Nacionales
Exigen a JCE garantías electorales de cara a elecciones de mayo
SANTO DOMINGO.- La oposición al Gobierno se unió para exigir a la Junta Central Electoral (JCE) adoptar una serie de medidas de garantías electorales que permitan el ejercicio del derecho ciudadano al sufragio en un clima democrático, cuyas garantías están consignadas en la Constitución de la República.
El documento entregado a la JCE está firmado por los candidatos presidenciales de los partidos Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández; de la Liberación Dominicana, Abel Martínez Durán; del Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado; de Opción Democrática, Virginia Antares Rodríguez, de Generación de Servidores (GENS), Carlos Peña.
De igual manera, firman el documento, los presidentes del Bloque institucional Socialdemócrata (BIS), José Francisco Peña Guaba; del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Elías Wessin Chávez; del Partido Demócrata Institucional (PDI), Ismael Reyes, del Partido Socialista Cristiano (PSC), Soraya Aquino.
La oposición entiende que es una obligación puesta a cargo de la JCE, garantizar un clima de libertad, transparencia, equidad y objetividad en la contienda electoral.
Empero, sostuvo que “estos principios rectores, en lo esencial, estuvieron ausentes en la jornada electoral del pasado 18 de febrero”.
En esa jornada electoral, agregan, “el Partido Revolucionario Moderno (PRM), y su gobierno, dispusieron del aparato del Estado para vulnerar todas estas normas electorales, de manera descarada y sin el más mínimo rubor”.Aseguran que se impuso “un resultado electoral municipal manipulado en el que no se permitió que la voluntad popular se expresara libremente en las urnas”.
“Las autoridades electorales permitieron, por omisión, que, mediante el uso abusivo del Poder, y ante la mirada indiferente o cómplice de la Policía Militar Electoral, el partido de gobierno se apoderara de los espacios físicos donde se ejerció el sufragio”.
Se resalta, que “en el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), se expresa preocupación por la compra de votos en las elecciones municipales”.
Entre las medidas que la oposición solicita a la JCE, en su condición de organizador y árbitro del proceso electoral, para impedir que repitan las mismas acciones, que ocurrieron en el pasado proceso electoral, y el día de las votaciones, se encuentran:
En virtud de la inacción de la Policía Militar Electoral frente a los delitos electorales ocurridos en los recintos electorales, así como varias acciones llevadas a cabo por los mismos que cuestionan su imparcialidad y rol, que el actual jefe de la Policía Militar Electoral sea removido y en su lugar sea designada otra persona, con el consenso de todos los partidos del espectro opositor.
Suspender o reubicar fuera del ámbito electoral al director general de Juntas Electorales, Ramón Urbáez Mancebo, por evidenciada parcialidad y complicidad con el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el proceso electoral del 18 de febrero.
Emitir una resolución en la que se regule de forma clara cuál es el procedimiento que se debe seguir para la revisión de votos nulos y observados, así como para el reconteo de votos ya que en los pasados comicios varias Juntas Electorales efectuaron procesos cuestionables.
Hacer cumplir de inmediato lo dispuesto en el artículo 224, de la ley 20-23, de Régimen Electoral, entregando a los partidos el monto equivalente al medio por ciento (1/2%) de los ingresos nacionales del gobierno en los años electorales, a más tardar treinta (30) días antes de las elecciones, tal como ha sido la práctica habitual de desembolsar la totalidad de los fondos entre enero y abril en los años electorales. De esta manera, se evita que el gobierno asfixie económicamente a los partidos de oposición mientras utiliza descaradamente los recursos del Estado.
Reestructurar o intervenir las juntas electorales que incurrieron en parcialidad manifiesta en la administración del proceso electoral de sus respectivas jurisdicciones. 6) La Junta Central Electoral (JCE) debe reasignar en las juntas electorales, a los funcionarios de los colegios electorales, en coordinación con los delegados de los partidos políticos para garantizar la equidad y el equilibrio en su conformación.
Sustituir a los presidentes y secretarios de colegios que violentaron los derechos de los delegados y suplentes, e igualmente a aquellos que en los colegios las relaciones de votación (actas de resultados) de ambos niveles de elección presentan serios e inexplicables descuadres entre ambas.
Adoptar varias medidas cautelares en la que se limite el uso y abuso de los recursos del Estado, como lo prohíbe la ley 20-23 de Régimen Electoral, en sus artículos 209, 210 y 211, prohibiendo la creación de nuevo programas sociales, eliminando todas las vallas del candidato presidencial del PRM que se han colocado en lugares contratados y pagados con fondos de la publicidad gubernamental, entre otras.
Hacer una campaña más eficaz de motivación del voto. Esta debe ser una campaña publicitaria amplia que de ser posible involucre a figuras del arte, de la cultura, del sector privado, de los deportes, de la música y del espectáculo, lideres religiosos entre otras personalidades que sumen sus voces a ese llamado cívico de votar, entre otras medidas más para el mes de Marzo, en tanto que desde el mes de Abril, entre otras, se solicita: La Junta Central Electoral (JCE) debe emitir duplicados de cédulas gratuitas desde el primero de abril hasta las 6:00 p.m. del sábado 18 de mayo con la finalidad de dificultar la compra de cédulas.
Garantizar que previo a desdoblar las boletas del nivel presidencial para ser contadas, se verificará la cantidad de boletas que hay en cada una de las urnas, presidencial, Senadores y Diputados, las cuales deben coincidir en los 3 casos con la cantidad de electores que aparecen registrados con sus firmas respectivas en el padrón de electores del colegio electoral. Dónde haya diferencia con la cantidad de electores que figuran en el padrón como votantes, se procede a lo previsto en estos casos.
La Junta Central Electoral (JCE) debe hacer una campaña de concientización que eduque acerca de que la venta de la cédula es un delito electoral.
Para el mes de Mayo, entre otras medidas que solicita que los policías y militares que no estén al servicio de la Policía Electoral, estén acuartelados en sus respectivas instituciones por lo menos 24 o 48 horas antes del día de las elecciones.
SANTO DOMINGO.- Parte de los imputados en el sonado caso SENASA han admitido ante el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional su participación en una supuesta trama para desfalcar a esa institución con miles de millones de pesos.
Durante la primera audiencia de medida de coerción, los acusados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo señalaron a Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de la institución, como el cabecilla del presunto entramado, lo que complica la situación legal del exfuncionario.
El abogado Martín Rubiera, representante de otra imputada, confirmó que “ellos han manifestado todos lo mismo: que entregaron valores, dinero, a favor de él en este entramado. De 3-3 tiene él en contra hasta el momento, tres imputados que han confesado parte de la acusación y han manifestado una participación en la que afecta bastantemente a Hazim”.
De su lado, Surun Hernández, abogado de Read Estrella, dijo su defendido declaró ante el tribunal haber entregado mil millones de pesos a Hazim.
Según el Ministerio Público, desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, Read Estrella recibió pagos que ascienden a más de RD$7,110 millones por contratos y adendas con SENASA.
Surun Hernández calificó el entramado como un “hecho de lesa humanidad cruel” y aseguró que el proceso cuenta con “abundancia de elementos probatorios, como pagos, transferencias y actuaciones de lavado de activos debidamente comprobadas».
ABOGADOS DE HAZIM SOLICITAN HABLAR DE ULTIMO
Tras los señalamientos directos que vinculan a Hazim con la recepción de sobornos, uno de sus abogados dijo que la defensa solicitó hablar de último ante el juez.
“La defensa del doctor Hazim pidió que fuera de último porque las imputadas dicen que a través de un señor apodado ‘el gordo’ eran que recibían sobornos,” declaró el abogado Marcos Valentín Contreras, uno de los abogados del exfuncionario.
Durante la audiencia, el Ministerio Público identificó a José Pablo Ortiz Giráldez (el Gordo) como la “mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a las empresas contratistas de SeNaSa.
HAZIM TENDRA SU TURNO ESTE VIERNES
Hazim tendrá este viernes su turno para defenderse ante el tribunal.
«Nosotros vamos a demostrar que el testigo estrella de la fiscalía es una persona dedicada a la corrupción, perdonado en otro expediente e involucrada en este caso, y eso obviamente tendremos que discutirlo», manifestó Miguel Valerio, otro de los abogados del exfuncionario.
Dijo que se demostró ante el tribunal que su cliente no guarda ninguna relación con Rafael Domínguez Hazim, otro de los implicados.
«A los empresarios los extorsionaron, pero ellos continuaron trabajando con Senasa. Esa es la extorsión más rara, porque al que extorsionan tienen que parar inmediatamente el trabajo, porque el trabajo no se paró nunca; incluso, el señor Hazim canceló ese contrato. Lo que nadie puede decir ahí es que el señor Hazim recibió ningún pago indebido», declaró.
jt-am
Santo Domingo, R.D.-La esposa del movimiento Ola, que apoyo durante la campaña electoral a Luis Abinader, Heidi Mariela Pineda Perdomo, ha sido vinculada al caso SENASA, aunque el Ministerio Público establece que la persona que controlaba la empresa Flavorheart Food Parts S.R.L era Manuel Enrique Ovalle Tapia, “conocido dentro de la organización por su activa participación y aportes económicos.
El órgano persecutor sostiene que a través de esta empresa Ovalle Tapia compró un reloj marca Rolex Daytona, valorado en USD$83,000.00, destinado al imputado Santiago Hazim.
Su esposa, Heidi Mariela Pineda Perdomo, admitió la noche del jueves su participación en los hechos que la acusa el Ministerio Público y pasó directamente a colaborar con las autoridades en el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
En el expediente de solicitud de medida de coerción a los implicados en este caso, se dice que su programa fue incorporado, a través del programa “Senasa Cuida de Ti”, en el que se le ofrecería complementos nutricionales para niños de 5 a 15 años y adultos en edad de 35 a 64 años.
Este programa “Nutrisalud” tenía un alcance de 55,741 afiliados del Régimen Subsidiado, con un costo por servicio al afiliado de RD$1,495.00. El mismo terminó ofreciendo servicios, supuestamente, a un total de 350,545 afiliados de diferentes regímenes.
El Ministerio Público establece que la empresa firmó el contrato con Senasa el 22 de julio de 2021. Este se firmó bajo la prestación farmacéutica para los servicios de emergencia, atención primaria. Esta empresa no contaba con licencia de servicio de consultoría de primer nivel de atención, además de que recibió del Ministerio de Salud Pública el “Certificado De Registro de Distribuidora”, un mes antes de la firma con Senasa.
De acuerdo al expediente a Falvorheart Food Parts S.R.L., se le pagó un monto aproximado de RD$1,606,924,076.95.
La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), indicó en sus informes que el producto nutricional suministrado era importado desde Europa, sin evidencia completa de registro sanitario nacional y que no existen estudios o evaluaciones que midan los resultados e impacto del programa, lo que impide comprobar su efectividad sobre la salud de los afiliados.
A esta empresa también Senasa le pagó la suma de RD$3,307,577.06, “bajo el concepto de «NO DEFINIDO», lo que sugiere que dichos pagos no fueron vinculados a ningún régimen”.
Santo Domingo, R.D.-Casi diez horas no fueron suficientes para que el juez de Atención Permanente, Rigoberto Sena, pudiera concluir este jueves el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados en la presunta estructura criminal que, según el Ministerio Público, operó en el seguro estatal de salud para desviar fondos públicos, manipular procesos internos y beneficiar económicamente a funcionarios y allegados.
El magistrado recesó la audiencia y convocó para este viernes a las 2:00 de la tarde, cuando continuarán las exposiciones de las defensas y posteriormente la réplica del Ministerio Público.
La directora de Persecución, Mirna Ortiz, reveló que tres imputados (sin revelar sus nombres) admitieron su participación y han colaborado con el Ministerio Público.
Dijo que el monto de los supuestos sobornos pagados asciende a unos 2,000 millones de pesos.
Ortiz, en representación del Ministerio Público, informó que la acusación presentada este jueves incluye más de 138 pruebas documentales, más de 35 testimoniales y diversas pruebas periciales.
Aseguró que existen múltiples razones para que el caso sea declarado complejo. «Una de ellas es la pluralidad de víctimas. Estamos hablando de un seguro de salud que cubre a más de siete millones de dominicanos» señaló.
De su lado, el abogado Miguel Valerio, representante de Santiago Hazim, afirmó que en la audiencia se hicieron «pactos que no consideramos adecuados porque eran personas que, en dado caso, eran coautores o autores de soborno».
Valerio adelantó que este viernes desmontarán la credibilidad de uno de los principales testigos de la Fiscalía.
«Vamos a demostrar que el testigo estrella es una persona dedicada a la corrupción, perdonada en otro expediente, y que eso deberá discutir», dijo.
Agregó que Hazim aclaró en la audiencia que el imputado Martínez Hazim no es su familiar.
«Eso era importante porque se utilizó ese argumento para insinuar que había colocado a un sobrino en la institución, y no existe ningún vínculo familiar», indicó.
La solicitud de medida de coerción describe un supuesto entramado que combinó fraude administrativo, corrupción, falsificación documental y lavado de activos.
Según la investigación, la red fue encabezada por Santiago Hazim durante su gestión al frente del seguro estatal, junto a varios gerentes y colaboradores estratégicos.