Opinión
Operación Halcón IV, acoso criminal a Miriam y narco-estado
Por Narciso Isa Conde
Al mundo podría parecerle extraño que la Procuradora General de la República, Miriam German Brito este bajo acoso criminal de personeros del bajo mundo de las drogas y que el enorme OPERACIÓN POLICIAL-MILITAR, -bautizada HALCON lV (más de 1,300 efectivos de tropas especiales y 71 fiscales- puesta en marcha contra conocidas guaridas del crimen organizado en la Región Norte de la República Dominicana, y anunciada espectacularmente ante nuestro país y a nivel internacional, haya concluido con tres delincuentes presos y un pedido de repatriación de un capo con residencia en España y ubicación desconocida.
Todo un fiasco, mientras tanto.
Un fiasco fríamente calculado que tiene una explicación que puede ser muy útil para la sociedad dominicana y para países latino-caribeños donde se presentan circunstancias parecidas, que una circunstancia excepcional, ha catapultado a la superficie.
Alerta. El acoso criminal a la incorruptible y valiente Magistrada Germán se sustenta en multi poder mafioso, en circunstancias en que ella es una pequeña isla de dignidad en un pantano putrefacto; designada en ese cargo por la formidable presión de un pueblo que se movilizó durante tres años por el fin de la corrupción y la impunidad, y forzó al nuevo presidente –luego de un prolongado del reinado pestilente de los Gobierno anteriores- a nombrarla en tan delicadas funciones.
Su trayectoria, aun medio de tantas adversidades, han logrado conquistar el corazón de su pueblo y el odio de los malvados de diferentes pintas, embargados de temores no sólo por los procesos judiciales emprendido, sino –y sobre todo- por lo que pueda hacer o denunciar.
Miriam, ubicada así en un régimen atado a la decadencia y gansterización del capitalismo central y periférico de estos tiempos, es un ícono del poder moral de la Nación, imposible de destituir sin el costo adicional de una alta impopularidad para un Presidente en plan reeleccionista y montado sobre un proceso recolonizador y ultra neoliberal desgastante, regenteando un Estado delincuente-impenitente.
El método para inutilizara Miriam debe ser otro, pero también comienza a fallar en tanto la Magistrada a nivel de sociedad está rodeada de amor y solidaridad.
• EL FIASCO DE LA OPERACIÓN HALCÓN OBEDECE A LAS COMPLICIDADES DE SUS TUTORES.
Al descubrir las profundidades de la amenaza de muerte a Miriam German y a su hijo, no es difícil arribar con certeza a la conclusión de que se trata de una reacción de un Estado Delincuente que anida en sus entrañas -y sobre todo en sus alturas- un narco-poder que le imprime las características de NARCO-ESTADO.
Es el caso de una narco-economía en expansión, gravitando sobre un poder temporal, renovable por votaciones; y sobre un poder permanente, que no pasa por ellas.
En ese orden sería interesante cuantificar cuánto representan en dólares los ingresos por narcotráfico y sus correspondientes modalidades de lavado, estableciendo las debidas comparaciones con los montos por remesas, turismo y exportaciones de bienes. Incluso hay formas de contaminar una parte de las remesas.
Pero de todas maneras es claro que aquí, escenario del tráfico internacional Sur-Norte, abundan los capitales y fortunas con pinta narcótica, así como los altos y medianos funcionarios civiles y militares, y dirigentes políticos enriquecidos a través de sus asociaciones delictivas con carteles locales y transnacionales.
• UNA CONFABULACIÓN DE VARIADOS AUTORES.
Narco-corrupción y corrupción gubernamental, corrupción política-gubernamental y corrupción empresarial se entremezclan.
La narco-política es por lo menos prima hermana del resto de la corrupción relacionada con el Estado. Y aunque compiten sus autores y beneficiarios, y hasta se matan entre sí, mafias y clase dominante-gobernante que no se suicidan, son solidarias y confluyen en la maldad criminal cuando se inician procesos contra la impunidad que los ha protegido por décadas.
Ese es el caso que nos ocupa y persigue matar con balas o con “cuchillito de palo” el embrión de justicia en el vientre de la madre.
Contra Miriam German confluyen todos los odios de las diversas mafias y narco-mafias que se sienten inseguras a partir de las operaciones anti-impunidad puestas en marcha, de la instrumentación de algunas restricciones y de los temores generados por otras medidas que pueden estar en la gatera.
La saben indoblegable, no solo por honesta a carta cabal, sino por absolutamente independiente de todos los poderes locales y transnacionales establecidos y operantes sobre el Estado, lo que no pasa con otras instancias y vertientes de la entidad que dirige.
Ella –reitero- no fue una simple designación, sino una conquista del PUEBLO VESTIDO DE VERDE, imposible de revocar sin pagar un enorme costo político de impopularidad.
Su prestigio y el aprecio bien ganado en nuestra sociedad le da poder y cancelarla no es fácil para un régimen cuya gestión en favor de las elites capitalistas ya está deteriorando su luna de miel con una parte del pueblo y afectando sus ventajas comparativas con el pasado inmediato.
• LOS SUJETOS DE LA AMENAZA.
Puede existir un instrumento concreto para canalizar la amenaza criminal, en el que el apuntar contra su hijo tiene también un fuerte hedor al ex procurador JEAN ALAIN RODRÍGUEZ (esté presente o no en la conjura). Pero esa determinación no es algo aislado o particular.
Es más bien fruto de una confluencia de perversidades y un despropósito concertado, que parte de valorar el cerco que tiene Miriam dentro del propio sistema judicial y el propio Estado, amén de las hipocresías y simulaciones.
No es producto de un solo cartel, menos aun de un solo capo y de sus conexiones transnacionales.
No está reducida tal intención criminal solo la delincuencia común, ni al margen de las mafias policiales y militares…
Procede de una asociación mixta que se sabe con mucho poder, capacidad de manejo y de sobrevivencia, dada su largo caminar y sus posibilidades de crecer con una fuerte protección estatal y la permanente sombrilla de un sistema y un imperio que se nutre de ese negocio.
Que brotara en Santiago y en la Región Norte, precisamente en el Cibao Central, la temeraria reacción, tiene sus causas.
Allí se han registrado muchos conflictos que han obligado a intervenciones de la Procuraduría General de la República (PGR), sobre todo en el podrido sistema carcelario.
Allí el narcotráfico se ha desarrollado con una fuerte protección policial-militar y política.
Se dice que el Cartel a que pertenece quien se le atribuye la amenaza verbal y escrita, es el denominado CARTEL DEL CIBAO; actualmente dominante en el centro de esa región y en la mayoría de sus cárceles, conectado con el poderoso cartel mexicano de SINALOA.
De ser cierto eso solo sería una parte del problema. Algo fácil de confirmar, por lo que no se entiende por qué las autoridades no han aclarado categóricamente ese punto, a no ser que quieran sembrar confusiones.
De todas maneras, la clave del asunto no es esa. Ella radica precisamente en sus protectores y asociados a nivel de Estado, porque según los entendidos en la materia el nacimiento, crecimiento y desarrollo de ese cartel contó con un largo, intenso y tortuoso respaldo de factores de mucho poder.
La hegemonía en esa subregión, sus capos la lograron en una guerra soterrada, librada en las narices de las autoridades civiles y militares, aliados a jefes provinciales, regionales y nacionales de la PN y la DNCD, entre los cuales siempre sale a relucir el actual jefe policial Eduardo Alberto Then. Una guerra con un balance de decenas de muertos, que solo ahora las autoridades han hecho referencia y utilización publicitaria de ella.
Claro que no se trata solo del rol del general Then, mucho menos solo algunos órganos y agentes de la seguridad del Estado como dice la declaración del MP. La situación amerita una profunda y exhaustiva investigación del papel desempeñado por los jefes de la PN y la DNCD en esa región en las últimas décadas, así como de las conexiones de las narco-mafias a nivel superior, incluidas las de otros carteles.
• HALCÓN SIN GARRAS.
La Operación Halcón 4 pierde credibilidad cuando se detiene a nivel de la delincuencia común y de las batidas barriales y carcelarias, con tan pobres resultados; puesto que al no abordar sus conexiones policiales, políticas y empresariales a nivel de Estado y las alturas del poder, se reitera la intención de proteger la cúspide de la pirámide mafiosa y mantener las condiciones que siempre han posibilitado reproducir la narco-corrupción y el narco-estado. El HALCON perdió sus garras. Se las cortó la PN y la influencia de la DEA en la DNCD. FALCONDO sí que las conserva, nadie se las quita.
No hay jefes policiales y militares investigados, menos aún destituidos y apresados. Ni funcionarios civiles, ni Alcaldes, ni Gobernadores…a pesar de tantas evidencias y tantas denuncias previas.
Esa operación, sin proponérselo, desnuda un largo contubernio impune y muestra descaradamente el conocimiento por las autoridades policiales de las guaridas barriales del crimen organizado, tolerado y protegido por décadas por sus supuestos perseguidores actuales; con capturas selectivas temporales, sin confrontaciones, sin intercambios de disparos; a sabiendas que el sistema judicial y el régimen carcelario están en gran medida podridos y la reforma policial es puro engaño, y de que las extradiciones de la DEA secuestran las confesiones premiadas para controlar y proteger a una buena parte de las conexiones de las narco-mafias con el poder político, empresarial y militar.
Es por eso que hay que reiterar que la defensa de la vida de Miriam Germán descansa fundamentalmente en la solidaridad del pueblo, en su estado de alerta y su determinación de arrasar con quienes intenten agredirla. ¡Miriam somos todos/as y todos/as la apoyaremos y protegeremos!
Miriam es pueblo y solo el pueblo salva al pueblo.
Por José Cabral.
Es muy bonito escuchar por la televisión y todos los demás medios de comunicación el tema de los derechos fundamentales, cuya realidad envía un mensaje distinto.
En más de una ocasión he planteado el serio problema en que está atrapada la sociedad dominicana en el contexto del sistema de justicia nacional.
Lo primero es que nadie, absolutamente nadie, respeta como debe ser la justicia constitucional, ni siquiera las cortes que tienen la misión de velar por ella mediante los recursos extraordinarios para la preservación y respeto de la constitución.
El primer ejemplo de lo que ocurre con la violación de la Constitución y con el no respeto de los derechos fundamentales, tanto a nivel del derecho interno como del externo, es la actitud del Ministerio Público, el cual destina al zafacón las denuncias y querellas presentadas por aquellas personas humanas víctimas de robos, asaltos a mano armada y de una gran variedad de actos delincuenciales.
El asunto es tan grave que cuando las victiman reclaman resultados de sus querellas o denuncias el fiscal procede con un archivo definitivo en virtud de lo que dispone el artículo 181 del Código Procesal Penal, pero peor aun cuando el perjudicado decide someter un recurso de objeción ante el juez de Instrucción, el cual regularmente lo que hace es ratificar lo decidido por el Ministerio Público.
En este caso no importa la violación que cometa el fiscal que ha manejado el caso, lo cual se constituye en una violación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, consignados en los artículos 68 y 69 de la Constitución.
Pero la cuestión se complica cuando hay que acudir mediante un recurso contencioso administrativo por las constantes y graves violaciones de los derechos de los administrados, cuyo desempeño de los jueces de esta jurisdicción, hermanita de padre y madre del derecho constitucional, actúa como una caja de resonancia del Procuraduría General Administrativa y ahora abogado del Estado.
Es frustratorio e imperdonable lo que ocurre en esta jurisdicción de la justicia, pero todavía la cuestión es mucho más preocupante con la emisión de una serie de sentencias que violentan los más elementales principios del derecho constitucional.
Sin embargo, lo más deprimente es cuando se somete un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, cuyo fallo se produce cuando ya los justiciables han muerto o de revisión de una acción de amparo o de una decisión jurisdiccional ante el Tribunal Constitucional, en cuyos órganos se concreta la expresión de que justicia tardía es justicia denegada, dado que los casos son decididos hasta 2, 3 y hasta 4 años después de haberse sometido.
Voy seguir con el tema, pero lo que he dicho hasta este punto indica que la Constitución dominicana y el neo-constitucionalismo que tanto se pregona es una forma de que el país esté a la moda con esta corriente, pero que la realidad está más asociada con la herencia histórico cultural del pueblo dominicano, en la que prevalecen una serie de antivalores como el amiguismo, el machismo, el patriarcado y el caudillismo, entre otros.
Sólo el pueblo dominicano puede superar la sociedad de las cavernas en que nos tienen sumergidos los partidos políticos y otros actores de la democracia de papel que se ha impuesto en la República Dominicana.
Por Isaías Ramos
¿Puede el Congreso aprobar una ley que contradiga, en la práctica, una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional? Esa es la pregunta que hoy enfrenta la República Dominicana tras la aprobación en primera lectura en el Senado de un proyecto que eliminaría las candidaturas independientes.
Más allá de las diferencias políticas que puedan existir sobre el modelo electoral, lo que está en discusión es algo mucho más profundo: el respeto a la Constitución de la República Dominicana, a los derechos políticos de los ciudadanos y a las decisiones vinculantes del máximo órgano de control constitucional del país.
En diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales diversas disposiciones de la legislación electoral que imponían trabas desproporcionadas a las candidaturas independientes. La decisión procuró garantizar que el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos no quedara condicionado exclusivamente a la estructura de los partidos políticos.
Sin embargo, lo ocurrido en el Congreso parece avanzar en dirección contraria. La aprobación de un proyecto que, en la práctica, eliminaría las candidaturas independientes plantea un choque evidente entre la voluntad legislativa y una sentencia vinculante del máximo intérprete de la Constitución.
La gravedad del momento institucional se acentúa aún más cuando se observa que la decisión fue adoptada de manera prácticamente unánime por los senadores. Resulta legítimo preguntarse si todos los legisladores han reflexionado plenamente sobre el alcance constitucional de la decisión adoptada o si estamos ante una reacción política frente a una sentencia que algunos sectores preferirían ignorar.
Algunos constitucionalistas, como Eduardo Jorge Prats, han descrito esta reacción como una “rabieta institucional hiperpartidista disfrazada de defensa de los partidos”. Más allá de la dureza de esa expresión, la advertencia merece una reflexión seria. Cuando las decisiones de un tribunal constitucional comienzan a ser relativizadas o neutralizadas mediante decisiones políticas, el equilibrio institucional de una democracia empieza a resentirse.
La Constitución dominicana es clara en este punto. El artículo 6 establece que todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución. El artículo 68 dispone que corresponde al Estado garantizar la efectividad de los derechos fundamentales; no basta con reconocerlos en el texto constitucional, es necesario hacerlos posibles en la realidad. El artículo 73 establece la nulidad de pleno derecho de los actos contrarios a la Constitución. El artículo 74 consagra el carácter progresivo de los derechos fundamentales. Y el artículo 184 reconoce al Tribunal Constitucional como el órgano encargado de garantizar la supremacía de la Carta Magna.
A la luz de esos principios, la iniciativa aprobada en primera lectura adquiere una dimensión particularmente sensible para el orden constitucional. Lo que está en juego es una posible tensión institucional con el Tribunal Constitucional si una ley terminara reproduciendo, en la práctica, las mismas restricciones que el propio tribunal declaró inconstitucionales. Una situación así podría tener consecuencias graves para el orden constitucional.
El artículo 68 de la Constitución no es una disposición abstracta: es la garantía de que los derechos fundamentales tengan contenido real y efectivo. Cuando el Estado limita injustificadamente vías de participación política, no solo restringe un derecho; también debilita la confianza del ciudadano en las instituciones llamadas a protegerlo.
Este no es un debate sobre simpatías o antipatías hacia las candidaturas independientes, ni sobre la importancia de los partidos políticos. Los partidos son pilares fundamentales de la democracia. Pero reconocer su importancia no significa convertirlos en los únicos canales posibles de participación política. La democracia dominicana debe abrir puertas al ciudadano, no cerrarlas.
Si la Constitución reconoce derechos políticos a los ciudadanos, surge entonces una pregunta de fondo: ¿quién puede legítimamente restringirlos? Los derechos políticos pertenecen al pueblo dominicano. Los partidos son uno —pero no el único— de los canales para ejercerlos.
Las democracias se sostienen sobre un principio simple pero esencial: la Constitución es la norma suprema del Estado y todos los poderes públicos están sometidos a ella. Cuando ese principio comienza a relativizarse, la confianza institucional se erosiona y el sistema democrático se vuelve más frágil.
Nuestro deber como nación —y particularmente de quienes ejercen responsabilidades públicas— es proteger la Constitución incluso cuando hacerlo resulte incómodo o políticamente inconveniente. El respeto al orden constitucional no es una opción circunstancial: es la base misma sobre la cual descansa la estabilidad institucional de la República.
La estabilidad democrática que hoy disfruta la República Dominicana no es un accidente histórico. Tampoco ha sido un proceso perfecto: a lo largo del tiempo ha habido episodios de indiferencia frente a los deberes y mandatos constitucionales. Pero precisamente por esa experiencia acumulada sabemos que debilitar las reglas del juego institucional solo aumenta los riesgos para el orden democrático en un mundo marcado por crecientes tensiones geopolíticas y desafíos globales.
Desde el Foro Cívico y Social y el Frente Cívico y Social creemos firmemente que aún hay espacio para la reflexión institucional. Por ello hacemos un llamado respetuoso pero firme a los honorables senadores para que, antes de la segunda lectura de este proyecto, revisen con serenidad el alcance constitucional de la decisión que se está tomando.
También está en juego el mensaje institucional que el Congreso envía al país. Cuando un poder del Estado parece actuar en contradicción con la Constitución o con una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional, el mensaje hacia la ciudadanía y hacia las instituciones públicas es institucionalmente delicado.
En una democracia constitucional, los derechos políticos del ciudadano no dependen de la voluntad de los partidos ni de las mayorías circunstanciales del Congreso. Dependen de la Constitución. Porque cuando una democracia olvida que la Constitución es su límite, no se debilitan los partidos: se debilita la República.
Despierta RD!
(Primera entrega)
Por Oscar López Reyes
Las costumbres, creencias y valores tradicionales pierden incidencia colectiva o se están esfumando, igual que la rigidez en la gobernanza de la democracia representativa/liberal; se dispersan en el descrédito y desarticulan organizaciones socio-comunitarias y sus líderes más experimentados. La vieja ciudadanía y la identidad cultural se desgastan en su funcionalidad y legitimidad, y no por casuística.
Las instancias del poder típico y clásico han menguado, y las voces que antaño repercutían con resonancia se apagan en el anclaje del paisaje de la individualización, el aislamiento y la fatiga, porque en la globalización y el necrocapitalismo se satisfacen pírricamente los deseos y aspiraciones comunales. Al unísono, esta nueva dinámica ha reducido la lucha de clases y puesto en jaque el viejo discurso político y los lances episódicos y coyunturalistas.
Visualicemos 10 componentes claves de las añejas estructuras del dominio y los procesos neodemocráticos:
1.- Crisis paternal y profesoral. Los jefes del hogar y la escuela han perdido autoridad, haciendo descansar las influencias de infantes y adolescentes en amistades de estos y en los dispositivos electrónicos, que desconcentran y aíslan. Esos tutores no les fijan límites razonables, en una permisividad aupada por el temor al autoritarismo y a la culpabilidad (“crianza culposa”). La fragilidad en el mando de los docentes radica en el escaso respaldo familiar, el decaimiento de algunos padres hacia sus hijos y su desarmonía con las nuevas tecnologías.
2.- Los partidos de masas. Las organizaciones políticas legendarias/rutinarias de alta afiliación han devenido en flácidas estructuras orgánicas, con una militancia con una pobre formación ideológica. Sus características principales son la personalización de su liderazgo en la obsolescencia e inadaptación en un contexto societario en constante cambio, la búsqueda energúmena de cargos públicos y beneficios particulares, la incursión en actos delictivos, como la corrupción, la descomposición, la escasa lealtad y las exigencias monetarias. Esos agravios se han traducido en inercia, estancamiento y en endeble suficiencia de esos partidos para movilizar a los conglomerados.
3.- Los partidos de izquierda. La atomización y decadencia del sistema de agrupaciones de izquierda tiene su raíz en el enclaustramiento a los principios invariables de la Revolución Bolchevique comandada por los reverenciados ideólogos comunistas Vladimir Lenin, León Trotsky y José Stalin (Rusia, 1917), que conduce a la negación de los cambios, o sea, a la resistencia inconsciente a la readecuación a los nuevos tiempos hegemonizados por el marketing y las alternativas populistas nacionalistas. El progresismo no aprovecha la crisis de la plutocracia librecambista, se estanca y retrocede porque tampoco satisface las aspiraciones de la mayoría. Con su dogmatismo divisionista, la izquierda no se amolda a las conversiones, ni responde a desafíos contemporáneos, como la equilibrada, emergente y ascendente República Popular China.
4.- Los grupos estudiantiles. Recrean en la penumbra de la reminiscencia los movimientos estudiantiles de liceos secundarios y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) de las décadas 1960-1980, cuyos miembros y simpatizantes salían a las calles a movilizarse -con quemas de neumáticos y enfrentamientos con agentes de la Policía Nacional- por reivindicaciones académicas y el respetado a las libertades públicas y los derechos humanos. Han sido empequeñecidos y diezmados por la hegemonía del modelo mercantilista neoliberal, la vigencia democrática, la minimización de la izquierda y el predominio del egocentrismo.
5.- Los gremios de empresas. La afiliación sindical está en declive por la disminución de las grandes industrias manufactureras y la automatización tecnológica, que reduce empleos, mejora calidad y aumenta la productividad; el anarcosindicalismo, la percepción de corrupción y la politización de los gremios. Ahora una laptop tonifica con más utilidad que un sindicato.
6.- La gobernanza estatal. La jurisdicción del presidente de la República mengua, por los reclamos de la opinión pública en sociedades democráticas, la vigencia del estado de derecho, las imposiciones de organismos internacionales y los grupos de intereses. Asimismo, la influencia y el poder de funcionarios del Estado se ha limitado (no eliminado) por la implementación de normativas contra sobornos en licitaciones y adquisiciones, la prohibición de doble cargo remunerado, los contubernios y negocios asociados, la reducción de gastos operativos y otros relativos a los procesos de transparencia, y por temores a las denuncias públicas (los desfalcos y peculados son más conocidos) y a los enjuiciamientos judiciales.
7.- La prensa tradicional. Eleva su grado de credibilidad y se reinventa en novedosas esferas, pero desperdicia audiencias y protagonismo por el advenimiento de la internet. También les perforan las redes sociales y la gratuidad de otras plataformas digitales, que son preferidas por los nuevos usuarios, especialmente los jóvenes.
8.- Los militares y policías. Los ciudadanos respetan cada vez menos a los cuerpos policiales y castrenses, que han erosionado su confianza por sus arbitrariedades, la prevaricación y gangrena, la complicidad con crímenes y su incompetencia para afrontar la desbordada delincuencia sistémica. Están siendo frenados por las denuncias ciudadanas y los rollizos esfuerzos de las autoridades oficiales, como las reformas institucionales.
9.- Las masonerías y los clubes culturales. Se estropean y desvanecen las entidades extremadamente cerradas, restringidas, desactualizadas, monótonas y sin presupuestos, como las logias masónicas y los clubes culturales. Por el contrario, las religiones se transforman y crece la espiritualidad, con prácticas como el yoga/meditación, adaptadas a estilos de convivencia flexibles, abiertos, individualistas y globalizados.
10.- Las ligas campesinas. Décadas atrás, comunidades rurales bullían de efervescencia, en intensas jornadas de lucha –que cobró vidas humanas- por la Reforma Agraria, motorizadas por núcleos de agricultores sin tierra. Hoy las ligas agrarias son debiluchas, y perecen. Ese declive brota dispersión e ineficacia para organizarse y proteger su producción, así como la emigración a las ciudades del país y el exterior. También han apaciguado el descalabro de la izquierda y el tráfico y lavado de dinero con la venta de predios.
Como se constata en las descripciones y razonamientos predichos, en la Nueva Era de trabajos digitales, computación cuántica e inteligencia artificial, líderes políticos, socio-comunitarios y organizaciones de pelajes dispares no se han remozado en perspectivas de las otras expresiones ciudadanas y paradigmas emergentes en el hogar, la escuela y los cantones geográficos. Su morfema léxico se fue a pique.
Inequívocamente, no han comprendido que las ideas y potestades ya no se imponen únicamente con la coacción o coerción, sino con el diálogo tolerante, la cercanía con discursos moderados e inclinando el pandero en otros espacios de socialización. Si persisten obstinadamente sin girar gradualmente hacia metas prioritarias y alcanzables en el corazón de esas mutaciones societales, las viejas estructuras organizacionales seguirán carcomidas en el aislamiento, por el derrotero de la desarticulación sin retorno. ¡Qué adversidad!, ¡qué lamento!, y ¡qué calamidad!
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El autor: Periodista, escritor y catedrático.
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