Santo Domingo, RD.-Para la economista Miosotis Rivas, dirigir la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) es un gran desafío. Le ilusiona que en un futuro no muy lejano, a través del uso de las tecnologías, el país pueda tener una estadística confiable y en tiempo real.Economía
ONE busca reducir costos del Censo de Población 2022
Santo Domingo, RD.-Para la economista Miosotis Rivas, dirigir la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) es un gran desafío. Le ilusiona que en un futuro no muy lejano, a través del uso de las tecnologías, el país pueda tener una estadística confiable y en tiempo real.Confiesa que al asumir el cargo le sorprendió que el Censo de Población, que correspondía realizarse en 2020 y que fue pospuesto para el 2022, se manejara por áreas y que cada área tuviera su propio proyecto y presupuesto.
“Lo primero que cuando llegué aquí me sorprendió es que una actividad tan importante como esa estuviese montada por áreas, áreas que no necesariamente articulaban entre ellas y entonces no encontré un proyecto de censo sino como tres o cuatro proyectos de censos porque cada área tenía su propio proyecto”, manifestó la funcionaria en una entrevista concedida a Listín Diario.
Haber pospuesto el censo para el 2022, ha tenido algunas ganancias para el país, según explica la nueva directora de la ONE, quien destaca que esto ha dado la oportunidad de revisar el proyecto y su presupuesto.
Revisando los costos
Rivas sostuvo que la propuesta de presupuesto que encontró en carpeta asciende a RD$2,600 millones, que solo la prueba censal (que debe realizarse en 2021) se estimaba en RD$354 millones y señaló que en la situación en que se encuentra el país, con un pronóstico de déficit de 9.5% del PIB para 2021, estos montos son significativos.
Expuso que, con el acompañamiento del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa) y del ministro de Economía, Miguel Ceara Hatton, realizan un proceso de sincerización de los costos en el que lograron bajar, en una primera revisión, RD$211 millones al presupuesto de la muestra censal, una reducción de RD$143 millones.
Otra oportunidad para reducir costos es el uso de equipos tecnológicos para el levantamiento de los datos, indicó Rivas y en este punto explicó que realizando el levantamiento con tabletas el costo se reduciría a RD$197 millones. “O sea, que tienes una reducción de RD$354 millones a RD$197, unos RD$156 millones solo en la prueba censal”, enfatizó.
Expuso que otro punto en que han logrado ahorro es en el presupuesto de publicidad del censo que estaba en RD$35 millones para el 2021 y que lograron bajarlo a RD$5 MM, un ahorro de RD$30 MM. En el costo de actualización de la cartografía bajaron de RD$132 MM a RD$38 MM, RD$94 millones menos.
Explica que estos altos costos eran producto de que cada área planificaba por su cuenta y los parámetros que se usaban para reglones comunes como viáticos se hacían con montos diferentes que alteran significativamente el monto.
“Eso ha sido de las cosas que hemos estado viendo y en un país que está enfrentando una situación tan importante eso es gran aporte que se hace desde la institución”, sostiene Rivas.
Señaló que encontraron partidas en que se contemplaba hasta un 70% de imprevistos un 70% y que algunos encargados de áreas le indicaron que como la Ley de Compras y Contrataciones Públicas es muy complicada y sus procesos complejos era bueno “dejar un dinerito ahí por si las cosas se complicaban”.
Sostuvo que eso es una cultura que no conviene al Estado porque nunca se respetaran los procesos porque siempre buscaran la forma de fortalecer la institucionalidad.
Tareas inmediatas
Expuso que en los próximos meses evaluarán el presupuesto completo del censo e integrarán el uso de tecnologías para visualizar cuanto se podría el Estado ahorrar en impresión de boletas fuera del país, alquiler de almacenes y logística, además de que sería posible tener resultados definitivos en tres o cuatro meses.
Otro punto que discuten para la aplicación del censo es el tiempo de recolección de los datos, en la que se visualizan tres opciones: 7, 15 o 21 días. “aunque esto no reduciría el costo pero si puede influir en la calidad de los datos”.
Una práctica que cambiar
Lograr una cultura institucional de “sincerización” presupuestario en las instituciones públicas no es fácil a juicio de la nueva directora de la ONE, quien refiere que han tenido que luchar contra la práctica institucional de mantener un presupuesto bajo, cargando recursos al proyecto del censo.
Explicó que si se necesitan equipos de computadoras para las labores diarias o algún mobiliario se las cargan al censo y esto “abulta” los costos y quita la posibilidad de concentrar los recursos en las cosas realmente importantes.
Aprendizajes que aplican
Rivas destacó que la planificación, aunque tiene sus cosas que mejorar, parte de lo que se aprendió en el censo del 2010. Citó que en el anterior censo hubo problemas en el pago al personal, y que ahora están definiendo aplicaciones tecnológicas que ayudarán con el reclutamiento, los pagos, el seguimiento de los empadronadores.
Refirió que para el reclutamiento de los empadronadores del censo se consultara la base de datos de la policía para evitar que estos tengan antecedentes penales. Asimismo se consultara la base de dato de la Junta Central Electoral (JCE) para asegurar que quien aplique para trabajar en el censo sea la misma que trabaje y cobre en el mismo.
Rivas destacó que el involucramiento de las alcandías será muy importante en el reclutamiento del personal para el censo y puntualizó que no habrá clientelismo político ya que solo se contrataran personal en cada municipio con capacidad para el levantamiento de datos y así garantizar la calidad de la información.
Se estima que en el censo como fue planificado conlleva la participación de 65,000 personas, pero Rivas sostiene que con la integración de tecnología esta cifra podría bajar.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo aprovechó la reformulación del Presupuesto 2026 para redistribuir recursos entre instituciones, solicitar autorización para contratar hasta US$4,354.5 millones en préstamos e introducir cambios que amplían su capacidad de maniobra durante la ejecución del gasto público.
La propuesta de reformulación del Presupuesto General del Estado para 2026, sometida por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, redistribuye miles de millones de pesos entre instituciones, incluyendo una reducción de 2,000 millones de pesos al Ministerio de Educación. Además, incorpora la autorización para contratar 23 operaciones de crédito público por 4,354.5 millones de pesos y otorga al Ejecutivo nuevas facultades para realizar ajustes presupuestarios.
El proyecto modifica la Ley 99-25, que aprobó el presupuesto vigente, con el argumento de que el desempeño de las recaudaciones permite aumentar en 40,978.3 millones de pesos tanto los ingresos como las apropiaciones de gasto. Como ambos conceptos crecen en la misma proporción, el déficit fiscal previsto para 2026 permanece sin cambios en RD$280,575.2 millones.
- Sin embargo, uno de los aspectos de mayor alcance es la reincorporación del artículo 71 de la Ley 99-25, mediante el cual se autoriza al Ministerio de Hacienda y Economía a concertar 23 operaciones de crédito con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la CAF, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y otras entidades financieras internacionales.
Las operaciones abarcan proyectos de agua potable y saneamiento, ampliación del Metro y el Monorriel de Santo Domingo, redes de transmisión eléctrica, modernización de centrales hidroeléctricas, infraestructura vial, sistemas de riego, desarrollo territorial, resiliencia climática y reforma del sistema penitenciario. En conjunto representan un monto de 4,354.5 millones de dólares.
El texto no establece las condiciones financieras específicas de esas operaciones. En todos los casos dispone que serán contratadas a una «tasa de interés y comisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la República Dominicana», sin detallar tasas, plazos, períodos de gracia ni el costo financiero estimado de cada préstamo.
Reducen fondos a Educación
La reformulación también reorganiza el gasto entre instituciones públicas. Entre las reducciones figura una disminución de 2,000 millones de pesos para el Ministerio de Educación, y montos menores para el de Turismo y Energía y Minas.
En sentido contrario, aumentan las asignaciones para la Presidencia de la República, Interior y Policía, Salud Pública, Obras Públicas, Agricultura, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda y Economía y la Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional.
Además del nuevo paquete de endeudamiento, el proyecto incorpora disposiciones que amplían la capacidad de actuación del Poder Ejecutivo durante la ejecución presupuestaria.
El artículo 10 autoriza al Ejecutivo a efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias para la aplicación de la ley y realizar los ajustes derivados de la ejecución del presupuesto conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de Presupuesto.
Santo Domingo, R.D.-El negocio fiduciario ha ganado espacio en la economía dominicana durante la última década. Detrás de proyectos inmobiliarios, inversiones, garantías y otros esquemas de administración de bienes opera una actividad que, de acuerdo con cifras de la Superintendencia de Bancos (SB), ya concentra más de medio billón de pesos en activos administrados.
Los datos disponibles en el portal de la SB muestran que cinco entidades fiduciarias administraban, al cierre de las fechas de actualización correspondientes a junio y julio de 2026, activos por RD$537,702.76 millones. En conjunto también manejaban 1,105 fideicomisos y empleaban a 385 personas.
Las cifras evidencian el tamaño que ha alcanzado este segmento financiero, cuya función no consiste en recibir depósitos o conceder préstamos, sino en administrar bienes y derechos que otras personas o empresas les confían mediante contratos de fideicomiso.
De acuerdo con la información de la Superintendencia de Bancos, Fiduciaria Reservas administra activos por RD$318,004.73 millones, equivalentes al 59.14% del mercado medido por activos administrados. La entidad reportaba 285 fideicomisos y una plantilla de 141 empleados.
Fiduciaria Popular ocupa el segundo lugar por activos administrados, con RD$100,699.88 millones, una participación de mercado por activo administrado de 18.73%; una participación de mercado por fideicomisos de 39.19%, 433 fideicomisos y 68 colaboradores.
Le sigue Fiduciaria La Nacional, con RD$64,257.70 millones bajo administración, una participación de mercado por activo administrado de 11.95%; participación de mercado por fideicomisos de 20.54%, además de 227 fideicomisos y 104 empleados.
Fiduciaria BHD registra activos administrados por RD$38,437.25 millones, equivalentes al 7.15% del mercado, junto con 108 fideicomisos y 54 empleados.
En tanto, FiduAPAP administra RD$16,303.20 millones, con una participación de 3.03%, además de 52 fideicomisos y una plantilla de 18 personas.
Mientras la distribución por activos presenta diferencias importantes entre las entidades, la participación cambia cuando el indicador observado es la cantidad de fideicomisos administrados. En ese caso, Fiduciaria Popular concentraba el 39.19% de los fideicomisos reportados por estas entidades, seguida por Fiduciaria Reservas con 25.79%, Fiduciaria La Nacional con 20.54%, Fiduciaria BHD con 9.77% y FiduAPAP con 4.71%.
Más que administrar dinero
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) define el fideicomiso como un acto jurídico mediante el cual una o varias personas entregan bienes o derechos a una entidad fiduciaria para crear un patrimonio separado que será administrado por esa entidad en beneficio de otra persona o incluso del propio fideicomitente.
Ese patrimonio separado es uno de los elementos centrales de esta figura. Los bienes transferidos al fideicomiso no pasan a formar parte del patrimonio propio de la fiduciaria, sino que permanecen independientes y deben administrarse exclusivamente conforme a las condiciones establecidas en el contrato.
La DGII explica que el fideicomiso no posee personalidad jurídica, aunque sí tiene la condición de contribuyente.
También señala que puede constituirse para cualquier propósito permitido por la ley, contiene bienes de cualquier naturaleza, se formaliza por escrito ante notario y dispone de un régimen de publicidad registral que permite hacerlo oponible frente a terceros.
En ese esquema, la fiduciaria asume la administración de los bienes, pero no adquiere la propiedad para fines propios ni puede utilizarlos en beneficio de sus administradores.
La legislación también establece obligaciones específicas para las fiduciarias. Entre ellas figuran mantener separados los bienes administrados de su propio patrimonio y del resto de los fideicomisos que gestionan, rendir cuentas al fideicomitente o al beneficiario cuando corresponda, administrar los bienes con prudencia, diligencia y cuidado, disponer de ellos únicamente conforme a lo establecido en el contrato y transferirlos a quien corresponda una vez se cumplan las condiciones pactadas.
Igualmente, las fiduciarias deben defender los bienes que administran, no pueden garantizar resultados o rendimientos de las inversiones, tampoco delegar sus funciones, apropiarse de los bienes fideicomitidos ni realizar actos en beneficio de sus propios administradores. Estas obligaciones buscan preservar la independencia del patrimonio administrado y garantizar que los recursos entregados por los fideicomitentes sean utilizados únicamente para los fines previstos en el contrato de fideicomiso.
La Ley 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso contempla distintos tipos de fideicomisos.
Entre ellos se encuentran los fideicomisos de planificación sucesoral, utilizados para organizar la transmisión del patrimonio; los fideicomisos de inversión y los fideicomisos de inversión y desarrollo inmobiliario.
Lo que sí se puede hacer bajo la sombrilla de la ley
La normativa también permite crear otros tipos de fideicomisos, siempre que su objeto no contradiga las disposiciones legales vigentes.
En todos los casos participan al menos tres figuras principales. El fideicomitente, que aporta los bienes o derechos; la fiduciaria, encargada de administrarlos; y el beneficiario o fideicomisario, quien recibe los beneficios derivados del patrimonio fideicomitido o los bienes al finalizar el contrato, según las condiciones acordadas.
De acuerdo con lo explicado por la DGII, las personas jurídicas constituidas exclusivamente para fungir como fiduciarias deben registrarse e informar el inicio de sus operaciones. Asimismo, la legislación permite que bancos múltiples, asociaciones de ahorros y préstamos y otras entidades de intermediación financiera autorizadas por la Junta Monetaria puedan ejercer funciones fiduciarias.
Santo Domingo, R.D.-El Banco Popular Dominicano encabeza el crédito a las a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del país, y se mantuvo como la entidad de intermediación financiera con el mayor saldo de créditos destinados a este sector.
La entidad cuenta con una cartera de RD$157,310 millones al cierre de abril de 2026, según el más reciente informe del Sistema de Información del Mercado Bancario Dominicano (SIMBAD) de la Superintendencia de Bancos (SB).
Este volumen de financiamiento a las mipymes representaba para ese momento el 40.8% de la cartera comercial total del Banco Popular. La cartera para el segmento mipyme en particular registró, además, un crecimiento interanual de 4.1% y contabilizó 59,600 créditos al período referido.
Estos resultados reflejan el respaldo sostenido del Banco Popular a las mipymes dominicanas y su rol como aliado financiero de un sector fundamental para la actividad productiva, la generación de empleos y el crecimiento económico nacional.
Según el informe “Financiamiento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas” de la SB, las mipymes aportan un valor agregado equivalente al 32% del producto interno bruto (PIB) y generan alrededor de 3.05 millones de puestos de trabajo, equivalentes al 61.6% del empleo total. Asimismo, representan el 98.5% de las empresas inscritas en el Registro Nacional de Contribuyentes, de acuerdo con datos de 2024 citados en el reporte. “Reafirmamos nuestro compromiso de continuar acompañando a las micro, pequeñas y medianas empresas dominicanas, apoyando sus proyectos, sus necesidades financieras y sus planes de crecimiento. Como aliados financieros de las mipymes, en el Banco Popular fortalecemos su capacidad de contribuir al desarrollo de una economía más dinámica, competitiva y sostenible”, afirmó Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular.
Referencia geográfica
Popular impulsa el crecimiento de mipymes
El Banco Popular informó que continúa apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) mediante soluciones financieras orientadas a cubrir sus necesidades de operación e inversión, fortaleciendo su competitividad y crecimiento.
Según la Superintendencia de Bancos, la entidad registró una tasa de interés acumulada de 11.7 % para este segmento a abril de 2026, una de las más bajas del sistema, con un índice de morosidad de 1.3 %.