Nacionales
Nueve imputados en la Operación Búfalo se declaran culpables de cargos en su contra
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Publico desmantelo mediante la Operación Búfalo NK una red internacional de narcotráfico que operaba en Colombia, Puerto Rico Rico y Republica Dominicana, entre cuyos nueve integrantes todos se han declarado culpables de los cargos formulados en su contra.
De los imputados, cinco fueron condenados este miércoles mediante procedimientos abreviados, tras admitir su responsabilidad penal en los hechos presentados por los fiscales Jonathan Pérez Fulcar y Miguel Collado, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.Los otros cuatro esperan que un tribunal valide sus acuerdos.
La decisión fue adoptada por el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien acogió la solicitud del órgano acusador.
Según la Procuraduría General de la República, la contundencia de las pruebas presentadas motivó que los procesados aceptaran su culpabilidad en los delitos graves imputados
José Antonio Toribio fue declarado culpable de violar múltiples artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, relacionados con tráfico ilícito, lavado de activos y asociación criminal, así como del Código Penal.
Fue condenado a cinco años de prisión, de los cuales deberá cumplir ocho meses, con cuatro años y dos meses suspendidos, y deberá pagar una multa de 50,000 pesos.
Juan Bolívar Hernández también admitió su responsabilidad en los delitos de tráfico internacional de drogas, lavado de activos y asociación de malhechores. Fue sentenciado a cinco años de prisión, con suspensión de dos años y seis meses, y cumplirá el resto en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Felipe, de Puerto Plata.
El tribunal ordenó, además, el decomiso de 290,000 pesos dominicanos, 1,700 dólares y 50,450 pesos adicionales.
Robert Nicolás Acosta Adames fue condenado por los mismos delitos a siete años de prisión, de los cuales cumplirá tres años y seis meses, y el resto fue suspendido. Deberá pagar una multa de 50,000 pesos y cumplirá su condena en el CCR San Felipe de Puerto Plata.
Severiano Núñez Pichardo, igualmente vinculado a la red, fue sentenciado a cinco años de prisión, con tres años y nueve meses suspendidos, por lo que deberá cumplir un año y tres meses en prisión, además de una multa de 50,000 pesos.
Maritza Flete Santana fue condenada por violar el artículo 66 de la Ley 631-16 sobre armas de fuego, recibiendo una pena de tres años de prisión totalmente suspendidos, una multa equivalente a 25 salarios mínimos y el decomiso del arma incautada.
- La lectura íntegra de la sentencia fue programada para el 30 de julio de 2025.
Esta operación fue ejecutada en septiembre de 2024 por el Ministerio Público, en colaboración con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Ministerio de Defensa, agencias de inteligencia, la DEA y el Comando Sur de los Estados Unidos.
La red desmantelada operaba entre Colombia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Europa, utilizando embarcaciones para el tráfico internacional de drogas, con el objetivo de obtener millonarias ganancias ilícitas.
Un total de 10 personas fueron procesadas como parte de esta operación. De ellas, nueve han alcanzado acuerdos con el Ministerio Público, lo que, según la Procuraduría, refleja la solidez de la investigación y el compromiso de las autoridades en la lucha contra el narcotráfico transnacional.
Nacionales
Jueza escuchó varios testigos del Ministerio Público contra Elizabeth Silverio y aplaza juicio
SANTO DOMINGO.- La jueza de la Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Aplazan para marzo nuevo juicio contra Elizabeth Silverio por ejercicio ilegal de la medicina
Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
Nacionales
Aplazan para abril inicio de la audiencia preliminar del exjefe de la DEA en República Dominicana
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia concedió un aplazamiento de la audiencia inicial en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado abusando del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Motivos para la prórroga
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Nacionales
Tribunal ratifica medida de coerción contra ejecutivas del colegio Da Vinci por muerte de Stephora
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación ratificó la medida de coerción impuesta contra varias ejecutivas del colegio Leonardo Da Vinci, en el proceso judicial por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien falleció ahogada durante una excursión escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.