Santo Domingo, RD.-La Operación Coral que se inició con unos 27 allanamientos en distintas partes del país constituye un ataque feroz en contra de la corrupción en el Estado por parte de la Procuraduría General de la República encabezada por Miriam Germán Brito.Más Noticias
Estrategia de lavado de activos y corrupción en las propias narices del ex-presidente Danilo Medina.
Santo Domingo, RD.-La Operación Coral que se inició con unos 27 allanamientos en distintas partes del país constituye un ataque feroz en contra de la corrupción en el Estado por parte de la Procuraduría General de la República encabezada por Miriam Germán Brito.El Ministerio Público, encabezado por los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, le seguía el rastro a seis personas a las que acusa de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos, entre otros delitos.
En la solicitud de medida de coerción depositada el pasado lunes por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) se relatan los presuntos “actos ilícitos” del exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia de la República durante el mandato de Danilo Medina, Adan Cáceres Silvestre, y del teniente coronel de la Policía Nacional, Rafael Núñez De Aza.
Según la Pepca, los imputados colocaron activos en la banca nacional creando certificados financieros tanto en pesos dominicanos como en dólares estadounidenses, los cuales servían de soporte para tomar préstamos que eran pagados en “tiempo récord” sin siquiera haber tocado los valores de los certificados.
“(…) Llamando poderosamente la atención la incongruencia de recibir un aproximado de un 5% anual de intereses por un certificado financiero, mientras que un préstamo en esa misma entidad bancaria paga 20% de interés lo que no es rentable a menos que se esté detrás de una maniobra fraudulenta de lavado de capitales”, se lee en el documento.
Así, según el órgano persecutor, Núñez De Aza y Cáceres Silvestre obtenían prestamos de forma recurrente, dejando certificados financieros y fondos de inversiones fijos por más de cinco años.
De acuerdo con informaciones obtenidas de la Superintendencia de Bancos, en una cuenta del Banco de Reservas a nombre de Núñez De Aza se movilizó un total de RD$177,195,942.05, monto que según la Pepca genera cierta disonancia de los ingresos reportados por el imputado ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), los cuales ascienden a RD$43,179,805.45.
“Lo cual muestra que estamos en presencia de la omisión de reporte de ingresos financieros, nos sitúa en la comisión de delitos en contra del fisco”, se lee en parte de la solicitud.
No obstante, la pérdida económica como resultado de la diferencia entre la tasa de préstamos y el certificado financiero no fue una “limitante” para el teniente coronel Núñez De Aza, ya que la Pepca señala que esto sólo fue una “estrategia de colocación” para lavar activos provenientes de los delitos de corrupción.
El documento indica que el dinero fue a parar a la cuenta personal de Núñez De Aza, quien según informaciones suministradas por la DGII presentó cheques para la adquisición de bienes que se encuentran a su nombre, pero por “labores de inteligencia” no los disfruta.
Y aquí se involucran otros dos imputados en el caso: la pastora evangélica Rossy Guzmán Sánchez y el cabo Tanner Antonio Flete Guzmán.
De acuerdo con la Pepca, se emitían cheques desde la cuenta bancaria de Núñez De Aza a nombre de la pastora y del cabo con la finalidad de “colocar activos del crimen”.
Asimismo, la solicitud apunta que el cabo de la Policía Nacional, Eric Daniel Pereyra Núñez, “colaboraba constantemente en la movilización de fondos” bajo la orden del teniente coronel Núñez De Aza.
“Pues este (Pereyra Núñez) se acostumbraba a librar cheques a su nombre y entregar dinero en efectivo que posteriormente era depositado en las cuentas de las empresas y personas físicas del entramado Asociación Campesina Madre Tierra, Único Real State e Inversiones SRL”, establece la Pepca.
Dentro de los depósitos realizados por el cabo Pereyra Núñez a las empresas, el más cuantioso fue uno hecho el 8 de junio del año pasado a Único Real State e Inversiones SR por un monto de RD$1,582 millones.
Adquisición de bienes e inmuebles
El órgano persecutor señala que en este proceso el activo sufre una “transformación” y se constituyen las compañías Randa Internacional Company EIRL, CSNA Universo Empresarial SRL y Aldom Glass Alumiminium SRL, a través de las que Núñez De Aza adquiría vehículos de motor de alta gama, operadores de trabajo, terrenos rurales, villas turísticas, casas suntuosas y otros bienes.
“(…) bajo una sombrilla que le permite ocultar el verdadero origen de los bienes que viene siendo la práctica más común en materia de lavado de capitales”, indica la Pepca.
La compra de un vehículo de alta gama, bajo el nombre de “préstamo Camaro”, fue una de las transacciones realizadas por “uno de los cerebros financieros principales”, según la Pepca.
La solicitud de coerción también señala al policía Cristhian Serrano como un “ente común de la red criminal de lavado de activos”, ya que desde la empresa Randa Internacional se emitían cheques a su nombre.
En el 2019 Serrano recibió de Randa Internacional la suma de RD$7,291,421.96.
“Con esto se cumple la etapa de la diversificación del lavado de activos al momento que presenta operaciones comerciales con la red vinculada entre los imputados e imputada, simulando una apariencia de legalidad para la adquisición de vehículos de motor y bienes inmuebles en diversas zonas del país”, se lee en el documento.
Implicados en el caso
Hasta el momento, la Pepca solicita medida de coerción por un año contra Adán Benoni Cáceres Silvestre, Rafael Núñez De Aza, Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, la Pastora; Raúl Alejandro Girón Jiménez, Tanner Antonio Flete Guzmán y Alejandro José Montero Cruz.
Así como contra las personas morales Único Real State e Inversiones SRL, Asociación Campesina Madre Tierra, CSNA Universo Empresarial SRL, Aldom Glass Alumimium SRL, Randa Internacional Company EIRL y RG&S Soluciones Financieras SRL.
El Ministerio Público depositó por ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional la solicitud de medida de coerción en contra de los imputados, así como dos cajones con documentos aportados como pruebas.
Los imputados están detenidos en el Centro de Atención y Privación de Libertad Ciudad Nueva (CAPLIP-2), que está bajo custodia del Modelo de Gestión Penitenciaria.
Santo Domingo. – Este jueves la Policía Nacional informó que detuvo cuatro hombres involucrados en el robo de fundas con alimentos de primera necesidad, sustraídos de varios camiones que transitaban por la avenida del Puerto del Distrito Nacional.
El cuerpo del orden dijo que los detenidos son Aaron Ezequiel Cabrera, de 36 años; Breilin José Vizcaíno Capellán, de 18; Ángel Reguillo Emiliano, de 26, y Miyel Ambiórix Morillo, de 27, todos residentes en la citada demarcación.
Según la entidad, la detención fue realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes actuaron de manera inmediata tras dar seguimiento a los responsables, identificados a través de un video que se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación.
Los cuatro apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
La Policía Nacional reafirma su compromiso de actuar con prontitud frente a hechos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana.
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Presidente de la República solicita al Congreso agilizar modificación de ley de Compras y Contrataciones.
Santo Domingo, R.D.- Luis Abinader solicitó este jueves al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto que modificaría la ley de Compras y Contrataciones, la cual tiene el objetivo de establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.
Esta normativa, que fue propuesta por la exsenadora y ministra de Interior y Policía, Faride Raful, derogará la Ley 340-60, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que data del 2006.
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que una de las tareas fundamentes de esta nueva ley es devolver el sistema de consecuencias, que fue eliminado en el mismo año que fue aprobada.
«Hay que decir que quienes aprobaron la ley de Contrataciones en el 2006, en el mismo año la modificaron y la extirparon, le eliminaron el régimen de consecuencias. En el 2006, con esa acción, se sembró el régimen de impunidad en la República Dominicana«, afirmó.
El mandatario y Pimentel hablaron del tema al encabezar el acto en el que se anunció que República Dominicana fue escogida por primera vez como sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), la cual se llevará a cabo en el 2026.
Prohibiciones que propone proyecto de ley
- El artículo 25 prohíbe a los exfuncionarios gestionar o representar intereses privados y particulares ante la institución a la que prestaron sus servicios, o ante las instituciones que les sean subordinadas, durante los 12 meses siguientes a la fecha de su salida del cargo.
- También castiga con uno a tres años de prisión a los que incurran en falsedad en las declaraciones juradas requeridas para registrarse como proveedor del Estado o para participar de un procedimiento de contratación.
- Además, sanciona con dos a cinco años de prisión y hasta multa de 50 salarios mínimos a los servidores del Estado que, en ejercicio de sus funciones intervengan en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, de manera dolosa, en violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones previsto en la presente ley.
- El proyecto establece que, cada institución contratante deberá contar con un apartado integrado a su portal institucional en donde se agrupen las informaciones y documentaciones relativas a su actividad contractual, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a estas.
- Establece que los proveedores podrán subcontratar la realización parcial de las prestaciones requeridas por hasta 30 % del monto del contrato, siempre que la persona propuesta cumpla con los requisitos de la ley.
Santo Domingo, R.D.-Las solicitudes de convocatoria de elecciones extraordinarias en La Vega fueron rechazadas este jueves por la Junta Central Electoral (JCE).
El órgano indicó que no tiene competencia legal para convocar a elecciones extraordinarias en el municipio, pese al vacío que se generó hace tres meses con la renuncia del alcalde Kelvin Cruz y la vicealcaldesa Amparo Custodio.
En sus motivaciones, la JCE acotó que la Ley 20-23, de Régimen Electoral, solo la faculta a convocar elecciones extraordinarias cuando se anulan las anteriores, aspecto que no ocurrió en este caso de La Vega.
«De la lectura del referido numeral 2 del artículo 95 se comprueba claramente que el legislador dominicano, al momento de definir los casos en los que procedería a convocar elecciones extraordinarias, no contempló el escenario que alegan los solicitantes, de lo cual se deduce que no existe competencia legal para que la Junta Central Electoral proceda a la convocatoria de elecciones extraordinarias en el municipio La Concepción de La Vega«, expresó el pleno del organismo electoral en uno de sus considerandos.
El exalcalde Kevin Cruz fue escogido con el 73 % de los votos de La Vega, fue juramentado en el cargo y lo asumió por casi cuatro meses, antes de que el presidente Luis Abinader lo designara ministro de Deportes. Su vicealcaldesa, Amparo Custodio, quien podía sucederlo en el puesto, renunció indicando que ese cargo debía ocuparlo un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que ganó la plaza.
Sin embargo, para resolver este impasse, la semana pasada el Concejo de Regidores de La Vega, revocó la renuncia de Custodio para que esta regresara a la alcaldía y el pasado 15 de noviembre fue juramentada como la nueva alcaldesa.
No obstante, los partidos de oposición Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD) insisten en que el Concejo de Regidores no tiene facultad para nombrar alcaldes. Los dos partidos han sometido recursos ante la justicia para tratar de revertir la decisión de los regidores.