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Minú Tavárez Mirabal ha sido escogida presidenta de Opción Democrática.

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Santo Domingo, RD.- Opción Democrática escogió este domingo a Minou Tavárez Mirabal como presidenta, así como a José Horacio Rodríguez, como vicepresidente, en ocasión de la celebración de su Convención Nacional donde también fueron seleccionados otros miembros de su dirección.

Estas elecciones se realizaron de forma democrática, a través de un sistema de votación digital, tanto para las  personas presentes,  como para las que participaron en formato virtual, garantizando una amplia participación de miembros del interior del país y residentes en el extranjero.

“Hemos concluido un proceso intenso, hermoso y democrático de elección de la directiva de Opción Democrática, que  tiene un grandísimo reto: poner nuestro partido en el carril ganador, para lograr las transformaciones necesarias en República Dominicana, a través del triunfo de candidaturas que apuesten a un país que deje atrás la pobreza, un país progresista, de dignidad, en donde los derechos de todos y todas estén garantizados”, afirmó Tavárez Mirabal.

De su lado, José Horacio expresó que trabajan en la construcción de un partido para que sea la casa de la “buena política”, y hacer propuestas con amor y empatía en pro de un país donde se garantice una vida digna para sus ciudadanos.

También resultó elegido Franiel Genao, quien fungirá como secretario general, así como otros 16 liderazgos nacionales para conformar su dirección política.

Asimismo, aspiraron a la directiva del partido la abogada Alexandra Sued y el economista Samuel Bonilla. A la Dirección Política se presentaron un total de 36 miembros del partido.

Este proceso se hizo mediante un padrón interno de Opción Democrática, el cual había sido aprobado previamente por la Junta Central Electoral (JCE).

Los integrantes de este grupo tuvieron la opción de aspirar a los cargos vacantes, para lo cual se había creado un formulario de inscripción.

Cabe mencionar que, además de la presidencia, vicepresidencia y secretaría general, integran la Dirección Nacional: Virginia Antares,

 Nidia Guzmán, Estefanía de la Cruz, Stayci Toribio, Diana Tejada, Sergia Galván, Alexandra sued, Nicole Pichardo Almonte, Luz Mar Vargas, Miguel Alejandro Martínez, Samuel Bonilla, Horacio López, Felipe Gavilán, Mario Berges, Eric Ortiz, Mario Sosa.

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Dictan apertura a juicio a hijo de exviceministro de Agricultura por estafa a esa institución

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Santo Domingo, R.D.-El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio de fondo a el hijo de un exviceministro de Agricultura y a otro acusado de supuestamente desfalcar esa entidad gubernamental con casi cuatro millones de pesos.

Los que enfrentarán el proceso son Antonio José Paredes Eliozondo y Julio (Julito) Enrique Domínguez Solano, este último vástago del administrativo y financiero de Agricultura, Julio Domínguez Fernández.

El Ministerio Público acusa a Paredes Elizondo de realizarse transferencias fraudulentas, a través del netbanking que estaba asignado al Viceministerio Administrativo y Financiero, para luego entregárselo a Domínguez Solano.

El monto exacto del fraude a Agricultura es de tres millones ochocientos diez mil pesos (3,810,000 pesos).

La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) inició la investigación después de recibir una denuncia del Ministerio de Agricultura, presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige Milagros Ortiz Bosch.

Acusación

Los implicados enfrentan cargos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores.

También se les señala por violación a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

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Dos de los acusados de estafar ancianos en EE.UU. aceptan irse voluntariamente en extradición

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Santo Domingo, R.D.-Dos de los cuatro dominicanos arrestados tras ser acusados de operar desde el país una red de estafa contra ancianos de Estados Unidos decidieron irse de manera voluntaria para presentarse ante la justicia estadounidense, acogiéndose al proceso abreviado en la solicitud de extradición.

La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocía esta jueves la solicitud de extradición para los cuatro hombres que hasta el momento han sido detenidos por el caso que ha sido denominado «estafa de abuelos»: Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, Félix Samuel Reynoso Ventura, Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez

En ese sentido, los acusados Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura notificaron hoy su decisión de irse voluntariamente a los Estados Unidos a enfrentar los 19 cargos que el Departamento de Justicia les imputa por el robo de millones de dólares a cientos de estadounidenses de avanzada edad.

Mientras que la audiencia sobre la extradición de Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez se aplazó para el próximo jueves 9 de mayo, porque sus abogados dijeron no estar preparados.

Los 11 dominicanos acusados de operar desde el país la red de estafas enfrentarían, de ser encontrados culpables, una pena máxima de 20 años por cada uno de los cargos que el Departamento de Justicia presentó contra ellos en una corte de Nueva Jersey.

Contra el grupo de dominicanos pesan 19 cargos de conspiración de fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.

Los hombres trabajaban en centros de llamada (call centers) registrados en la República Dominicana desde donde se comunicaban con los ancianos en Estados Unidos haciéndose pasar por familiares y pedirles ayuda económica para resolver alguna situación, por lo regular un accidente automovilístico.

Sus víctimas eran «abuelos» residentes en varios estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.

Al menos siete de ellos siguen prófugos, según informaron las autoridades estadounidense.

El resto de los 16 acusados, cuatro hombres y una mujer que residían en Nueva York, ya están bajo custodia de las autoridades estadounidenses y fueron acusados por conspiración de fraude electrónico como parte del mismo esquema.

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Senado aprueba ley de liberación de impuestos la importación de cámaras para sistemas de seguridad

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Santo Domingo, R.D.-Fue aprobada en primera lectura en el Senado un proyecto de ley que libera de impuestos la importación de cámaras digitales utilizadas en los sistemas de seguridad del país para combatir la delincuencia.

La pieza, que contó con 22 votos a favor y uno en contra, busca exonerar durante 10 años, partiendo de su promulgación, los pagos tributarios que deben realizar quienes importen cámaras grabadoras destinadas a contribuir con la seguridad y protección.

De acuerdo a los considerando presentados en el documento, los sistemas de videovigilancia son una de las herramientas «preventivas y disuasorias» que aportan a la lucha contra la inseguridad.

Las residencias, empresas, propiedades campestres, condominios, colmados, supermercados, hoteles, bares, restaurantes, escuelas, colegios, clínicas, hospitales y otros sectores relacionados son quienes serán exentos, a través de la Dirección General de Aduanas (DGA), de los pagos tributarios requeridos en la adquisición de este tipo de videocámaras.

TIPOS DE CÁMARAS

La pieza legislativa delibera las cámaras tipo balas, domos, box y “PTZ”, que se pueden instalar en ambos ambientes, interior y exterior, para grabaciones de video de 720p, 1080p y 4K.

Además, los videograbadores con capacidad de grabación y audio no mayor de 32 canales con entradas tipo analógico, digital y de red (IP).

Esta ley modificaría el capítulo 85 de la Ley 146-00 sobre Reforma Arancelaria y Compensación Fiscal, que hace referencia a las cámaras digitales de seguridad y sus componentes.

Asimismo, reformará cualquier otra disposición legal que le sea contraria a este proyecto de ley, según lo dicta el quinto artículo denominado “Modificación”.

El 16 de julio del año 2012, el Congreso de la República Dominicana creó la Ley 171-12, que tuvo como objeto facilitar la adquisición de cámaras de videovigilancia, a través de la exoneración del pago de todo tipo de impuestos de importación, por un periodo de 10 años.

Este plazo finalizó en 2022 y género en consecuencia que estos equipos tecnológicos no sean beneficiados, en la actualidad, con ningún incentivo fiscal.

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