Santo Domingo, RD.-La Operación Coral que se inició con unos 27 allanamientos en distintas partes del país constituye un ataque feroz en contra de la corrupción en el Estado por parte de la Procuraduría General de la República encabezada por Miriam Germán Brito.Más Noticias
Estrategia de lavado de activos y corrupción en las propias narices del ex-presidente Danilo Medina.
Santo Domingo, RD.-La Operación Coral que se inició con unos 27 allanamientos en distintas partes del país constituye un ataque feroz en contra de la corrupción en el Estado por parte de la Procuraduría General de la República encabezada por Miriam Germán Brito.El Ministerio Público, encabezado por los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, le seguía el rastro a seis personas a las que acusa de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos, entre otros delitos.
En la solicitud de medida de coerción depositada el pasado lunes por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) se relatan los presuntos “actos ilícitos” del exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia de la República durante el mandato de Danilo Medina, Adan Cáceres Silvestre, y del teniente coronel de la Policía Nacional, Rafael Núñez De Aza.
Según la Pepca, los imputados colocaron activos en la banca nacional creando certificados financieros tanto en pesos dominicanos como en dólares estadounidenses, los cuales servían de soporte para tomar préstamos que eran pagados en “tiempo récord” sin siquiera haber tocado los valores de los certificados.
“(…) Llamando poderosamente la atención la incongruencia de recibir un aproximado de un 5% anual de intereses por un certificado financiero, mientras que un préstamo en esa misma entidad bancaria paga 20% de interés lo que no es rentable a menos que se esté detrás de una maniobra fraudulenta de lavado de capitales”, se lee en el documento.
Así, según el órgano persecutor, Núñez De Aza y Cáceres Silvestre obtenían prestamos de forma recurrente, dejando certificados financieros y fondos de inversiones fijos por más de cinco años.
De acuerdo con informaciones obtenidas de la Superintendencia de Bancos, en una cuenta del Banco de Reservas a nombre de Núñez De Aza se movilizó un total de RD$177,195,942.05, monto que según la Pepca genera cierta disonancia de los ingresos reportados por el imputado ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), los cuales ascienden a RD$43,179,805.45.
“Lo cual muestra que estamos en presencia de la omisión de reporte de ingresos financieros, nos sitúa en la comisión de delitos en contra del fisco”, se lee en parte de la solicitud.
No obstante, la pérdida económica como resultado de la diferencia entre la tasa de préstamos y el certificado financiero no fue una “limitante” para el teniente coronel Núñez De Aza, ya que la Pepca señala que esto sólo fue una “estrategia de colocación” para lavar activos provenientes de los delitos de corrupción.
El documento indica que el dinero fue a parar a la cuenta personal de Núñez De Aza, quien según informaciones suministradas por la DGII presentó cheques para la adquisición de bienes que se encuentran a su nombre, pero por “labores de inteligencia” no los disfruta.
Y aquí se involucran otros dos imputados en el caso: la pastora evangélica Rossy Guzmán Sánchez y el cabo Tanner Antonio Flete Guzmán.
De acuerdo con la Pepca, se emitían cheques desde la cuenta bancaria de Núñez De Aza a nombre de la pastora y del cabo con la finalidad de “colocar activos del crimen”.
Asimismo, la solicitud apunta que el cabo de la Policía Nacional, Eric Daniel Pereyra Núñez, “colaboraba constantemente en la movilización de fondos” bajo la orden del teniente coronel Núñez De Aza.
“Pues este (Pereyra Núñez) se acostumbraba a librar cheques a su nombre y entregar dinero en efectivo que posteriormente era depositado en las cuentas de las empresas y personas físicas del entramado Asociación Campesina Madre Tierra, Único Real State e Inversiones SRL”, establece la Pepca.
Dentro de los depósitos realizados por el cabo Pereyra Núñez a las empresas, el más cuantioso fue uno hecho el 8 de junio del año pasado a Único Real State e Inversiones SR por un monto de RD$1,582 millones.
Adquisición de bienes e inmuebles
El órgano persecutor señala que en este proceso el activo sufre una “transformación” y se constituyen las compañías Randa Internacional Company EIRL, CSNA Universo Empresarial SRL y Aldom Glass Alumiminium SRL, a través de las que Núñez De Aza adquiría vehículos de motor de alta gama, operadores de trabajo, terrenos rurales, villas turísticas, casas suntuosas y otros bienes.
“(…) bajo una sombrilla que le permite ocultar el verdadero origen de los bienes que viene siendo la práctica más común en materia de lavado de capitales”, indica la Pepca.
La compra de un vehículo de alta gama, bajo el nombre de “préstamo Camaro”, fue una de las transacciones realizadas por “uno de los cerebros financieros principales”, según la Pepca.
La solicitud de coerción también señala al policía Cristhian Serrano como un “ente común de la red criminal de lavado de activos”, ya que desde la empresa Randa Internacional se emitían cheques a su nombre.
En el 2019 Serrano recibió de Randa Internacional la suma de RD$7,291,421.96.
“Con esto se cumple la etapa de la diversificación del lavado de activos al momento que presenta operaciones comerciales con la red vinculada entre los imputados e imputada, simulando una apariencia de legalidad para la adquisición de vehículos de motor y bienes inmuebles en diversas zonas del país”, se lee en el documento.
Implicados en el caso
Hasta el momento, la Pepca solicita medida de coerción por un año contra Adán Benoni Cáceres Silvestre, Rafael Núñez De Aza, Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, la Pastora; Raúl Alejandro Girón Jiménez, Tanner Antonio Flete Guzmán y Alejandro José Montero Cruz.
Así como contra las personas morales Único Real State e Inversiones SRL, Asociación Campesina Madre Tierra, CSNA Universo Empresarial SRL, Aldom Glass Alumimium SRL, Randa Internacional Company EIRL y RG&S Soluciones Financieras SRL.
El Ministerio Público depositó por ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional la solicitud de medida de coerción en contra de los imputados, así como dos cajones con documentos aportados como pruebas.
Los imputados están detenidos en el Centro de Atención y Privación de Libertad Ciudad Nueva (CAPLIP-2), que está bajo custodia del Modelo de Gestión Penitenciaria.
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
Además, la iniciativa establece que el uso del apellido del cónyuge no implicaría un cambio en el nombre legal de la persona ni modificaría los datos consignados en el acta de nacimiento, sino que tendría un carácter complementario en el documento de identidad.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
Posibilidad de eliminar el apellido
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
La propuesta establece que correspondería a la Junta Central Electoral implementar, regular y ejecutar la ley, conforme a lo dispuesto en la Ley 4-23 Orgánica del Registro Civil.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
De acuerdo con la instancia depositada en el Departamento de Investigación de Violencia Física (Homicidios), los representantes legales sostienen que la actuación del oficial constituye un abuso de autoridad y un uso desproporcionado de la fuerza, en circunstancias que no representaban peligro.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
La actividad tuvo lugar en el Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz, donde jóvenes policías, tanto masculinos como femeninos, se concentraron desde tempranas horas, listos para ser enviados a distintos puntos estratégicos del país.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Durante el acto se destacó el compromiso la disciplina y la vocación de servicio de estos jóvenes, quienes asumirán la responsabilidad de reforzar la presencia policial en carreteras, balnearios, centros turísticos y zonas urbanas de alta movilidad.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.