Latinoamericanas
ONG reporta 241 personas muertas en las cárceles de El Salvador en dos años de régimen de excepción
AP
El Salvador.-La organización Socorro Jurídico Humanitario afirmó el miércoles que 241 personas murieron en las cárceles en los dos años de vigencia del régimen de excepción en el país, luego de ser detenidos como sospechosos de ser pandilleros o colaborar con estos grupos criminales.
La directora de la organización, Ingrid Escobar, dijo que desde 2022 han recibido 500 denuncias de fallecidos bajo custodia del Estado, pero «nosotros hemos confirmado 241: 239 adultos y dos niños hijos de privadas de libertad».
Según el informe de la ONG, «el 44% murió por muerte violenta, torturas graves, el 29% por falta de atención médica, es decir, otra forma de torturar a la gente».
El gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, consiguió que el Congreso del país aprobara hace dos años un régimen de excepción, como parte de su política de mano dura contra las pandillas, que suspendió derechos fundamentales como el de tener acceso a un abogado o el de conocer los motivos de la detención.
Además, el plazo de detención administrativa —sin pasar a disposición judicial— se extiende de 72 horas a 15 días y hasta dos años para investigarlos.
La medida fue la respuesta del gobierno a los índices de violencia y de asesinatos en el país.
La situación de los detenidos en las cárceles de El Salvador ha sido recurrentemente cuestionada por organizaciones de derechos humanos por vulneración de los mismos.
Socorro Jurídico Humanitario también pidió al Estado salvadoreño que investigue conforme a la ley «todos los homicidios que han ocurrido en los centros penitenciarios, así como todas las desapariciones forzadas de detenidos».
Por su parte, la organización Cristosal registra más de 3,500 denuncias de violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción.
Amnistía Internacional también sostiene que ha habido desapariciones forzadas, torturas y muertes arbitrarias bajo custodia del Estado, así como trato cruel e inhumano, hacinamiento carcelario y criminalización de personas que viven en la pobreza.
Al presentar el informe, la directora Escobar dijo que «el Estado de El Salvador tiene que estar claro que ha sido violador de tratados internacionales y que ha cometido crímenes de lesa humanidad».
Sin embargo, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, indicó que desde la entrada en vigencia del estado de excepción el 27 de marzo de 2022, han detenido a 79,184 personas, calificadas como «presuntos terroristas». Con estas cifras, el ministro refirió que han capturado al 75% de los pandilleros del país y que la mayoría del 25% faltante, ya están fuera del territorio nacional.
El mismo gobierno ha tenido que liberar a más de 7,000 personas por falta de pruebas en los últimos dos años. Alrededor del 90% de los reclusos están en la cárcel sin sentencia.
En ese sentido, la ong Socorro Jurídico Humanitario estimó que el 35% son inocentes y que el 94% de los fallecidos no tenían afiliación con pandillas.
«La mayoría eran personas trabajadoras como comerciantes informales, taxistas y/o transportistas informales, agricultores, pescadores, pastores y predicadores evangélicos, empleados municipales y un sindicalista», señala en informe.
No obstante, el ministro Villatoro reiteró en una entrevista con la televisión local la necesidad de continuar con la política de seguridad contra las pandillas, a las que las autoridades responsabilizan de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país.
Según el gobierno, la violencia en El Salvador ha disminuido considerablemente desde 2015, cuando se registraron más de 6,665 homicidios y el país era considerado uno de los más peligrosos del mundo. En 2023, el año cerró con 214 asesinatos, entre ellos, 38 homicidios de presuntos pandilleros, que fallecieron en supuestos enfrentamientos con policías y fuerzas armadas.
Según cifras oficiales, en los tres primeros meses de 2024 se contabilizan 31 homicidios, un 34% menos que los 47 registrados en el mismo periodo del año pasado. En los dos primeros días del abril, se ha confirmado un homicidio.
Con al régimen de excepción, el Congreso también reformó el Código penal para aumentar las penas de cárcel para los pandilleros y sus colaboradores. Además, los fiscales pueden presentar juicios masivos por clicas —o grupos de pandillas— sin necesidad de individualizar los procesados.
Agencia AFP
Caracas.-Delcy Rodríguez fue investida el lunes como presidenta encargada de Venezuela, ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar.
«Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos», dijo Rodríguez en su juramento. «Vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos».
Rodríguez era la vicepresidenta de Maduro y primera en la línea de sucesión. La corte suprema le ordenó asumir el cargo por 90 días prorrogables.
CARACAS.- Tras la conmoción inicial por los bombardeos estadounidenses en la madrugada de este 3 de enero, las calles de Caracas están en calma.
Ciudadanos han salido de sus hogares para abastecerse de alimentos y medicinas, así como para exigir la liberación inmediata e incondicional del presidente Nicolás Maduro, capturado en la víspera por fuerzas de EE.UU. y trasladado junto con su esposa, Cilia Flores, a Nueva York para enfrentar un juicio por cargos de narcotráfico.
Del mismo modo, tras la entrada en vigor del Decreto de Conmoción Exterior anunciado en la víspera por la encargada presidencial –y otrora vicepresidenta– Delcy Rodríguez, las denominadas “milicias populares” se han desplegado en distintos puntos de la capital para hacer patrullaje y velar por el control territorial.
Manifestaciones de apoyo
Este domingo –y en continuación con lo registrado la jornada anterior– ciudadanos recorrieron avenidas de Caracas para expresar su respaldo a Maduro, rechazar su captura y la de Flores, y exigir su liberación inmediata.
En contraste, no se han registrado manifestaciones de apoyo a la oposición, que promovió abiertamente la intervención militar estadounidense y la imposición de medidas coercitivas unilaterales como mecanismos para expulsar a Maduro del poder y obtener, por esa vía, el control de la institucionalidad del país bolivariano.
Trump aseguró que la opositora María Corina Machado no podrá asumir el liderazgo de Venezuela, argumentando que «no tiene el apoyo interno ni el respeto dentro del país». En su lugar, dijo que podría trabajar con la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.
Despliegue policial y de milicianos
En zonas del este de la ciudad, como Los Ruices, se observó la presencia de contingentes policiales y de milicianos, movilizados de conformidad con lo contemplado en el decreto de conmoción y las órdenes dictadas esta jornada por el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López.
La noche del sábado, grupos comunitarios reportaron en las redes sociales el paso de caravanas motorizadas de patrullaje en urbanizaciones cercanas al centro histórico de Caracas.
La medida fue estimada como conveniente por la ciudadanía en razón del ataque cibernético que sufriera el sistema eléctrico venezolano en el contexto de la agresión estadounidense, pues algunas zonas de Caracas estuvieron a oscuras durante gran parte del sábado.
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Latinoamericanas
Petro amenaza con volver a tomar las armas para defender la soberanía de amenazas de Trump
Agencia Efe
Bogotá.– El presidente colombiano, Gustavo Petro, amenazó este lunes con volver a tomar las armas si es necesario, como en sus años de guerrillero, para defender la soberanía de su país de la «amenaza ilegítima» del mandatario estadounidense, Donald Trump.
«Aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar un arma más desde el pacto de paz de 1989 (sic), pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero», dijo Petro en un largo escrito en su cuenta de X.
Reacciones y amenazas de Donald Trump contra Colombia
En su juventud, Petro hizo parte de la guerrilla del M-19 que se desmovilizó en 1990 después de firmar un acuerdo de paz con el entonces presidente colombiano Virgilio Barco (1986-1990).
Al ser preguntado si eso significa que podría haber una operación de Estados Unidos en Colombia, como la que se hizo en Venezuela contra Nicolás Maduro, que fue detenido con su esposa Cilia y ambos llevados ante un juez de Nueva York, Trump respondió: «a mí me suena bien eso».
«No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aun pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie pudo decir que he gastado más que mi sueldo. No soy codicioso», afirmó Petro para rechazar las acusaciones de Trump en su contra.
«La forma de defenderme es tomarse el poder en todos los municipios del país. La orden a la fuerza pública es no disparar al pueblo y sí al invasor», subrayó.
Según Petro, si Estados Unidos «detiene al presidente», como lo hizo el pasado sábado en Caracas con Maduro y Flores tras un bombardeo en varios puntos de Venezuela, enfrentará la reacción popular.