Abinader defiende el nivel de inversión y asegura que, en términos absolutos, los recursos destinados a obras prácticamente duplican los de 2019

SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader proyectó que la inversión pública de la República Dominicana concluirá 2026 en aproximadamente 2.7 % del producto interno bruto (PIB), mientras defendió el manejo de los recursos destinados a obras y cuestionó la manera en que sectores de la oposición comparan los indicadores económicos de su administración.

El mandatario sostuvo que las comparaciones deben tomar en consideración tanto el tamaño actual de la economía como la diferencia entre valores absolutos y relativos.

Durante LA Semanal, dedicada en esta ocasión a analizar la economía, la estabilidad macroeconómica, el empleo, los indicadores sociales y el sector externo, Abinader señaló que sectores opositores utilizan indistintamente cifras porcentuales o absolutas dependiendo del indicador que pretenden evaluar.

“A veces los amigos de la oposición te hablan en términos relativos y otras veces te hablan en términos absolutos”, manifestó el gobernante.

Inversión superaría proporción registrada en 2019

Abinader utilizó como referencia el año 2019, previo a las crisis internacionales que posteriormente impactaron la economía dominicana.

Explicó que en ese período la inversión pública representó alrededor de 2.3 % del PIB, mientras que para finales de 2026 las autoridades esperan colocarla cerca del 2.7 %.

El presidente agregó que la comparación debe considerar que la economía dominicana es actualmente de mayor tamaño.

“Nosotros este año vamos a terminar con 2.7 aproximadamente, pero estamos hablando de una economía mucho mayor”, expresó.

Según su planteamiento, cuando la comparación se realiza en valores absolutos, los recursos destinados actualmente a la inversión pública son casi el doble de los correspondientes a 2019.

El mandatario atribuyó parte de ese incremento a las obras ejecutadas en diferentes provincias y aseguró que el Gobierno también ha procurado mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos.

Magín Díaz reporta crecimiento de 34 % en inversión

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, respaldó los argumentos del mandatario y aseguró que la inversión pública acumula un incremento de aproximadamente 34 % con relación al año pasado, mientras el gasto corriente habría aumentado alrededor de un 7 %.

Díaz explicó que el Gobierno busca aumentar la inversión de capital pese a las restricciones fiscales que enfrenta el país.

“El objetivo es no reducirlo”, indicó el funcionario, quien afirmó que desde su llegada al Ministerio de Hacienda procura ejecutar más recursos, mejorar la calidad del gasto y, cuando las condiciones lo permitan, incrementar la inversión.

El ministro advirtió que mantener durante varios años una inversión pública cercana al 2.5 % del PIB no sería conveniente para las necesidades de crecimiento de la economía.

Déficit fiscal y deuda pública

Durante su exposición, Díaz abordó también el comportamiento de las cuentas fiscales.

Indicó que desde 2021 el déficit fiscal promedio se ha mantenido alrededor del 3 % del PIB, proporción que consideró razonable tomando en cuenta las diferentes crisis enfrentadas durante los últimos años.

Asimismo, sostuvo que la deuda pública se ha reducido en cerca de 10 puntos porcentuales respecto del nivel máximo registrado en 2020.

No obstante, reconoció que República Dominicana continúa enfrentando desafíos estructurales relacionados con la capacidad de generación de ingresos fiscales y con el nivel de inversión pública requerido para responder a las necesidades nacionales.

Restricciones fiscales condicionan capacidad de inversión

Díaz explicó que incrementar considerablemente la inversión pública sin disponer de nuevas fuentes de ingresos podría traducirse en un aumento del déficit fiscal.

Señaló que las autoridades han tenido que administrar esas limitaciones mediante redistribuciones presupuestarias y reducciones de determinadas partidas durante algunos períodos.

El funcionario recordó que las distintas crisis ocurridas desde 2020 dificultaron la realización de una reforma tributaria, situación que obligó al Gobierno a manejar el gasto dentro de un espacio fiscal restringido.

Gobierno explica origen de recursos para combustibles

El ministro también se refirió a los RD$30,000 millones destinados a amortiguar el impacto del incremento internacional de los combustibles.

Precisó que solo una parte reducida de esos recursos procede del denominado plan anticrisis, debido a que su implementación comenzó recientemente.

Según explicó, la mayor cantidad fue obtenida mediante ahorros y redistribuciones de partidas del gasto corriente, sin modificar el déficit establecido en el presupuesto reformulado.

Díaz adelantó que los ingresos adicionales asociados a las medidas contempladas en el plan anticrisis comenzarán a incorporarse gradualmente a las finanzas públicas.

Inversión pública vuelve al centro del debate económico

Las declaraciones colocan nuevamente en discusión el nivel de inversión que necesita República Dominicana frente a las restricciones fiscales del Estado.

Mientras el Gobierno sostiene que los recursos destinados a inversión han aumentado y proyecta cerrar 2026 con un nivel equivalente al 2.7 % del PIB, las propias autoridades reconocen la necesidad de elevar de manera sostenible la inversión pública sin comprometer la estabilidad de las finanzas nacionales.

El debate, por tanto, no se limita al porcentaje del PIB destinado a obras, sino también a la capacidad del Estado para generar ingresos, controlar el déficit y convertir la inversión pública en infraestructura y servicios que tengan impacto directo en la población.

El país avanza en la exploración de minerales estratégicos en Pedernales, aunque todavía no existe explotación comercial y se esperan estudios más precisos sobre el volumen real de los recursos

SANTO DOMINGO.– El potencial de República Dominicana en tierras raras comienza a adquirir una creciente dimensión económica y geopolítica, despertando el interés de Estados Unidos y la Unión Europea en momentos en que las grandes potencias buscan asegurar el suministro de minerales considerados esenciales para las nuevas tecnologías.

El país, sin embargo, todavía se encuentra en una etapa de exploración, investigación y evaluación, por lo que las estimaciones existentes no significan que actualmente haya una explotación comercial de estos recursos.

Las tierras raras comprenden un grupo de 17 elementos químicos utilizados en industrias de alto valor tecnológico. Son fundamentales para la fabricación de teléfonos móviles, vehículos eléctricos, imanes permanentes, turbinas eólicas y numerosos equipos vinculados a las telecomunicaciones y otras tecnologías avanzadas.

Gobierno estima potencial superior a 150 millones de toneladas

El presidente Luis Abinader afirmó durante su rendición de cuentas del 27 de febrero de 2026 que República Dominicana tendría recursos superiores a 150 millones de toneladas, aunque el Gobierno espera disponer hacia finales de este año de estimaciones más precisas.

El principal foco de atención se encuentra en Pedernales, particularmente en la Reserva Fiscal Minera Ávila, creada mediante el Decreto 430-18 en 2018.

La reserva comprende una superficie de 14,876.045 hectáreas y abarca diferentes zonas de la provincia fronteriza.

Las investigaciones científicas realizadas hasta ahora relacionan los depósitos dominicanos de tierras raras principalmente con las bauxitas kársticas de la Sierra de Bahoruco.

Un estudio encabezado por el investigador Joaquín A. Proenza, de la Universidad de Barcelona, determinó que estos recursos se concentran principalmente en las unidades litoestratigráficas de Aceitillar y Pedernales.

Estados Unidos pone atención en los recursos dominicanos

El potencial minero dominicano ha trascendido el ámbito estrictamente económico.

Estados Unidos ha acompañado parte de los trabajos de exploración y evaluación realizados en Pedernales, incluyendo asistencia del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense en la Reserva Fiscal Minera Ávila.

Durante una visita al presidente Abinader en febrero de 2025, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, manifestó el interés de Washington en trabajar conjuntamente con República Dominicana en el desarrollo de estos recursos.

El funcionario destacó la relevancia de estos minerales para tecnologías estratégicas, entre ellas las telecomunicaciones y los avances médicos, además de señalar la importancia que tiene para Estados Unidos que su desarrollo se produzca en países aliados.

Unión Europea entra en la carrera

A este interés se ha sumado la Unión Europea, que alcanzó recientemente un acuerdo con el Gobierno dominicano para impulsar investigaciones sobre tierras raras, galio y escandio presentes en los depósitos de bauxitas kársticas de la Reserva Fiscal Minera Ávila.

El convenio contempla un financiamiento de 538,000 euros y establece que las investigaciones deberán realizarse bajo criterios de sostenibilidad, protección ambiental y transparencia.

El objetivo inmediato no es iniciar operaciones mineras, sino ampliar el conocimiento científico de los depósitos y fortalecer las capacidades técnicas nacionales antes de determinar la viabilidad de futuros proyectos de aprovechamiento.

Emidom tendría participación estatal

Como parte de la estrategia minera, en agosto de 2024 el Poder Ejecutivo creó mediante el Decreto 453-24 la Empresa Minera Dominicana (Emidom), una entidad de capital totalmente estatal.

El Gobierno ha planteado que esta empresa tendría participación en una eventual explotación y procesamiento de minerales estratégicos, en caso de que las investigaciones determinen su viabilidad económica.

De la expectativa a la comprobación

El creciente interés de Washington y Bruselas coloca a República Dominicana ante una oportunidad que podría adquirir relevancia estratégica en los próximos años.

Pero entre poseer indicios geológicos y disponer de una industria minera comercial existe una distancia considerable.

Por ahora, el proyecto dominicano permanece en fase de exploración y evaluación, sin avances concretos hacia una explotación comercial.

La confirmación de las reservas, su concentración, los costos de extracción y procesamiento, la rentabilidad económica y las consecuencias ambientales serán factores determinantes antes de que el país pueda hablar de una verdadera industria de tierras raras.

La República Dominicana tiene ante sí un recurso potencialmente estratégico; el desafío será determinar cuánto existe realmente, cuánto puede recuperarse de manera económicamente viable y bajo qué condiciones debe aprovecharse para que sus beneficios permanezcan en el país.

Militares, civiles y un empresario figuran en el expediente del Ministerio Público sobre una presunta estructura que habría intervenido en contratos de seguridad privada con instituciones estatales

SANTO DOMINGO.– El denominado caso Lobo entrará este lunes en una etapa determinante cuando el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional inicie la audiencia preliminar contra los imputados de integrar una presunta estructura dedicada al pago y recepción de sobornos para obtener y mantener contratos de seguridad privada en instituciones del Estado.

El proceso estará a cargo del juez Deiby Peguero, quien deberá examinar la acusación presentada por el Ministerio Público y determinar si las pruebas aportadas justifican la apertura de un juicio de fondo contra los encartados.

El órgano acusador atribuye a la supuesta estructura operaciones que habrían involucrado RD$108,080,359.92 en sobornos, relacionados con procesos de contratación de servicios de seguridad.

La audiencia preliminar no determinará la culpabilidad o inocencia de los acusados. En esta fase, el tribunal deberá establecer si la acusación reúne los requisitos y elementos probatorios suficientes para que el expediente avance a juicio.

Ministerio Público asegura contar con decenas de pruebas

La acusación fue presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.

Según el expediente, la investigación se originó a partir de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.

A partir de esa información, los investigadores habrían identificado una presunta estructura que operaba mediante la manipulación de procesos de contratación y el pago de sobornos para favorecer empresas proveedoras de servicios de seguridad privada.

El Ministerio Público sostiene que cuenta con decenas de elementos probatorios para respaldar las imputaciones.

Militares y civiles figuran entre los acusados

Entre las personas incluidas en la acusación se encuentra el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, junto a varios oficiales de diferentes instituciones militares y policiales.

También figuran los coroneles Andrés Pacheco Valera, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Caamaño Pérez; el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, y el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz.

La acusación incluye además al empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y al civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal, quien se desempeñó como encargado de Seguridad de Edenorte Dominicana.

Las imputaciones corresponden a la tesis presentada por el Ministerio Público y deberán ser debatidas ante los tribunales, por lo que los acusados conservan su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva.

Contratos públicos en el centro de la investigación

De acuerdo con la acusación, el supuesto esquema habría funcionado mediante pagos destinados a obtener ventajas en procesos relacionados con contratos de seguridad privada y garantizar posteriormente su permanencia.

Las investigaciones abarcan contrataciones relacionadas con instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las distribuidoras eléctricas Edenorte, Edeeste y Edesur.

El Ministerio Público sostiene que funcionarios y responsables de seguridad institucional habrían exigido o recibido pagos vinculados con esas contrataciones.

Entre los mecanismos investigados figuran transferencias bancarias y presuntas entregas de dinero en efectivo.

Más de RD$108 millones bajo investigación

El monto identificado por los fiscales asciende específicamente a RD$108,080,359.92, según la acusación.

Para el Ministerio Público, estos recursos formarían parte de un mecanismo sistemático de pagos destinado a beneficiar intereses privados dentro de diferentes instituciones estatales.

La defensa de cada uno de los imputados tendrá la oportunidad durante el proceso de cuestionar las pruebas, presentar incidentes y argumentos jurídicos y solicitar al tribunal el rechazo de la acusación cuando considere que no existen elementos suficientes para sustentarla.

Juez decidirá si el expediente llega a juicio

La audiencia de este lunes representa, por tanto, un filtro fundamental dentro del proceso penal.

Después de examinar las pruebas y escuchar los planteamientos del Ministerio Público y de las defensas, el juez podrá decidir cuáles imputaciones continúan y si procede dictar auto de apertura a juicio contra uno o varios de los acusados.

También podrá adoptar otras decisiones procesales respecto de aquellos contra quienes considere insuficientes los elementos presentados por la acusación.

Con el inicio de la audiencia preliminar, el caso Lobo entra así en una fase clave: por primera vez, un juez deberá valorar formalmente la acusación con la que el Ministerio Público pretende llevar a juicio a los señalados por un supuesto entramado de corrupción que habría movilizado más de RD$108 millones en sobornos vinculados a contratos de seguridad del Estado.