Nacionales
Nueve imputados en la Operación Búfalo se declaran culpables de cargos en su contra
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Publico desmantelo mediante la Operación Búfalo NK una red internacional de narcotráfico que operaba en Colombia, Puerto Rico Rico y Republica Dominicana, entre cuyos nueve integrantes todos se han declarado culpables de los cargos formulados en su contra.
De los imputados, cinco fueron condenados este miércoles mediante procedimientos abreviados, tras admitir su responsabilidad penal en los hechos presentados por los fiscales Jonathan Pérez Fulcar y Miguel Collado, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.Los otros cuatro esperan que un tribunal valide sus acuerdos.
La decisión fue adoptada por el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien acogió la solicitud del órgano acusador.
Según la Procuraduría General de la República, la contundencia de las pruebas presentadas motivó que los procesados aceptaran su culpabilidad en los delitos graves imputados
José Antonio Toribio fue declarado culpable de violar múltiples artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, relacionados con tráfico ilícito, lavado de activos y asociación criminal, así como del Código Penal.
Fue condenado a cinco años de prisión, de los cuales deberá cumplir ocho meses, con cuatro años y dos meses suspendidos, y deberá pagar una multa de 50,000 pesos.
Juan Bolívar Hernández también admitió su responsabilidad en los delitos de tráfico internacional de drogas, lavado de activos y asociación de malhechores. Fue sentenciado a cinco años de prisión, con suspensión de dos años y seis meses, y cumplirá el resto en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Felipe, de Puerto Plata.
El tribunal ordenó, además, el decomiso de 290,000 pesos dominicanos, 1,700 dólares y 50,450 pesos adicionales.
Robert Nicolás Acosta Adames fue condenado por los mismos delitos a siete años de prisión, de los cuales cumplirá tres años y seis meses, y el resto fue suspendido. Deberá pagar una multa de 50,000 pesos y cumplirá su condena en el CCR San Felipe de Puerto Plata.
Severiano Núñez Pichardo, igualmente vinculado a la red, fue sentenciado a cinco años de prisión, con tres años y nueve meses suspendidos, por lo que deberá cumplir un año y tres meses en prisión, además de una multa de 50,000 pesos.
Maritza Flete Santana fue condenada por violar el artículo 66 de la Ley 631-16 sobre armas de fuego, recibiendo una pena de tres años de prisión totalmente suspendidos, una multa equivalente a 25 salarios mínimos y el decomiso del arma incautada.
- La lectura íntegra de la sentencia fue programada para el 30 de julio de 2025.
Esta operación fue ejecutada en septiembre de 2024 por el Ministerio Público, en colaboración con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Ministerio de Defensa, agencias de inteligencia, la DEA y el Comando Sur de los Estados Unidos.
La red desmantelada operaba entre Colombia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Europa, utilizando embarcaciones para el tráfico internacional de drogas, con el objetivo de obtener millonarias ganancias ilícitas.
Un total de 10 personas fueron procesadas como parte de esta operación. De ellas, nueve han alcanzado acuerdos con el Ministerio Público, lo que, según la Procuraduría, refleja la solidez de la investigación y el compromiso de las autoridades en la lucha contra el narcotráfico transnacional.
Nacionales
Una promesa que nadie cree de Abinader de que se compromete a resolver problema eléctrico hasta el 2032
Santo Domingo, R.D.-En otra de sus afirmaciones sin base, el presidente Luis Abinader manifestó que su gestión de Gobierno trabaja para que la República Dominicana no tenga problemas en el sector eléctrico hasta el 2032.
Al participar en la conferencia–diálogo “Un Presidente Economista» en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), el mandatario señaló que cuando llegó a la Presidencia de la República en agosto del 2020, la demanda energética era igual a la oferta de las generadoras eléctricas.
El mandatario enfatizó que así como él se «adelantó a los acontecimientos», los próximos presidentes también deberán de adelantarse para evitar que los afecte una crisis eléctrica.
«Los otros gobiernos van a tener también que adelantarse para que todos los años crezcan. Cuando yo llegué al gobierno, el consumo máximo de la zona fría era 2,650 megas. Hoy es de 4,300», indicó.
Las declaraciones del presidente surgen luego de que varios sectores hayan del Gran Santo Domingo, y otras partes días, denunciarán largas tandas de apagones.
El presidente Luis Abinader durante el conversatorio organizado en IntecJorge Martínez
Al responder la pregunta de uno de los estudiantes, el presidente señaló que el tema energético fue solo una de las «crisis y crisis» que le han tocado en sus casi seis años a cargo del Poder Ejecutivo.
«Yo entré con la pandemia. La pandemia, imagínense, llevamos año y medio con el país encerrado y el tema era que hasta qué hora es que se va a permitir, hasta la 10:00 de la noche o hasta las 11:00 y nosotros luchando para que el turismo abra. Fuimos el país que primero recuperó el turismo en el mundo. Pero al mismo tiempo, con esta situación planificamos, también las grandes obras y el desarrollo de infraestructura básica», explicó.
El mandatario indicó que a pesar que de esos temas, hay que planificar las obras de infraestructura por el bien y desarrollo del país.
Abinader indicó que en su mandato se han enfocado en la construcción de acueductos y mejora de otros para mejorar el sistema de agua potable del país.
«Durante muchos años no se hicieron acueductos para el gran Santo Domingo. Nosotros ya le hemos agregado. Hicimos el acueducto de barrera de salinidad, que le estamos agregando 4 metros cúbicos. A finales de este año le vamos a agregar, con una mejoría de Valdesia, a 2 metros cúbicos de agua. Y estamos haciendo el de Hatillo para 10 años. Le vamos a dar un metro cúbico a Cotuí y los otros para la capital», exclamó.
Santo Domingo, R.D.-El creador de contenido Angel Martinez fue condenado este jueves por la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional a seis meses de prisión tras hallarlo culpable de difamar e injuriar a Milagros De Camps Germán, exviceministra de Medio Ambiente.
La jueza Luz Almonte también condenó a Martínez a pagar una indemnización de 10 millones de pesos por los daños ocasionados a la exfuncionaria.
Asimismo, deberá cumplir condena en el centro de corrección Haras Nacionales en Santo Domingo Norte.
Según la querella, la narrativa fue amplificada con «lenguaje burlón», imágenes manipuladas y afirmaciones ajenas a la verdad, en lo que la parte accionante describe como una campaña de difamación sistemática y viral.
Este mismo tribunal dictó tres meses de prisión suspendida contra Ángel Martínez el pasado miércoles, tras declararlo culpable de difamación e injuria en perjuicio del diputado Sergio Gory Moya.
Asimismo, sostuvo que durante el proceso el imputado no logró demostrar las acusaciones realizadas contra el legislador.
Santo Domingo, D. N.—Un acuerdo de aumento salarial fue anunciado por el Consejo del Poder Judicial tras negociaciones en las que participó el Ministerio de Hacienda y Economía que incluye la indexación salarial de jueces y servidores judiciales, cuyo resultado es del diálogo técnico sostenido entre ambas instituciones desde julio del pasado año en el marco del Plan Justicia del Futuro 2034.
Se trata del incremento salarial más significativo que recibe el Poder Judicial desde 2017, posible gracias a la asignación de fondos acordada con el Gobierno tras más de un año de conversaciones. El acuerdo refleja el compromiso sostenido de la actual gestión con la mejora de las condiciones de trabajo de todos los profesionales que integran el sistema de justicia.
En tal sentido, se anunció un incremento general de 30% para los jueces, juezas y puestos administrativos, distribuido en 20% en 2026 y 10% en 2027. Mientras que para el personal de apoyo jurisdiccional —secretarias, abogados ayudantes y oficinistas— se contemplan ajustes superiores, de entre 35% y 50% según el puesto y la instancia, los cuales serán aplicados de forma escalonada en 2026 y 2027.
El anuncio se realizó durante una reunión con una representación amplia de jueces y servidores judiciales, en la que el Consejo presentó, además, un conjunto de decisiones orientadas a fortalecer el sistema de justicia.
La reunión, encabezada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Henry Molina, contó con la participación de todos los integrantes del Consejo del Poder Judicial, y de una representación de dos jueces por cada instancia, dos representantes de cada asociación de jueces, dos representantes de los firmantes de la comunicación del 8 de mayo de 2026 y dos representantes de los servidores judiciales, con equidad de género y pluralidad de voces. El Consejo escuchó de manera directa sus inquietudes y propuestas, y reconoció el valor de los planteamientos recibidos como insumo para fortalecer la institución.
El Consejo instruyó completar de manera inmediata el pago de las compensaciones por suplencia de jueces, de forma retroactiva al mes de mayo en los casos que aplique.
Fueron aprobadas 121 propuestas de ascensos y traslados de jueces, conforme a la Ley núm. 327-98 sobre Carrera Judicial. El Consejo dispuso continuar con las fases pendientes del proceso de provisión de cargos, incluida la evaluación de plazas de jueces de Paz, y remitir al Pleno de la Suprema Corte de Justicia la propuesta del proceso de Provisión de Cargos Judiciales de 2024 una vez resueltas las reconsideraciones.
Se aprobaron 144 acciones de personal —119 jurisdiccionales y 25 administrativas— para cubrir vacantes en tribunales. El Consejo dispuso, asimismo, la fijación inmediata, sin evaluación de período probatorio, de los servidores judiciales interinos con seis meses o más de antigüedad. Quienes tengan menos de seis meses podrán ser fijados tras una evaluación satisfactoria.
En el marco del Plan Justicia del Futuro 2034, el Consejo aprobó la creación de la Estrategia de Gobernanza Territorial y Participativa como mecanismo permanente del Poder Judicial. Las mesas departamentales y distritales se constituirán en un plazo no mayor de quince días, para identificar y dar seguimiento a las necesidades prioritarias de cada territorio.
En los próximos días y semanas, el Consejo dará curso a la tramitación administrativa de los pagos por suplencia; comunicará las propuestas de ascensos y traslados; constituirá las mesas departamentales y distritales; ejecutará las acciones de fijación de servidores interinos; y presentará, en un plazo de noventa días, los ajustes al Plan Presupuestal, POA y PACC con los hallazgos del portafolio territorial de iniciativas priorizadas.
El Consejo del Poder Judicial reiteró su disposición a mantener canales permanentes de diálogo con jueces y servidores judiciales, y a avanzar de manera conjunta en el fortalecimiento del sistema de justicia.