Internacionales
Organización indígena de Amazonía solicita sanción para Brasil y Bolivia
Agencia Efe
Quito.- La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) declaró este domingo “non gratos” a los Gobiernos de Brasil y Bolivia y pidió que se les sancione por el “genocidio y ecocidio” que, dicen, han permitido sus líderes en esa selva suramericana, ahora asediada por varios incendios forestales.
Además, la Coica, que agrupa a organizaciones indígenas amazónicas de Bolivia, Brasil, Colombia Ecuador, Perú, Venezuela, Guyana y Surinam, pidió a la comunidad internacional ayuda urgente para la Amazonía y condenó los intereses económicos que dice están detrás de los incendios.
En una carta abierta de esta organización difundida en Quito, declaró en “emergencia ambiental y humanitaria” a la Amazonía y advirtió del “riesgo de extinción” de más de 506 pueblos indígenas que habitan en la cuenca, así como de “miles de especies de flora y fauna”.
Según la Coica, son 73.408 focos de incendio los que han “incinerado más de 700.000 hectáreas de bosques, después de casi 18 días de desatención” por parte de los gobiernos.
Asimismo, aseguró que, “según los datos preliminares, hay más de 100.000 indígenas damnificados” por los incendios, de lo que responsabilizó a los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro, y de Bolivia, Evo Morales.
Para la organización, es evidente la “incapacidad y falta de voluntad” de los dos Gobiernos “para proteger a los pueblos indígenas y a la biodiversidad, ante los incendios forestales en la Chiquitanía boliviana, en Santa Cruz de la Sierra, y los Estados de Acre, Rondina, Mato Grosso y Mato Grosso del Sur, en Brasil”.
Por ello, aseguran que “los pueblos indígenas ante un genocidio a los ojos del mundo” hacen “responsables a los Gobiernos de Jair Bolsonaro y Evo Morales por la desaparición y genocidio físico, ambiental y cultural” en la Amazonía.
“Por lo tanto, sancionamos, condenamos y declaramos a estos gobiernos No gratos para la Cuenca amazónica”, precisa el manifiesto de la organización.
Asimismo, hizo un llamamiento “a toda la humanidad para actuar inmediatamente en contra de las acciones que, de manera criminal, engendraron diferentes causas de esta tragedia sin precedentes, en un momento en que la estabilidad climática se encuentra en riesgo”.
Respaldó a las filiales de la Coica en Bolivia que han recriminado al Gobierno de Morales por permitir el desastre ambiental mediante la aplicación de una “agenda económica contraria a la razón e irrespetuosa a los derechos fundamentales indígenas y de la humanidad misma”.
También a su filial de Brasil por la “lucha contra las visiones y acciones políticas, económicas, administrativas y procedimentales del gobierno brasileño que vulneran permanentemente los derechos fundamentales indígenas y de la humanidad”.
Solicitó a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y a la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas que “se pronuncien sobre la necesidad de adoptar medidas inmediatas por parte de la comunidad internacional para atender la emergencia y para formular medidas de carácter internacional para prevenirlas en el futuro”.
Urgió a las entidades de la cooperación internacional a atender las necesidades básicas de los pueblos afectados y que se inicien de manera inmediata “las medidas de restauración de la biodiversidad afectada”.
“El equilibrio de la Madre Tierra depende de la cuenca amazónica, permitir la devastación de la misma implica el exterminio de la humanidad”, alertó la Coica en su declaración.
Internacionales
Las muertes por ahogamiento en Francia aumentaron un 14 % durante las tres olas de calor
Agencia EFE
PARÍS.- Un total de 925 personas sufrieron un episodio de ahogamiento en Francia entre el 1 de mayo y el 15 de julio de 2026, de las que 274 fallecieron, un aumento del 14 % respecto al mismo periodo del año anterior, informó este viernes Salud Pública Francia (SpF).
La mayoría de los ahogamientos, mortales o no, se registraron coincidiendo con las tres olas de calor que han afectado al país hasta la fecha.
Los adultos representaron la mayor parte de las víctimas mortales, con 237 fallecidos, mientras que 37 menores perdieron la vida, una cifra, en este último caso, similar a la registrada en el mismo periodo de 2025.
Entre los menores, la mayoría de los ahogamientos mortales se produjeron en ríos y lagos, especialmente en zonas de baño no habilitadas, durante los episodios de calor extremo.
Las regiones del sur y las zonas costeras concentraron el mayor número de ahogamientos, aunque Salud Pública Francia destacó un fuerte incremento de las muertes en regiones del interior, especialmente en Auvernia-Ródano-Alpes, Borgoña-Franco Condado e Isla de Francia (donde está París).
Los fallecimientos en piscinas y otras zonas de baño artificial casi se duplicaron al pasar de 31 a 60.
PEKIN.- Las Fuerzas Armadas de China han iniciado este jueves una serie de maniobras militares con fuego real en el estrecho de Taiwán poco después de que las autoridades del gigante asiático tildaran de «temerario» el discurso dado recientemente por el presidente taiwanés, Lai Ching Te, que ha afirmado que la isla «no va a actuar como una subordinada» de Pekín.
Está previsto que estas maniobras se lleven a cabo hasta las 18.00 horas (hora local) de este jueves, antes de reanudarse este viernes frente a las costas de Zhangzou, en la provincia de Fujian, en el este del país, según ha informado el Ejército.
En este sentido, ha confirmado que las áreas afectadas permanecerán cerradas de forma temporal a la navegación hasta que finalicen las actividades, aunque no han ofrecido más detalles sobre el asunto.
Los comentarios de Lai, a los que se han sumado declaraciones de representantes del gubernamental Partido Democrático Progresista (PDP), que han dicho que jamás permitirán un «retroceso» hacia un «Taiwán chino», han suscitado críticas en Pekín.
Las relaciones entre Pekín y Taipéi quedaron suspendidas en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista chino Kuomintang, encabezado por Chiang Kai Shek, sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista de China y se trasladaran a la isla de Taiwán.
Miami, Florida, Estados Unidos.- Una jueza federal sentenció este jueves a 20 años de cárcel a un financiero de Florida por armar un fraude en el que obtuvo fondos federales durante la pandemia de la covid-19 para financiar el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021, informó la Fiscalía de Estados Unidos.
La Corte del Distrito Sur de Florida condenó a Keegan Harricharan, de 42 años y quien se había declarado culpable de conspiración para cometer lavado de dinero con préstamos emitidos durante la pandemia bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES, en inglés).
Harricharan, residente en Florida, y sus cómplices «obtuvieron de manera fraudulenta» más de 840,000 dólares en préstamos del Programa de Protección de Nómina (PPP), para «promover, financiar y apoyar la conspiración» destinada a derrocar al Gobierno de Haití, en la que fue asesinado el presidente, según el Departamento de Justicia (DOJ).
El caso «es un recordatorio» de que los delitos financieros suelen ser «el motor detrás de conductas mucho más peligrosas», declaró Jason A. Reding Quiñones, fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida.
explotó programas de ayuda
«Este acusado no se limitó a cometer fraude. Explotó programas de ayuda por la pandemia destinados a mantener con vida a las pequeñas empresas durante una crisis nacional y lavó esos fondos robados a los contribuyentes para ayudar a promover una conspiración que culminó en el magnicidio del presidente haitiano», apuntó.
Con ello, suman nueve implicados condenados en Estados Unidos por el asesinato, a manos de un grupo de mercenarios, entre ellos 17 exmilitares colombianos, además de más de 50 personas acusadas en Haití por el magnicidio, incluyendo la viuda de Moïse, aunque el proceso judicial en ese país permanece estancado por la crisis.
El asesinato del mandatario desató una crisis en Haití, lo que ha impulsado una ola migratoria hacia Estados Unidos, donde unos 350.000 haitianos dependen del Estatus de Protección Temporal (TPS) para evitar la deportación, aunque el gobierno del presidente Donald Trump revocó esa medida, que expira la próxima semana.