Latinoamericanas
Ordenan prisión preventiva para detenidos en Ecuador por caso Odebrecht
«Hay un familiar, tío, que está siendo sujeto de investigaciones. Una vez más, como he actuado toda mi vida, que se investigue».
Quito, (EFE).- La justicia ecuatoriana ordenó la prisión preventiva para cinco personas y el arresto domiciliario para una más dentro de las investigaciones del caso Odebrecht, en el que se indagan presuntos sobornos de la constructora brasileña en el país andino, informó la Fiscalía.
“Jueza de Garantías Penales dictó prisión preventiva contra 5 procesados y arresto domiciliario para 1 de ellos. #CasoOdebrecht”, escribió hoy la Fiscalía en su cuenta de Twitter, en la que añadió que se dispuso a los procesados la prohibición de enajenar bienes y la inmovilización de cuentas bancarias.
La Fiscalía precisó durará noventa días la instrucción fiscal “por asociación ilícita” en el caso por el que también fue detenido para investigaciones Ricardo R., tío del vicepresidente del país, Jorge Glas.
“Hay un familiar, tío, que está siendo sujeto de investigaciones. Una vez más, como he actuado toda mi vida, que se investigue”, dijo este viernes Glas poco después de conocerse sobre las detenciones y exigió “que la justicia actúe” y “que investigue todo”.
En un comunicado, la Fiscalía indicó que una jueza de garantías penales dictó hoy prisión preventiva contra: Carlos V., Gustavo M., Byron V., José C. y José T.V., además de la prohibición de enajenación de sus bienes muebles e inmuebles y la inmovilización de sus cuentas bancarias.
Asimismo, indicó que para Ricardo R. se dictó arresto domiciliario, por tener más de 65 años, y se ordenó “la enajenación de sus bienes y la utilización del brazalete de seguridad, actividad que se coordinará con el Ministerio de Justicia”.
Sin identificar a ninguno de los detenidos “por respeto al debido proceso”, la fiscal subrogante, Thania Moreno, informó el viernes de que en una serie de allanamientos en las ciudades de Quito, Guayaquil y Latacunga, se detuvo a cinco personas, y la Fiscalía mencionó hoy una sexta.
Los allanamientos y detenciones se dieron después de que la Procuraduría brasileña revelara, a condición de sigilo, los resultados de una indagación del caso a varios fiscales latinoamericanos, entre ellos el ecuatoriano, Carlos Baca.
En diciembre pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó de que la constructora brasileña Odebrecht había supuestamente pagado unos 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluido Ecuador.
El informe del Departamento de Justicia indicó que en Ecuador, entre 2007 y 2016, la constructora presuntamente pagó sobornos por valor de más de 35,5 millones de dólares a “funcionarios del Gobierno”, lo que supuestamente le generó unos beneficios de más de 116 millones de dólares.
El fiscal Baca aseguró el viernes que “los detenidos y las empresas allanadas formaron parte de una trama de crimen organizado que involucró y tuvo como eje central a la empresa Odebrecht”.
Señaló que entre los involucrados hay quienes gozan de “fuero de Corte Nacional de Justicia”, por lo que adelantó que volverá a Brasil “para continuar la recepción de versiones y recolección de evidencias”, en un trabajo con la Procuraduría General de Brasil.
En un comunicado, el movimiento oficialista Alianza País, que lidera el jefe de Estado, Lenín Moreno, expresó su apoyo a la “lucha frontal” contra la corrupción “de cualquier procedencia”.
“Que los corruptos afronten las consecuencias de sus actos y paguen por ellos y, especialmente, que quienes hayan traicionado de esta manera la fe pública, valiéndose de su condición de funcionarios, sea cual fuera su procedencia política, reciban la condena que merecen”, añadió.
Tras conocerse sobre los arrestos con fines de investigación, el líder opositor Guillermo Lasso expresó su esperanza de que las primeras acciones desarrolladas sobre este caso sean solo el “inicio” de otras “concretas y efectivas”.
Lasso consideró que los ecuatorianos ven “con mucha expectativa las primeras detenciones” en torno al caso Odebrecht, pero insistió en que es “indispensable” que se revele la lista de todos los supuestos sobornados por la firma brasileña.
“Tolerancia cero, caiga quien caiga”, subrayó el también excandidato presidencial Lasso y adelantó que su grupo político “CREO” apoyará desde la oposición toda iniciativa que garantice la lucha contra la corrupción.EFE
Agencia AFP
Perú.-La derechista Keiko Fujimori aventaja levemente al izquieridista Roberto Sánchez en los sondeos a boca de urna en un reñido balotaje presidencial (segundoa vuelta) este domingo en Perú, marcado por la inestabilidad política y la criminalidad.
Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), se enfrentó en su cuarto intento de llegar a la presidencia a Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso por el fallido autogolpe de Estado de 2022.
Fujimori obtiene 50,7% frente 49,3% de Sánchez, según la encuestadora privada Ipsos; y 50,5% contra 49,5%, de acuerdo con Datum, lo que muestra prácticamente un empate técnico.
Las mesas de votación cerraron a las 17H00 locales (22H00 GMT), tras una jornada sin mayores incidentes a diferencia de la caótica primera ronda plagada de fallos técnicos y denuncias de fraude.
Fujimori, administradora de 51 años, apeló al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía, derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.
Sánchez, congresista y exministro de 57 años, reivindicó la herencia campesina de Castillo. Como muestra de lealtad, esperó los resultados a boca de urna en la cárcel donde está recluido su mentor, a quien prometió indultar.
Los dos candidatos no superaron juntos el 30% en una primera vuelta, en abril, empañada por denuncias de fraude que aumentaron la desconfianza en las instituciones peruanas.
– «Comunismo» o «dictadura» –
«Voté por Keiko porque representa estabilidad. Lamentablemente, no le hemos dado oportunidad de gobernar», declaró Luis Bernaola, técnico electrónico de 44 años.
Sánchez moderó su discurso de «cambio radical», se distanció de los ultranacionalistas, y dijo a la AFP que quiere una relación «respetuosa» con Washington.
El izquierdista, que lleva siempre el sombrero que le regaló Castillo, acusa a Fujimori de ser parte de la «dictadura» del poderoso Congreso que derriba presidentes, donde ella tiene influencia.
Sin afectar el balotaje, un juez lo envió a juicio por presuntas anomalías financieras en su partido. Si gana la presidencia tendría inmunidad, aunque es vulnerable ante un parlamento inclinado a la derecha.
Ninguno tiene mayoría legislativa. El futuro presidente deberá tejer alianzas si quiere concluir su mandato, opinó el analista Jeffey Radzinsky.
El ganador sustituirá a partir del 28 de julio al mandatario interino José María Balcázar.
– Extorsiones, lo más crítico –
Pese a la desilusión política, la mayor preocupación de los peruanos es la inseguridad en un país donde proliferan las bandas criminales y las denuncias de extorsión aumentanon nueve veces en cinco años.
«Es lo más crítico. Espero que acaben con la delincuencia», aseguró a la AFP Carlos Altamirano, ingeniero de 49 años, tras votar en el norte de Lima.
Fujimori receta mano dura: militarizar cárceles y zonas conflictivas, y expulsar migrantes para acabar -dice- con la «lacra social» con la «misma fuerza» con que su padre venció a la insurgencia en los años 1990.
Sánchez propone encarar la corrupción en la policía y la justicia, ante lo que denuncia como una complicidad de élites políticas con la criminalidad.
Su base social está en el campo empobrecido y abandonado, donde la inseguridad es menor. Fujimori la tiene en Lima, que de 2020 a 2025 triplicó la tasa de homicidios, para llegar a un índice de 23 por cada 100.000 habitantes.
El ganador recibirá un Perú económicamente estable, con un crecimiento del PIB del 3,4% y baja inflación. Pero siete de cada diez trabajadores están en la economía informal.
Fujimori defiende las propuestas neoliberales, el respeto a la propiedad privada y la atracción de inversiones.
Sánchez ofreció alzas salariales y tratamiento de tranquilizar a los inversionistas al prometer que mantendrá la apertura económica e independencia del banco estratégico central.
Ciudad de Panamá, (EFE).- Una nueva respuesta humanitaria abarcará a más de 400.000 personas en Haití afectadas por la prolongada crisis de violencia en el país, donde más de la mitad de la población necesita asistencia alimentaria y sanitaria, informó este lunes la ONG global Plan International.
Esta iniciativa beneficiará a más de 400.000 personas en los departamentos de Ouest, Centre y Artibonite, y contempla la cobertura de sus necesidades más urgentes de alimentación, refugio y artículos esenciales.
«Lo que vemos cada día en Haití exige una respuesta a esta escala. Las familias desplazadas, y las comunidades que las acogen, están cargando con el peso de una crisis que no se detiene», afirmó el director de Plan International Haití, Prospery Raymond, en una comunicado de prensa.
Los servicios de nutrición ampliarán el acceso a prevención, detección y tratamiento de la desnutrición aguda severa en sitios de desplazados y comunidades de acogida, al tiempo que los servicios de protección de la niñez conectarán a niñas y niños afectados por la violencia, el desplazamiento y la separación familiar con servicios esenciales y con especial atención a las niñas y a otros grupos en mayor riesgo.
La ONG global recordó que Haití atraviesa una de las peores emergencias humanitarias de su historia reciente, impulsada por la violencia armada, el desplazamiento masivo, la inseguridad alimentaria severa y el colapso de los servicios esenciales que están dejando a millones de familias sin acceso a necesidades básicas.
«Más de 6,4 millones de personas -más de la mitad de la población- necesitan asistencia humanitaria en Haití. El hambre es una de las caras más severas de esta crisis: la actualización del IPC (Marco Integrado de Clasificación de la Seguridad Alimentaria) publicada en abril de 2026 identifica a 5,8 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda y advierte que el 70 % de las personas que viven en sitios de desplazados en Puerto Príncipe enfrenta carencias alimentarias severas», indicó Plan.
La organización recalcó que en Puerto Príncipe y sus alrededores, grupos armados controlan amplias zonas y exponen a la niñez al reclutamiento, la explotación, la violencia sexual y la interrupción de su educación.
Agencia AFP
La Paz, Bolivia.-El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió el miércoles que la crisis «está llegando al límite», en una nueva jornada de manifestaciones que exigen su renuncia pese a la posibilidad de que declare un estado de excepción para frenar las protestas.
Paz enfrenta desde hace casi un mes una convulsión social, con bloqueos de carreteras por parte de campesinos, obreros y transportistas que pedían medidas contra la crisis económica, la peor en cuatro décadas, y ahora exigen su renuncia.
«El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución», advirtió, en alusión a los estados de excepción.
Pero las manifestaciones no paran. Con banderas indígenas, miles de campesinos indígenas, la mayoría mujeres, marcharon este miércoles, en el Día de la Madre, por el centro de La Paz.
La marcha de campesinas se unió en una sola protesta con choferes en huelga que han paralizado parcialmente el transporte público.
«La policía boliviana no puede reprimir contra su propio pueblo. Ellos vienen de las mismas comunidades. No pueden enfrentarse contra sus propios hermanos, contra su padre, contra su madre (…) que se repliegue», dijo a la AFP Froylan Choque, en la manifestación.
– «Peor que el covid» –
La Paz, sede del gobierno, y la vecina ciudad de El Alto, son el epicentro de las protestas y bloqueos, que han causado escasez de alimentos, medicinas y combustible. En otras ciudades, como Oruro (oeste), Potosí (suroeste) y Cochabamba (centro) el problema es menor.
Grupos de cientos de vecinos en La Paz también han marchado en estos días en contra de los bloqueos de carreteras, constató la AFP.
Según el presidente, los efectos en la economía llegan a los 600 millones de dólares de pérdidas en un país en severa crisis desde 2023, que agotó sus reservas de dólares y su inflación ronda el 15%.
«Es peor que el covid», manifestó Paz, al hablar de la escasez y la subida de precios provocada por los bloqueos en La Paz y El Alto.
En un intento por bajar las tensiones, Paz, economista de 58 años, anunció esta semana que bajará a la mitad su salario, en una medida casi simbólica pues su ingreso mensual es equivalente a 3,448 dólares.
El anuncio no ha surtido ningún efecto entre los manifestantes.
«Estamos hartos con este presidente (…) Por culpa de él, está sufriendo toda la gente boliviana», expresó este miércoles Delta Salinas, otra de las manifestantes.
El gobierno de Paz denuncia un intento de «alterar el orden democrático» y señala al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de impulsar los disturbios en las protestas.
El líder cocalero, refugiado en la zona del Chapare, su bastión político, insta a Paz a que llame a nuevas elecciones en 90 días.