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Exigen a JCE garantías electorales de cara a elecciones de mayo
SANTO DOMINGO.- La oposición al Gobierno se unió para exigir a la Junta Central Electoral (JCE) adoptar una serie de medidas de garantías electorales que permitan el ejercicio del derecho ciudadano al sufragio en un clima democrático, cuyas garantías están consignadas en la Constitución de la República.
El documento entregado a la JCE está firmado por los candidatos presidenciales de los partidos Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández; de la Liberación Dominicana, Abel Martínez Durán; del Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado; de Opción Democrática, Virginia Antares Rodríguez, de Generación de Servidores (GENS), Carlos Peña.
De igual manera, firman el documento, los presidentes del Bloque institucional Socialdemócrata (BIS), José Francisco Peña Guaba; del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Elías Wessin Chávez; del Partido Demócrata Institucional (PDI), Ismael Reyes, del Partido Socialista Cristiano (PSC), Soraya Aquino.
La oposición entiende que es una obligación puesta a cargo de la JCE, garantizar un clima de libertad, transparencia, equidad y objetividad en la contienda electoral.
Empero, sostuvo que “estos principios rectores, en lo esencial, estuvieron ausentes en la jornada electoral del pasado 18 de febrero”.
En esa jornada electoral, agregan, “el Partido Revolucionario Moderno (PRM), y su gobierno, dispusieron del aparato del Estado para vulnerar todas estas normas electorales, de manera descarada y sin el más mínimo rubor”.Aseguran que se impuso “un resultado electoral municipal manipulado en el que no se permitió que la voluntad popular se expresara libremente en las urnas”.
“Las autoridades electorales permitieron, por omisión, que, mediante el uso abusivo del Poder, y ante la mirada indiferente o cómplice de la Policía Militar Electoral, el partido de gobierno se apoderara de los espacios físicos donde se ejerció el sufragio”.
Se resalta, que “en el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), se expresa preocupación por la compra de votos en las elecciones municipales”.
Entre las medidas que la oposición solicita a la JCE, en su condición de organizador y árbitro del proceso electoral, para impedir que repitan las mismas acciones, que ocurrieron en el pasado proceso electoral, y el día de las votaciones, se encuentran:
En virtud de la inacción de la Policía Militar Electoral frente a los delitos electorales ocurridos en los recintos electorales, así como varias acciones llevadas a cabo por los mismos que cuestionan su imparcialidad y rol, que el actual jefe de la Policía Militar Electoral sea removido y en su lugar sea designada otra persona, con el consenso de todos los partidos del espectro opositor.
Suspender o reubicar fuera del ámbito electoral al director general de Juntas Electorales, Ramón Urbáez Mancebo, por evidenciada parcialidad y complicidad con el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el proceso electoral del 18 de febrero.
Emitir una resolución en la que se regule de forma clara cuál es el procedimiento que se debe seguir para la revisión de votos nulos y observados, así como para el reconteo de votos ya que en los pasados comicios varias Juntas Electorales efectuaron procesos cuestionables.
Hacer cumplir de inmediato lo dispuesto en el artículo 224, de la ley 20-23, de Régimen Electoral, entregando a los partidos el monto equivalente al medio por ciento (1/2%) de los ingresos nacionales del gobierno en los años electorales, a más tardar treinta (30) días antes de las elecciones, tal como ha sido la práctica habitual de desembolsar la totalidad de los fondos entre enero y abril en los años electorales. De esta manera, se evita que el gobierno asfixie económicamente a los partidos de oposición mientras utiliza descaradamente los recursos del Estado.
Reestructurar o intervenir las juntas electorales que incurrieron en parcialidad manifiesta en la administración del proceso electoral de sus respectivas jurisdicciones. 6) La Junta Central Electoral (JCE) debe reasignar en las juntas electorales, a los funcionarios de los colegios electorales, en coordinación con los delegados de los partidos políticos para garantizar la equidad y el equilibrio en su conformación.
Sustituir a los presidentes y secretarios de colegios que violentaron los derechos de los delegados y suplentes, e igualmente a aquellos que en los colegios las relaciones de votación (actas de resultados) de ambos niveles de elección presentan serios e inexplicables descuadres entre ambas.
Adoptar varias medidas cautelares en la que se limite el uso y abuso de los recursos del Estado, como lo prohíbe la ley 20-23 de Régimen Electoral, en sus artículos 209, 210 y 211, prohibiendo la creación de nuevo programas sociales, eliminando todas las vallas del candidato presidencial del PRM que se han colocado en lugares contratados y pagados con fondos de la publicidad gubernamental, entre otras.
Hacer una campaña más eficaz de motivación del voto. Esta debe ser una campaña publicitaria amplia que de ser posible involucre a figuras del arte, de la cultura, del sector privado, de los deportes, de la música y del espectáculo, lideres religiosos entre otras personalidades que sumen sus voces a ese llamado cívico de votar, entre otras medidas más para el mes de Marzo, en tanto que desde el mes de Abril, entre otras, se solicita: La Junta Central Electoral (JCE) debe emitir duplicados de cédulas gratuitas desde el primero de abril hasta las 6:00 p.m. del sábado 18 de mayo con la finalidad de dificultar la compra de cédulas.
Garantizar que previo a desdoblar las boletas del nivel presidencial para ser contadas, se verificará la cantidad de boletas que hay en cada una de las urnas, presidencial, Senadores y Diputados, las cuales deben coincidir en los 3 casos con la cantidad de electores que aparecen registrados con sus firmas respectivas en el padrón de electores del colegio electoral. Dónde haya diferencia con la cantidad de electores que figuran en el padrón como votantes, se procede a lo previsto en estos casos.
La Junta Central Electoral (JCE) debe hacer una campaña de concientización que eduque acerca de que la venta de la cédula es un delito electoral.
Para el mes de Mayo, entre otras medidas que solicita que los policías y militares que no estén al servicio de la Policía Electoral, estén acuartelados en sus respectivas instituciones por lo menos 24 o 48 horas antes del día de las elecciones.
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Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
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Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.