Nacionales
Cámara de Diputados pasa a control de la oposición.
La aprobación pura y simple de proyectos que beneficien al presidente Danilo Medina será ahora mucho más difícil con la conversión en mayoría de los diputados pertenecientes a la oposición con la creación del bloque La Fuerza del Pueblo que le resta 27 curules al partido de gobierno.
La oposición política del país se convirtió en mayoría en la Cámara de Diputados, tras la conformación del bloque de diputados de La Fuerza del Pueblo que le resta 27 diputados al Partido de Gobierno.
El poderoso Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que hasta hace poco contaba con una matrícula de 106 diputados, ahora con 79 tras la renuncia de los legisladores que responden al expresidente Leonel Fernández, ya no controla en términos de mayoría absoluta esa ala del Poder Legislativo.
Se perfila que este cambio, dotando a la Cámara Baja de una tercera fuerza, la segunda en términos de oposición, impedirá la aprobación de proyectos importantes para el Poder Ejecutivo o una posible modificación constitucional.
Antes de la ruptura y previo a los disgustos entre los peledeístas por los intentos de reformar la Carta Magna, el partido oficial ni siquiera requería de sus aliados o la oposición para iniciar una sesión legislativa. De acuerdo a los reglamentos, el inicio de sesión es válido con la mitad más uno, es decir 96, por lo que al PLD le sobraba para hacer quórum.
La correlación de fuerzas, cambió ligeramente hacia la oposición, pues el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), el Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS) y el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) todos con representación en la Cámara Baja, pasaron a apoyar al expresidente Leonel Fernández. También el bloque del Partido Revolucionario Moderno, el principal partido opositor que tiene una sólida matricula.
Así, el PTD o La Fuerza del Pueblo tienen 27; el Bis, 1; el PQDC 1 y el PRSC, 8; el PRM 54 diputados. También de la oposición el Frente Amplio y Alianza País cada uno con un representante e Ito Bisonó que se declaró independiente. Para un total de 94 opositores.
El PLD, aún tiene de aliado el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), con una matrícula de 13 legisladores y el Moda con 1, serían del sector oficialista 93.
Mientras el Partido Liberal Reformista (PLR) con 2 y el Partido Popular Cristiano con una representación, estos aún no han definido sus alianzas. Con el PLR, de Amable Aristy Castro, dependerá la decisión que tome el ese líder político.
En términos de aritmética, la diferencia no es sustancial pues se trata de un voto. Sin embargo, el PLD no solo perdió esos legisladores, sino que otros nueve leonelistas decidieron no abandonar la organización y se integrarán a los trabajos del PLD, pero ello no es garantía de que acatarán la línea partidaria.
Asimismo, según se comenta en los pasillos congresuales, habría dos diputados del PRD que abandonarían las filas por disgustos con su presidente Miguel Vargas Maldonado. Esto, a saber de una fuente consultada por elCaribe, porque el dirigente no ha definido posiciones claves de alianzas y porque habría prometido plazas a dirigentes de larga data y luego “se quedó en nada”.
De todos es sabido que la comisión de Justicia, es la de mayor carga legislativa en el Congreso Nacional, donde cerca del 70% de los proyectos pasa para estudios.
El presidente de esa comisión, así como su vicepresidente, secretario y dos de los miembros pertenecen a la Fuerza del Pueblo y otros tres miembros al PRM y al PRSC. Estos son: Henry Merán, Demóstenes Martínez, José Luis Cosme, Orlando Espinosa; del PRM, Faride Raful, Dario Zapata y Wandy Batista y del PRSC, Pedro Botello.
El senador del PLD por Samaná, Prim Pujals, anunció ayer su renuncia a esa organización política para formar parte de Fuerza del Pueblo. Informó que junto a Manuel Güichardo, senador por Valverde, formarán el bloque que representará en el Senado a esa organización política. Pujals pidió durante la sesión de ayer al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, que avale su solicitud de conformar el nuevo bloque legislativo. Pared Pérez refirió que los trámites deben hacerse con comunicación formal.
Al menos 13 legisladores leonelistas no renunciaron al PLD ni a las candidaturas que ganaron el pasado 6 de octubre en las primarias simultáneas, para seguir a su líder político. De los senadores actuales que también repiten al cargo están: Félix Bautista por San Juan, Dionis Sánchez, Pedernales; Amarilis Santana, La Romana y José Rafael Vargas por Espaillat.
En la Cámara, de los leonelistas se quedaron 9 en el partido morado, que habían ganado la candidatura. Otros que sí ganaron dimitieron.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.