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Exigen a JCE garantías electorales de cara a elecciones de mayo
SANTO DOMINGO.- La oposición al Gobierno se unió para exigir a la Junta Central Electoral (JCE) adoptar una serie de medidas de garantías electorales que permitan el ejercicio del derecho ciudadano al sufragio en un clima democrático, cuyas garantías están consignadas en la Constitución de la República.
El documento entregado a la JCE está firmado por los candidatos presidenciales de los partidos Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández; de la Liberación Dominicana, Abel Martínez Durán; del Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado; de Opción Democrática, Virginia Antares Rodríguez, de Generación de Servidores (GENS), Carlos Peña.
De igual manera, firman el documento, los presidentes del Bloque institucional Socialdemócrata (BIS), José Francisco Peña Guaba; del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Elías Wessin Chávez; del Partido Demócrata Institucional (PDI), Ismael Reyes, del Partido Socialista Cristiano (PSC), Soraya Aquino.
La oposición entiende que es una obligación puesta a cargo de la JCE, garantizar un clima de libertad, transparencia, equidad y objetividad en la contienda electoral.
Empero, sostuvo que “estos principios rectores, en lo esencial, estuvieron ausentes en la jornada electoral del pasado 18 de febrero”.
En esa jornada electoral, agregan, “el Partido Revolucionario Moderno (PRM), y su gobierno, dispusieron del aparato del Estado para vulnerar todas estas normas electorales, de manera descarada y sin el más mínimo rubor”.Aseguran que se impuso “un resultado electoral municipal manipulado en el que no se permitió que la voluntad popular se expresara libremente en las urnas”.
“Las autoridades electorales permitieron, por omisión, que, mediante el uso abusivo del Poder, y ante la mirada indiferente o cómplice de la Policía Militar Electoral, el partido de gobierno se apoderara de los espacios físicos donde se ejerció el sufragio”.
Se resalta, que “en el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), se expresa preocupación por la compra de votos en las elecciones municipales”.
Entre las medidas que la oposición solicita a la JCE, en su condición de organizador y árbitro del proceso electoral, para impedir que repitan las mismas acciones, que ocurrieron en el pasado proceso electoral, y el día de las votaciones, se encuentran:
En virtud de la inacción de la Policía Militar Electoral frente a los delitos electorales ocurridos en los recintos electorales, así como varias acciones llevadas a cabo por los mismos que cuestionan su imparcialidad y rol, que el actual jefe de la Policía Militar Electoral sea removido y en su lugar sea designada otra persona, con el consenso de todos los partidos del espectro opositor.
Suspender o reubicar fuera del ámbito electoral al director general de Juntas Electorales, Ramón Urbáez Mancebo, por evidenciada parcialidad y complicidad con el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el proceso electoral del 18 de febrero.
Emitir una resolución en la que se regule de forma clara cuál es el procedimiento que se debe seguir para la revisión de votos nulos y observados, así como para el reconteo de votos ya que en los pasados comicios varias Juntas Electorales efectuaron procesos cuestionables.
Hacer cumplir de inmediato lo dispuesto en el artículo 224, de la ley 20-23, de Régimen Electoral, entregando a los partidos el monto equivalente al medio por ciento (1/2%) de los ingresos nacionales del gobierno en los años electorales, a más tardar treinta (30) días antes de las elecciones, tal como ha sido la práctica habitual de desembolsar la totalidad de los fondos entre enero y abril en los años electorales. De esta manera, se evita que el gobierno asfixie económicamente a los partidos de oposición mientras utiliza descaradamente los recursos del Estado.
Reestructurar o intervenir las juntas electorales que incurrieron en parcialidad manifiesta en la administración del proceso electoral de sus respectivas jurisdicciones. 6) La Junta Central Electoral (JCE) debe reasignar en las juntas electorales, a los funcionarios de los colegios electorales, en coordinación con los delegados de los partidos políticos para garantizar la equidad y el equilibrio en su conformación.
Sustituir a los presidentes y secretarios de colegios que violentaron los derechos de los delegados y suplentes, e igualmente a aquellos que en los colegios las relaciones de votación (actas de resultados) de ambos niveles de elección presentan serios e inexplicables descuadres entre ambas.
Adoptar varias medidas cautelares en la que se limite el uso y abuso de los recursos del Estado, como lo prohíbe la ley 20-23 de Régimen Electoral, en sus artículos 209, 210 y 211, prohibiendo la creación de nuevo programas sociales, eliminando todas las vallas del candidato presidencial del PRM que se han colocado en lugares contratados y pagados con fondos de la publicidad gubernamental, entre otras.
Hacer una campaña más eficaz de motivación del voto. Esta debe ser una campaña publicitaria amplia que de ser posible involucre a figuras del arte, de la cultura, del sector privado, de los deportes, de la música y del espectáculo, lideres religiosos entre otras personalidades que sumen sus voces a ese llamado cívico de votar, entre otras medidas más para el mes de Marzo, en tanto que desde el mes de Abril, entre otras, se solicita: La Junta Central Electoral (JCE) debe emitir duplicados de cédulas gratuitas desde el primero de abril hasta las 6:00 p.m. del sábado 18 de mayo con la finalidad de dificultar la compra de cédulas.
Garantizar que previo a desdoblar las boletas del nivel presidencial para ser contadas, se verificará la cantidad de boletas que hay en cada una de las urnas, presidencial, Senadores y Diputados, las cuales deben coincidir en los 3 casos con la cantidad de electores que aparecen registrados con sus firmas respectivas en el padrón de electores del colegio electoral. Dónde haya diferencia con la cantidad de electores que figuran en el padrón como votantes, se procede a lo previsto en estos casos.
La Junta Central Electoral (JCE) debe hacer una campaña de concientización que eduque acerca de que la venta de la cédula es un delito electoral.
Para el mes de Mayo, entre otras medidas que solicita que los policías y militares que no estén al servicio de la Policía Electoral, estén acuartelados en sus respectivas instituciones por lo menos 24 o 48 horas antes del día de las elecciones.
Nacionales
Defensa de sargento enviada a prisión por muerte de su hija llama a abordar la salud mental con empatía
Santo Domingo, R.D.-En la República Dominicana, aproximadamente un 20 % de la población padece algún tipo de trastorno emocional o psiquiátrico. Tal es el caso de la sargento mayor de la Policía Nacional, Glenny Tellería Alberto, quien desde el año 2022 padece de depresión y otros padecimientos psiquiátricos.
Así lo manifestó el jurista Jean Carlos Martínez, abogado de la sargento mayor enviada a prisión al pabellón psiquiátrico del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
El abogado indicó que su representada se encontraba en tratamiento bajo el cuidado permanente y la supervisión de su familia. Sin embargo, desafortunadamente ocurrió la tragedia en la que resultó muerta la menor de 10 años de edad.
“En el caso de nuestra representada, estaba bajo cuidado médico y en el seno de su familia. Con este lamentable hecho que ha ocurrido, lo que queremos es que el tema se enfoque de una manera humana, sin morbo. Lo que hay es un dolor grande en una familia y en el seno de la sociedad”, afirmó el togado.
Medida de coerción a la sargento de la Policía
El hecho ocurrió en el sector Manoguayabo, municipio Santo Domingo Oeste.
La magistrada ordenó que la imputada cumpla la medida en el pabellón de psiquiatría de Najayo Mujeres, luego de que el Ministerio Público le imputara el delito de homicidio voluntario.
La decisión se sustentó, entre otros elementos, en un examen médico que establece que la imputada padece esquizofrenia. Además, familiares de la imputada manifestaron que fue diagnosticada con esa enfermedad hace aproximadamente dos años, según consta en la solicitud de medida de coerción presentada por el órgano persecutor.
En la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, establece que el pasado 18 de julio, alrededor de la 1:30 de la tarde, la imputada, quien ostenta el rango de sargento mayor de la Policía Nacional, tomó una pulidora eléctrica de mano dentro de la habitación donde se encontraba su hija de 10 años. Posteriormente, conectó la herramienta, se colocó sobre la menor y presuntamente le ocasionó una herida cortante en el cuello.
En ese momento, el hermano de la imputada, Glenny Telleria Alberto, al escuchar los gritos de la niña, entró a la habitación y encontró a su hermana presuntamente hiriendo a la menor con la pulidora eléctrica. De inmediato, la apartó, cargó a la niña en sus brazos y le reclamó: «¡Glenny, por qué hiciste eso!».
Acto seguido, trasladó a la menor al Centro Médico Divina Misericordia, donde llegó sin signos vitales. De acuerdo con el acta de levantamiento del cadáver, la causa de la muerte fue una herida cortante en el cuello compatible con una lesión ocasionada por una pulidora eléctrica.
Tras el hecho, la imputada fue trasladada bajo custodia policial al Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas, donde permaneció ingresada hasta este martes. Luego de recibir el alta médica, fue conducida al tribunal, alrededor de las 2:27 de la tarde de este martes, para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción.
La niña falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud de esa jurisdicción.
SANTO DOMINGO.– Los precios internacionales del petróleo registraron un nuevo incremento este martes, impulsados por las persistentes tensiones geopolíticas en Oriente Medio y los riesgos para el suministro mundial de crudo, un escenario que mantiene bajo presión a economías altamente dependientes de las importaciones energéticas, como la República Dominicana.
En la jornada, el barril de West Texas Intermediate (WTI) se cotizó en torno a US$84.34, mientras que el Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, alcanzó US$91.01 por barril, su nivel más alto en varias semanas.
El comportamiento del mercado responde a la incertidumbre generada por la situación en el Mar Rojo y Oriente Medio, donde los riesgos para las rutas de transporte de hidrocarburos han incrementado la volatilidad de los precios. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió que una prolongación de estas tensiones podría afectar el suministro global y provocar nuevas alzas del crudo.
REPRESENTA DESAFIO PARA REPUBLICA DOMINICANA
Para la República Dominicana, que importa la totalidad del petróleo que consume, el encarecimiento del crudo representa un desafío para la estabilidad de los precios internos de los combustibles, el costo del transporte, la generación eléctrica y la inflación.
En los últimos meses, el Gobierno ha recurrido a subsidios y ajustes focalizados para mitigar el impacto de las variaciones internacionales sobre los consumidores, una política que también incrementa la presión sobre las finanzas públicas cuando los precios del petróleo permanecen elevados.
Analistas consideran que, si el barril de petróleo continúa por encima de los 90 dólares durante un período prolongado, podrían aumentar los costos de producción y distribución de bienes y servicios, afectando el crecimiento económico y el poder adquisitivo de los hogares.
Las autoridades dominicanas mantienen un seguimiento permanente de la evolución del mercado energético internacional para evaluar su impacto sobre la economía nacional y definir las medidas necesarias para reducir los efectos de la volatilidad en los precios de los combustibles.
of-am
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Envían al área de psiquiatría de Najayo a sargento acusada de matar a su hija en Manoguayabo
Santo Domingo, R.D.-El Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso tres meses de prisión preventiva contra la sargento mayor Glenny Tellería Alberto, acusada de causarle la muerte a su hija de 10 años con una pulidora eléctrica, en un hecho ocurrido el pasado sábado 18 de julio en el sector Batey Bienvenido, Manoguayabo.
La jueza Cecilia Toribio dispuso que la imputada cumpla la medida en el área de psiquiatría del Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo-Mujeres, en San Cristóbal, con el fin de que reciba atención médica especializada.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal acogiera la solicitud de los fiscales de la Unidad de Procesamiento de Casos y de Delitos contra las Personas de Santo Domingo Oeste, quienes pidieron prisión preventiva como medida de coerción.
El abogado de la defensa, Yan Carlos Martínez, informó que su representada recibía tratamiento psiquiátrico y supervisión familiar desde 2022, y que se encontraba bajo medicación al momento del hecho.
El defensor pidió comprensión ante lo que calificó como una tragedia familiar y social, y llamó a la ciudadanía a prestar mayor atención a la salud mental.
Valoró además que el tribunal haya dispuesto que la mujer permanezca en un centro con atención médica especializada durante el proceso.
El hermano de la acusada, Tony Alexander Eusebio Rodríguez Alberto, quien presenció parte de los hechos, relató que al escuchar gritos entró a la habitación y encontró a la mujer sobre la cama agrediendo a la niña, por lo que intervino y trasladó a la menor al Centro Médico Divina Misericordia de Manoguayabo, donde fue recibida sin signos vitales.
Agentes de la Policía Nacional arrestaron posteriormente a la mujer en flagrancia, mientras que el Ministerio Público calificó provisionalmente el hecho como una violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal dominicano.
Entre las pruebas recolectadas por la Policía Científica figuran la pulidora eléctrica utilizada, el acta de levantamiento de cadáver emitida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y testimonios de familiares y agentes actuantes.