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Sindicalista Arsenio Quevedo y el exregidor Erickson de los Santos Solís son apresados.

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Santo Domingo.-Dos sindicalistas imputados de estar vinculados al sicariato fueron apresado este miércoles por disposición de  los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, quienes mediante sentencia ordenaron el mantenimiento en prisión del empresario choferil Arsenio Quevedo, y el exregidor Erickson de los Santos Solís, acusados de ser parte de una red  que presuntamente se dedicaba a matar choferes por el control de las rutas de transporte en el 2015.

Los jueces adoptaron la decisión luego de acoger un pedimento de los querellantes al que se adhirió el Ministerio Público, quienes solicitaron al tribunal retener en prisión e imponer medidas de coerción a ambos acusados, para evitar que continúen por medio de sus abogados dilatando e incidentando el conocimiento del juicio de que se le sigue por la comisión de dichos crímenes.

A su salida del tribunal, la representante del Ministerio Público, Catalina Bueno, justificó la medida, explicando que con la retención de Arsenio Quevedo y Erickson de los Santos se procura garantizar el conocimiento del proceso, el cual ha sido aplazado en 24 ocasiones, debido a las tácticas dilatorias, recusaciones e incidentes procesales presentados sistemáticamente por sus abogados, provocando los constantes reenvíos.

En el dispositivo en el que fundamentan su decisión, leída “in voce”, los magistrados invocaron el 306 del Código Procesal Penal Dominicano, que trata lo referente a la Libertad del Imputado y Restricciones a su Movilidad, subrayando que “El imputado comparece libre, pero el tribunal puede excepcionalmente ordenar su custodia para evitar la evasión o la ocurrencia de actos de violencia”.

Asimismo, ese artículo señala que: “Si el imputado se encuentra en libertad, aunque esté sujeto a una medida de coerción diferente a la prisión preventiva, el tribunal, a pedido del Ministerio Público, puede ordenar su arresto para asegurar la realización de la audiencia o de un acto particular de la misma…”

También, señala, que: “A petición de parte puede modificar las condiciones bajo las cuales el imputado permanece en libertad o imponer otras medidas de coerción previstas en este Código…”

Además de fallar y acoger la solicitud de retención de los imputados en la cárcel provisional que funciona en el cuarto nivel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, los jueces Keila Pérez, Elías Santini y Arisleida Méndez también acogieron una recusación incoada por la defensa técnica del sindicato Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafin), que preside el sindicalista Arsenio Quevedo

En ese orden, los magistrados aplazaron para el 22 de este mes de junio la continuación del conocimiento del proceso para dar tiempo a la Corte de Apelación del Distrito Nacional a que decida y se pronuncie sobre la recusación presentada, por una parte, de los imputados.

Finalmente, los juzgadores fijaron para el 16 de ese mes, a las 9:00 de la mañana, el conocimiento en audiencia de la solicitud de variación de estatus interpuesta por los actores civiles, en el sentido de que se le varié el estatus de libertad a los encartados Arsenio Quevedo y Erickson de los Santos Solís y se imponga prisión preventiva.

El caso

Los imputados Arsenio Quevedo y el exregidor Erickson de los Santos Solís, así como Amaurys Cabrera y Danilo Octavio Reynoso, (estos dos últimos en prisión), están acusados de ser parte de una red que se dedicaba a matar choferes por el control de las rutas de transporte en el 2015.

Los chóferes muertos por la alegada banda de sicarios son Ángel Javier, Overny Guerrero y Mateo de Jesús Nieves, en dos hechos ocurridos el 14 y el 17 de enero del 2015, en violación a los artículos 265, 266 y 295 del Código Penal Dominicano que tipifican y castigan el homicidio voluntario y la asociación de malhechores, así como los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, que penalizan el porte ilegal de armas de fuego.

En tanto que el exraso de la Policía, Amaurys Cabrera, fue condenado a 30 años de prisión en la cárcel de La Victoria, y Danilo Octavio Reynoso, en el Centro de Corrección de Najayo, San Cristóbal.

La sentencia de los jueces ordenando la puesta en libertad de los dos principales acusados, Quevedo y Ericson, considerados los autores intelectuales de la muerte de los choferes, fue recurrida por el Ministerio Público, tras considerar que hubo una mala valoración de los jueces que emitieron la sentencia.

El pedimento del Ministerio Público fue acogido el 20 de febrero del 2020 por la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que anuló dicha sentencia, ordenando un nuevo juicio contra los acusados, el cual se conoce actualmente en el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que en esta fecha ordenó la retención de los dos procesados para garantizar el conocimiento del juicio.

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Abogan por el dialogo para la solución de diferendo fronterizo

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Santo Domingo.- El vicepresidente de la FINJUS, Servio Tulio Castaños,  abogó por el dialogo para la única salida a la crisis fronteriza que viven República Dominicana y Haití.

«FINJUS considera que el diálogo es la salida para que esta situación pueda llegar a un arreglo. Tanto Haití como la República Dominicana deben priorizar en sus agendas la conformación de mesas de diálogo para contrarrestar la tensión ocasionada y establecer medidas que permitan continuar las relaciones y el desarrollo equilibrado de ambos Estados. Es menester que en todo momento sea la legalidad de las actuaciones la que esté presente, dejando así de lado demás intereses no jurídicos e irrazonables que se puedan manifestar», expresó Castaños en un comunicado.

«Es imprescindible que se realice un estudio medioambiental sobre el impacto que la construcción de dicho canal podría ocasionar. Además de ser un deber y derecho constitucionalmente protegido, dentro de las agendas de desarrollo y sostenibilidad de cada Estado se encuentra presente promover un ambiente sano y seguro, analizando con especial cautela las consecuencias que dieren lugar la realización de cualquier trabajo que involucre la salvaguarda de los entornos naturales. Es crucial que se ejecute un plan de gestión ambiental que reconozca y pondere las repercusiones que dicho proyecto tendría en la salud y la calidad de vida de los posibles afectados inmediatos que residen en la proximidad de la zona, en conjunto con los efectos terrestres, vegetales y animales que pudiesen suceder», agregó.

Aseguró que República Dominicana se mantiene abierta a buscar una solución equitativa e igualitaria, pero el desorden del gobierno central haitiano y las bandas armadas en Haití ha hecho imposible dar con medidas que permitan establecer un remedio a esta confrontación.

«La administración de estas fuentes acuíferas es de vital importancia, sobre todo para mantener el riego de las tierras y demás fines agrícolas e industriales. Por esta razón, siempre apegados al marco de la legalidad y la razonabilidad, debe suministrarse un uso de sustancial proporcionalidad para que los trabajos que deriven de estas fuentes no vulneren los derechos de los ciudadanos que residen en ambas naciones, ni que viole los límites y acuerdos fronterizos suscritos por ambos territorios», indicó Castaños.

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Legisladores respaldan postura de Abinader en la ONU y piden entrada intervención en Haití.

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Santo Domingo.-Diputados de diferentes bancadas apoyaron la postura del presidente Luis Abinader de que potencias lleguen con una invasión a Haití luego de éste plantear en la Organización de la Naciones Unidas (ONU) la urgencia de esa medida.

Los diputados valoraron como positiva la propuesta de Estados Unidos para someter una resolución ante el Consejo de Seguridad de la ONU que permita intervenir a Haití, pero instaron a otras grandes potencias como Francia o China a unirse al pedimento.

El diputado Rafael Castillo, del partido Fuerza del Pueblo, expresó que la sugerencia de una fuerza de paz en Haití «no depende únicamente» de Estados Unidos porque, como explicó, otros grandes países también deben involucrarse en el tema.

Sobre el tema también opinó el diputado Gustavo Sánchez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), precisó que la exposición de Abinader «representa el sentir de todos los dominicanos» ya que, como dijo, la República Dominicana «no puede hacer más por un país que se está cayendo a pedazos».

Sánchez dijo que, en caso de que otras potencias no decidan intervenir en Haití, los haitianos vendrán en masa al país para buscar servicios de salud, educación y viviendas.

Intervención rápida

De su lado, el diputado Máximo Castro, vocero del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), instó a los países a realizar una intervención «lo más pronto posible» en Haití para evitar una posible confrontación con República Dominicana, por lo que reiteró que las grandes potencias deben asumir su responsabilidad en el tema.

Intereses no permitirán intervención

Aunque apoyó el discurso de Abinader en la ONU, el diputado Saury Mota no cree que la exposición mueva algún sentimiento en las grandes potencias porque, a su juicio, existen intereses internacionales que impiden la intervención en Haití.

El vocero del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en la Cámara de Diputados entiende que otras potencias -aparte de Estados Unidos– no apoyarán una intervención en Haití por su desacuerdo con las medidas tomadas en República Dominicana en contra del vecino país.

En ese sentido, dijo que Estados Unidos no tiene que esperar el apoyo de otros países a través de una resolución para entrar en Haití, ya que en otros casos ha actuado de forma unilateral y sin esperar a otras potencias para aplicar decisiones.

Medidas contra Haití

Desde la semana pasada, el Gobierno dominicano mantiene sus fronteras terrestres y aéreas cerradas para presionar a Haití a qué detenga la construcción de un canal en el río Masacre para desviar parte de las aguas del cauce.

Las medidas incluyen la paralización del visado, la prohibición de entrada a nueve haitianos que han financiado la obra y el cierre indefinido de la frontera.

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Ministerio de Agricultura de Haití: la construcción del canal debe seguir

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Ministerio de Agricultura de Haití: la construcción del canal debe seguir

Desde Puerto Príncipe, el Ministerio de Agricultura de Haití reafirmó este jueves que la construcción del polémico canal en el río Masacre «debe seguir adelante». En consecuencia, ese despacho sentenció su apoyo las obras, pese al conflicto surgido con República Dominicana.

«Sí, el canal debe construirse. Sí, hay que esforzarse para que el agua llegue a los canales como es debido. Es a través de la solidaridad y la unidad como puede regarse la tierra de (la llanura de) Maribahoux», afirmó este jueves en un comunicado el Ministerio haitiano de Agricultura.

La nota agrega que el ministerio de Agricultura de Haití decide «apoyar la construcción del canal. Principalmente como forma de garantizar que se cumplen las normas técnicas y que no tenga impacto en la vida de las personas y las plantaciones» de la llanura de Maribahoux.

Ministerio de Agricultura de Haití desmiente contactos con RD

El departamento gubernamental haitiano desmintió las versiones de que habría compartido un documento secreto con República Dominicana que daría la razón sobre su postura en torno a la construcción del canal sobre el río Masacre.

«El Ministerio desmiente este rumor. No tiene ningún fundamento», indica la cartera. Además, asegura que ese despacho siempre defiende «el derecho de Haití a beneficiarse de forma equilibrada de los recursos que comparte con el vecino dominicano».

El departamento de Agricultura resalta que siempre está dispuesto a sentarse «con todos los sectores implicados en la construcción del canal. Principalmente para una mejor planificación de las obras». Y añade: «La movilización es una expresión de la solidaridad y el patriotismo de una población que quiere mostrar al mundo que Haití es libre».

Las obras del canal mantienen una crisis con el gobierno dominicano, que defiende que la construcción del canal en el lado haitiano del río contraviene el Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje de 1929. Asimismo, el Protocolo de Revisión de 1936, cuyo articulado señala que «ambas partes contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas».

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