Latinoamericanas
ONU votará hoy resolución para autorizar despliegue de fuerzas armadas en Haití
AP
La resolución autoriza la fuerza por un año y será evaluada después de nueve meses
El primer ministro de Haití, Ariel Henry, pronuncia un discurso ante la 78va sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la sede de Naciones Unidas, el viernes 22 de septiembre de 2023. (AP FOTO/CRAIG RUTTLE)
San Juan.-El Consejo de Seguridad de la ONU someterá a votación el lunes una resolución que autoriza el despliegue de una fuerza internacional en Haití durante un año para ayudar a frenar la creciente violencia de las pandillas y restaurar la seguridad, a fin de que la nación caribeña pueda realizar unas elecciones presidenciales largamente postergadas.
La resolución redactada por Estados Unidos y obtenida por The Associated Press el sábado acepta la oferta de Kenia de encabezar la fuerza de seguridad multinacional. Deja también en claro que se trata de una fuerza ajena a Naciones Unidas y financiada por medio de contribuciones voluntarias.
La resolución autoriza la fuerza por un año y será evaluada después de nueve meses.
De acuerdo con la resolución, la fuerza ayudará a desarrollar la capacidad de la policía local «a través de la planificación y realización de operaciones conjuntas de apoyo a la seguridad mientras trabaja para contrarrestar a las pandillas y mejorar las condiciones de seguridad en Haití«.
La fuerza también ayudará a proteger «sitios de infraestructura crucial y puntos de tránsito como el aeropuerto, puertos marítimos e intersecciones clave». Poderosas pandillas han tomado el control de carreteras importantes que van desde la capital de Haití a las regiones norte y sur del país, interrumpiendo el transporte de alimentos y otros bienes.
La aprobación del Consejo de Seguridad autorizará a la fuerza a «adoptar medidas temporales urgentes con carácter excepcional» para evitar la pérdida de vidas y ayudar a la policía a mantener la seguridad pública.
La resolución requerirá que los líderes de la misión informen al Consejo de Seguridad de la ONU sobre los objetivos de la misión, las reglas de compromiso, las necesidades financieras y otros asuntos antes de un despliegue completo de fuerzas.
Un portavoz del primer ministro haitiano Ariel Henry dijo que no estaba al tanto de la resolución ni de la próxima votación y añadió que el gobierno no tenía comentarios de momento.
La resolución condena «la creciente violencia, actividades criminales y abusos y violaciones de los derechos humanos que socavan la paz, la estabilidad y la seguridad de Haití y la región, incluyendo los secuestros, la violencia sexual y de género, la trata de personas y el tráfico de migrantes, homicidios, las ejecuciones extrajudiciales, así como tráfico de armas».
De ser aprobada, será la primera vez que se despliega una fuerza en Haití desde que Naciones Unidas aprobó una misión de estabilización en junio de 2004 que se vio empañada por un escándalo de abusos sexuales y la propagación del cólera. Esa misión culminó en octubre de 2017.
Las preocupaciones también giran en torno a la propuesta misión encabezada por Kenia, y los detractores señalan que la policía del país de África Oriental ha sido acusada desde hace mucho tiempo de cometer actos de tortura, fuerza letal y otros abusos.
La resolución subraya que todos aquellos que participan en la misión propuesta deben tomar las medidas necesarias para prevenir la explotación y el abuso sexuales, así como investigar los antecedentes de todo el personal. También exige pesquisas inmediatas ante acusaciones de mala conducta.
La resolución advierte además que quienes participan en la misión deben adoptar medidas de gestión de aguas residuales y otros controles ambientales con el fin de prevenir la introducción y propagación de enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera.
De momento se desconoce la extensión de la fuerza en caso de que sea aprobada, si bien el gobierno de Kenia propuso previamente enviar 1,000 agentes de policía. Jamaica, las Bahamas y Antigua y Barbuda también se han comprometido a enviar personal.
El mes pasado, el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden se comprometió a proporcionar logística y 100 millones de dólares para apoyar una fuerza encabezada por Kenia.
La resolución hace notar que el Consejo de Seguridad tiene la intención de imponer sanciones adicionales a los que contribuyan a la violencia en Haití. La ONU ya impuso sanciones a Jimmy Chérizier, conocido como «Barbecue», que encabeza la mayor alianza de pandillas de Haití. Chérizier, un expolicía, advirtió recientemente que combatirá a cualquier fuerza armada sospechosa de cometer abusos.
La propuesta se da casi un año después que el primer ministro de Haití y otros altos funcionarios del gobierno solicitaron el despliegue inmediato de una fuerza armada extranjera cuando el gobierno lucha por combatir a las violentas pandillas que se estima controlan hasta el 80 % de la capital de Puerto Príncipe.
Del 1 de enero al 15 de agosto, más de 2,400 personas en Haití fueron asesinadas, más de 950 secuestradas y 902 heridas, según las estadísticas más recientes de la ONU. Más de 200,000 personas más han sido desplazadas por la violencia, muchas de ellas hacinadas en refugios improvisados luego que las pandillas saquearan sus comunidades.
Kenia espera por esa resolución
El ministro de Asuntos Exteriores de Kenia, Alfred Mutua, afirmó que necesitan una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para poder entrar en Haití.
En una entrevista a BBC, explicó: «Esto se debe a que no puedes ir al país de otra persona para ayudar o hacer nada sin un mandato, especialmente si será una misión que involucra a agentes de seguridad».
Alfred Mutua, ministro de Asuntos Exteriores de Kenia. (FUENTE EXTERNA)
Dijo que esperan lograr una resolución dentro de una semana, o dos o tres.
«Así que anticipamos que esto puede tardar entre dos y tres meses como máximo. Entonces siendo conservador. Creo que el primero de enero ya deberíamos estar en Haití«, manifestó.
Latinoamericanas
Tres dominicanos enfrentan prisión provisional en Panamá por presunta red de reclutamiento para combatir en Rusia
Fiscalía sostiene que los imputados captaban panameños por redes sociales y les ofrecían pagos para viajar a la zona de guerra
Ciudad de Panamá.– Tres ciudadanos dominicanos fueron enviados a detención provisional en Panamá, acusados de formar parte de una presunta estructura dedicada a reclutar personas para viajar a Rusia y participar en el conflicto bélico contra Ucrania.
Los imputados fueron identificados como Joselyn Ramírez, Rolando Newball y María Inés García, contra quienes un juez de garantías admitió cargos relacionados con trata de personas y asociación ilícita, según informó la Procuraduría General de la Nación de Panamá.
La investigación forma parte de las acciones desarrolladas por las autoridades panameñas contra redes que presuntamente captaban ciudadanos mediante ofertas económicas para desplazarlos hacia territorio ruso con fines militares.
Fiscalía habla de transferencias superiores a US$800,000
Durante la audiencia, la fiscal especializada contra la delincuencia organizada Elizabeth Carrión sostuvo que los procesados habrían recibido transferencias superiores a 800,000 dólares destinadas a financiar y organizar el reclutamiento de panameños.
De acuerdo con la investigación citada por La Prensa de Panamá, a algunos de los reclutados se les ofrecían pagos de alrededor de US$2,000 y US$3,000 para incorporarse al conflicto armado.
Las autoridades sostienen que las personas captadas no necesariamente recibían el dinero prometido una vez llegaban a la zona de combate.
Contactaban a posibles reclutas por TikTok
Según la tesis de la Fiscalía, la estructura utilizaba redes sociales, entre ellas TikTok, para contactar a ciudadanos interesados en viajar al extranjero bajo promesas de remuneración.
Entre los panameños señalados como víctimas figuran Octavio Carrillo, Rafael Ulises y José Montenegro, residentes en la provincia de Bocas del Toro.
La investigación sostiene que fueron convencidos de trasladarse hasta la ciudad de Panamá para gestionar pasaportes, boletos aéreos y documentación relacionada con supuestos contratos para prestar servicios en el conflicto.
Posteriormente fueron llevados a un establecimiento de alojamiento en Tocumen, desde donde se habrían coordinado diferentes aspectos logísticos del viaje.
Dos hombres abandonaron el alojamiento y alertaron a la Policía
De acuerdo con la Fiscalía, dos de las personas reclutadas decidieron abandonar el lugar donde permanecían hospedadas y buscaron ayuda de las autoridades al sospechar que podían ser víctimas de explotación.
Un tercer hombre sí habría viajado a Rusia.
Las investigaciones señalan que esa persona no recibió el dinero que supuestamente le habían ofrecido y posteriormente solicitó asistencia a las autoridades panameñas para regresar al país.
Panamá investiga una red más amplia
El caso forma parte de una investigación mayor relacionada con la captación de ciudadanos panameños para incorporarlos al conflicto entre Rusia y Ucrania.
La Procuraduría panameña informó que la denominada Operación Rescate Soberano permitió realizar allanamientos y aprehensiones relacionadas con el presunto reclutamiento de personas con fines militares.
Las autoridades también han documentado otros procesos judiciales vinculados a personas presuntamente reclutadas mediante promesas económicas para viajar a Rusia.
Conflicto ya ha dejado panameños muertos y desaparecidos
La preocupación de las autoridades panameñas ha aumentado ante la presencia de ciudadanos de ese país en la zona de guerra.
Un informe citado por La Prensa señaló recientemente que seis panameños habían muerto y otros 15 figuraban como desaparecidos, mientras decenas permanecían vinculados a las zonas de combate en Rusia y Ucrania.
El Gobierno panameño también ha solicitado públicamente cooperación para facilitar el regreso seguro de sus ciudadanos involucrados en el conflicto.
La investigación contra los tres dominicanos continúa abierta y las acusaciones deberán ser demostradas ante los tribunales panameños. Los imputados conservan su presunción de inocencia mientras avance el proceso.
Latinoamericanas
Colombia y Costa Rica refuerzan cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado
Abelardo de la Espriella y Laura Fernández se reúnen este martes en Barranquilla para abordar estrategias conjuntas de seguridad frente a las organizaciones criminales transnacionales.
BARRANQUILLA, Colombia.– La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional marcará la agenda de la reunión que sostendrán este martes los presidentes de Colombia, Abelardo de la Espriella, y de Costa Rica, Laura Fernández, en momentos en que ambos gobiernos buscan fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad.
El encuentro se realizará en Barranquilla y fue acordado previamente durante una conversación entre ambos mandatarios, en la que coincidieron en la necesidad de ampliar los mecanismos de colaboración para enfrentar organizaciones delictivas que operan más allá de las fronteras nacionales.
Entre los asuntos previstos figuran el intercambio de información e inteligencia, la coordinación institucional y posibles acciones conjuntas frente al narcotráfico y otras estructuras criminales transnacionales.
Fernández considera urgente fortalecer la cooperación
La presidenta costarricense ha otorgado especial importancia al encuentro ante su preocupación por las repercusiones que las operaciones contra el narcotráfico en Colombia puedan tener sobre otros países de la región.
Fernández calificó previamente la reunión como urgente y manifestó su interés en evitar que el desplazamiento de estructuras criminales termine afectando a Costa Rica. Sus declaraciones se producen en medio de la preocupación de su Gobierno por la actividad del narcotráfico y del crimen organizado.
La visita tiene además una relevancia particular para la mandataria costarricense, al constituir su primer viaje al exterior desde que asumió la Presidencia en mayo de 2026.
Seguridad, prioridad para Colombia
El Gobierno colombiano ha colocado el combate contra el narcotráfico y las organizaciones armadas y criminales entre los principales componentes de su política de seguridad.
Según cifras divulgadas por la propia Presidencia de Colombia, durante las primeras semanas de la administración de De la Espriella las autoridades han desarrollado operaciones contra distintas estructuras criminales, con capturas, decomisos de narcóticos, incautaciones de armas y erradicación de cultivos de coca.
La reunión con Fernández forma parte de los esfuerzos del Gobierno colombiano por ampliar la cooperación internacional ante fenómenos delictivos que no se limitan al territorio de un solo país.
Una amenaza que traspasa fronteras
El narcotráfico representa un desafío regional debido a la capacidad de las organizaciones criminales para modificar rutas, establecer redes logísticas en distintos países y trasladar sus operaciones cuando aumenta la presión de las autoridades en determinados territorios.
Por esa razón, Colombia y Costa Rica buscan profundizar mecanismos de intercambio de información y coordinación que permitan responder de manera conjunta a esas estructuras.
La reunión de este martes adquiere así una dimensión que supera las relaciones bilaterales entre ambos países: la discusión se concentra en cómo coordinar respuestas regionales frente a organizaciones criminales que actúan sin reconocer fronteras.
Para los dos gobiernos, el desafío será convertir la cooperación política en mecanismos concretos de intercambio de inteligencia, prevención y persecución del narcotráfico y otros delitos transnacionales.
Washington vincula la operación con una supuesta plataforma marítima de apoyo al narcotráfico atribuida a Los Choneros; familiares de tripulantes de embarcaciones intervenidas rechazan las acusaciones
QUITO.– Fuerzas militares de Estados Unidos abordaron este sábado una embarcación ecuatoriana en aguas internacionales del océano Pacífico, en una nueva operación que Washington vincula con actividades de apoyo logístico al narcotráfico y que eleva a cuatro las embarcaciones intervenidas en esa zona durante los últimos nueve días.
La nave, identificada como “María Candelaria”, fue interceptada aproximadamente a 270 millas náuticas —unos 500 kilómetros— de la costa de Ecuador, según las informaciones difundidas sobre el operativo.
El Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) sostuvo que la embarcación formaba parte de una estructura compuesta por varios barcos utilizados como plataforma de reabastecimiento de combustible para apoyar el transporte de drogas por el Pacífico.
Washington atribuyó esa estructura logística a Los Choneros, organización criminal ecuatoriana a la que las autoridades estadounidenses califican de “narco-terrorista”.
Ocupantes fueron entregados a Ecuador
Las personas encontradas a bordo de la “María Candelaria” fueron entregadas posteriormente a las autoridades ecuatorianas, de acuerdo con la versión oficial estadounidense.
Las embarcaciones involucradas en la operación fueron vaciadas antes de ser hundidas.
El Ministerio de Defensa de Ecuador confirmó la intervención y la calificó como un nuevo golpe contra Los Choneros, al tiempo que indicó que la ubicación registrada aparentemente correspondía a aguas internacionales.
La circunstancia adquiere particular importancia debido a que la operación fue ejecutada por fuerzas militares estadounidenses fuera de las aguas territoriales ecuatorianas.
Tripulante transmitió el abordaje
Uno de los ocupantes de la embarcación transmitió parte de la intervención en directo mediante redes sociales y ofreció una versión diferente sobre las actividades que realizaban.
El hombre sostuvo que habían salido a pescar tres días antes y cuestionó que, según su relato, los militares no establecieran previamente comunicación por radio con la tripulación.
La versión de los ocupantes contrasta con la información de las autoridades estadounidenses y ecuatorianas, que relacionan la embarcación con operaciones logísticas utilizadas para apoyar el narcotráfico.
Cuatro embarcaciones intervenidas en nueve días
El abordaje de la “María Candelaria” se produce después de otras tres operaciones contra embarcaciones ecuatorianas desarrolladas en menos de una semana.
El 28 de agosto fue destruida y hundida la embarcación “Tres Hermanos”, procedente de Jaramijó.
Posteriormente, el 2 de septiembre, las fuerzas estadounidenses atacaron y destruyeron la “Conquista II”, mientras que el 3 de septiembre fue intervenida la “OM 2”.
Estas dos últimas embarcaciones eran de Manta.
Las autoridades de Estados Unidos y Ecuador sostienen que algunas de esas naves operaban como estaciones flotantes de abastecimiento de combustible, presuntamente utilizadas para prolongar la autonomía de otras embarcaciones relacionadas con actividades ilícitas.
Familiares rechazan vínculos con narcotráfico
Las acusaciones oficiales han sido cuestionadas por familiares de algunos de los tripulantes.
Estos niegan que sus parientes estuvieran vinculados con organizaciones criminales y sostienen que las embarcaciones desarrollaban actividades distintas a las atribuidas por las autoridades.
La controversia introduce interrogantes sobre las evidencias utilizadas para identificar las naves como parte de estructuras de apoyo al narcotráfico.
Hasta el momento, la información suministrada no detalla públicamente qué elementos específicos fueron encontrados en cada embarcación para establecer su presunta relación con organizaciones criminales.
Operaciones estadounidenses aumentan en el Pacífico
La sucesión de cuatro intervenciones en apenas nueve días evidencia una intensificación de las operaciones estadounidenses contra las rutas marítimas que Washington considera utilizadas para el transporte y apoyo logístico del narcotráfico en el Pacífico oriental.
El caso de la “María Candelaria” agrega, además, un elemento sensible: mientras Estados Unidos y Ecuador presentan la intervención como parte de la lucha contra una estructura vinculada a Los Choneros, uno de los ocupantes sostiene que se encontraba realizando labores de pesca.
La determinación de las circunstancias exactas de la operación y de la eventual responsabilidad de los tripulantes dependerá ahora de las investigaciones correspondientes y de las evidencias que presenten las autoridades.