerzos para evitar una crisis energética, que se suma a otras medidas como la liberación de 400 millones de barriles de petróleo al mercado, la mayor intervención de la historia, por parte de los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). EFE
Santo Domingo, R.D.-A dos semanas de que estallara el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la economía dominicana empieza a sentir sus efectos, con la subida de la gasolina y el gasoil más significativo en cuatro años de precios mayormente congelados, así como una disminución en las remesas hacia el país para el mes de febrero.
El Gobierno dominicano anunció el viernes pasado un aumento de cinco pesos a los galones de gasolina y gasoil para la semana del 14 al 20 de marzo en respuesta a la «volatilidad extrema» de los mercados petroleros.
Esta medida tomada a pesar de que se amortiguará una subida aún más abrupta de los hidrocarburos en el mercado interno con un subsidio de 1,189.8 millones de pesos durante esta semana -monto que duplica los 544.8 millones de pesos dispuestos la semana anterior-.
Así, las autoridades rompen con 38 semanas consecutivas sin variación de estos cuatro hidrocarburos, cuyo precio actual es el más alto desde la segunda semana de marzo del 2022, cuando el petróleo también se disparara como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, según los datos del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).
Los nuevos precios
Con el ajuste al alza, el galón de gasolina premium pasará de 290.10 a 295.10 pesos y la gasolina regular, de 272.50 a 277.50 pesos.
Este es el primer descongelamiento de estos precios desde la tercera semana de septiembre del 2023, cuando ambos productos se encontraran en 293.10 y 274.50 pesos y fueran rebajados 3 y 2 pesos, respectivamente.
En tanto, el gasoil regular aumentará de 224.80 a 229.80 pesos, mientras que el gasoil óptimo subirá de 242.10 a 247.10 pesos, siendo esta la primera variación desde la primera semana de julio del 2025 (cuando el galón se vendiera en 221.60 y 239.10 respectivamente).
«Este movimiento representa un incremento marginal de aproximadamente un 2 % en el precio promedio de las gasolinas y un 1.7 % en el gasoil, una indexación moderada que evita el traspaso de la inflación importada al consumidor final», explicó el MICM en una nota de prensa.
El gas mantiene precioDe momento, el Gobierno decidió mantener invariables el galón de gas licuado de petróleo (137.20 pesos) y el gas natural (43.97 pesos por metro cúbico), con el objetivo de «garantizar la defensa de la economía del hogar, la canasta básica y el transporte público urbano».
Precios del petróleo
En el mercado internacional, los contratos a futuro para el petróleo de Texas se alejaron levemente de la horquilla de los 100 dólares ayer, cerrando en 93.84 dólares el barril, 1.87 menos que los 98.71 dólares del viernes 13 de marzo. En tanto, el petróleo Brent, referente en Europa, superó los 106.13 dólares el barril, 2.99 más que los 103.14 dólares del viernes pasado.
Disminuyen las remesas
En febrero, el país recibió 887.9 millones de dólares en remesas, 29.4 millones menos que en febrero del 2025 y una diferencia mensual de 95.2 millones de dólares respecto a enero de este año. Según el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), estas bajas responden a presiones inflacionarias generadas por el petróleo, lo que redujo el ingreso disponible de los hogares. Las remesas ya suman 1,870.4 millones de dólares en lo que va de este año.
Santo Domingo, R.D.- La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), María Vásquez, informó que de la supuesta competencia desleal de las marcas blancas en los supermercados hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal a la institución reguladora, y que se mantiene monitoreado todo lo que acontece en los diversos mercados de bienes y servicios.
Aunque aclaró que, aun cuando estos productos sí están registrados y responden a un efecto procompetitivo, deben ajustarse al ordenamiento público y las normas que se establecen tanto a nivel local como los portadores.
“Todos tienen que cumplir con las regulaciones, porque es la única forma de que el terreno de juego se encuentre nivelado, así que puedan efectivamente competir e igualdad de condiciones”, advirtió la presidenta de Pro-Competencia mientras agregaba que realizarán un estudio que determinará las condiciones de competencia en el comercio minorista.
La investigación incluirá un perfil detallado de las marcas blancas en el país, incluyendo su dimensión, proporción e impacto en el mercado dominicano, además de identificar si existen necesidades de mejoras regulatorias y políticas públicas para enriquecer los niveles de competencia en el sector.
Mientras tanto, aseguró que la dirección ejecutiva se mantiene monitoreando los diversos mercados a través del Observatorio de Condiciones de Competencia como un tema de preocupación; más aún, no se ha presentado ninguna denuncia de manera formal, pero sí trabajan en un informe de abogacía de la competencia para presentar mejoras regulatorias que garanticen una competencia efectiva en el mercado minorista.
La funcionaria también destacó que el anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y Competencia Económica ante la Asociación de Industrias como una propuesta para modificar la ley general de defensa de la competencia, buscando confirmar mayor seguridad jurídica y previsibilidad para la libre empresa y todos los actores económicos para que compitan en igualdad de condiciones.
El mismo incorporará un régimen general de control de concentraciones en el país considerado como “una carencia” identificada por los organismos internacionales.
“Somos el único país de América Latina que tiene una ley de competencia, una autoridad de competencia y que no tiene esa facultad de control previo de concentraciones. Igualmente, se establece facultad para Procompetencia para poder sancionar de manera ejemplarizante la competencia lexical, que se ha convertido en un flagelo que afecta a todos los sectores económicos de la República Dominicana”, manifestó.
Se incorporan además la figura del consejero instructor para garantizar la tutela judicial efectiva y el proceso adecuado, incremento de las multas para que pasen de salarios y refuerzo de las autoridades de competencia con mayores facultades y reforzar la efectividad de la institución creando mercados más competitivos, abiertos y con interés para atraer inversión extranjera.
Marcándolo como una necesidad en el sector, este proyecto promulga sanciones a los actos de competencia desleal clasificándolo como infracciones graves sujetas a multas de hasta cinco por ciento de los ingresos brutos del infractor, pudiendo duplicarse en caso de reincidencia.
De esta forma, se reconoce la competencia desleal con incidencia en el interés público como una conducta que merece respuesta administrativa efectiva, proporcional y disuasoria.
En este espacio existe la colaboración interinstitucional, reforzando la obligatoriedad de proveer información para crear un régimen de consecuencias que incurra en la omisión, el retardo injustificado o la negativa expresa de entrega.
Como resultado, se comprometería la responsabilidad patrimonial del funcionario, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias, civiles o penales, constituyéndose como un avance sustancial para los fines de la institución.