Santo Domingo, R.D.-Una solicitud formal de participación en las vistas publicas sobre el proyecto de modernización fiscal hizo ante la Cámara de Diputados la Asociación Dominicana de Profesionales del Cine (Adocine), a fin de abordar las pretensiones del Gobierno de quitarle el incentivo que establece la ley que lo crea.

La carta, enviada al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y al presidente de la Comisión Permanente de Hacienda, Francisco Javier Paulino, destacó la importancia de que se escuche la perspectiva de la industria cinematográfica sobre el impacto que tendría la aprobación del artículo 74 del proyecto de Modernización Fiscal.

En su propuesta de reforma fiscal, el gobierno plantea eliminar los incentivos a varios sectores, incluido el cine.

Adocine dijo en nota de prensa que la eliminación de los artículos 34 y 39 de la iniciativa plantea «serias preocupaciones para la industria del cine», que es una fuente de empleo y creatividad para más de 25,000 personas y sus familias.

«Es fundamental que nuestra voz sea considerada en este proceso. La eliminación de estos artículos no solo desincentivaría la inversión en producciones locales, sino que también podría resultar en la pérdida de proyectos que aportan valor cultural y visibilidad internacional a la República Dominicana«, expresó Hans García, presidente de Adocine.

La asociación enfatizó que la industria cinematográfica no solo contribuye significativamente a la economía local, sino que también es un motor de desarrollo cultural.

«Estamos preparados y con toda la voluntad para acudir al congreso a llevar y presentar los verdaderos aportes del cine dominicano a la economía y cultura del país», añadió García.

Consideró que es «imperativo» que quienes trabajan en el cine tengan la oportunidad de participar activamente en estas discusiones. «La Ley de Cine 108-10 ha sido un hito en el avance de nuestra industria, y cualquier cambio debe estar fundamentado en la experiencia y conocimientos de quienes estamos inmersos en esta labor día a día», añadió.

Adocine reiteró su disposición de colaborar con los legisladores en el análisis y revisión de estas disposiciones, «con el objetivo de encontrar un equilibrio que beneficie a todos los actores de la industria cinematográfica y al desarrollo cultural del país».

SANTO DOMINGO.- La propuesta reforma fiscal del Gobierno es rechazada por la mayoría de los dominicanos, según un estudio de opinión pública.

La división de investigación de mercados Mogur Quali Latam de Mogur Grupo Empresarial informó que un 57.3% de la población está  contra la propuesta del Gobierno mientras que 19.4% la apoya y  23% indicó que carece de una opinión formada sobre el tema.

Estas son las deducciones más recientes de la pesquisa de tracking de opinión pública de esta empresa, que mide de forma continua el criterio de la población sobre temas que impactan al país.

Según la compañía encuestadora, en  septiembre último, cuando el primer borrador de la reforma fiscal era desconocido, el 44 % de los dominicanos era favorable a los cambios en general.   Sin embargo, añadió, con la publicación de la propuesta formal y el desarrollo del debate público en octubre, los datos arrojaron un cambio significativo.

Los resultados reflejan cambios significativos en la percepción ciudadana en corto tiempo, lo que hace necesario, dijo, un monitoreo constante para entender las reacciones ante decisiones claves del Gobierno.

ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE DATOS

Los datos obtenidos, indicó, son actualizados de manera periódica y permiten a las empresas, decisores y otros actores, anticipar el impacto de sus políticas y estrategias en la opinión pública.

El estudio de Mogur Quali Latam constituye una herramienta fundamental –según el criterio de la empresa- para instituciones públicas y privadas que desean informarse sobre la evolución de la opinión pública.

agl-sp

Independencia.- Fueron condenados a 15 y 10 años de prisión a solicitud del Ministerio Público  por tráfico ilícito de migrantes agravado los principales miembros de la red criminal desmantelada con la Operación Iguana.

El tribunal dictó una sentencia absolutoria respecto de los acusados Deivi Novas Reyes y Dominga Guzmán.

La PETT, encabezada por la procuradora general de corte Yoanna Bejarán Álvarez, desarrolló la Operación Iguana en el año 2022 con nueve allanamientos simultáneos en municipios de las provincias Independencia, Bahoruco y Pedernales, mediante los cuales fue desarticulada esta red que utilizó a la frontera domínico haitiana como centro de operaciones.

Durante los allanamientos, el Ministerio Público arrestó a los acusados y ocupó como evidencias siete vehículos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, aproximadamente 116 mil pesos y 383 dólares, cientos de documentos y un arma de fuego, calibre 9 milímetros.

El Ministerio Público, con el apoyo del Departamento de Investigación de la Dirección General de Migración, dio inicio a la investigación penal de este caso en diciembre del año 2021 contra los miembros de la red, logrando la obtención de pruebas que les vinculan al tráfico ilícito agravado de migrantes y secuestro de dos mujeres y dos niñas de nacionalidad cubana, así como de otros hechos de tráfico ilícito de migrantes.

El expediente acusatorio señala que los procesados recurrían a la amenaza y al chantaje para la obtención de soborno. Igualmente, privaban de su libertad y mantenían en cautiverio a las personas objeto de tráfico ilícito hasta recibir el pago exigido para la liberación de las personas retenidas o secuestradas, llegando inclusive a recurrir a las amenazas para la recepción de los pagos.

El grupo fue acusado de violar la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, el Código Penal Dominicano, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la  Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, y el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), así como la Ley 583 sobre Secuestro.

A través de un comunicado de prensa el Ministerio Público destaca la importancia de la sanción contra esos graves delitos que afectan principalmente a personas en condición de vulnerabilidad, la mayoría mujeres, niños, niñas y  adolescentes.