Nacionales
Organismos de seguridad, tránsito y salud vigilantes por el Fin de Año
El operativo es reforzado por 1,200 agentes adicionales
SANTO DOMINGO. Ayer a las 2:00 de la tarde más de 33, 655 personas iniciaron la segunda fase del «Plan Operativo Navideño por la Común Unidad 2012-2013» del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), que busca prevenir los accidentes de tránsito y muertes por ingesta de alcohol en todo el país.
En esta ocasión se pondrá atención especial en el Gran Santo Domingo, las provincias de San Cristóbal, Distrito Nacional, Santiago, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís y María Trinidad Sánchez, que fueron las que mayor casos registraron durante el feriado de Nochebuena y Navidad.
El general Juan Manuel Méndez, informó que reforzaron las medidas preventivas en autopistas, carreteras y en los cascos urbanos de las provincias donde se registraron más casos de accidentes.
Además, de los brigadistas, médicos, paramédicos, militares, policías, especialistas en búsqueda y rescate que conforman los más de 33,655 que trabajarán en la jornada, pertenecientes a las 22 instituciones que integran el COE, habrá 1,500 puestos de socorro, distribuidos en los puntos críticos del país.
También se distribuyeron 144 ambulancias, tres helicópteros, un hospital móvil y nueve centros de mandos regionales.
El general Méndez García dijo que ellos se concentran en los casos de intoxicaciones alcohólicas y alimentaria, así como en los accidentes de tránsito, por lo que aconseja a la población tener cordura en las celebraciones de fin e inicio de año, para evitar el luto a sus familias y al país, en sentido general.
Hospitales
Ayer las emergencias de los hospitales se mantuvieron activas. En el Darío Contreras se reportaron durante el fin de semana más de 120 emergencias, entre ellas 22 accidentes de tránsito. En el Luis Eduardo Aybar, de 59 pacientes que se atendieron entre el sábado y las primeras horas del domingo, cuatro de ellos participaron en accidentes de tránsito.
Mientras tanto, en el hospital Francisco Moscoso Puello, se registra un accidente vehicular y cuatro casos de intoxicación alcohólicas.
Salud Pública
El ministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo Núñez, dispuso reforzar las emergencias de los hospitales públicos con medicamentos, camas, material gastable y personal especializado, para disminuir los riesgos sanitarios que puedan afectar la salud de los ciudadanos.
Dijo que durante el operativo, Salud Pública coordinará, como se hizo durante las fiestas de Navidad, la asistencia hospitalaria y especializada con la red de referencia y contra referencia de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el Instituto Dominicano de Seguros Sociales.
Santiago
Aquí más de tres mil voluntarios se incorporaron desde ayer a trabajar en el «Plan Operativo Navideño por la Común Unidad 2012-2013», distribuidos en 79 puestos de rescate diseminados en toda esta provincia. El subdirector de la Defensa Civil, Francisco Arias, informó que estos puestos están ubicados en la entrada y salida de Santiago, es decir, en la Autopista Duarte y en la Autopista Joaquín Balaguer, así como en Jánico, San José de las Matas, Quinigua y otras zonas aledañas. Arias explicó que se prohibió la exhibición de armas de fuego y que advirtió que los dueños de colmados que vendan fuegos artificiales sin permisos pueden ser demandandos.
Llamó a la población a respetar el llamado de prevención, usando el cinturón de seguridad al conducir, así como los cascos protectores para los motoristas.
«Contaremos con servicios de ambulancias, personal médico y paramédico, grupo de rescate y el apoyo de instituciones como La Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la sindicatura, bajo la supervisión de la gobernación provincial», dijo.
Policía
Dentro del operativo se encuentran más de 24,000 policías que fueron reforzadas con la entrada adicional de 1,200 agentes, de los que 600 son de la Policía Nacional y otros 600 de las Fuerzas Armadas.
La Policía señaló que con estas fiestas ,el operativo entraba en una segunda etapa de importancia debido a la celebración del Año Nuevo. «Nosotros tenemos tres fechas o períodos claves que son, el 24 y 25 de diciembre que fue superado con satisfacción, el fin de semana que termina el 1 de enero y finalmente las fiestas del 5 y 6 de enero con el que cerramos el operativo y esperamos que se desarrollen con un nivel de satisfacción aceptables», dijo el vocero de la Policía, Máximo Báez Aybar.
Los operativos se realizarán en cinco zonas de la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Las patrullas mixtas estarán presentes en Villa Mella, Los Guaricanos, Punta de Villa Mella, El Torito, avenida Hermanas Mirabal, Charles de Gaulle.
En Santo Domingo Este, vigilarán en Invivienda, carretera Mella, Los Mina, Ensanche Ozama, avenida Charles de Gaulle, San Vicente de Paúl y autopista Las Américas. También, en Santo Domingo Oeste en Los Alcarrizos, kilómetro nueve de la autopista Duarte, Herrera, Pintura, avenida Luperón y autopista Duarte, lo mismo en la Ciudad Colonial y el Polígono Central.
Traumatólogos
La Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología pidió a la Amet y s la Policía aplicar la ley a quienes manejen vehículos en estado de embriaguez o que consuman alcohol excesivamente. Asimismo, pidió a la familia dominicana celebrar las fiestas de fin de año en la tranquilidad del hogar, como forma de evitar tragedias ocasionadas por los accidentes de tránsito. El doctor Domingo Martínez, presidente de la entidad, sostuvo que con esas dos medidas se evita la gran cantidad de accidentes de vehículos, muertes y lesionados.
Diario Libre
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.