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Fiscalía de Santiago dice Operación Falcón es el primer caso judicializado en el país.
La fiscal adjunta de Santiago, Surelis Jáquez, expresó que los narcotraficantes pensaron que esos dispositivos no podían ser interceptados, por lo que asegura, utilizaban esta modalidad para realizar las coordinaciones de narcotráfico y lavado de activos.
«Hemos depositado miles de páginas de interceptaciones telefónicas a esa tecnología utilizada por organizaciones criminales», declaró Jáquez.
Las declaraciones de la funcionaria judicial fueron emitidas tras salir de la sala de audiencia dónde la jueza Iris Borgen, de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santiago, conoce la solicitud de 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra 23 de los 27 imputados en la supuesta red de lavado de activos y narcotráfico desmantelada mediante la Operación Falcón.
Durante la vista, que se inició el pasado lunes y continúa mañana jueves, los abogados de los imputados empezaron a presentar sus argumentos de defensa. Este miércoles solo seis argumentaron.
Los juristas iniciaron con sus exposiciones luego de que el Ministerio Público concluyó la presentación de hechos que sustentan la medida y la motivación para que el caso sea declarado complejo.
Lizbeth de la Cruz, abogada de María Olimpia Tavares Rodríguez, calificó como un exceso la solicitud de 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción realizada por el órgano acusador.
“En nuestro cliente ellos –el Ministerio Público- no cuenta con pruebas para demostrar los hechos que le imputan”, externó la jurista.
Emil Chahín, defensor de Yana Iris Maldonado Castro, asegura que el Ministerio Público no ha mostrado un solo documento de pruebas que vincule a su cliente con la presunta organización.Imputados
Los imputados son María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y/o La Princesa); Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Julio César Jiménez Talavera (domínico-venezolano) y Juan Bautista Carpio Reynoso.
También, José Alejandro de la Cruz Morales (Omar La Moña); Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez, Felipe Espino Germán, Andrés Guzmán Collado y Amadeo Garibaldi Read Ruiz.
Cabecilla
El grupo es acusado de pertenecer a una red que lideraba el prófugo Erick Mosquea Polanco.
Continuarán los operativos
Andrés Mena, también fiscal adjunto de Santiago, aseguró que los operativos continúan en búsqueda del presunto cabecilla de la red, Erick Mosquea Polanco, presunto cabecilla.
La audiencia para continuar con la solicitud de las medidas de coerción contra los 23 de los 27 imputados de formar parte de la supuesta red de lavado de activos provenientes del narcotráfico continuará mañana a las 9:30 de la mañana tras recesar la tarde de hoy.
Santo Domingo, R.D.-Con motivo al aniversario 182 de la Batalla del 19 de Marzo, militares y combatientes constitucionalistas se dieron cita este viernes en el Altar de la Patria para rendir homenaje a los héroes que protagonizaron este hecho en la historia dominicana.
Durante este acto, el presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas del 24 de Abril de 1965, Andrés Fortunato, destacó la importancia de este hecho, señalando que fue determinante para consolidar las posibilidades de la independencia nacional.
Fortunato explicó que si las tropas encabezadas por el general haitiano Charles Hérard hubiesen logrado avanzar hacia la capital con su ejército, el destino de la nación habría sido distinto, comprometiendo la soberanía dominicana.
El presidente de la fundación destacó el papel del general Pedro Santana, quien logró detener el avance de las fuerzas haitianas en Azua, impidiendo su paso y evitando que se concretaran planes de unificación de la isla.
“Si Charles Hérard hubiera llegado a la capital con los 10,000 soldados que vino y Santana no lo para en Azua y le impide pasar nosotros hoy fueramos haitianos”, expresó.
El dirigente calificó la Batalla del 19 de Marzo como “una hazaña “que debe ser recordada permanentemente, al considerar que marcó el camino para la defensa del país frente a cualquier amenaza extranjera.
“Esa hazaña hay que recordarla permanentemente en este país, esa hazaña es realmente la que nos ha permitido ser dominicanos y nos enseñó a combatir a todos los sectores extranjeros que vinieron como fueron los españoles después y los americanos, que la crisis de 16 de junio no pudieron tomar la ciudad nueva y derocar al gobierno constitucional en arma de Francisco Alberto Caamaño Deñó”, agregó.
Asimismo, relacionó ese espíritu de lucha con episodios anteriores de la historia, como la resistencia ante intervenciones extranjeras, incluyendo la defensa del gobierno constitucional encabezado por Caamaño Deñó en 1965.
Fortunato aprovechó el momento para denunciar supuestas irregularidades en la zona fronteriza, donde, según indicó, se estarían cobrando altas sumas de dinero para permitir el ingreso ilegal de ciudadanos extranjeros, lo que calificó como una traición a la patria.
Ante esta situación, hizo un llamado a las autoridades a investigar y sancionar a los responsables, al tiempo que insistió en la necesidad de reforzar los controles migratorios para preservar la seguridad nacional.
También advirtió sobre el crecimiento de las bandas armadas en Haití y alertó sobre posibles intereses internacionales vinculados a recursos estratégicos, como las tierras raras, subrayando la importancia de mantener la soberanía y la vigilancia ante cualquier escenario que pueda poner en riesgo la estabilidad de la República Dominicana.
SANTO DOMINGO.- Una mujer acusada de agredir y herir con un arma blanca a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) será sometida a la justicia.
El vocero de la entidad, Rafael Tejeda Baldera, explicó que el agente afectado se encuentra en proceso de recuperación tras las heridas sufridas durante el incidente.
Tejeda Baldera destacó que en este caso no existía ninguna situación de tránsito ni fiscalización por infracción que justificara un enfrentamiento con la autoridad.
- «Es un hecho lamentable y deplorable, ya que no hubo ningún motivo relacionado con tránsito que provocara esta agresión contra el agente”, expresó.
Indicó además que el caso ya está en manos de la justicia, con los tribunales apoderados y los procesos legales en curso para determinar las responsabilidades correspondientes.
La institución reiteró su llamado al respeto hacia las autoridades y confió en que la acusada responda ante la ley por sus acciones.
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Derechos de autor por TV en clinicas y hoteles se conoce en el el Tribunal Constitucional.
Santo Domingo, R.D.-Un caso que enfrenta a productores audiovisuales y establecimiento comerciales por el pago de derechos de autor por televisores con servicio por cable y que se conocia en el Tribunal Constitucional (TC), cuya alta corte anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia mediante la TC/0118/26 de la Suprema que ordenó emitir un nuevo fallo.
Aunque el conflicto gira en torno a si clínicas, hoteles y otros negocios deben pagar regalías por exhibir contenidos televisivos, el alto tribunal no resolvió ese punto y devolvió el caso para que sea decidido nuevamente.
La decisión se produjo al conocer un recurso presentado por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda) contra una sentencia de la Primera Sala de la Suprema que había rechazado su demanda contra el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González.
La entidad sostiene que ese tipo de exhibición constituye un acto de «comunicación pública» de obras protegidas, lo que genera el derecho de los autores y productores a recibir una remuneración.
El alto tribunal también consideró que exigir el pago a la clínica podría implicar un cobro duplicado, debido a que las compañías de cable ya pagan licencias por la retransmisión de los programas.
El TC anuló esa decisión, pero no por estar en desacuerdo con ese criterio, sino porque la Suprema basó parte de su razonamiento en la existencia de un supuesto contrato de servicio de cable que no fue incorporado al expediente ni debatido por las partes.
Para el TC, sustentar una sentencia en hechos no probados vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción, por lo que ordenó devolver el caso para que sea decidido nuevamente.
Pese a que el fondo del conflicto sigue sin resolverse, la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa) calificó la decisión como un fallo «histórico» que fortalece la protección del derecho de autor en el país.
La entidad afirmó que la sentencia reafirma principios como el derecho exclusivo de los productores a autorizar la comunicación pública de sus obras, incluyendo su exhibición en habitaciones de clínicas y hoteles.
«El respeto al derecho de autor constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas», expresó su director gerente, Nelson Jiménez Cabrera.
Sin embargo, la sentencia TC/0118/26 no valida esa interpretación ni establece quién debe pagar en estos casos, ya que se limitó a anular la decisión de la Suprema por fallas en su motivación.