Latinoamericanas
ONU votará hoy resolución para autorizar despliegue de fuerzas armadas en Haití
AP
La resolución autoriza la fuerza por un año y será evaluada después de nueve meses
El primer ministro de Haití, Ariel Henry, pronuncia un discurso ante la 78va sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la sede de Naciones Unidas, el viernes 22 de septiembre de 2023. (AP FOTO/CRAIG RUTTLE)
San Juan.-El Consejo de Seguridad de la ONU someterá a votación el lunes una resolución que autoriza el despliegue de una fuerza internacional en Haití durante un año para ayudar a frenar la creciente violencia de las pandillas y restaurar la seguridad, a fin de que la nación caribeña pueda realizar unas elecciones presidenciales largamente postergadas.
La resolución redactada por Estados Unidos y obtenida por The Associated Press el sábado acepta la oferta de Kenia de encabezar la fuerza de seguridad multinacional. Deja también en claro que se trata de una fuerza ajena a Naciones Unidas y financiada por medio de contribuciones voluntarias.
La resolución autoriza la fuerza por un año y será evaluada después de nueve meses.
De acuerdo con la resolución, la fuerza ayudará a desarrollar la capacidad de la policía local «a través de la planificación y realización de operaciones conjuntas de apoyo a la seguridad mientras trabaja para contrarrestar a las pandillas y mejorar las condiciones de seguridad en Haití«.
La fuerza también ayudará a proteger «sitios de infraestructura crucial y puntos de tránsito como el aeropuerto, puertos marítimos e intersecciones clave». Poderosas pandillas han tomado el control de carreteras importantes que van desde la capital de Haití a las regiones norte y sur del país, interrumpiendo el transporte de alimentos y otros bienes.
La aprobación del Consejo de Seguridad autorizará a la fuerza a «adoptar medidas temporales urgentes con carácter excepcional» para evitar la pérdida de vidas y ayudar a la policía a mantener la seguridad pública.
La resolución requerirá que los líderes de la misión informen al Consejo de Seguridad de la ONU sobre los objetivos de la misión, las reglas de compromiso, las necesidades financieras y otros asuntos antes de un despliegue completo de fuerzas.
Un portavoz del primer ministro haitiano Ariel Henry dijo que no estaba al tanto de la resolución ni de la próxima votación y añadió que el gobierno no tenía comentarios de momento.
La resolución condena «la creciente violencia, actividades criminales y abusos y violaciones de los derechos humanos que socavan la paz, la estabilidad y la seguridad de Haití y la región, incluyendo los secuestros, la violencia sexual y de género, la trata de personas y el tráfico de migrantes, homicidios, las ejecuciones extrajudiciales, así como tráfico de armas».
De ser aprobada, será la primera vez que se despliega una fuerza en Haití desde que Naciones Unidas aprobó una misión de estabilización en junio de 2004 que se vio empañada por un escándalo de abusos sexuales y la propagación del cólera. Esa misión culminó en octubre de 2017.
Las preocupaciones también giran en torno a la propuesta misión encabezada por Kenia, y los detractores señalan que la policía del país de África Oriental ha sido acusada desde hace mucho tiempo de cometer actos de tortura, fuerza letal y otros abusos.
La resolución subraya que todos aquellos que participan en la misión propuesta deben tomar las medidas necesarias para prevenir la explotación y el abuso sexuales, así como investigar los antecedentes de todo el personal. También exige pesquisas inmediatas ante acusaciones de mala conducta.
La resolución advierte además que quienes participan en la misión deben adoptar medidas de gestión de aguas residuales y otros controles ambientales con el fin de prevenir la introducción y propagación de enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera.
De momento se desconoce la extensión de la fuerza en caso de que sea aprobada, si bien el gobierno de Kenia propuso previamente enviar 1,000 agentes de policía. Jamaica, las Bahamas y Antigua y Barbuda también se han comprometido a enviar personal.
El mes pasado, el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden se comprometió a proporcionar logística y 100 millones de dólares para apoyar una fuerza encabezada por Kenia.
La resolución hace notar que el Consejo de Seguridad tiene la intención de imponer sanciones adicionales a los que contribuyan a la violencia en Haití. La ONU ya impuso sanciones a Jimmy Chérizier, conocido como «Barbecue», que encabeza la mayor alianza de pandillas de Haití. Chérizier, un expolicía, advirtió recientemente que combatirá a cualquier fuerza armada sospechosa de cometer abusos.
La propuesta se da casi un año después que el primer ministro de Haití y otros altos funcionarios del gobierno solicitaron el despliegue inmediato de una fuerza armada extranjera cuando el gobierno lucha por combatir a las violentas pandillas que se estima controlan hasta el 80 % de la capital de Puerto Príncipe.
Del 1 de enero al 15 de agosto, más de 2,400 personas en Haití fueron asesinadas, más de 950 secuestradas y 902 heridas, según las estadísticas más recientes de la ONU. Más de 200,000 personas más han sido desplazadas por la violencia, muchas de ellas hacinadas en refugios improvisados luego que las pandillas saquearan sus comunidades.
Kenia espera por esa resolución
El ministro de Asuntos Exteriores de Kenia, Alfred Mutua, afirmó que necesitan una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para poder entrar en Haití.
En una entrevista a BBC, explicó: «Esto se debe a que no puedes ir al país de otra persona para ayudar o hacer nada sin un mandato, especialmente si será una misión que involucra a agentes de seguridad».
Alfred Mutua, ministro de Asuntos Exteriores de Kenia. (FUENTE EXTERNA)
Dijo que esperan lograr una resolución dentro de una semana, o dos o tres.
«Así que anticipamos que esto puede tardar entre dos y tres meses como máximo. Entonces siendo conservador. Creo que el primero de enero ya deberíamos estar en Haití«, manifestó.
Agencia AFP
Perú.-El resultado de la elección presidencial de Perú era aún incierto este lunes, con la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez en empate técnico para convertirse en el noveno mandatario del país en una década.
Con más del 93% de las actas escrutadas, Fujimori reunía el 50,02% de los votos, frente a un 49,98% de Sánchez.
Esa ventaja de menos de medio punto corre el riesgo de evaporarse a medida que sigan llegando los votos de las zonas rurales, donde Sánchez ha dominado. Para declarar un ganador deberán además ser revisadas actas impugnadas que contienen unos 400.000 votos, lo que puede llevar días.
«Tenemos que esperar hasta el final. Lo que corresponde en estos momentos es paciencia y serenidad. Vamos a respetar el resultado sea cual sea», dijo Fujimori a la prensa este lunes al salir de su vivienda.
Entre cantos de «¡Sí se pudo!», Sánchez dijo reconocer que hay un «empate». «Que prosiga el conteo en los estándares de una elección transparente», expresó la noche del domingo en una plaza ante cientos de seguidores.
Muchos dijeron esperar que las elecciones pongan fin a la criminalidad que azota al país y la turbulencia política que dejó al Perú con ocho presidentes desde 2016.
«Es un empate técnico, está para cualquiera. Es un resultado que se puede revertir en las siguientes horas, no se está hablando todavía de ganador o ganadora», aseguró este lunes a la AFP el especialista en temas electorales José Tello.
– Festejos en los dos bandos –
Administradora de 51 años, Fujimori apeló al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía y derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.
«Estoy alegre porque sé que va a hacer un buen gobierno. ¿Por qué? Porque ella quiere limpiar la imagen de su padre», aseguró Gladys Silva, ama de casa de 56 años, en la concentración en Lima.
Sánchez, congresista y exministro de 57 años, reivindicó al expresidente Castillo. Como lealtad, lleva el sombrero campesino que le regaló, prometió indultarlo, y lo visitó el domingo en la cárcel.
«Queremos un cambio porque estamos cansados de la corrupción, del fujimorismo que maneja al país como su chacra (hacienda)», dijo Marlene Veramendi, de 46 años, en el otro festejo.
La votación, a la que estuvieron llamados 27 millones de electores, transcurrió sin incidentes a diferencia de la caótica primera ronda de abril.
– «Débil legitimidad» –
Keiko, como la llaman, prometió «orden» y prosperidad, y advirtió del peligro del «comunismo».
Sánchez moderó su discurso de «cambio radical», se distanció de los ultranacionalistas, y dijo a la AFP que quiere una relación «respetuosa» con Washington.
El izquierdista acusa a Fujimori de ser parte de la «dictadura» del poderoso Congreso -donde ella tiene influencia- que derriba presidentes.
Sin afectar el balotaje, un juez lo envió a juicio por presuntas anomalías financieras en su partido. Si gana tendría inmunidad, pero quedaría vulnerable ante un parlamento inclinado a la derecha.
«El ganador tendrá a la mitad del país en contra y una débil legitimidad» por lo que, sin mayoría legislativa, deberá «construir una coalición para gobernar», dijo a la AFP el politólogo Paulo Vilca.
El vencedor sustituirá, a partir del 28 de julio, al presidente interino José María Balcázar por un mandato de cinco años.
– Delincuencia imparable –
Pese al hartazgo político, la mayor preocupación de los peruanos es la inseguridad. Han proliferado las bandas criminales y las denuncias de extorsión aumentaron nueve veces en cinco años.
Fujimori receta mano dura: militarizar cárceles y zonas conflictivas, y expulsar migrantes para acabar con la criminalidad con la «misma fuerza» con que su padre venció a la insurgencia en los años 1990.
Sánchez propuso encarar la corrupción en la policía y la justicia, ante lo que denuncia como una complicidad de las élites políticas con los criminales.
Su base social está en el campo empobrecido, donde la inseguridad es menor. Fujimori la tiene en Lima, donde la tasa de homicidios se triplicó entre 2020 y 2025, hasta los 23 por cada 100.000 habitantes.
El ganador recibirá un Perú económicamente estable, con un crecimiento del PIB del 3,4%. Pero siete de cada diez trabajadores están en la economía informal.
Fujimori aboga por el neoliberalismo y la atracción de inversiones, y Sánchez ofreció alzas salariales y una economía más estatal.
Agencia AFP
Perú.-La derechista Keiko Fujimori aventaja levemente al izquieridista Roberto Sánchez en los sondeos a boca de urna en un reñido balotaje presidencial (segundoa vuelta) este domingo en Perú, marcado por la inestabilidad política y la criminalidad.
Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), se enfrentó en su cuarto intento de llegar a la presidencia a Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso por el fallido autogolpe de Estado de 2022.
Fujimori obtiene 50,7% frente 49,3% de Sánchez, según la encuestadora privada Ipsos; y 50,5% contra 49,5%, de acuerdo con Datum, lo que muestra prácticamente un empate técnico.
Las mesas de votación cerraron a las 17H00 locales (22H00 GMT), tras una jornada sin mayores incidentes a diferencia de la caótica primera ronda plagada de fallos técnicos y denuncias de fraude.
Fujimori, administradora de 51 años, apeló al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía, derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.
Sánchez, congresista y exministro de 57 años, reivindicó la herencia campesina de Castillo. Como muestra de lealtad, esperó los resultados a boca de urna en la cárcel donde está recluido su mentor, a quien prometió indultar.
Los dos candidatos no superaron juntos el 30% en una primera vuelta, en abril, empañada por denuncias de fraude que aumentaron la desconfianza en las instituciones peruanas.
– «Comunismo» o «dictadura» –
«Voté por Keiko porque representa estabilidad. Lamentablemente, no le hemos dado oportunidad de gobernar», declaró Luis Bernaola, técnico electrónico de 44 años.
Sánchez moderó su discurso de «cambio radical», se distanció de los ultranacionalistas, y dijo a la AFP que quiere una relación «respetuosa» con Washington.
El izquierdista, que lleva siempre el sombrero que le regaló Castillo, acusa a Fujimori de ser parte de la «dictadura» del poderoso Congreso que derriba presidentes, donde ella tiene influencia.
Sin afectar el balotaje, un juez lo envió a juicio por presuntas anomalías financieras en su partido. Si gana la presidencia tendría inmunidad, aunque es vulnerable ante un parlamento inclinado a la derecha.
Ninguno tiene mayoría legislativa. El futuro presidente deberá tejer alianzas si quiere concluir su mandato, opinó el analista Jeffey Radzinsky.
El ganador sustituirá a partir del 28 de julio al mandatario interino José María Balcázar.
– Extorsiones, lo más crítico –
Pese a la desilusión política, la mayor preocupación de los peruanos es la inseguridad en un país donde proliferan las bandas criminales y las denuncias de extorsión aumentanon nueve veces en cinco años.
«Es lo más crítico. Espero que acaben con la delincuencia», aseguró a la AFP Carlos Altamirano, ingeniero de 49 años, tras votar en el norte de Lima.
Fujimori receta mano dura: militarizar cárceles y zonas conflictivas, y expulsar migrantes para acabar -dice- con la «lacra social» con la «misma fuerza» con que su padre venció a la insurgencia en los años 1990.
Sánchez propone encarar la corrupción en la policía y la justicia, ante lo que denuncia como una complicidad de élites políticas con la criminalidad.
Su base social está en el campo empobrecido y abandonado, donde la inseguridad es menor. Fujimori la tiene en Lima, que de 2020 a 2025 triplicó la tasa de homicidios, para llegar a un índice de 23 por cada 100.000 habitantes.
El ganador recibirá un Perú económicamente estable, con un crecimiento del PIB del 3,4% y baja inflación. Pero siete de cada diez trabajadores están en la economía informal.
Fujimori defiende las propuestas neoliberales, el respeto a la propiedad privada y la atracción de inversiones.
Sánchez ofreció alzas salariales y tratamiento de tranquilizar a los inversionistas al prometer que mantendrá la apertura económica e independencia del banco estratégico central.
Ciudad de Panamá, (EFE).- Una nueva respuesta humanitaria abarcará a más de 400.000 personas en Haití afectadas por la prolongada crisis de violencia en el país, donde más de la mitad de la población necesita asistencia alimentaria y sanitaria, informó este lunes la ONG global Plan International.
Esta iniciativa beneficiará a más de 400.000 personas en los departamentos de Ouest, Centre y Artibonite, y contempla la cobertura de sus necesidades más urgentes de alimentación, refugio y artículos esenciales.
«Lo que vemos cada día en Haití exige una respuesta a esta escala. Las familias desplazadas, y las comunidades que las acogen, están cargando con el peso de una crisis que no se detiene», afirmó el director de Plan International Haití, Prospery Raymond, en una comunicado de prensa.
Los servicios de nutrición ampliarán el acceso a prevención, detección y tratamiento de la desnutrición aguda severa en sitios de desplazados y comunidades de acogida, al tiempo que los servicios de protección de la niñez conectarán a niñas y niños afectados por la violencia, el desplazamiento y la separación familiar con servicios esenciales y con especial atención a las niñas y a otros grupos en mayor riesgo.
La ONG global recordó que Haití atraviesa una de las peores emergencias humanitarias de su historia reciente, impulsada por la violencia armada, el desplazamiento masivo, la inseguridad alimentaria severa y el colapso de los servicios esenciales que están dejando a millones de familias sin acceso a necesidades básicas.
«Más de 6,4 millones de personas -más de la mitad de la población- necesitan asistencia humanitaria en Haití. El hambre es una de las caras más severas de esta crisis: la actualización del IPC (Marco Integrado de Clasificación de la Seguridad Alimentaria) publicada en abril de 2026 identifica a 5,8 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda y advierte que el 70 % de las personas que viven en sitios de desplazados en Puerto Príncipe enfrenta carencias alimentarias severas», indicó Plan.
La organización recalcó que en Puerto Príncipe y sus alrededores, grupos armados controlan amplias zonas y exponen a la niñez al reclutamiento, la explotación, la violencia sexual y la interrupción de su educación.