Opinión
Operación Halcón IV, acoso criminal a Miriam y narco-estado
Por Narciso Isa Conde
Al mundo podría parecerle extraño que la Procuradora General de la República, Miriam German Brito este bajo acoso criminal de personeros del bajo mundo de las drogas y que el enorme OPERACIÓN POLICIAL-MILITAR, -bautizada HALCON lV (más de 1,300 efectivos de tropas especiales y 71 fiscales- puesta en marcha contra conocidas guaridas del crimen organizado en la Región Norte de la República Dominicana, y anunciada espectacularmente ante nuestro país y a nivel internacional, haya concluido con tres delincuentes presos y un pedido de repatriación de un capo con residencia en España y ubicación desconocida.
Todo un fiasco, mientras tanto.
Un fiasco fríamente calculado que tiene una explicación que puede ser muy útil para la sociedad dominicana y para países latino-caribeños donde se presentan circunstancias parecidas, que una circunstancia excepcional, ha catapultado a la superficie.
Alerta. El acoso criminal a la incorruptible y valiente Magistrada Germán se sustenta en multi poder mafioso, en circunstancias en que ella es una pequeña isla de dignidad en un pantano putrefacto; designada en ese cargo por la formidable presión de un pueblo que se movilizó durante tres años por el fin de la corrupción y la impunidad, y forzó al nuevo presidente –luego de un prolongado del reinado pestilente de los Gobierno anteriores- a nombrarla en tan delicadas funciones.
Su trayectoria, aun medio de tantas adversidades, han logrado conquistar el corazón de su pueblo y el odio de los malvados de diferentes pintas, embargados de temores no sólo por los procesos judiciales emprendido, sino –y sobre todo- por lo que pueda hacer o denunciar.
Miriam, ubicada así en un régimen atado a la decadencia y gansterización del capitalismo central y periférico de estos tiempos, es un ícono del poder moral de la Nación, imposible de destituir sin el costo adicional de una alta impopularidad para un Presidente en plan reeleccionista y montado sobre un proceso recolonizador y ultra neoliberal desgastante, regenteando un Estado delincuente-impenitente.
El método para inutilizara Miriam debe ser otro, pero también comienza a fallar en tanto la Magistrada a nivel de sociedad está rodeada de amor y solidaridad.
• EL FIASCO DE LA OPERACIÓN HALCÓN OBEDECE A LAS COMPLICIDADES DE SUS TUTORES.
Al descubrir las profundidades de la amenaza de muerte a Miriam German y a su hijo, no es difícil arribar con certeza a la conclusión de que se trata de una reacción de un Estado Delincuente que anida en sus entrañas -y sobre todo en sus alturas- un narco-poder que le imprime las características de NARCO-ESTADO.
Es el caso de una narco-economía en expansión, gravitando sobre un poder temporal, renovable por votaciones; y sobre un poder permanente, que no pasa por ellas.
En ese orden sería interesante cuantificar cuánto representan en dólares los ingresos por narcotráfico y sus correspondientes modalidades de lavado, estableciendo las debidas comparaciones con los montos por remesas, turismo y exportaciones de bienes. Incluso hay formas de contaminar una parte de las remesas.
Pero de todas maneras es claro que aquí, escenario del tráfico internacional Sur-Norte, abundan los capitales y fortunas con pinta narcótica, así como los altos y medianos funcionarios civiles y militares, y dirigentes políticos enriquecidos a través de sus asociaciones delictivas con carteles locales y transnacionales.
• UNA CONFABULACIÓN DE VARIADOS AUTORES.
Narco-corrupción y corrupción gubernamental, corrupción política-gubernamental y corrupción empresarial se entremezclan.
La narco-política es por lo menos prima hermana del resto de la corrupción relacionada con el Estado. Y aunque compiten sus autores y beneficiarios, y hasta se matan entre sí, mafias y clase dominante-gobernante que no se suicidan, son solidarias y confluyen en la maldad criminal cuando se inician procesos contra la impunidad que los ha protegido por décadas.
Ese es el caso que nos ocupa y persigue matar con balas o con “cuchillito de palo” el embrión de justicia en el vientre de la madre.
Contra Miriam German confluyen todos los odios de las diversas mafias y narco-mafias que se sienten inseguras a partir de las operaciones anti-impunidad puestas en marcha, de la instrumentación de algunas restricciones y de los temores generados por otras medidas que pueden estar en la gatera.
La saben indoblegable, no solo por honesta a carta cabal, sino por absolutamente independiente de todos los poderes locales y transnacionales establecidos y operantes sobre el Estado, lo que no pasa con otras instancias y vertientes de la entidad que dirige.
Ella –reitero- no fue una simple designación, sino una conquista del PUEBLO VESTIDO DE VERDE, imposible de revocar sin pagar un enorme costo político de impopularidad.
Su prestigio y el aprecio bien ganado en nuestra sociedad le da poder y cancelarla no es fácil para un régimen cuya gestión en favor de las elites capitalistas ya está deteriorando su luna de miel con una parte del pueblo y afectando sus ventajas comparativas con el pasado inmediato.
• LOS SUJETOS DE LA AMENAZA.
Puede existir un instrumento concreto para canalizar la amenaza criminal, en el que el apuntar contra su hijo tiene también un fuerte hedor al ex procurador JEAN ALAIN RODRÍGUEZ (esté presente o no en la conjura). Pero esa determinación no es algo aislado o particular.
Es más bien fruto de una confluencia de perversidades y un despropósito concertado, que parte de valorar el cerco que tiene Miriam dentro del propio sistema judicial y el propio Estado, amén de las hipocresías y simulaciones.
No es producto de un solo cartel, menos aun de un solo capo y de sus conexiones transnacionales.
No está reducida tal intención criminal solo la delincuencia común, ni al margen de las mafias policiales y militares…
Procede de una asociación mixta que se sabe con mucho poder, capacidad de manejo y de sobrevivencia, dada su largo caminar y sus posibilidades de crecer con una fuerte protección estatal y la permanente sombrilla de un sistema y un imperio que se nutre de ese negocio.
Que brotara en Santiago y en la Región Norte, precisamente en el Cibao Central, la temeraria reacción, tiene sus causas.
Allí se han registrado muchos conflictos que han obligado a intervenciones de la Procuraduría General de la República (PGR), sobre todo en el podrido sistema carcelario.
Allí el narcotráfico se ha desarrollado con una fuerte protección policial-militar y política.
Se dice que el Cartel a que pertenece quien se le atribuye la amenaza verbal y escrita, es el denominado CARTEL DEL CIBAO; actualmente dominante en el centro de esa región y en la mayoría de sus cárceles, conectado con el poderoso cartel mexicano de SINALOA.
De ser cierto eso solo sería una parte del problema. Algo fácil de confirmar, por lo que no se entiende por qué las autoridades no han aclarado categóricamente ese punto, a no ser que quieran sembrar confusiones.
De todas maneras, la clave del asunto no es esa. Ella radica precisamente en sus protectores y asociados a nivel de Estado, porque según los entendidos en la materia el nacimiento, crecimiento y desarrollo de ese cartel contó con un largo, intenso y tortuoso respaldo de factores de mucho poder.
La hegemonía en esa subregión, sus capos la lograron en una guerra soterrada, librada en las narices de las autoridades civiles y militares, aliados a jefes provinciales, regionales y nacionales de la PN y la DNCD, entre los cuales siempre sale a relucir el actual jefe policial Eduardo Alberto Then. Una guerra con un balance de decenas de muertos, que solo ahora las autoridades han hecho referencia y utilización publicitaria de ella.
Claro que no se trata solo del rol del general Then, mucho menos solo algunos órganos y agentes de la seguridad del Estado como dice la declaración del MP. La situación amerita una profunda y exhaustiva investigación del papel desempeñado por los jefes de la PN y la DNCD en esa región en las últimas décadas, así como de las conexiones de las narco-mafias a nivel superior, incluidas las de otros carteles.
• HALCÓN SIN GARRAS.
La Operación Halcón 4 pierde credibilidad cuando se detiene a nivel de la delincuencia común y de las batidas barriales y carcelarias, con tan pobres resultados; puesto que al no abordar sus conexiones policiales, políticas y empresariales a nivel de Estado y las alturas del poder, se reitera la intención de proteger la cúspide de la pirámide mafiosa y mantener las condiciones que siempre han posibilitado reproducir la narco-corrupción y el narco-estado. El HALCON perdió sus garras. Se las cortó la PN y la influencia de la DEA en la DNCD. FALCONDO sí que las conserva, nadie se las quita.
No hay jefes policiales y militares investigados, menos aún destituidos y apresados. Ni funcionarios civiles, ni Alcaldes, ni Gobernadores…a pesar de tantas evidencias y tantas denuncias previas.
Esa operación, sin proponérselo, desnuda un largo contubernio impune y muestra descaradamente el conocimiento por las autoridades policiales de las guaridas barriales del crimen organizado, tolerado y protegido por décadas por sus supuestos perseguidores actuales; con capturas selectivas temporales, sin confrontaciones, sin intercambios de disparos; a sabiendas que el sistema judicial y el régimen carcelario están en gran medida podridos y la reforma policial es puro engaño, y de que las extradiciones de la DEA secuestran las confesiones premiadas para controlar y proteger a una buena parte de las conexiones de las narco-mafias con el poder político, empresarial y militar.
Es por eso que hay que reiterar que la defensa de la vida de Miriam Germán descansa fundamentalmente en la solidaridad del pueblo, en su estado de alerta y su determinación de arrasar con quienes intenten agredirla. ¡Miriam somos todos/as y todos/as la apoyaremos y protegeremos!
Miriam es pueblo y solo el pueblo salva al pueblo.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!